Por Ana Stella @anaqtella
Madrid (ECS) — La policía marroquí, con apoyo de las Fuerzas Auxiliares del Majzén, disolvió el lunes 12 de octubre una protesta pacífica frente a la sede de la Administración Penitenciaria en Rabat y detuvo a siete personas. Quienes se manifestaban eran familiares de los presos civiles saharauis del grupo de Gdeim Izik, defensores de derechos humanos y ex presos políticos, concentrados en solidaridad con los reclusos que llevan en huelga de hambre desde el 23 de septiembre.
Los participantes fueron golpeados antes de las detenciones. Según el recuento, tres de los arrestados son defensores de derechos humanos y ex presos políticos: Aziz El Wahidi, Hassan Douihi y Khaled Bufrewa. Los otros cuatro son estudiantes saharauis: El Hussein Chihab, Mohamed Lmrabet, Brahim Babeit y Salah Eddine Essabar. El paradero de otros manifestantes seguía sin conocerse horas después.
La protesta ocurrió en Rabat, la capital de Marruecos, no en el Sáhara Occidental ocupado. Que las familias de los presos tengan que recorrer el país para plantarse ante la cárcel central y acaben detenidas muestra el alcance de la represión fuera del territorio donde suele quedar contenida.
Detrás de la protesta está una huelga de hambre que dura ya tres semanas. El 23 de septiembre, nueve presos del caso Gdeim Izik dejaron de comer en las cárceles de Kénitra, Tiflet y Aït Melloul. Piden lo que dos órganos de Naciones Unidas ya reclamaron y es su libertad y su traslado a una prisión del Sáhara Occidental, cerca de sus familias.
La respuesta de Marruecos fue dispersarlos. Varios presos fueron trasladados a cárceles lejanas sin avisar a sus familias, y algunos quedaron en paradero desconocido durante días,
Con el paso de los días, la huelga se ha ido agrietando por el desgaste físico. Hoy la mantienen cinco presos en estado que sus familias describen como grave: Abdallah Abbahah en Tiflet, El Hussein Zaoui, Mohamed Bachir Boutenguiza y Ahmed Sbai en Kénitra, y Hassan Dah en Benguerir. Hay un detalle que el propio ocupante dejó caer.
A la presión se sumó el bloqueo a Claude Mangin, la esposa francesa de Naâma Asfari, a quien Marruecos volvió a impedir la entrada al país para visitar a su marido. Y el resto del grupo de Gdeim Izik, los presos que no estaban ayunando, anunció una huelga de 48 horas desde el 12 de octubre para que la protesta no decaiga.
El mandato de la misión de la ONU en el territorio, la MINURSO, expira el 31 de octubre, y el Consejo de Seguridad debe votar antes de esa fecha si lo renueva. Los presos han cronometrado su protesta para coincidir con la única ventana del año en que el Sáhara vuelve a la mesa de Nueva York. El año pasado, la Resolución 2797 tomó el plan de autonomía marroquí como base de la negociación, aunque sin reconocer la soberanía de Rabat ni cerrar la autodeterminación.
El campamento de Gdeim Izik se levantó en octubre de 2010 a las afueras de El Aaiún y fue desmantelado por la fuerza el 8 de noviembre. A los detenidos los juzgó un tribunal militar en 2013, con penas de entre veinte años y cadena perpetua, basadas en confesiones que el Comité contra la Tortura de la ONU dio después por obtenidas bajo tortura. Casi dieciséis años después, esos mismos presos siguen recurriendo al hambre para que se les escuche.
Marruecos quiere que la huelga pase en silencio y a puerta cerrada. Esta semana ha detenido a los hijos y a los familiares de los presos en su propia capital, a quince días de que el Consejo de Seguridad decida si continúa con su mandato en el Sáhara Occidental.
