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¿Qué dice el informe policial sobre Ceuta? No fue espontáneo, hubo planificación y «guiado activo» marroquí

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Portada del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional sobre la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.

El documento no identifica todavía quién ocupa el nivel superior de dirección, pero describe una operación planificada, coordinada sobre el terreno, con participación de fuerzas marroquíes y una finalidad migratoria que califica de «aparente».

El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional sobre la entrada masiva en Ceuta los días 30 y 31 de julio ofrece una imagen bastante más precisa de lo ocurrido que la que ha dominado buena parte del debate político de las últimas horas. El documento no identifica todavía quién dio la orden final ni quién ocupa la cúspide de la operación, pero sí descarta que se tratara de un episodio espontáneo y habla de un proceso con fases diferenciadas, planificación previa, dirección estratégica y coordinación sobre el terreno.

Uno de los elementos más llamativos es la propia escala de la movilización. La Policía estima que pudieron acceder a Ceuta entre 75.000 y 85.000 personas, aunque reconoce que no existe una cifra definitiva. Para los investigadores, resulta incompatible con una movilización espontánea que semejante volumen de personas pudiera dirigirse hacia un punto concreto, sin colapsos previos en las vías de acceso ni problemas graves de movilidad, y con un flujo que fue creciendo hasta hacerse masivo.

Sánchez descarta a Marruecos en la crisis de Ceuta y apunta a redes vinculadas con Rusia e Israel

El informe atribuye además un papel concreto a las fuerzas de seguridad marroquíes. Describe efectivos uniformados que daban indicaciones a quienes se dirigían hacia El Tarajal y organizaban los accesos, así como la presencia de personas de paisano con comportamientos distintos a los de la multitud: observaban los movimientos, arengaban, ayudaban a superar obstáculos, grababan y mantenían comunicaciones constantes por teléfono. En algunos casos, el documento señala incluso que esas personas daban instrucciones a policías marroquíes uniformados.

La Policía estructura además la posible organización en varios niveles. Distingue entre quienes cruzaron, quienes contribuyeron a movilizar y difundir la convocatoria, los organizadores sobre el terreno, el nivel de planificación y una cúspide de dirección. Es precisamente en ese último nivel donde el informe reconoce que todavía no ha podido individualizar responsabilidades concretas. Pero sí afirma que la operación necesitó un alto grado de coordinación, influencia en redes, conexiones con personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes y capacidades que considera muy superiores a las de las organizaciones criminales conocidas en la zona.

En sus conclusiones, el CENIF habla expresamente de «planificación previa», de una «dirección estratégica y operacional» y de un «guiado activo» de la masa hacia los lugares de paso por parte de las fuerzas marroquíes. También señala que la combinación entre una presencia policial reducida, la elección del lugar y de los horarios y la organización de los flujos responde a un diseño que no parece fruto de la casualidad.

Otro punto especialmente relevante es la finalidad de la operación. El informe utiliza la expresión «finalidad migratoria aparente» y señala que solo alrededor del 10 % de quienes accedieron permanecieron en España. Según su análisis, la secuencia perseguía primero colapsar el sistema de gestión fronteriza y, una vez conseguido, reducir todavía más la capacidad de respuesta española mediante un cambio progresivo en el perfil de las personas que entraban.

De la ley saharaui a la avalancha de Ceuta: siete días que cambiaron el tablero

El contraste con lo ocurrido el 15 de agosto ocupa también un lugar importante. La segunda convocatoria fue, según el documento, «absolutamente controlada» por la estructura de seguridad marroquí, mientras que durante los días 30 y 31 de julio esa misma estructura permaneció inoperante durante más de 48 horas. El informe sugiere incluso que esa segunda convocatoria, mucho más visible y fácilmente detectable, pudo contribuir a mostrar después una capacidad de control que no se había ejercido durante la primera.

El documento plantea también preguntas dentro de España. El CENIF había emitido ya el 29 de julio una alerta sobre el riesgo de entradas en Ceuta y Melilla previstas para el día siguiente, y existía además una comunicación anterior de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta. Eso obliga a preguntarse qué recorrido tuvieron esas alertas y por qué la respuesta terminó siendo desbordada.

El informe no permite afirmar todavía quién dio la orden final ni identificar de manera definitiva a la persona o institución que pudo dirigir el conjunto de la operación. Pero tampoco permite sostener con facilidad que aquello fuera simplemente una movilización espontánea amplificada por las redes sociales.

No sabemos todavía quién dio la orden. Lo que el informe hace cada vez más difícil sostener es que nadie la dio.


Informe parte 1


El Sáhara Occidental se hace oír: una voz que no se silencia y un Estado que ocupa su lugar en África

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Madrid (ECS) — La jornada de ayer dejó dos imágenes distintas que, vistas juntas, dicen bastante sobre el momento que atraviesa la causa saharaui. Una fue la de Brahim Ghali participando en Luanda, junto a los demás jefes de Estado y de Gobierno  en la Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana.

La otra fue la respuesta de Taleb Alisalem después de conocerse la denuncia de organizaciones de derechos humanos por la campaña de amenazas y acoso que viene sufriendo: «¡No nos silenciarán! Seguimos». En escenarios muy diferentes, ambas recuerdan que el pueblo saharaui continúa ocupando espacios que algunos preferirían negarle: el institucional y el de la palabra pública.

31 de agosto de 2026. NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

La presencia saharaui en Luanda no responde a una invitación circunstancial. La República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana, una condición anterior incluso al regreso de Marruecos a la organización continental en 2017. Ayer explicábamos por qué esa pertenencia no depende de la voluntad marroquí y por qué las campañas diplomáticas destinadas a reducir los apoyos a la RASD no pueden confundirse con su posición jurídica dentro de la Unión Africana.


