El Sáhara Occidental como destino turístico: el plan de Marruecos que inquieta a Canarias
Madrid (ECS) —, El anuncio de Marruecos de proyectar el Sáhara Occidental ocupado como un destino de hasta cinco millones de turistas anuales para 2032 ha reactivado el debate en Canarias sobre el futuro económico y político de este territorio ocupado. La cifra, comparable —e incluso superior en algunos escenarios— a la de destinos consolidados como las Islas Canarias, introduce una nueva dimensión de competencia geopolítica en el Atlántico, especialmente sensible para plazas de soberanía española como Canarias.
En este contexto, los analistas advierten de una posible reconfiguración del mercado turístico en el sur de Gran Canaria, en particular en zonas como Playa del Inglés, cuya evolución desde los años ochenta ha estado marcada por la fuerte penetración de capitales externos y un modelo urbanístico intensivo. Frente a ello, el Sáhara Occidental ocupado aparece ahora como un espacio que Marruecos intenta posicionar como alternativa turística emergente, apoyado en su paisaje natural, especialmente las dunas y el litoral atlántico.
Sin embargo, desde la perspectiva del derecho internacional y de los actores que defienden la autodeterminación del pueblo saharaui, entre ellos el Frente Polisario, este tipo de planificación económica no puede desvincularse del estatus jurídico del territorio, aún pendiente de resolución conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.
El plan de autonomía: entre la arquitectura jurídica y el control central del régimen
En paralelo, el denominado plan de autonomía para el Sáhara Occidental ha experimentado una evolución significativa, pasando —según algunas interpretaciones difundidas por medios afines al régimen marroquí como Atalayar— de una declaración política general a una estructura normativa más detallada, con pretensión de estatuto orgánico.
Este marco describe una arquitectura institucional basada en la distribución de competencias entre el Estado central y una entidad regional autónoma. Rabat conservaría las atribuciones consideradas esenciales de soberanía —defensa, política exterior, moneda y justicia suprema— mientras que el POLISARIO asumiría competencias relevantes en materia de desarrollo económico, planificación territorial y gestión turística.
Desde esta óptica, el Sáhara Occidental tendría capacidad para diseñar políticas de promoción turística, ordenar el territorio y gestionar infraestructuras estratégicas como la energía y el agua, configurando así un modelo de descentralización avanzada en el plano económico.
No obstante, desde una lectura crítica, este esquema sigue condicionado por un fuerte principio de tutela estatal, que limita la capacidad de decisión efectiva de las instituciones saharauis locales en los ámbitos considerados estratégicos.
Turismo, recursos y asimetrías territoriales
El componente turístico se presenta como uno de los ejes centrales del modelo. La solución autónoma proyectada por Rabat podría desarrollar políticas propias de promoción internacional y explotación de sus recursos costeros, situando el turismo como motor de desarrollo económico.
Sin embargo, diversos observadores subrayan que este tipo de planificación no puede analizarse únicamente desde una lógica económica. La cuestión territorial del Sáhara Occidental sigue siendo, para la comunidad internacional, un proceso inacabado de descolonización.
En este sentido, el desarrollo turístico aparece también como un elemento geopolítico, en un contexto donde la competencia regional con destinos consolidados como Canarias adquiere una dimensión estratégica en el Atlántico.
El esquema de autonomía se inscribe formalmente en el principio de lealtad constitucional, que obliga a las autoridades regionales saharauis a respetar la unidad del Estado y la solidaridad nacional.
No obstante, el propio diseño institucional prevé mecanismos de intervención estatal en caso de alteraciones graves del orden constitucional o de la integridad territorial, lo que introduce un elemento de suspensión potencial del autogobierno en situaciones excepcionales.
Este punto es interpretado por sectores críticos como una cláusula de control reforzado, que limita la autonomía efectiva en momentos de tensión política.
Economía, territorio y derecho internacional
El debate sobre el futuro del Sáhara Occidental no puede reducirse a un proyecto de desarrollo turístico ni a una cuestión de planificación económica regional.
Para el Frente Polisario y la ONU, el núcleo del problema sigue siendo político y jurídico: la definición del estatus del territorio en el marco del derecho internacional y el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación.
En paralelo, territorios como Canarias observan con atención la evolución del modelo turístico y su posible impacto en el equilibrio económico regional del Atlántico.
Entre ambos planos —el jurídico y el económico— se configura un espacio de tensión donde se cruzan intereses estatales, dinámicas de mercado y reivindicaciones históricas aún no resueltas.
El Sahel yihadista busca ampliar su influencia hacia las costas atlánticas de África Occidental
Madrid (ECS), — Un nuevo informe de ACLED (Proyecto de Datos sobre Localización e Incidentes de Conflictos Armados) advierte de que los grupos yihadistas en la región africana del Sahel han pasado de consolidar su presencia en las zonas desérticas a intentar extender su influencia hacia las costas occidentales del continente, después de años de expansión y control de amplias áreas en Mali, Burkina Faso y Níger.
El informe señala que las organizaciones vinculadas a Al Qaeda y al Estado Islámico en la Provincia del Sahel ya no dependen únicamente de la guerra de guerrillas tradicional, sino que han centrado sus esfuerzos en controlar rutas estratégicas, ejercer presión económica sobre las capitales, interrumpir cadenas de suministro y avanzar hacia el sur, en dirección a países costeros del Atlántico como Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil.
Según ACLED, esta transformación representa uno de los desafíos más graves para la región en más de una década, ya que desplaza la actividad de los grupos armados desde la “geografía cerrada del desierto” hacia un espacio marítimo abierto, conectado con el comercio internacional y los principales puertos de África occidental.
