El Presidente del Parlamento inaugura la XXIX Conferencia de Intergrupos parlamentarios ‘Paz y libertad en el Sáhara Occidental ’
Hualde reafirma el compromiso institucional con la causa saharaui y apunta que la solución al conflicto del Sáhara tiene que ver con el diálogo y la voluntad política
Madrid (ECS).— El Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha abierto hoy la XXIX Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios Paz y Libertad en el Sáhara que, con la participación de representantes de diez cámaras autonómicas, se celebra este viernes y sábado en la sede de la Cámara foral.
En su saludo inicial, Unai Hualde ha subrayado la importancia de esta cita anual que tiene como objetivo “hacer justicia con el pueblo saharaui y reivindicar el respeto al derecho internacional”, y ha celebrado la reunión de representantes políticos de distintos partidos y autonomías “porque el diálogo y la voluntad política son claves para hacer justicia con el pueblo saharaui”.
En ese sentido, el Presidente ha añadido que esta conferencia ha sido siempre «un acto de solidaridad con el pueblo saharaui, un acto de denuncia de la situación que se vive en los territorios ocupados y en los campamentos de personas refugiadas», sin embargo, ha añadido, «también sirve para poner en valor la solidaridad de tantas asociaciones e instituciones que colaboramos para mejorar las condiciones de vida de la población saharaui”.
Hualde ha advertido sobre el preocupante aumento de “opciones que cuestionan y ponen en jaque los valores democráticos” y que “constituyen todo un reto para las instituciones y para los parlamentos”, por lo que ha defendido la celebración de encuentros como el que se inaugura hoy, “que se centran en la paz y la libertad, y que son una buena manera de fortalecer la cultura democrática”.

Para concluir y a modo de colofón, Hualde ha reivindicado el “compromiso institucional” de Navarra con el pueblo saharaui y ha abogado por que las jornadas sean “productivas”, “uniendo a todos los parlamentos para fijar una posición clara: Paz y Libertad en el Sáhara”.
Seguidamente, Ibai Crespo, miembro de la Junta de la Coordinadora de Intergrupos Autonómicos “Paz y Libertad en el Sáhara”, ha dado la bienvenida a las personas presentes destacando que la solidaridad es la razón de la celebración de la conferencia, “una solidaridad que tiene raíces profundas -sociales, culturales, familiares- y que se ha expresado durante décadas desde múltiples sensibilidades políticas, desde la sociedad civil, desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas”.
Así, tras agradecer a las personas presentes su “trabajo constante y su dedicación”, Crespo ha deseado que sean unas jornadas “provechosas” y que “de este espacio salgan propuestas concretas, alianzas útiles y, sobre todo, renovada energía para seguir trabajando desde la solidaridad y el entendimiento”, ha concluido.
A continuación, Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario, ha agradecido el compromiso de las autoridades que participan en el encuentro y del movimiento solidario que acompaña al pueblo saharaui, “que está enormemente organizado en el Estado Español”, y ha añadido que Navarra “una vez, más demuestra la solidaridad por la que siempre se ha caracterizado”.
Arabi ha advertido de la “compleja” coyuntura que atraviesan “los pueblos que luchan por la independencia y por deshacerse de la colonización” y del “serio riesgo” en el que se encuentra el derecho internacional, “supeditado a la búsqueda de los intereses económicos y de las políticas estratégicas”.
A ese respecto, el representante del Frente Polisario ha añadido que el pueblo saharaui es un pueblo optimista y esperanzado, “que solo mira atrás para aprender del camino trazado”, y que lucha por la vía pacífica para que “la soberanía del territorio del Sahara Occidental corresponda únicamente al pueblo saharaui”.
Una vez inaugurado el acto, ha tenido lugar una mesa redonda sobre la Situación actual del Sahara Occidental, en la que han participado Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario, Carol García, coordinadora de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara (ANAS), Txaro Pardo, representante de la Asociación Navarra de Amigos de la RASD (ANARASD), Eduardo Irigoyen, miembro de la Asociación de Trabajadores Técnicos sin Fronteras (ATTSF) y Josu Jiménez, de la Asociación Kabiak.