👉 La presencia de pleno derecho de la República Saharaui en la Unión Africana no depende de Marruecos


Ese marco africano adquiere todavía más sentido al leer el análisis de Mohamed Limam publicado en El Independiente. La cuestión saharaui no afecta únicamente a una descolonización inconclusa: atraviesa también los debates sobre paz, seguridad e integración política del continente. La participación de Brahim Ghali en la cumbre de Luanda vuelve a demostrar que no es posible hablar seriamente de la arquitectura política africana dejando al Sáhara Occidental fuera de la conversación.


👉 La paz y la seguridad en África también pasan por el Sáhara Occidental


Pero ayer la atención estuvo también en Taleb Alisalem. La Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España denunciaron, según informó ECSAHARAUI, una campaña de amenazas, acoso y difamación contra el analista saharaui y reclamaron protección para él.

NOTEOLVIDES reconstruyó después el contexto de esas últimas semanas: amenazas directas, difusión de datos personales, señalamiento en medios y redes y una creciente presión coincidente con su mayor presencia en el debate público español. Taleb respondió agradeciendo el apoyo y dejando una frase que resume su decisión de no retroceder.


👉 «¡No nos silenciarán! Seguimos»: Taleb Alisalem responde a las amenazas y al acoso


También hubo espacio para mirar hacia España y hacia su propia responsabilidad histórica. La tribuna publicada por Carlos Cristóbal en Noticias de Navarra sirvió para recordar que la memoria democrática española no puede detenerse en las actuales fronteras del país cuando parte de la represión franquista se produjo bajo administración española en el Sáhara Occidental. Basiri, Zemla y las víctimas saharauis del colonialismo español pertenecen también a esa memoria que sigue reclamando verdad y reconocimiento.


👉 Sáhara Occidental, memoria democrática: el franquismo también fue una potencia colonial


La República Saharaui continúa sentándose en las instituciones africanas y las voces saharauis continúan buscando espacio en los medios, en la política y en la sociedad civil. A veces la presión intenta reducir ese espacio; otras veces se pretende presentar como provisional aquello que lleva décadas formando parte de la realidad política africana.

La República Saharaui consolida en la Unión Africana una presencia que Marruecos no puede decidir

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La presencia de pleno derecho de la República Saharaui en la Unión Africana no depende de Marruecos

Carlos C. García – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Madrid (ECS).- La presencia del presidente saharaui, Brahim Ghali, en las cumbres de la Unión Africana suele provocar una imagen que Marruecos preferiría evitar: la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática aparece junto a las de los demás Estados miembros y su delegación participa en las reuniones continentales con los mismos derechos institucionales que el resto. No se trata de una invitación ocasional ni de una concesión política hacia el pueblo saharaui, sino de la consecuencia de una realidad que a menudo se pierde entre titulares diplomáticos: la RASD es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

La República Saharaui fue admitida en 1982 en la entonces Organización para la Unidad Africana. Marruecos rechazó aquella decisión y abandonó la organización dos años después, pero la RASD permaneció dentro y pasó posteriormente a formar parte de la Unión Africana cuando esta sustituyó a la OUA. Esa continuidad resulta especialmente significativa porque, cuando Marruecos decidió regresar a la organización continental en 2017 después de más de tres décadas de ausencia, lo hizo entrando en una Unión Africana de la que la República Saharaui ya formaba parte. Esa presencia africana sigue teniendo hoy una dimensión política que va mucho más allá del reconocimiento diplomático, como analizábamos al abordar el papel del Sáhara Occidental en la paz y la seguridad del continente.

«La República Saharaui forma parte de la Unión Africana como Estado miembro de pleno derecho desde antes del regreso de Marruecos a la organización continental. Su presencia no es una concesión política ni depende del reconocimiento marroquí, sino de una condición institucional que sigue plenamente vigente»

Desde entonces, Rabat ha desarrollado una intensa campaña diplomática para reducir el reconocimiento internacional de la RASD y modificar la correlación de fuerzas dentro de África. Ha logrado que algunos gobiernos cambien sus posiciones, ha impulsado declaraciones favorables a su propuesta de autonomía y ha intentado presentar la presencia saharaui en determinadas reuniones como una anomalía que debería desaparecer. Sin embargo, una cosa es conseguir apoyos políticos y otra muy distinta disponer de un procedimiento jurídico que permita expulsar a un Estado miembro.

El Acta Constitutiva de la Unión Africana no establece actualmente un mecanismo mediante el cual un Estado pueda ser expulsado de la organización porque otro cuestione su legitimidad. Sí contempla la suspensión de gobiernos llegados al poder mediante cambios inconstitucionales y regula también la posibilidad de que un Estado abandone voluntariamente la Unión. Pero la pertenencia de la RASD no puede desaparecer mediante una decisión unilateral de Marruecos ni por el simple hecho de que Rabat consiga que un determinado número de países apoyen sus tesis sobre el Sáhara Occidental.

Eso no significa que las reglas de la Unión Africana sean inmutables. El Acta Constitutiva puede ser reformada, pero para hacerlo existen procedimientos y mayorías cualificadas que obligarían a Marruecos a obtener un respaldo continental muy superior al necesario para aprobar una declaración política o conseguir que algunos gobiernos retiren o congelen sus relaciones con la República Saharaui. Precisamente por eso buena parte de la batalla marroquí en África se libra en el terreno diplomático: se intenta modificar progresivamente el equilibrio político con la esperanza de que, algún día, esa nueva correlación permita alterar también el marco institucional.

Hay además una circunstancia que suele olvidarse cuando se presenta el regreso marroquí a la Unión Africana como una victoria sobre la RASD. Marruecos decidió volver sin haber conseguido previamente la salida de la República Saharaui. Aceptó integrarse en una organización en la que ambos Estados ocupan un asiento y en la que la cuestión del Sáhara Occidental continúa vinculada al principio de autodeterminación que figura entre los fundamentos de la propia organización continental.