El informe destaca que los grupos extremistas han reforzado en los últimos meses su capacidad para imponer bloqueos sobre algunos corredores estratégicos de Mali mediante ataques contra convoyes comerciales, camiones cisterna de combustible y controles de carreteras. Para ello utilizan células móviles y drones con el objetivo de debilitar a los gobiernos centrales y establecer áreas de influencia económica paralelas.
ACLED advierte de que el posible acceso a las zonas costeras no implica únicamente una amenaza militar, sino también la oportunidad de abrir nuevas rutas para el tráfico de armas, combustible, oro y personas, además de ampliar sus fuentes de financiación fuera del tradicional entorno desértico.
Esta evolución se produce en un contexto marcado por el aumento de la actividad armada a lo largo de una franja de más de 3.000 kilómetros, desde el oeste de Mali, cerca de las fronteras con Senegal y Mauritania, hasta la cuenca del lago Chad. La situación se ve agravada por la pérdida de capacidad de los ejércitos locales, las crisis políticas y los sucesivos golpes militares en varios países de la región.
Diversos informes de seguridad y análisis ya habían alertado de que el acceso a puertos y costas podría convertirse en una nueva fase de expansión para los grupos extremistas del Sahel, al proporcionarles una dimensión internacional que iría más allá del control de territorios remotos.
Los analistas de ACLED señalan que la situación actual ya no responde únicamente a una insurgencia local, sino a un intento de modificar el equilibrio de poder en África occidental mediante una combinación de control territorial, presión económica y expansión gradual hacia las costas atlánticas.
Albares se niega a condenar el ataque de Marruecos en el Sáhara Occidental: «ningún país lo hizo y España apoya a Marruecos
Agencias | EP
Madrid (ECS) — El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se ha amparado en el hecho de que ningún país ha condenado el ataque perpetrado por Marruecos en el que murieron tres miembros del Polisario y en la necesidad de tener buenas relaciones con Rabat como país vecino para justificar que el Gobierno no se haya pronunciado respecto a los hechos ocurridos el pasado 7 de junio.
El diputado de ERC Francesc Marc Álvaro ha preguntado al ministro durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados a qué se debía el silencio del Ejecutivo español, que no se ha pronunciado sobre el ataque en el que murió Lehbib Mohamed Abdelaziz, un alto cargo del Polisario e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, que no ha dudado en calificar de “asesinato colectivo” y comparado con acciones como las que llevan a cabo Israel o Rusia.
Albares ha defendido que “no se ha pronunciado ningún país en el mundo, ni las Naciones Unidas, ni la Unión Europea” y ha esgrimido que “hay que tener la mejor relación posible con todos nuestros vecinos, con Francia, con Portugal (…) y también con Marruecos”. “Porque con Marruecos tenemos intereses vitales en juego, que solo podemos avanzar conjuntamente”, ha justificado.
De “mediador de paz” a investigado por corrupción: un nuevo capítulo en los escándalos de Zapatero
Madrid (ECS).— La prensa española, basándose en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha revelado un nuevo escándalo que salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero: el cobro de 200.000 euros a cambio de utilizar su influencia política ante el Gobierno de Bolivia en favor del Grupo Gloria peruano, propietario de la cementera boliviana Soboce.
Según lo publicado por El País, elDiario.es y Cadena SER, el caso no se refiere a una sentencia firme, sino a un informe policial remitido a la justicia española dentro de una investigación más amplia conocida como el “caso Plus Ultra”. La relevancia del informe radica en que describe un patrón recurrente: supuestos contratos de “consultoría”, empresas intermediarias, pagos económicos y contactos políticos con responsables de América Latina.
En el expediente boliviano, la UDEF sostiene que Zapatero intervino a favor del Grupo Gloria en un litigio con el Estado boliviano, después de una multa cifrada en torno a 107 millones de dólares. El informe de la UDEF señala que el dinero habría sido canalizado a través de una empresa intermediaria bajo la cobertura de servicios de asesoría, mientras que los investigadores consideran que podría tratarse de una estructura destinada a encubrir una mediación política remunerada.
No es la primera vez que el nombre de Zapatero aparece en el centro de las sospechas y la corrupción. Desde hace años, su figura está vinculada políticamente al dossier de Venezuela, donde se presentó como «mediador de paz» en el diálogo entre el gobierno y la «oposición». Sin embargo, recibió fuertes críticas por parte de sectores de la oposición venezolana, que consideraron que su papel terminó sirviendo de cobertura política al régimen de Nicolás Maduro, en lugar de ejercer una presión real a favor de la democracia.
A ello se sumó posteriormente el caso Plus Ultra, la aerolínea que en 2021 recibió un rescate del Gobierno español por valor de 53 millones de euros durante la pandemia del coronavirus. El asunto volvió después al foco mediático y judicial a raíz de investigaciones sobre presunto blanqueo de capitales e influencias políticas. Según informaciones de El País, la Audiencia Nacional investiga si existió una red de influencia que facilitó a la compañía el acceso al rescate, en un contexto en el que reapareció el nombre de Zapatero y sus vínculos con empresarios y figuras relacionadas con Venezuela.
El elemento más delicado es que el juez español ha mantenido a Zapatero dentro de la investigación. El expresidente ha negado cualquier intervención ilegal y ha asegurado que las cantidades percibidas correspondían a trabajos de consultoría legítimos. También negó haber influido en la decisión del rescate a Plus Ultra, aunque reconoció haber realizado una “gestión” a favor de la empresa ante Banco Santander, según recogió El País a partir de su declaración judicial.