La Conferencia continuará el sábado, día 21, con sendas sesiones de trabajo. La primera (10:00, Sala Polivalente) contará con las intervenciones de Salamu Amudi Bachri, representante de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara (FEDISSAH), Inés Miranda, presidenta de la Asociación Internacional de juristas por el Sahara (IAJUWS) y Maite Isla, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. En la segunda sesión (a partir de las 12:00) se abordarán las conclusiones de la EUCOCO 2025.
La Conferencia retomará los trabajos a las 16:00, con el debate y la aprobación de la Declaración final de la Conferencia.
A la XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios «Paz y libertad en el Sahara» han asistido representantes de diez cámaras autonómicas: Parlamento de Navarra, Parlamento de Cantabria, Parlamento de las Illes Balears, Parlamento de la Rioja, Parlamento de Catalunya, Junta General del Principado de Asturias, Parlamento de Canarias, Asamblea de Madrid, Parlamento de Galicia y Parlamento Vasco.
El Intergrupo parlamentario Paz y Libertad para el pueblo saharaui – Bakea eta Askatasuna Saharan del Parlamento de Navarra está integrado por Pedro González (G.P. UPN), Ibai Crespo (G.P. PSN), Irati Jiménez (G.P. EH Bildu), Isabel Aranburu (G.P. Geroa Bai), Irene Royo (G.P. PPN), Carlos Guzmán (G.P. Contigo-Zurekin) y Emilio Jiménez (Grupo Mixto).
Vía: Parlamento de Navarra
El caso saharaui y la responsabilidad del Estado brasileño
Por Sayid Marcos Tenório
Brasilia (ECS), — El 27 de enero de 2026, el saharaui Mohamed Bouchana y su esposa, Ibtissam Wiklandoour, naturales de Laayoune, en el Sáhara Occidental, fueron retenidos en la delegación de migración del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo. La retención ocurrió después de que el Reino de Marruecos activara una “alerta roja” internacional contra Bouchana.
El episodio, a primera vista tratado como una cuestión migratoria, revela en realidad un problema mucho más profundo, al demostrar la posibilidad de que el Estado brasileño actúe, aunque sea indirectamente, como extensión de una persecución política vinculada a un territorio reconocido por las Naciones Unidas como no autónomo y pendiente de descolonización.
El Sáhara Occidental permanece bajo ocupación marroquí desde 1975. A lo largo de estas cinco décadas, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, denuncias de tortura y juicios marcados por graves cuestionamientos en cuanto al debido proceso legal.
La defensa de la autodeterminación, principio consagrado en el derecho internacional, ha sido reiteradamente presentada como una amenaza a la integridad territorial marroquí. Leyes contra “noticias falsas”, “difamación” y “atentado contra la seguridad del Estado” han sido aplicadas contra activistas y periodistas saharauis, transformando una reivindicación política en un supuesto delito penal.
Cuando estas acusaciones cruzan fronteras por medio de alertas internacionales, la represión deja de ser únicamente territorial y se convierte en un instrumento transnacional. Los mecanismos de cooperación policial internacional fueron concebidos para combatir delitos comunes graves.
Sin embargo, cuando se activan en contextos de disputa territorial y represión política, surge un riesgo evidente de instrumentalización. La pregunta central se vuelve inevitable: ¿existe fundamento penal objetivo o estamos ante la criminalización internacional de la autodeterminación?
Es en este punto donde Brasil entra en la ecuación. Como Estado soberano y signatario de tratados internacionales de derechos humanos, el país posee obligaciones constitucionales claras para garantizar el debido proceso legal, la presunción de inocencia y la protección contra la persecución política.
La cooperación internacional no significa automatismo ciego. La actuación de la Policía Federal y del Ministerio de Relaciones Exteriores no puede limitarse a la ejecución mecánica de solicitudes extranjeras. Cada pedido debe someterse a un escrutinio jurídico riguroso, especialmente cuando involucra a activistas provenientes de un territorio bajo ocupación y marcado históricamente por denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Si existen indicios de motivación política detrás de la alerta internacional, Brasil tiene el deber de impedir que su territorio sea utilizado como extensión de represión extranjera. La soberanía nacional no puede ser tercerizada.
La cooperación jurídica internacional encuentra límites claros en el respeto a los derechos fundamentales. El principio de no devolución, ampliamente reconocido en el derecho internacional, impide que individuos sean entregados a Estados donde puedan enfrentar persecución política o riesgo de malos tratos.