Por eso las fotografías de las cumbres africanas tienen una dimensión política que va más allá del protocolo. Cada vez que una delegación saharaui participa en una reunión de jefes de Estado, Marruecos se encuentra ante la misma contradicción: puede defender ante otros gobiernos que el Sáhara Occidental forma parte de su territorio y puede sumar apoyos a su propuesta política, pero dentro de la principal organización continental debe convivir institucionalmente con la República que representa al pueblo saharaui.

La ofensiva diplomática marroquí en África es real y no debería ser infravalorada. También lo son los cambios de posición registrados en distintos países durante los últimos años. Pero convertir esos movimientos en la supuesta desaparición de la RASD de la Unión Africana significa confundir deliberadamente influencia política con realidad jurídica e institucional.

La República Saharaui sigue formando parte de la Unión Africana porque su condición de miembro no depende de que Marruecos la reconozca. Rabat puede combatirla diplomáticamente, tratar de aislarla o trabajar para cambiar algún día las reglas de la organización, pero mientras esas reglas no cambien la bandera saharaui seguirá ocupando el lugar que corresponde a uno de los Estados miembros de la Unión Africana.

Sánchez descarta a Marruecos en la crisis de Ceuta y apunta a redes vinculadas con Rusia e Israel

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Carlos C. García – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL



Madrid (ECS).- Marruecos queda fuera de cualquier responsabilidad según la información de inteligencia que maneja el Gobierno y aparece, por el contrario, como socio imprescindible para resolver la crisis. Cuando Sánchez busca actores o intereses que pudieran haber contribuido a alimentar la desinformación, mira hacia Rusia, Israel y las redes internacionales de extrema derecha. El Sáhara Occidental, cuyo conflicto ya estuvo directamente relacionado con una anterior crisis fronteriza en Ceuta, desaparece. Y también desaparece Argelia, pese a que apenas diez días antes Sánchez había viajado a Argel para escenificar una nueva etapa de aproximación entre ambos países.

Pedro Sánchez ha dedicado este lunes una parte importante de su primera entrevista del curso político, en Hoy por Hoy de la Cadena SER, a explicar la crisis de Ceuta. Ha hablado de los informes del CNI, de la magnitud inesperada de la entrada de alrededor de 70.000 personas, de las organizaciones criminales, de los bulos difundidos en las redes sociales, de la necesidad de cooperación europea y, naturalmente, de Marruecos. Pero ha habido dos ausencias especialmente llamativas para quienes seguimos desde hace años la relación entre Madrid, Rabat y Argel: el Sáhara Occidental no ha aparecido en ningún momento y tampoco el reciente acercamiento de España a Argelia.

Sobre Marruecos, Sánchez ha sido inequívoco. Aseguró que no existe información procedente de las Fuerzas de Seguridad, del CNI o de otros servicios de inteligencia que permita albergar dudas sobre una participación de las autoridades marroquíes en lo ocurrido. Al contrario, calificó de «francamente positiva» la cooperación con Rabat y recordó el despliegue realizado por Marruecos una vez desencadenada la crisis. Para el presidente, desconfiar ahora del vecino del sur no ayudaría a resolver la situación, porque sin su colaboración la crisis de Ceuta sería todavía más difícil de gestionar.

Resulta particularmente llamativo lo que ocurre cuando la entrevista pasa de Marruecos a buscar otras posibles interferencias exteriores. Sánchez afirma que parte de la desinformación circuló por redes «asociadas tanto a Rusia como a Israel» y a una internacional ultraderechista que utilizaría la migración para atacar no solo a España, sino también a Europa. Más adelante vuelve sobre la idea preguntándose qué interés tendrían Rusia o Israel en intervenir en esa desinformación y relacionándolo con posiciones internacionales del Gobierno español, entre ellas Gaza. Conviene precisar que Sánchez no afirmó que los gobiernos ruso e israelí hubieran organizado la entrada de migrantes y añadió que estas actuaciones no tienen necesariamente que proceder de un actor estatal. Pero sí introdujo expresamente a Rusia e Israel en el mapa de posibles intereses que rodean la campaña de desinformación.

En ese mapa, sin embargo, no aparece el Sáhara Occidental. Tampoco Aimar Bretos pregunta por él. Y la ausencia resulta difícil de considerar irrelevante cuando existe un precedente tan cercano como el de mayo de 2021. Entonces, el Parlamento Europeo afirmó expresamente que Marruecos había utilizado el control fronterizo y la migración como instrumento de presión política contra España y relacionó aquella crisis de Ceuta con la decisión española de hospitalizar al presidente saharaui Brahim Ghali. Aquella resolución recordó además que el trasfondo diplomático incluía la posición española respecto al Sáhara Occidental.

Cinco años después, la explicación ofrecida por Sánchez elimina completamente esa dimensión. No se plantea durante la entrevista si la política española sobre el Sáhara Occidental, el equilibrio de las relaciones con Rabat o la evolución de la posición española desde 2022 pueden formar parte del contexto político en el que se produjo una movilización de dimensiones extraordinarias desde territorio marroquí. No significa que cualquiera de esos elementos demuestre por sí mismo una responsabilidad de Marruecos en los acontecimientos de julio. Significa algo más sencillo: ni siquiera entran en las preguntas que se hacen para intentar comprenderlos.

Y ocurre algo semejante con Argelia. Pedro Sánchez estuvo en Argel el pasado 20 de julio, apenas diez días antes de la entrada masiva en Ceuta, en una visita destinada explícitamente a abrir una nueva etapa de las relaciones bilaterales con el presidente Abdelmadjid Tebboune. España y Argelia anunciaron entonces una Reunión de Alto Nivel para octubre y el Gobierno español destacó la voluntad de reforzar el diálogo político y la cooperación en materias tan sensibles como migración y lucha contra el terrorismo.

No existe una prueba que permita convertir aquella visita en causa de lo ocurrido después en Ceuta, y sería irresponsable afirmarlo. Pero precisamente por eso cabía la pregunta: si el acercamiento de España a Argelia, rival estratégico de Marruecos y principal aliado regional del Frente POLISARIO, había sido analizado por el Gobierno como uno de los elementos del contexto político previo a la crisis. Sánchez no lo aborda y Bretos tampoco se lo pregunta.