Una imagen que se repite
La conclusión que dejan estos episodios es la de un esquema que aparece de forma reiterada en varios expedientes: un antiguo dirigente con capital político, una extensa red de relaciones en América Latina, empresas intermediarias, contratos de consultoría y pagos económicos. Hasta la fecha, no existe una sentencia firme que condene a Zapatero, pero la acumulación de informes policiales y actuaciones judiciales ha contribuido a desplazar su imagen desde la de “mediador internacional” hacia la de un dirigente bajo sospecha por el uso de su influencia política con fines económicos.
El rastro emiratí de Sudán al Sáhara Occidental
Por Ana Stella
Madrid (ECS).— El 13 de febrero de 2026, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU puso una cifra a lo que los satélites llevaban semanas mostrando. En las primeras 72 horas tras la caída de El-Fasher, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) mataron al menos a 6.000 personas. Cinco días después, la Misión Independiente de Investigación de la ONU para Sudán cerró su informe con la conclusión de que lo ocurrido en la ciudad reúne los rasgos de un genocidio contra las comunidades fur y zaghawa.
El armamento con el que las RSF tomaron la ciudad lleva dos años apuntando al mismo sitio: los Emiratos Árabes Unidos. Y ese mismo Estado es una cara conocida. Abu Dabi fue el primer país árabe que abrió un consulado en el Sáhara Occidental, en El Aaiún ocupado, el primero que plantó su bandera en el territorio para respaldar la soberanía marroquí, y hoy es el mayor inversor extranjero de Marruecos, con su dinero concentrado precisamente en el Sáhara. La misma firma que aparece detrás de la milicia de Darfur aparece detrás de la consolidación de la ocupación.
Cómo entran las armas en Darfur
La ruta la fijó el Grupo de Expertos de la ONU sobre Sudán en su informe de enero de 2024. Rastreadores de tráfico aéreo documentaron una corriente de aviones de carga que salían de los Emiratos rumbo a Amdjarass, una pista en el este del Chad, a pocos kilómetros de la frontera con Darfur. Desde allí el material entraba a Sudán por carretera, en convoyes que evitaban el escrutinio. Abu Dabi reconoció 122 vuelos a esa pista y los justificó por la construcción de un hospital de campaña. El número de aterrizajes no encaja con esa explicación, y los envíos rompen el embargo de armas que el Consejo de Seguridad impuso sobre Darfur en 2004 y que sigue vigente.
En mayo de 2025, Amnistía Internacional identificó sobre el terreno bombas guiadas chinas Norinco GB50A, cuyo primer uso documentado en combate se produjo en este conflicto, y obuses AH-4 de 155 milímetros, reexportados según la organización por los Emiratos a las RSF. Human Rights Watch, en su informe «Fanning the Flames» de septiembre de 2024, había rastreado munición serbia de la empresa Yugoimport adquirida por las fuerzas emiratíes a través de Adasi, una filial del conglomerado estatal de defensa EDGE. La pieza más reciente son los mercenarios: The Sentry atribuye a la empresa emiratí GSS el traslado de combatientes colombianos para luchar junto a las RSF, y el Consejo de Seguridad estudia sancionar por ello al primer ciudadano emiratí de toda la guerra, Mohamed Hamdan Al Zaabi.
El oro que paga la guerra
La guerra de Sudán se paga con oro, y ese oro sale por Dubái. Sudán es el mayor productor de oro artesanal de África, y el metal es hoy el combustible económico de los dos bandos. Las cuentas no cuadran: en 2024 el país declaró unas 64 toneladas de producción pero solo 31 en exportación, y la organización suiza Swissaid calcula que cerca del 60 por ciento salió de contrabando. Los Emiratos importaron 29 toneladas de oro sudanés en 2024, frente a 17 el año anterior.
La ruta está documentada hasta el detalle. El oro de las minas de Songo, en Darfur del Sur (controladas por Al-Junaid, sancionada por Estados Unidos y ligada al clan Dagalo), cruza al Chad por el corredor Rahad al-Berdi–Um Dukhun. Allí, según el testimonio de comerciantes recogido por el medio sudanés Beam Reports, empresas emiratíes instaladas en territorio chadiano lo compran y le tramitan papeles como si fuera oro chadiano. Con esa etiqueta entra limpio en Dubái. El propio jefe de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo «Hemedti», aparece vinculado por The Sentry a apartamentos comprados en Dubái en 2020. Sobre el volumen circulan tres cifras oficiales que no se desmienten entre sí: 860 millones de dólares (informe confidencial a la ONU), más de 850 millones (Gobierno sudanés) y 1.970 millones (Ministerio de Comercio emiratí).
En marzo de 2025, Sudán llevó a los Emiratos ante la Corte Internacional de Justicia por complicidad en genocidio. El 5 de mayo la Corte cerró el caso, pero no porque examinara las pruebas: se declaró sin competencia. Al ratificar la Convención sobre el Genocidio en 2005, los Emiratos pusieron una reserva al artículo IX, el que permite que un Estado demande a otro. Por esa reserva, y por nueve votos contra siete, el asunto se retiró sin juzgarse. Abu Dabi lo presentó como una victoria. En realidad, una línea firmada veinte años antes impidió que el tribunal mirara el expediente.
En noviembre de 2025, con las imágenes de El-Fasher dando la vuelta al mundo, el Parlamento Europeo preparaba una resolución sobre Sudán. El borrador del día 20 nombraba a los Emiratos por armar a las RSF e incluía llamadas a frenar las exportaciones europeas de armamento a Abu Dabi. El texto aprobado el 27 no los mencionaba ni una vez. En medio hubo una operación de presión y ofensiva de lobby: la ministro de Estado emiratí Lana Nusseibeh viajó a Estrasburgo, se reunió el 24 con la presidente Roberta Metsola y se quedó hasta la votación. La UE acabó sancionando a una sola persona por la caída de la ciudad: Abdelrahim Hamdan Dagalo, hermano de Hemedti.
