Por Ana Stella
Madrid (ECS).— El 13 de febrero de 2026, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU puso una cifra a lo que los satélites llevaban semanas mostrando. En las primeras 72 horas tras la caída de El-Fasher, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) mataron al menos a 6.000 personas. Cinco días después, la Misión Independiente de Investigación de la ONU para Sudán cerró su informe con la conclusión de que lo ocurrido en la ciudad reúne los rasgos de un genocidio contra las comunidades fur y zaghawa.
El armamento con el que las RSF tomaron la ciudad lleva dos años apuntando al mismo sitio: los Emiratos Árabes Unidos. Y ese mismo Estado es una cara conocida. Abu Dabi fue el primer país árabe que abrió un consulado en el Sáhara Occidental, en El Aaiún ocupado, el primero que plantó su bandera en el territorio para respaldar la soberanía marroquí, y hoy es el mayor inversor extranjero de Marruecos, con su dinero concentrado precisamente en el Sáhara. La misma firma que aparece detrás de la milicia de Darfur aparece detrás de la consolidación de la ocupación.
Cómo entran las armas en Darfur
La ruta la fijó el Grupo de Expertos de la ONU sobre Sudán en su informe de enero de 2024. Rastreadores de tráfico aéreo documentaron una corriente de aviones de carga que salían de los Emiratos rumbo a Amdjarass, una pista en el este del Chad, a pocos kilómetros de la frontera con Darfur. Desde allí el material entraba a Sudán por carretera, en convoyes que evitaban el escrutinio. Abu Dabi reconoció 122 vuelos a esa pista y los justificó por la construcción de un hospital de campaña. El número de aterrizajes no encaja con esa explicación, y los envíos rompen el embargo de armas que el Consejo de Seguridad impuso sobre Darfur en 2004 y que sigue vigente.
En mayo de 2025, Amnistía Internacional identificó sobre el terreno bombas guiadas chinas Norinco GB50A, cuyo primer uso documentado en combate se produjo en este conflicto, y obuses AH-4 de 155 milímetros, reexportados según la organización por los Emiratos a las RSF. Human Rights Watch, en su informe «Fanning the Flames» de septiembre de 2024, había rastreado munición serbia de la empresa Yugoimport adquirida por las fuerzas emiratíes a través de Adasi, una filial del conglomerado estatal de defensa EDGE. La pieza más reciente son los mercenarios: The Sentry atribuye a la empresa emiratí GSS el traslado de combatientes colombianos para luchar junto a las RSF, y el Consejo de Seguridad estudia sancionar por ello al primer ciudadano emiratí de toda la guerra, Mohamed Hamdan Al Zaabi.
El oro que paga la guerra
La guerra de Sudán se paga con oro, y ese oro sale por Dubái. Sudán es el mayor productor de oro artesanal de África, y el metal es hoy el combustible económico de los dos bandos. Las cuentas no cuadran: en 2024 el país declaró unas 64 toneladas de producción pero solo 31 en exportación, y la organización suiza Swissaid calcula que cerca del 60 por ciento salió de contrabando. Los Emiratos importaron 29 toneladas de oro sudanés en 2024, frente a 17 el año anterior.
La ruta está documentada hasta el detalle. El oro de las minas de Songo, en Darfur del Sur (controladas por Al-Junaid, sancionada por Estados Unidos y ligada al clan Dagalo), cruza al Chad por el corredor Rahad al-Berdi–Um Dukhun. Allí, según el testimonio de comerciantes recogido por el medio sudanés Beam Reports, empresas emiratíes instaladas en territorio chadiano lo compran y le tramitan papeles como si fuera oro chadiano. Con esa etiqueta entra limpio en Dubái. El propio jefe de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo «Hemedti», aparece vinculado por The Sentry a apartamentos comprados en Dubái en 2020. Sobre el volumen circulan tres cifras oficiales que no se desmienten entre sí: 860 millones de dólares (informe confidencial a la ONU), más de 850 millones (Gobierno sudanés) y 1.970 millones (Ministerio de Comercio emiratí).
En marzo de 2025, Sudán llevó a los Emiratos ante la Corte Internacional de Justicia por complicidad en genocidio. El 5 de mayo la Corte cerró el caso, pero no porque examinara las pruebas: se declaró sin competencia. Al ratificar la Convención sobre el Genocidio en 2005, los Emiratos pusieron una reserva al artículo IX, el que permite que un Estado demande a otro. Por esa reserva, y por nueve votos contra siete, el asunto se retiró sin juzgarse. Abu Dabi lo presentó como una victoria. En realidad, una línea firmada veinte años antes impidió que el tribunal mirara el expediente.
En noviembre de 2025, con las imágenes de El-Fasher dando la vuelta al mundo, el Parlamento Europeo preparaba una resolución sobre Sudán. El borrador del día 20 nombraba a los Emiratos por armar a las RSF e incluía llamadas a frenar las exportaciones europeas de armamento a Abu Dabi. El texto aprobado el 27 no los mencionaba ni una vez. En medio hubo una operación de presión y ofensiva de lobby: la ministro de Estado emiratí Lana Nusseibeh viajó a Estrasburgo, se reunió el 24 con la presidente Roberta Metsola y se quedó hasta la votación. La UE acabó sancionando a una sola persona por la caída de la ciudad: Abdelrahim Hamdan Dagalo, hermano de Hemedti.
En Europa, cada vez que alguien menciona el papel de los Emiratos, la conversación se desplaza a los acuerdos de la UE con Abu Dabi sobre inteligencia artificial, comercio y energía. Esa es la maquinaria que importa para entender el Sáhara. El mismo sistema económico que borra el nombre de los Emiratos en Estrasburgo es la que Marruecos recibe en otra moneda: reconocimiento de su ocupación y miles de millones en inversión.
¿Cómo hizo Emiratos Árabes para irrumpir en la élite financiera de Mauritania?