Para quienes observamos la política española hacia el Sáhara Occidental desde hace años, cuesta aceptar que la relación triangular entre España, Marruecos y Argelia, con el territorio saharaui siempre en medio, haya dejado repentinamente de ser una parte pertinente del contexto.

Argelia despliega cazas de combate y un avión cisterna en Níger en un giro de su doctrina militar

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Niamey (ECS).- El Ministerio de Defensa argelino confirma el envío de cuatro cazas Su-30 y un avión de reabastecimiento a Niamey para apoyar al Ejército nigerino tras el intento de golpe de Estado. La operación supone una implicación militar directa de Argelia en el Sahel y puede marcar un cambio significativo en su tradicional doctrina de defensa.

Argelia ha dado un paso de especial relevancia en su política de seguridad en el Sahel al desplegar cuatro cazas Sukhoi Su-30 y un avión de reabastecimiento en vuelo en Níger, según confirmó este domingo el Ministerio de Defensa Nacional argelino. Los aparatos aterrizaron el 30 de agosto de 2026 en el aeropuerto de Niamey, acompañados por sus equipos, en el marco de una misión de apoyo al Ejército de Níger.

Según un comunicado de la Defensa argelina, el despliegue se produjo a petición de las autoridades nigerinas y por instrucciones del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. El jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular, general Said Chengriha, ordenó el envío de dos patrullas de cazas Su-30, cuatro aeronaves en total, para contribuir a hacer frente al intento de desestabilización registrado recientemente en la capital nigerina.

La presencia de los aviones argelinos sobre Niamey fue presentada además como un mensaje de solidaridad con las autoridades nigerinas, menos de 24 horas después del fallido intento de golpe militar.

Argelia ha dado un paso de especial relevancia en su política de seguridad en el Sahel al desplegar cuatro cazas Sukhoi Su-30 y un avión de reabastecimiento en vuelo en Níger, según confirmó este domingo el Ministerio de Defensa Nacional argelino
Argelia ha dado un paso de especial relevancia en su política de seguridad en el Sahel al desplegar cuatro cazas Sukhoi Su-30 y un avión de reabastecimiento en vuelo en Níger, según confirmó este domingo el Ministerio de Defensa Nacional argelino

No se trata de una donación de aeronaves

Uno de los elementos más relevantes de la operación es su naturaleza. Argelia no ha anunciado la entrega de los Su-30 a Níger, sino el despliegue temporal de aeronaves y personal argelinos en territorio nigerino para desarrollar una misión militar de apoyo.

La diferencia es sustancial: mientras una donación supondría transferir la propiedad y el control operativo de los aviones a las Fuerzas Armadas nigerinas, el anuncio argelino describe una operación militar ejecutada por las propias Fuerzas Armadas de Argelia.

La incorporación de un avión cisterna refuerza además la naturaleza operativa del despliegue. Este tipo de aeronave permite ampliar el radio de acción y la permanencia en vuelo de los cazas, proporcionando capacidades de apoyo a una fuerza aérea desplegada a distancia de sus bases.

Un giro en la doctrina militar argelina

La operación adquiere una dimensión mayor por lo que representa para la política exterior y de defensa de Argelia. El país norteafricano ha mantenido históricamente una doctrina marcada por la defensa de su territorio y por una especial cautela respecto al empleo de sus Fuerzas Armadas fuera de sus fronteras.

El despliegue de cazas de combate argelinos en Níger constituye, por ello, un paso cualitativamente diferente: no se trata únicamente de cooperación militar, suministro de material o entrenamiento, sino de una presencia operativa de unidades argelinas en otro país.

En este sentido, la misión podría interpretarse como un cambio significativo de doctrina, especialmente si este tipo de despliegues llegara a convertirse en una herramienta habitual de Argelia para responder a crisis de seguridad en el Sahel.

Argelia refuerza su papel en el Sahel

El Ministerio de Defensa argelino ha justificado la operación en términos de cooperación estratégica y estabilidad regional. Argel afirma que el despliegue demuestra su determinación de continuar reforzando la seguridad en el Sahel y su respaldo al Estado, al Gobierno y al pueblo de Níger.

Durante la recepción de los aviones en Niamey estuvo presente el primer ministro nigerino, Ali Lamine Zeine, quien expresó su agradecimiento al presidente Tebboune y al pueblo argelino por el apoyo recibido.

El movimiento también refleja la creciente importancia estratégica de Níger para Argelia. Ambos países comparten una extensa frontera y forman parte de un Sahel sometido en los últimos años a profundas transformaciones políticas y militares, con varios gobiernos de la región alejándose de sus antiguos socios occidentales.

La cuestión clave ahora será determinar cuánto tiempo permanecerán los Su-30 argelinos en Níger, cuál será exactamente su misión operativa y si el despliegue constituye una respuesta excepcional a la crisis actual o el comienzo de una nueva política militar argelina en el Sahel.

Doce muertos en los incendios de Argelia y once detenidos por sabotaje

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Ana Stella | @anaqtella

ARGEL (ECS).- Doce personas murieron y cincuenta y cuatro resultaron heridas en la ola de incendios que golpeó el noreste de Argelia el miércoles 26 de agosto. El ministro del Interior, Saïd Sayoud, dio el balance esa noche desde Bugía: cinco muertos en Jijel, cuatro en Bugía y tres en Tizi Ouzou. Seis heridos ingresaron en cuidados intensivos y varios grandes quemados fueron evacuados en helicóptero al hospital de Zéralda. Tebboune decretó tres días de luto nacional. En Melbou murieron una mujer de veintidós años y un niño de ocho.

Vientos de 100 km/h dejaron los aviones en tierra

El miércoles y el jueves soplaron rachas de entre 80 y 100 kilómetros por hora que impidieron desplegar la flota aérea. Lo confirmó el primer ministro, Sifi Ghrieb, el viernes 28 en Jijel, tras sobrevolar la zona y asistir a los funerales en Djemaa Beni Habibi: las condiciones meteorológicas no permitieron usar los aviones, y solo el viernes, con el viento en calma, pudieron intervenir los hidroaviones.