En Europa, cada vez que alguien menciona el papel de los Emiratos, la conversación se desplaza a los acuerdos de la UE con Abu Dabi sobre inteligencia artificial, comercio y energía. Esa es la maquinaria que importa para entender el Sáhara. El mismo sistema económico que borra el nombre de los Emiratos en Estrasburgo es la que Marruecos recibe en otra moneda: reconocimiento de su ocupación y miles de millones en inversión.
¿Cómo hizo Emiratos Árabes para irrumpir en la élite financiera de Mauritania?
La bandera de Abu Dabi en El Aaiún
El 4 de noviembre de 2020, los Emiratos se convirtieron en el primer país árabe en abrir un consulado en el Sáhara Occidental ocupado. Lo inauguraron en El Aaiún, y el gesto fue un respaldo formal a la soberanía marroquí sobre el territorio. El ministro de Exteriores emiratí habló de apoyo a la soberanía de Marruecos sobre «sus provincias del sur» y a su plan de autonomía. Mohamed VI lo calificó de decisión histórica. No hay residentes emiratíes en El Aaiún que justifiquen un consulado, la naturaleza del gesto era política, no consular.
El vínculo viene de lejos y es personal. Mohamed bin Zayed, hoy presidente de los Emiratos, pasó parte de su juventud en la Academia Real de Marruecos y fue compañero del futuro Mohamed VI, según el perfil que le dedicó el New York Times. Medio siglo después, el mismo hombre dirige el Estado que financia las obras con las que Rabat retiene el territorio. Los Emiratos llevan al menos 6 años empujando en esa dirección, con el consulado de El Aaiún como primera pieza de un dominó que arrastró a otros países árabes y africanos.
El dinero, en Dajla
El apoyo político vino con dinero, y el dinero fue al territorio ocupado. El 20 de mayo de 2025, Marruecos firmó el mayor contrato de inversión privada de su historia: unos 14.000 millones de dólares, para terminar en 2030. Lo firmaron tres socios: TAQA Marruecos, que es la empresa energética del Estado de Abu Dabi; Nareva, que es la energética de la familia real marroquí; y un fondo público marroquí.
La obra principal es una autopista eléctrica: una línea de 1.400 kilómetros que lleva electricidad desde Dajla, en el Sáhara ocupado, hasta Casablanca. Esa electricidad la van a producir parques de viento y sol construidos dentro del propio Sáhara, en la franja entre Bojador y Dajla. Dicho claro: la energía se genera en un territorio que la ONU considera pendiente de descolonizar, y se manda al norte para las ciudades y las fábricas de Marruecos. La energía del Sáhara sale del Sáhara y no vuelve.
Los Emiratos fueron en 2024 el primer inversor extranjero de Marruecos, con buena parte de esos proyectos puestos en el Sáhara Occidental. El 5 de febrero de 2026, la misma TAQA y la española Moeve (la antigua Cepsa) reservaron terreno para un proyecto de hidrógeno verde en la zona de Dajla. Por lo que el mismo Estado, al que la ONU y Amnistía señalan por armar a la milicia que masacró en El-Fasher, es a la vez el principal valedor extranjero de la ocupación del Sáhara Occidental. Al invertir en el territorio, Abu Dabi hace que la ocupación parezca un negocio normal, y se vuelve parte interesada en que dure.
Los Emiratos lo niegan todo. Dicen que no han dado ningún apoyo a la milicia, condenan las atrocidades de los dos bandos y recuerdan que han enviado 784 millones de dólares en ayuda a Sudán, lo que los convierte en el segundo país que más ha donado. Es lo que su diplomacia repite en cada foro.
En Marruecos, el espía de Mohamed VI que inquieta al Palacio
Rabat persigue a un alto responsable de los servicios secretos marroquíes, protagonista y testigo de las operaciones más delicadas del régimen, actualmente refugiado en un país europeo.
Madrid (ECS) — La presión se intensifica sobre un cuadro de DGED marroquí. Desde 2024, este exagente de inteligencia de 55 años abandonó el reino llevándose consigo información sensible sobre el Majzén —la red de poder que gravita en torno al Palacio Real—, además de arrastrar en su huida a parte de su entorno familiar y profesional. Mehdi Hijaouy ocupó puestos de relevancia dentro del aparato de seguridad del país.
Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, un total de 42 personas fueron investigadas, procesadas o condenadas por delitos de “estafa” y “complicidad en la asistencia a un fugitivo”. Su exesposa fue condenada en 2025 a tres años de prisión firme y deberá ser juzgada nuevamente en apelación durante este mes de junio. Entre los afectados también figuran el hermano del jefe de seguridad del príncipe heredero Moulay Hassan y varios comisarios de policía. Mientras tanto, Hijaouy permanece en un paradero desconocido.
Verano de 2024. Con la reconciliación diplomática entre Francia y Marruecos, París deja de ser un refugio seguro para Mehdi Hijaouy. El antiguo espía del rey marroquí sabe que su permanencia en la capital francesa tiene fecha de caducidad.
La decisión del presidente francés Emmanuel Macron de reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio ocupado del Sáhara Occidental —antigua colonia española y epicentro de un conflicto de más de cuarenta años entre el Frente POLISARIO y Marruecos— marcó el final de una profunda crisis bilateral. Dicha crisis se había desencadenado tres años antes tras revelarse que el número de teléfono del mandatario francés figuraba entre los objetivos potenciales del software de espionaje israelí Pegasus, presuntamente utilizado por las autoridades marroquíes.
Para Hijaouy, antiguo alto cargo de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí, este acercamiento diplomático representó una amenaza para Hijaouy. Según diversas informaciones, la vigilancia sobre él y su familia se intensificó en Francia. Varios de sus antiguos colegas habrían seguido sus movimientos.