En el caso del Sáhara Occidental, el contexto es particularmente sensible. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), creada para organizar el referéndum de autodeterminación, que nunca se llevó a cabo, ni siquiera cuenta con un mandato formal para monitorear derechos humanos en la región, lo que genera un vacío institucional. Esto vuelve aún más relevante la responsabilidad de los Estados terceros al analizar solicitudes provenientes de este escenario.
Existe además un elemento adicional: la estrategia de deslegitimación mediante una narrativa criminalizante. Activistas saharauis denuncian que campañas de difamación y acusaciones de “fake news” se utilizan para tipificar como delito lo que en esencia es la defensa política de un derecho reconocido internacionalmente.
Cuando esa narrativa recibe validación internacional por medio de alertas policiales, se crea un ciclo preocupante en el cual Marruecos produce acusaciones, las acusaciones generan solicitudes internacionales y esas solicitudes resultan en restricciones de libertad en otros países.
En ese proceso, el derecho penal deja de ser un instrumento de protección social y pasa a operar como herramienta de disputa geopolítica. Y cuando Brasil acepta, sin cuestionamiento, la reproducción automática de esas medidas, corre el riesgo de comprometer su propia tradición diplomática de defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación.
El caso de Mohamed Bouchana e Ibtissam Wiklandoour es, por tanto, una prueba. No solo para las instituciones brasileñas, sino para la coherencia del país con su Constitución y con los compromisos internacionales que ha asumido.
La cuestión no es ideológica, sino jurídica: ¿puede Brasil permitir que sus aeropuertos se conviertan en extensión de conflictos territoriales externos? ¿Puede aceptar, sin un análisis profundo, que un mecanismo internacional sea utilizado con fines de persecución política?
Cinco décadas después del inicio de la ocupación del Sáhara Occidental, las denuncias de violaciones de derechos humanos continúan acumulándose. Lo que el episodio en Guarulhos demuestra es que esas violaciones no permanecen confinadas al desierto. Cruzan fronteras, alcanzan sistemas migratorios y ponen a prueba la solidez de los compromisos democráticos de otros Estados.
La respuesta que Brasil ofrezca a este caso no definirá únicamente el destino de una pareja saharaui. Definirá si el país actuará como guardián de los derechos fundamentales o como eslabón involuntario de una cadena de represión internacionalizada. Y, en materia de derechos humanos, la neutralidad frente a la injusticia nunca es una posición técnica: es siempre una elección política en favor del opresor.
Sayid Marcos Tenório es historiador y escritor. Es vicepresidente de la Asociación de Solidaridad y por la Autodeterminación del Pueblo Saharaui – Brasilia.
Investigación denuncia la difusión de narrativa marroquí en grandes medios europeos y alerta del silenciamiento del Sáhara Occidental
Por Mohamed El Beikam
París, 19 ene (ECS).- Una investigación publicada por la revista francesa Marianne ha abierto un debate sobre el papel de medios internacionales en la difusión de contenidos favorables a Marruecos, al señalar la publicación reiterada de artículos económicos patrocinados que, según el reportaje, omiten el contexto político, jurídico y humanitario del Sáhara Occidental.
El reportaje, titulado «¿Nos hemos convertido en Forbes Marruecos? Forbes Francia, nuevo folleto de comunicación de la monarquía», fue firmado por el periodista Quentin Müller y difundido el 19 de enero de 2025. En él se analiza la línea editorial de la edición francesa de Forbes France desde 2020, periodo en el que, según la investigación, se habría registrado un volumen elevado de publicaciones centradas en Marruecos.
De acuerdo con los datos recogidos por Marianne, de 49 artículos dedicados al país magrebí en ese intervalo, 22 corresponderían a contenidos patrocinados bajo el formato denominado Brandvoice, modalidad publicitaria en la que los textos son financiados por anunciantes. El reportaje sostiene que estas piezas presentan un tono marcadamente positivo, con énfasis en oportunidades de inversión, estabilidad y desarrollo económico, y escasas referencias a cuestiones como la situación de las libertades públicas o el estatus jurídico del Sáhara Occidental.
La investigación recoge asimismo el malestar expresado por un periodista de la redacción de Forbes France, quien, según la publicación, se preguntó internamente: «¿Nos hemos convertido en Forbes Marruecos? ¿Me he perdido algún capítulo …?». La cita es utilizada para ilustrar lo que el reportaje describe como una percepción de trato informativo excepcionalmente favorable en comparación con otros países.