En tierra trabajaron bomberos, soldados del Ejército Nacional Popular, gendarmes, policías y voluntarios. Comités de aldea de Cabilia denunciaron falta de equipamiento pesado, escasez de pistas forestales practicables y llegada tardía de los medios aéreos.

Casi dos mil focos desde el 8 de julio

Desde esa fecha y hasta el día 28 la Protección Civil contabilizó 1.968 incendios, todos extinguidos entonces, con seis muertos. Un solo día se registraron 170 focos en 19 wilayas.

En la segunda ola hubo 193 incendios en veinticuatro horas el 27 de agosto, con 46 activos. Entre el 27 y el 28 fueron 174, con 64 sin controlar, concentrados en Jijel (20), Skikda (14), El Tarf (10), Guelma (6), Annaba (5) y Bugía (4). El 28 bajaron a 110 con 88 apagados, y el 29 a 123 en veinticuatro horas con cinco activos.

Argelia encargó seis hidroaviones rusos Beriev Be-200 y tiene dos operativos. Desde 2023 alquila además aparatos por temporada.

Once encarcelados por el tribunal antiterrorista de Argel

Las investigaciones de julio terminaron con once personas en prisión provisional: cuatro el 22 de julio por hechos en Constantina y siete el 26, en cinco procedimientos de Guelma, Constantina, Tipaza, Jijel y Bouira.

Todos los casos los llevó la fiscalía del Polo Penal Nacional antiterrorista del tribunal de Sidi M’hamed. Los cargos: sabotaje que pone en peligro la vida, la seguridad y los bienes de las personas (artículos 87 bis y 87 bis 1 del Código Penal) e incendio voluntario de bienes forestales del Estado (artículo 138 de la ley forestal). Algunos contemplan pena de muerte.

La fiscalía publicó nombres. Vecinos vieron a Abdelkader Tlemçani cerca de un incendio en un Chevrolet, y la investigación concluyó que el autor material fue su acompañante, Kouadri Djamel. Benkhelifa Seif Eddine fue detenido en flagrante quemando cable de cobre junto a la autopista Constantina-Annaba, fuego que calcinó dos hectáreas de monte público.

Por la ola de agosto, Sayoud anunció el jueves 27 desde el hospital de Taher (Jijel) la apertura de investigaciones profundas, justificadas por la magnitud de la catástrofe y por el número de fuegos declarados en varias wilayas casi al mismo tiempo. Le acompañaban el director general de Seguridad Nacional, Ali Badaoui, y el de Protección Civil, coronel Boualem Bourelaf. No se han anunciado detenciones por esta segunda ola.

188 familias indemnizadas y un balance sin publicar

El Ministerio de Vivienda cerró el censo de damnificados de julio en 188 familias de siete wilayas: Annaba (88), Bugía (49), Skikda (23), Guelma (15), Bouira (9), Boumerdés (3) y El Tarf (1), con seis mil millones de dinares desembolsados y el compromiso de regularizar antes de fin de agosto.

El Estado no ha publicado un balance humano consolidado de agosto ni un inventario de daños. El universitario Fodil Boumala preguntó públicamente por qué no se actualizan las cifras de muertos y heridos. El Partido de los Trabajadores pidió declarar zonas siniestradas las wilayas afectadas y el FFS reclamó revisar la doctrina de prevención de riesgos.

La Liga Española Pro Derechos Humanos denuncia una masiva campaña de acoso y amenazas desde Marruecos contra Taleb Alisalem

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Madrid (ECS) — La Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos – España han emitido un comunicado urgente para denunciar una intensa campaña de acoso, difamación e incitación a la violencia contra el activista, analista político y comunicador saharaui-español Taleb Alisalem.

Según señalan ambas organizaciones, las agresiones contra el analista saharaui se han escalado y coordinado drásticamente a través de medios de comunicación, figuras públicas y perfiles vinculados al régimen marroquí. Esta ofensiva surge como respuesta directa a sus labores de análisis y divulgación sobre la cuestión saharaui en redes sociales y medios.

Según un comunicado de la organización, al ha tenido acceso ECSaharaui, la denuncia basa su argumento en tres ejes principales.

– Amenazas de muerte e incitación a la violencia: Un aumento masivo de publicaciones en plataformas digitales pidiendo abiertamente su «liquidación física».

– Uso de IA y desinformación: Manipulación de imágenes y generación de contenido falso mediante inteligencia artificial para desacreditar su imagen y labor periodística.

– Ataques a su sustento profesional: Intentos deliberados de boicot y sabotaje dirigidos a sus fuentes de ingresos e independencia económica.

– Involucramiento institucional: Participación explícita de exministros y representantes públicos marroquíes en el discurso de odio.

Petición de protección al Gobierno de España

Las organizaciones firmantes sostienen que estas acciones no constituyen un ejercicio de libertad de expresión, sino un intento de silenciar una de las voces saharauis de mayor proyección pública.

Ante esta situación, el presidente de las organizaciones, Francisco José Alonso Rodríguez, y el coordinador en Castilla y León, Ignacio Moratinos «El Empecinado«, han urgido al Gobierno de España a actuar con celeridad para brindar protección oficial a Taleb Alisalem. Asimismo, han solicitado al Ejecutivo que presente una protesta formal ante las autoridades marroquíes y han apelado a los organismos internacionales de derechos humanos a documentar y condenar la campaña de hostigamiento.

Las mujeres saharauis reclaman que la igualdad no espere a la independencia

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Por Carlos García

Madrid (ECS). — Las mujeres saharauis han desempeñado durante medio siglo un papel fundamental en la organización de los campamentos de población refugiada, en la educación, la sanidad y las estructuras políticas de la República Saharaui. Hoy su acceso a los estudios superiores se aproxima al de los hombres y ocupan el 42,7 % del Parlamento saharaui.