El 10 de septiembre de 2024, su esposa presentó una denuncia ante una comisaría del VIII distrito de París para alertar sobre vigilancias y seguimientos. En ella adjuntó fotografías de personas que identificó como agentes marroquíes observando a la familia en distintos lugares de la capital.
La situación era especialmente sensible. Hijaouy había ocupado puestos clave dentro de la DGED y posteriormente habría trabajado para Fouad Ali El Himma, consejero de Mohamed VI y una de las figuras más influyentes del aparato político y de seguridad del Palacio Real, conocido en algunos círculos como el “virrey”.
Mientras tanto, las autoridades marroquíes elaboraban un expediente judicial en su contra. Hijaouy fue acusado sucesivamente de “estafa”, “ayuda a la inmigración ilegal” y “pertenencia a una organización criminal”. En septiembre de 2024 se emitió una orden internacional de detención a través de Interpol.
Tras abandonar París y trasladarse a Madrid, Marruecos solicitó su arresto y extradición. Un juez español le retiró el pasaporte y le obligó a comparecer periódicamente ante la policía mientras se resolvía el procedimiento. Según diversas fuentes, durante un encuentro con funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, Hijaouy habría comprendido que corría el riesgo de ser entregado a Rabat. Poco después desapareció nuevamente, dirigiéndose a un destino desconocido y llevándose consigo información potencialmente comprometedora sobre las estructuras de poder marroquíes.
Del servidor fiel al personaje incómodo
Considerado durante años un servidor leal de la monarquía, Mehdi Hijaouy comenzó a distanciarse del establishment marroquí cuando defendió públicamente a los hermanos Azaitar, luchadores marroquíes-alemanes de artes marciales mixtas (MMA) y amigos íntimos de Mohamed VI.
La presencia de Abu y Ottman Azaitar en el círculo privado del monarca generó malestar entre sectores institucionales del Palacio, que consideraban su influencia perjudicial. Diversos medios cercanos a los servicios de seguridad iniciaron entonces campañas críticas contra los deportistas.
Los hermanos Azaitar eran percibidos como figuras alejadas de los códigos tradicionales de la corte marroquí. Apodados en ocasiones los “gánsteres del Ferrari”, fueron objeto de reproches por exhibir vehículos de lujo, relojes exclusivos y un estilo de vida ostentoso en redes sociales. Sin embargo, Mohamed VI mantuvo su cercanía con ellos.
En diciembre de 2021, Hijaouy defendió públicamente a los hermanos Azaitar en diversos medios de comunicación, argumentando que podían contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad marroquíes en disciplinas de combate. La propuesta nunca prosperó.
Una carta privada para el rey
Dos años más tarde, Hijaouy volvió a desafiar los canales tradicionales de poder al enviar directamente al monarca un “Libro Blanco” dedicado a la inteligencia y la seguridad del futuro. El documento, compuesto por artículos, propuestas y recomendaciones estratégicas, pretendía ofrecer una reflexión sobre la evolución de los servicios de inteligencia. No se sabe si Mohamed VI llegó a leerlo. Sin embargo, la iniciativa fue interpretada por algunos sectores de la corte como una afrenta o incluso como una maniobra política.
En un entorno donde la influencia se mide por el acceso directo al soberano, este gesto contribuyó a aislar aún más a Hijaouy y alimentó especulaciones sobre posibles luchas internas de poder.
Formación en los servicios secretos
Nacido en Alemania hace 53 años, Mehdi Hijaouy procede de una familia vinculada a las fuerzas armadas marroquíes. Su padre fue agregado militar y cercano al rey Hassan II, mientras que uno de sus tíos murió durante la guerra de Yom Kipur combatiendo junto a los ejércitos árabes en el frente del Golán.
Ingresó en la DGED en 1994 y fue ascendiendo progresivamente hasta alcanzar el rango de administrador general. Durante su carrera recibió formación en servicios de inteligencia extranjeros y, según diversas fuentes, participó en programas de capacitación con organismos israelíes a comienzos de la década de 2000. En 2005 dirigía el servicio de operaciones y la oficina de seguridad interna de la DGED. Participó en desplazamientos oficiales del rey por África y desarrolló misiones en Francia, España y los países del Benelux.
Según conocedores de la materia, una de las prioridades de la inteligencia marroquí era la defensa de la posición del reino sobre el Sáhara Occidental, considerada una cuestión estratégica fundamental para el Estado.
El caso Pegasus
Tras abandonar la DGED, Hijaouy pasó a trabajar desde 2017 junto al consejero real encargado de la coordinación de los servicios de seguridad. De acuerdo con diversas fuentes, siguió teniendo acceso a información sensible relacionada con asuntos como Pegasus, el software espía que supuestamente habría sido utilizado para vigilar a miles de personas, entre ellas dirigentes extranjeros. Marruecos ha rechazado reiteradamente estas acusaciones.
Las autoridades marroquíes intentan minimizar actualmente la importancia de Hijaouy dentro de la estructura de inteligencia, presentándolo como un antiguo agente de rango secundario apartado de la DGED años atrás.
Sin embargo, expertos como Claude Moniquet, director del Centro Europeo de Inteligencia y Seguridad, sostienen que Hijaouy desempeñó funciones de primer nivel dentro del servicio exterior marroquí y que estuvo estrechamente vinculado a los principales responsables de la seguridad del reino.
La cuestión de si Hijaouy participó en actividades empresariales irregulares sigue siendo objeto de controversia. Algunos medios marroquíes destacan sus relaciones con empresarios de reputación controvertida.