El artículo también apunta a la existencia de intermediarios vinculados a entornos de poder en Rabat y menciona la oferta de “paquetes país”, fórmulas mediante las cuales Estados o entidades gubernamentales podrían asegurar una presencia mediática recurrente a cambio de contraprestaciones económicas que, según documentos citados por Marianne, partirían de unos 20.000 euros.
Más allá del caso concreto, la investigación enmarca estas prácticas en una dinámica más amplia que, según fuentes académicas y defensores de derechos humanos citados en el texto, afectaría a diversos medios occidentales. Estos expertos advierten de que la combinación de intereses económicos, alianzas geopolíticas y la actividad de grupos de presión contribuiría a reducir la visibilidad de la causa saharaui en espacios políticos y mediáticos influyentes.
El Sáhara Occidental figura en la agenda de las Naciones Unidas como un territorio pendiente de descolonización. Diversas resoluciones de la ONU respaldan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, en un conflicto que enfrenta a Marruecos y al Frente Polisario desde 1975 y que permanece sin solución definitiva.
Organizaciones internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones la situación humanitaria y las restricciones de derechos en el territorio, así como la explotación de recursos naturales en un contexto de controversia jurídica. En los últimos años, tribunales europeos han emitido sentencias relacionadas con acuerdos comerciales y pesqueros que afectan al Sáhara Occidental.
La investigación concluye que la publicación de contenidos patrocinados sin contextualización suficiente puede afectar a la credibilidad de los medios y tener consecuencias en la percepción pública de conflictos internacionales. En el caso del Sáhara Occidental, sostiene Marianne, el impacto trasciende el ámbito mediático y repercute en la visibilidad de un proceso político aún pendiente de resolución.
¿Qué propone exactamente el plan del Frente Polisario?
Por Carlos C. García
Madrid (ECS) – Frente a los titulares reiterados sobre “el plan marroquí de autonomía”, conviene recordar un hecho que con frecuencia se omite en la prensa española y marroquí: el Frente Polisario presentó el 10 de abril de 2007 ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas una propuesta formal para una solución política mutuamente aceptable que prevé la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. No es una declaración retórica ni un documento interno: es una iniciativa registrada oficialmente en el marco del proceso onusiano.
El contexto es importante. En 2007, tras años de bloqueo del Plan de Arreglo y del referéndum previsto por la ONU, el Consejo de Seguridad instó a las partes a presentar propuestas realistas y mutuamente aceptables. Tanto Marruecos como el Frente Polisario respondieron. La diferencia es sustancial: mientras Rabat planteó una autonomía bajo soberanía marroquí, el Polisario presentó un plan que mantiene como eje central el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su estatus político, conforme a la legalidad internacional y a la doctrina de descolonización.
¿Qué se sabe del llamado nuevo Plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental?
¿Qué propone exactamente el plan del Frente Polisario?
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Reconocimiento del carácter de descolonización del conflicto
El documento parte de un principio jurídico claro: el Sáhara Occidental figura desde 1965 en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU. Por tanto, la solución debe basarse en la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y en el derecho a la autodeterminación.
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Un referéndum con opciones reales
La propuesta contempla la celebración de un referéndum libre y transparente bajo supervisión de la ONU en el que el pueblo saharaui pueda elegir entre: Independencia – Integración en Marruecos – o cualquier otra fórmula acordada. Es decir, no excluye ninguna opción a priori, incluida la integración, siempre que sea fruto de una decisión libre.
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Garantías durante el periodo transitorio
El plan prevé un período de transición administrado con participación de la ONU, con garantías de seguridad y estabilidad para la población del territorio.
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Respeto a los derechos humanos y libertades políticas
Se compromete a garantizar libertades públicas, pluralismo político y derechos individuales durante el proceso y tras la eventual independencia.
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Cooperación económica y seguridad regional
En caso de independencia, el documento plantea acuerdos de cooperación con Marruecos en materia económica, comercial y de seguridad, buscando estabilidad regional y evitando una ruptura traumática.
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Supervisión internacional del proceso
La consulta y el período transitorio quedarían bajo auspicio directo de la ONU, reforzando la legalidad y la credibilidad internacional del resultado.