Leer el análisis completo en NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Más contexto sobre cincuenta años de refugio y sus consecuencias sociales

Pero ese protagonismo histórico no significa que dentro de la propia sociedad saharaui no exista también un debate sobre desigualdades, derechos y transformaciones pendientes. Un amplio reportaje de Patricia Simón publicado en La Marea recoge las voces de ministras, funcionarias, estudiantes y activistas que plantean cuestiones como el matrimonio infantil, la distribución de los cuidados, la presión social sobre las jóvenes o las dificultades para desarrollar una vida profesional después de años de formación.

El debate exige, sin embargo, un contexto imprescindible. La participación política de las mujeres saharauis no parte de cero: durante años se han aplicado medidas de discriminación positiva y cuotas de género destinadas a ampliar su representación institucional. Al mismo tiempo, cualquier análisis debe tener en cuenta que esta sociedad lleva cinco décadas desarrollándose en unas condiciones excepcionales de guerra, ocupación y refugio.

La cuestión más delicada aparece cuando algunas mujeres explican que denunciar desigualdades puede interpretarse como un perjuicio para la causa nacional. Ellas plantean precisamente lo contrario: la lucha por la independencia del Sáhara Occidental y la reivindicación de sus derechos como mujeres no tienen por qué esperar una a la otra.

Ese debate tampoco puede separarse de las condiciones en las que ha vivido el pueblo saharaui durante medio siglo. La guerra, el exilio y la falta de oportunidades han condicionado también la evolución social de los campamentos. Escuchar las reivindicaciones de las mujeres exige reconocer esas desigualdades, pero también entender el contexto en el que se producen.

¿Qué avances se han producido realmente? ¿Qué papel han desempeñado las cuotas de género? ¿Qué reclaman las jóvenes saharauis? ¿Y cómo puede abordarse este debate sin olvidar las condiciones excepcionales en las que se ha construido la sociedad saharaui durante los últimos cincuenta años?


Leer el análisis completo en NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Más contexto sobre cincuenta años de refugio y sus consecuencias sociales


Evolución de la situación en Níger entre dos versiones: ¿Ataque terrorista o golpe militar?

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Niamey (ECS) — Los disparos continuaron en Niamey hasta el amanecer de este sábado, según fuentes de la capital nigerina, después de una noche de intensos enfrentamientos concentrados en torno al aeropuerto Diori Hamani y la base aérea 101, que se extendieron a las inmediaciones del palacio presidencial y a otras zonas estratégicas.

El patrón del ataque contra el aeropuerto apunta a la posibilidad de que un grupo terrorista estuviera detrás de su inicio. Las organizaciones extremistas ya habían atacado en dos ocasiones este mismo recinto durante el año en curso. Tampoco se puede descartar que la operación siguiera el modelo del ataque de Bamako, ampliando los objetivos desde instalaciones militares hasta puntos neurálgicos del poder, lo que podría explicar el intento de aproximación al palacio presidencial de Niamey.

Sin embargo, el periodista opositor nigerino Hamid Amadou Njadi, cuyas informaciones son consideradas de especial relevancia en este contexto, ofreció una versión diferente. Según afirmó, lo ocurrido «no es un ataque terrorista», sino que «jóvenes militares tomaron la iniciativa».

Njadi señaló que se habrían utilizado morteros y armamento pesado en las proximidades del palacio presidencial, mientras que se habría cortado el suministro eléctrico en varios ejes de acceso al palacio y al aeropuerto. También informó de la llegada de vehículos vinculados a la operación «Almahaou», procedentes de Ouallam, además de otros refuerzos militares.

Por el momento, los datos disponibles mantienen abiertas dos hipótesis: un ataque terrorista coordinado contra el aeropuerto y el palacio presidencial, siguiendo el patrón de anteriores operaciones de grupos armados contra símbolos del poder, o un ataque contra el aeropuerto que habría coincidido con un movimiento militar interno destinado a aprovechar la situación de inestabilidad.

Hasta ahora, no se ha emitido ningún comunicado oficial que determine la identidad de los atacantes ni aclare la naturaleza de los acontecimientos registrados en torno al palacio presidencial

De la ley saharaui a la avalancha de Ceuta: siete días que cambiaron el tablero

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Por Ridouane Oussama, presidente del Partido Nacional Rifeño (PNR)


Hay fechas que, puestas una junto a otra, dicen más que cualquier declaración oficial. Siete días. La ley que Rabat no podía tolerar, la avalancha que siguió y el referéndum que nunca se celebra.

El suicidio geopolítico de España respecto a sus plazas de soberanía y el Sáhara Occidental

30 de junio de 2026. La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprueba el informe sobre la proposición de ley que concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo administración española. El PSOE, que durante año y medio había mantenido el texto congelado, cambia de posición y pacta las enmiendas.

23 de julio de 2026. La Comisión de Justicia aprueba el dictamen por 19 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones. El texto queda listo para el Pleno de septiembre y, después, para el Senado.

Finales de julio de 2026. Pedro Sánchez se fotografía en Argel con Abdelmadjid Tebboune.

30 de julio de 2026. Decenas de miles de personas —las cifras oficiales oscilan entre 50.000 y 72.000— cruzan a nado y por el espigón hacia Ceuta en cuestión de horas. El balance, actualizado a 23 de agosto, es de 82 muertos en el lado español y catorce más confirmados por Marruecos. La mayoría sigue sin identificar.

  • Siete días. Ese es el intervalo entre la aprobación del dictamen y la avalancha.

No es una hipótesis marginal

Conviene decirlo con la prudencia que el asunto exige: no existe, ni existirá, un documento firmado en Rabat ordenando la apertura de la frontera. Nunca lo hubo tampoco en mayo de 2021, cuando ocho mil personas cruzaron a Ceuta días después de que España acogiera a Brahim Ghali en un hospital de Logroño. Los Estados que emplean este instrumento no dejan huellas.