Por el contrario, su abogado, el jurista francés William Bourdon, sostiene que se trata de un caso eminentemente político. En una solicitud dirigida a Interpol, Bourdon pidió la retirada de la notificación roja y de los datos personales de su cliente, argumentando que este fue objeto de represalias por denunciar presuntas prácticas de corrupción, reclamar reformas en los servicios de inteligencia y criticar el uso abusivo de tecnologías de vigilancia.
Según esta interpretación, sus posiciones públicas le habrían granjeado la enemistad de algunos de los responsables más poderosos del aparato estatal marroquí y contribuido a convertirlo en una figura incómoda para determinados sectores del régimen.
EE.UU busca reforzar su presencia militar en África apoyándose en Marruecos
El lobby pro marroquí en Washington busca consolidar a Rabat como pieza clave de la estrategia militar estadounidense en África
Madrid (ECS). — Estados Unidos estudia reforzar significativamente su cooperación con Marruecos para convertir al reino alauí en uno de sus principales aliados militares en el continente africano. La iniciativa, impulsada desde el Senado estadounidense, contempla el diseño de una nueva estrategia de colaboración que otorgaría a Rabat un papel central en las operaciones de seguridad regional y en la proyección de capacidades militares hacia África y el Atlántico, según El Confidencial.
La propuesta, según el rotativo español, surge en un contexto marcado por la pérdida de influencia occidental en varios países del Sahel, donde los cambios políticos de los últimos años han dificultado la presencia de socios tradicionales de Washington. Ante esta situación, Marruecos aparece como un actor estable, con instituciones consolidadas y una creciente capacidad para actuar como plataforma de cooperación regional para Washington.
El plan promovido en el Congreso norteamericano plantea profundizar la relación bilateral mediante diversas iniciativas destinadas a fortalecer la interoperabilidad entre ambos ejércitos. Entre ellas figura la creación de instalaciones logísticas avanzadas que facilitarían el despliegue rápido de efectivos, el almacenamiento de material estratégico y el apoyo a operaciones en distintas zonas de África.
Otro de los ejes prioritarios sería la lucha conjunta contra el terrorismo y las amenazas transnacionales. La colaboración permitiría mejorar el intercambio de información, la coordinación operativa y la capacidad de respuesta frente a grupos extremistas que operan en regiones inestables del continente.
La modernización de las Fuerzas Armadas marroquíes también ocupa un lugar destacado dentro de esta hoja de ruta. Los planes, según el borrador americano, contemplan nuevas infraestructuras de formación, programas de entrenamiento avanzado y la recuperación de determinadas instalaciones militares para adaptarlas a los desafíos actuales.
En paralelo, Marruecos aspira a convertirse en un referente africano en el ámbito de las tecnologías de defensa. La puesta en marcha de un centro especializado en sistemas no tripulados y capacidades antidron permitiría tanto el desarrollo operativo como la formación de personal militar procedente de países aliados.
Las maniobras militares African Lion, organizadas conjuntamente por Marruecos y Estados Unidos, seguirían ampliando su alcance. Los ejercicios incorporarían áreas cada vez más relevantes para la defensa moderna, como la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, la guerra híbrida y los sistemas autónomos.
La relevancia geoestratégica de Marruecos constituye uno de los principales argumentos que explican el interés de Washington. Su posición entre Europa, África y el Atlántico, junto con el peso creciente de sus infraestructuras portuarias y logísticas, convierten al país en un socio especialmente atractivo para garantizar la seguridad de rutas marítimas fundamentales para Washington.
Diversos analistas consideran que esta evolución refleja una apuesta de largo plazo por parte de Estados Unidos para consolidar una red de aliados fiables en una región sometida a profundas transformaciones geopolíticas. En este escenario, Marruecos emerge como uno de los socios mejor posicionados para desempeñar un papel protagonista en la arquitectura de seguridad del continente africano durante la próxima década.
Fuente: El Confidencial (Ignacio Cembrero, 23 de junio de 2026).
Sáhara Occidental | La ausencia de una «estrategia de diplomacia exterior» clara debilita la posición del Frente POLISARIO
El desgaste de la acción diplomática saharaui en el nuevo orden internacional
EDITORIAL
Los ciudadanos saharauis tenemos derecho a saber lo que ha hecho el principal ministerio del gobierno de la República Saharaui desde la firma del alto el fuego; El Ministerio de Asuntos Exteriores, que se mantuvo personificado negligentemente durante casi cuatro décadas, y que debería haber sido el pilar para proyectar y fortalecer la legitimidad internacional de un Estado ocupado aún no reconocido por la ONU, ha perdido funciones orgánicas esenciales y le escasean otras sensibles. Al valorar aspectos relacionados con la política exterior que son decisivos para la independencia del pueblo saharaui, el estado actual refleja un serio retroceso en el posicionamiento internacional del movimiento de liberación así como el desmoronamiento del reconocimiento estatal, que se acentúa cada vez más debido a la permanencia de una dirigencia inamovible, que parece entender y aceptar la diplomacia como un archivo de comunicados, fotos protocolares y una vanidosa presencia en foros donde no influye nada.
Mohamed Yeslem Beissat, nuevo ministro de Asuntos Exteriores saharaui
Bloqueado por cuestiones tribales y sin renovarse, el actual MAE saharaui presenta claros indicios de una diplomacia esencialmente inexistente; predecible, simbólica, sin planificación ni incidencia real sobre el terreno, destacando la improvisación, el autoelogio y conflictos internos en su ministerio, lo que urge la necesidad de una refundación diplomática integral, de lo contrario, la legítima causa saharaui quedará arrinconada por la fuerza bruta y el asedio diplomático de Marruecos junto a la indiferencia de la comunidad internacional.