Lo que existe es algo distinto y, a efectos de análisis, más sólido: una convergencia de lecturas independientes que apuntan al mismo origen.

Fuentes de seguridad citadas por El Español sostuvieron desde el primer momento que Marruecos empleaba la presión migratoria como instrumento diplomático para expresar su descontento con dos decisiones españolas: la ley de nacionalidad saharaui y el acercamiento a Argel. El diario El Público describió el episodio como el traslado a Ceuta del malestar marroquí por esa misma ley, con una estrategia deliberada de brazos caídos en la vigilancia fronteriza marroquí.

A ello se añade lo que vino después. En agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reivindicó públicamente la soberanía sobre Ceuta y Melilla y atribuyó el asalto a un efecto llamada provocado por la política migratoria española. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos acusó a la Guardia Civil de malos tratos a los migrantes. La secuencia es reconocible: se abre la compuerta, se niega haberla abierto, y se convierte a la víctima en argumento contra quien la recibe.

Que una avalancha de esta magnitud pueda producirse sin decisión de las autoridades marroquíes es, sencillamente, incompatible con la naturaleza del dispositivo de seguridad que Rabat mantiene en esa frontera y por el que cobra a la Unión Europea desde hace dos décadas.

Lo que la ley hace realmente

La reacción de Rabat solo se entiende si se lee el texto. Y el texto contiene mucho más que un gesto de reparación histórica.

La proposición de ley, impulsada por el Grupo Plurinacional Sumar, concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a las personas nacidas en el Sáhara Occidental bajo administración española y a sus descendientes directos, sin exigirles residencia legal en España. Establece un plazo de solicitud de tres años desde su entrada en vigor, prorrogable, y reforma además el artículo 22 del Código Civil para incorporar al pueblo saharaui a la lista de colectivos que acceden a la nacionalidad por residencia en dos años —el régimen reservado a los iberoamericanos, portugueses, andorranos, filipinos, guineoecuatorianos y sefardíes—, en lugar de los diez años actuales.

Pero la esencia del asunto está en el artículo dedicado a los medios de prueba. Para acreditar la condición de saharaui nacido bajo administración española, el texto admite, entre otros documentos: el DNI español de la época aunque esté caducado; certificados de escolarización, pensiones de jubilación, permisos de conducir españoles, certificados de hospitalización expedidos por autoridades administrativas españolas — y el recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por Naciones Unidas.

Léase de nuevo esa última cláusula. Un texto legislativo español a punto de ser votado por las Cortes Generales otorga valor probatorio, ante la administración española, al censo de identificación elaborado por la MINURSO para un referéndum de autodeterminación.

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Por qué el censo es el nervio del conflicto

Nada en el expediente del Sáhara Occidental ha sido más disputado que la pregunta de quién vota.

El plan de arreglo de 1991, que creó la MINURSO, preveía un referéndum de autodeterminación cuyo cuerpo electoral debía construirse a partir de la población identificada en el momento de la descolonización, esto es, sobre la base del censo español de 1974. El Frente Polisario defendió esa base. Marruecos promovió sistemáticamente la inclusión de nuevos habitantes. Ahí se rompió el proceso, y ahí sigue roto treinta y cinco años después.

El censo no es un detalle técnico: es la definición jurídica del pueblo llamado a decidir. Quien controla el censo, controla el resultado. Por eso la estrategia marroquí ha consistido, desde el principio, en disolver la identificabilidad del pueblo saharaui — en hacer que la pregunta «¿quién es saharaui?» resulte imposible de responder.

La ley española hace exactamente lo contrario. Recompone la lista. Toma a las personas nacidas en el territorio bajo administración española, las convierte en titulares de un derecho subjetivo frente al Estado español, y acepta como prueba el instrumento onusiano que Marruecos lleva tres décadas intentando vaciar de contenido. Sumar cifra en decenas de miles los beneficiarios directos; otras estimaciones publicadas elevan la cifra hasta 130.000 personas contando descendientes. Cualquiera que sea el número final, el efecto jurídico es el mismo: un registro administrativo español, verificable, documentado y opuesto al relato de Rabat.

Hay un segundo efecto, más profundo aún. Al legislar sobre esta población en razón de su nacimiento bajo su administración, España vuelve a comportarse —aunque no lo diga— como lo que Naciones Unidas sigue considerando que es: la potencia administradora de iure de un territorio no autónomo cuya descolonización no ha concluido. Es la contradicción exacta del giro de marzo de 2022, cuando el Gobierno español avaló la propuesta marroquí de autonomía. Una mano firma el respaldo a Rabat; la otra vota una ley que presupone que el Sáhara Occidental sigue siendo, jurídicamente, un asunto español pendiente.

«El calendario internacional explica la intensidad de la reacción»

El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2797 por once votos a favor y tres abstenciones —China, Rusia y Pakistán—, sin participación de Argelia en la votación. La resolución prorrogó el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026 y situó la propuesta marroquí de autonomía de 2007 como base de las negociaciones. Pidió además al Secretario General recomendaciones sobre la transformación o la terminación de la misión en función del resultado de esas negociaciones.

Dicho sin eufemismos: por primera vez desde 1991, la desaparición de la misión creada para el referéndum figura como hipótesis de trabajo del propio Consejo de Seguridad. El marco referendario nunca había estado tan cerca de ser desmontado.

Y es precisamente en ese momento —con el mandato de la MINURSO expirando en octubre de 2026 y su futuro sobre la mesa— cuando el Parlamento del antiguo poder colonial se dispone a aprobar una ley que reidentifica jurídicamente a la población de 1974 y da valor legal al censo de la ONU.

Para Rabat, la amenaza no es simbólica. Es la reaparición documental del cuerpo electoral que llevaba treinta años consiguiendo diluir, justo cuando faltaban semanas para cerrar el expediente.

Aquí termina la geopolítica y empieza lo intolerable

Las personas que se lanzaron al agua el 30 de julio no eran actores del conflicto del Sáhara Occidental. Eran jóvenes del norte de Marruecos, la mayoría procedentes de Castillejos, Tetuán y su entorno — una región empobrecida durante décadas, cuya juventud lleva años organizándose en redes sociales a la espera de una oportunidad para marcharse, y cuyas protestas sociales fueron liquidadas en 2025 con condenas de hasta quince años de prisión.

Esa juventud no decidió nada. Fue informada, o dejó que le llegara la información, de que aquel día la vigilancia fronteriza no actuaría. Y actuó en consecuencia, como actúa cualquier población a la que se ha privado de todo horizonte. Ochenta y dos personas murieron en el lado español. Catorce más, según el reconocimiento del propio Marruecos.

Tres semanas después comenzaron los primeros entierros en el cementerio musulmán de Ceuta. La mayoría de los cuerpos seguía sin identificar. El teniente coronel de la Guardia Civil que dirige el equipo de identificación explicó la razón: muchos familiares marroquíes no consiguen cruzar legalmente a Ceuta para depositar sus muestras de ADN.

Deténgase el lector en esta imagen, porque contiene toda la verdad del asunto. La misma frontera que se abrió de par en par para lanzar a esos jóvenes contra Europa permanece cerrada para que sus madres puedan reconocer sus cadáveres. Abierta para el chantaje, cerrada para el duelo. Una frontera que funciona exactamente como el instrumento que es.

Las tres acusaciones

De todo lo anterior se derivan tres cargos que merecen ser formulados sin rodeos.

Contra el régimen marroquí: haber empleado a su propia población como munición diplomática para intentar frenar una ley aprobada por el Parlamento de un Estado soberano y miembro de la Unión Europea, con un coste de casi un centenar de vidas. No es una crisis migratoria. Es el uso de seres humanos como medio de presión sobre un tercer Estado — y el hecho de que las víctimas sean sus propios ciudadanos agrava el cargo en lugar de atenuarlo.

Contra el Gobierno español: haber construido durante cuatro años una política exterior sobre la ficción de una cooperación fluida con Rabat, hasta el punto de que el Ministro de Asuntos Exteriores elogiaba la total disposición marroquí a resolver la crisis mientras un ministro del mismo Gobierno marroquí reivindicaba públicamente la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Y haber comprendido demasiado tarde que cada concesión —la de 2022 sobre el Sáhara la primera— no compraba estabilidad, sino el aplazamiento de la siguiente demostración de fuerza.

Contra la Unión Europea: haber financiado durante dos décadas, en nombre del control de la frontera sur, al único actor con capacidad demostrada para abrirla a voluntad; y haber respondido a la tragedia del 30 de julio no exigiendo explicaciones a Rabat, sino discutiendo la permanencia de España en el espacio Schengen, como reclamó la primera ministra italiana, o reforzando los controles en la frontera francesa. Europa reaccionó contra la víctima del chantaje y no contra quien lo ejerce.

Si la ley llega al Pleno en septiembre y prospera en el Senado, lo hará bajo la sombra de esos ochenta y dos cuerpos. Que se apruebe es, ahora, una cuestión que excede al pueblo saharaui: retirarla o descafeinarla equivaldría a establecer que la coacción funciona, y a garantizar su repetición.

Pero hay algo más, y es lo que ninguna cancillería europea quiere formular. La cuestión saharaui y la cuestión rifeña no son expedientes distintos. Son dos manifestaciones del mismo problema: un Estado que administra poblaciones a las que niega el derecho a decidir, y que convierte la desesperación resultante en instrumento de política exterior. Los saharauis de 1975 y los jóvenes del norte de 2026 comparten un mismo régimen y una misma condición — la de haber sido, unos y otros, moneda de cambio.

Mientras Europa siga pagando a quien fabrica el problema por administrarlo, seguirá contando muertos en las playas de Ceuta y llamándolo, cada vez, crisis migratoria.

 


Fuentes:

● Congreso de los Diputados, nota de prensa sobre la aprobación del dictamen de la Proposición de Ley de concesión de la nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo administración española, Comisión de Justicia, 23 de julio de 2026 (19 votos a favor, 3 en contra, 15 abstenciones; avocación por el Pleno el 11 de diciembre de 2025; medios probatorios y plazos). Nota: la fecha límite de nacimiento fijada en el dictamen figura en la nota oficial como 29 de septiembre de 1977; distintos medios han citado fechas anteriores correspondientes a redacciones previas del texto (26 de febrero de 1976, 11 de agosto de 1976). Conviene verificar la redacción definitiva en el BOCG antes de citarla.

● Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie B, Proposición de Ley 122/000023 (texto y exposición de motivos).

●  EFE / Infobae, 22 de abril de 2026 y 23 de julio de 2026, sobre el desbloqueo de la tramitación y el contenido del dictamen.

● Público, 30 de junio y 31 de julio de 2026: contenido de la ley y análisis de la crisis de Ceuta como mensaje político de Marruecos.

● El Español, 31 de julio y 13 de agosto de 2026: fuentes de seguridad sobre el uso de la presión migratoria; declaraciones de Abdellatif Ouahbi sobre Ceuta y Melilla; posición del CNDH marroquí; estimación de hasta 130.000 beneficiarios.

● COPE, programa La Tarde, 30 de julio de 2026: análisis de Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos.

● CNN en Español, 3 de agosto de 2026: cifras del episodio y reacciones europeas, incluida la petición italiana de suspender a España de Schengen.

●  Moncloa.com / Europa Press, 23 de agosto de 2026: balance de 82 fallecidos en el lado español y 14 confirmados por Marruecos; declaraciones del teniente coronel Carlos Atoche sobre las dificultades de identificación.

● Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Resolución 2797 (2025), de 31 de octubre de 2025, S/RES/2797; acta de la sesión 10030ª (comunicado SC/16208).

●  MINURSO, resoluciones y mandato; plan de arreglo de 1991 (Resolución 690).