Aunque en política los resultados nunca son absolutos, cabe preguntarse si es normal no tener jamás un resultado positivo. Lo que alguna vez fue una diplomacia activa, militante, reconocida y admirada por decenas de países en Europa, África y América Latina, hoy ha quedado reducido a un Ministerio descontrolado, desorientado y completamente desarticulado, sin tareas concretas, quedándose anclado en rutinas tales como programar caravanas, gestionar estancias veraniegas, repescar comunicados oficiales, sin innovación ni proyección diplomática pese al «estado de guerra».
Siendo prerrogativa del presidente, la política exterior saharaui en los últimos años ha sido moldeada, en primer lugar, por el incumplimiento marroquí del Acuerdo de Paz de 1991 y, en segundo lugar, la incapacidad para conseguir más reconocimientos o, al menos, detener la sangría de retiradas.
Los intentos de influir en la posición de actores clave como por ejemplo Reino Unido y Canadá mediante la interacción con la sociedad civil fracasaron al no haber sido instrumentalizados políticamente por no saber salir del marco de ayuda humanitaria, lo que también explica su incapacidad por décadas en estructurar, reunir y mantener un frente de presión diplomático sostenido en África, Europa, Asia o en las Américas.
Dominados por una política de apariencias, pretenden transformar la mera participación en eventos multilaterales (por ejemplo; fotos en actos públicos con dirigentes o altos cargos políticos) en logros diplomáticos sustanciales, ignorando, deliberada o inadvertidamente, que ésa política de apariencias solo contribuye al autoengaño institucional y a la parálisis mortal en la que está hundido el Frente POLISARIO.
Pese a su falta de transparencia y nula rendición de cuentas, la inoperancia diplomática queda reflejada en una realidad bastante alarmante marcada por: Pérdida de aliados estratégicos; Desmoronamiento del reconocimiento internacional; Debilitamiento en organismos internacionales clave para el conflicto; Fracaso en la gestión diplomática de la Segunda Guerra; Caos en la gestión de la Diáspora, las Embajadas y representaciones en el exterior; Obstaculización y dilación de la reforma del cuerpo diplomático así como su estructura, funciones, discurso y narrativa, impidiendo adaptarse a la diplomacia moderna.
Pérdida de Aliados Estratégicos y Desmoronamiento del Reconocimiento Internacional
En un garrafal error táctico, el apoyo se basó en gran medida en abordar las oleadas de gobiernos de izquierda entre los años 1980 hasta el 2000. Tras la caída de la URSS, el acercamiento entre Argel y Rabat, y el cambio de panorama político global y nacional, muchos reconocimientos se evaporaron sin alternativa diplomática al quedar la lucha desafortunadamente vinculada a una ideología. En tanto es así, los reconocimientos diplomáticos experimentaron un fuerte declive en los últimos treinta años; de más de 80 países que le reconocían en la década de los 80-90 a apenas unos 29 en 2026.
A lo largo de los años 2000 y especialmente en la década de 2020, una serie de países retiraron su reconocimiento a la RASD bajo presión económica y diplomática de Marruecos y sus aliados, especialmente en África y América Latina. Los más de 87 reconocimientos que alguna vez se lograron no se tradujeron en alianzas estables, inversiones ni apoyo sostenido. No se logró capitalizar esos reconocimientos ni protegerlos. La diplomacia del Frente POLISARIO ha sido incapaz de revertir esta estampida diplomática, ni de anticipar los giros de posición de países como España Portugal, Panamá, Perú, República Dominicana y los países del Sahel.
Esta pasividad refleja no solo un agotamiento de recursos, sino una falta de visión estratégica para construir alianzas más allá del marco de solidaridad ideológica del siglo XX. Destituir al canciller por defecto de las últimas cuatro décadas por otro prominente miembro de la vieja guardia sin obtener beneficio o revitalización diplomática alguna, demuestra que tales gestos no fueron motivados por una genuina voluntad política para satisfacer las aspiraciones de cambio, sino más bien otras razones ajenas a la diplomacia, pues los resultados sobre el terreno son y siguen siendo inexistentes.
En todos los continentes la diplomacia saharaui vive un rampante estado regresivo, incluso en aquellas plazas que antaño eran pro-saharauis. No existe esfuerzo visible por consolidar o reconquistar apoyos diplomáticos clave, pues la mayoría de los países que renegaron lo hicieron sin una respuesta eficaz desde la RASD. Al carecer ésta de una política de retención o recuperación de aliados, su reconocimiento internacional está hoy reducido a un bloque residual de países mayoritariamente con escaso peso geopolítico, lo que debilita cualquier intento de presionar a Marruecos en organismos multilaterales, exponiéndose a su vez a seguir perdiendo parte de ellos dada su escasa influencia y fragilidad política.
Mientras Marruecos sigue imponiendo el hecho consumado estableciendo presencia extranjera y de sus aliados en el territorio ocupado para seguir implicando a terceros en su ocupación, no existe intención alguna en contrarrestar las inversiones económicas o la ilegal apertura de consulados en las ciudades saharauis, que, tristemente ya casi igualan en cifra a los reconocimientos internacionales de la RASD. La realidad es que la gestión diplomática ha sido tan paupérrima que hemos regresado a niveles de reconocimiento de los años 1976-1977 aunque con el mismo de grupo de líderes.
Personificación del Ministerio y fracaso en la renovación de la estructura diplomática
La longeva permanencia de un dirigente reafirma la rigidez y renuencia del Frente POLISARIO a reformarse aun cuando supone un serio peligro para el proyecto nacional, y por otro lado, explica las fallas estructurales del Ministerio, ya que aún sigue reinando el (legado) estado de estancamiento y ostentación diplomática que caracterizó parte de su periodo.
La actual etapa del MAE, si bien con éxitos escasos, ha ocasionado en el último año un deterioro generalizado y acelerado de la posición diplomática del movimiento; Su periodo estuvo marcado, internamente, por la ausencia de liderazgo efectivo, carencias ministeriales vitales, falta de transparencia y rendición de cuentas así como la incapacidad para renovar el cuerpo diplomático con cuadros técnicos y conflictos internos dentro de ese ministerio. Y externamente, fracasó en adaptar la diplomacia saharaui al nuevo orden mundial, incapacidad en mantener aliados y apoyos, debilitó el poder blando saharaui al no adecuarse al auge de las diplomacias digitales, económicas y culturales del siglo XXI, y una ineficiente gestión diplomática de la segunda guerra de liberación al no reorientar la Cancillería a las prioridades de guerra, contrastando radicalmente con su actitud durante la primera guerra.
En situación de guerra, la Cancillería de cualquier país enfrenta un contexto crítico en el que sus funciones tradicionales deben intensificarse pasando a adquirir un carácter crítico. Teniendo en cuenta que lucha en una guerra asimétrica, estas funciones adquieren de manera añadida un significado existencial.
Si la finalidad la ofensiva es la de ganar la batalla diplomática a Marruecos aprovechando la justicia de nuestro lado, la realidad nos deja claro que la elaboración, planificación y ejecución de dicha ofensiva debió hacerse de otra manera, comenzando en primer lugar con que el personal designado para llevar a efecto dicha ofensiva, no pareció haberse elegido atendiendo a los objetivos de la ofensiva diplomática.
No existe una jerarquía ministerial, en consecuencia no hay una cadena de mando donde se respeten las relaciones de autoridad entre los distintos niveles, pues los consejeros y asesores siguen fagocitando las tareas del canciller generando una especie de intrusismo. Los embajadores, representantes y delegados saharauis continúan operando en diversos países libremente como diplomáticos de la vieja escuela, sin mecanismos visibles de control, evaluación ni rendición de cuentas.
Por lo tanto, no se logrará ningún avance u objetivo con la actual concepción y estructuración del Ministerio de Asuntos Exteriores saharaui, que, siendo el más financiado, sorprende su carácter rudimentario; No existe, por ejemplo, un equipo de profesionales que conforme un Departamento de Prospectiva y Estrategia que se dedique a la elaboración de ideas, estrategias y programas de acción para cada continente y/o región. Carece dicho Ministerio de una Academia de Formación específicamente en los intereses saharauis y en cómo usar la causa saharaui como palanca diplomática, para así facilitar la renovación de personal formado y experimentado. Carece de un Departamento de Información que se encargue de la recopilación de inteligencia diplomática y estado de opinión de los países clave y potenciales aliados para desarrollar estrategias de penetración precisas. Carece también, dicho Ministerio, de una oficina central de elaboración, ejecución, seguimiento y modificación de la estrategia diplomática, de modo que se puedan guiar políticas exteriores eficaces.
Por lo tanto, si no revitaliza y redefine urgentemente su cuerpo, estructura, sus roles y su discurso, la cancillería saharaui continuará siendo un ministerio hueco sin capacidad operativa real.
Frente Polisario: Cuando la tradición se convierte en traición
Más de medio siglo después de su creación, concebido para enfrentar la ocupación, el movimiento parece más interesado en ocupar cargos de por vida, logrando únicamente congelar la revolución en el tiempo.
Han transcurrido más de cinco décadas desde la fundación del Frente Polisario como movimiento de liberación nacional, luchando y abogando por la autodeterminación del pueblo saharaui frente a la agresiva ocupación marroquí. No obstante, dada la coyuntura actual del conflicto y considerando las acciones realizadas o por realizar por la parte saharaui, es pertinente cuestionar si el Polisario contemporáneo, dirigido por un liderazgo anquilosado, sigue siendo un instrumento de liberación o se ha convertido en un obstáculo frente a las aspiraciones del pueblo saharaui hacia la libertad e independencia.
Crisis y desgaste en el Frente POLISARIO: un nuevo congreso bajo escrutinio
La respuesta resulta clara y dolorosa: el Polisario lleva años atrapado en su propia inercia, conducido por una cúpula fosilizada en las cuevas de Rabuni. Han convertido el exilio en una rutina y el estancamiento en una estrategia política. El liderazgo actual, que se aferran al poder con obstinación, ha confundido resistencia con inacción y fidelidad a la causa con una lealtad autoritaria hacia dirigentes que ocupan sus cargos por más tiempo del que muchos saharauis llevan de vida. Gobiernan convencidos de que la solución les llegará del cielo sin esfuerzo alguno; si esto fuera cierto o no, lo que sí es evidente es que el cielo se ha transformado, lamentablemente, en el verdadero regulador del Frente Polisario.
¿Qué sentido tiene que la mayoría de las sucesiones sean abruptas? No resulta aceptable ni es del agrado de nadie que la única estrategia de renovación consista en esperar funerales.
La repetición invariable de los mismos nombres cada cuatro años, durante los Congresos que designan al presidente y su gobierno, se asemeja a un torneo en el que los títulos se revalidan tanto como los eslóganes. Estos Congresos se asemejan más a una competencia de retórica vacía, donde se exige acción externa mientras se rechaza toda reforma interna; todo intento de renovación ha terminado archivado junto a las resoluciones ineficaces de la ONU.
El mantenimiento de esta dirigencia no solo erosiona la legitimidad interna —reflejada en el hecho de que el actual presidente haya obtenido un 69 % de aprobación en el último de estos Congresos—, sino que también mina la confianza del pueblo saharaui y de otros actores en la viabilidad de cualquier solución bajo la actual estructura del Polisario.
Brahim Ghali encara la reválida de su liderazgo en un momento decisivo para la causa saharaui