El rechazo a la soberanía y la anulación de la autonomía como única base permitieron la adopción de resolución 2797 sobre el Sáhara Occidental
El rechazo del Consejo de Seguridad a la reivindicación marroquí de soberanía sobre el Sáhara Occidental y la anulación de la propuesta de autonomía como única base de solución permitieron la adopción de la resolución 2797
Mhamad Bujari
Madrid (ECS).— Un observador atento, cauto e imparcial de la evolución del conflicto del Sáhara Occidental puede constatar que diversas interpretaciones difundidas por algunos medios de comunicación, en especial occidentales —y particularmente franceses y españoles—, no guardan relación alguna con el contenido de la resolución 2797, mediante la cual se prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de 2026.
El Consejo rechazó de forma tajante las demandas de Marruecos, elaboradas en Washington en coordinación con París y Rabat, y presentadas en el primer borrador estadounidense, conocido en la jerga del Consejo de Seguridad como “borrador cero” (Draft-0).
En efecto, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2797 editada tras varios días de negociaciones:
1. No aceptó en ningún momento adoptar la tesis de una soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, tal como proponían Estados Unidos y Francia en el borrador inicial.
2. También rechazó que la propuesta marroquí de autonomía constituyera la “única base” para la solución o la negociación.
De este modo, dichas pretensiones y demandas ilegítimas fueron eliminadas de los párrafos operativos en la versión final del texto, lo que permitió —después de negociaciones largas y complejas— la aprobación de la resolución 2797.
Para mayor claridad, es necesario subrayar que el Consejo de Seguridad no ha adoptado la propuesta marroquí de autonomía “como base para resolver el conflicto del Sáhara Occidental”, tal como pretende presentar Rabat. Se trata de una afirmación tendenciosa y completamente inexacta, pues saca la referencia a la “autonomía” de su contexto político, jurídico e incluso lingüístico dentro del cual fue mencionada por el Consejo.
Es cierto que el Consejo mencionó el plan marroquí de autonomía como un elemento a considerar, pero dejó claro, sin lugar a dudas, que no es “la única base” y que otras propuestas también son bien recibidas, teniendo en cuenta que el Consejo conoce la propuesta ampliada de la parte saharaui aunque no la menciona.
Más importante aún, el Consejo reafirmó que la solución debe ajustarse a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y satisfacer la condición esencial de permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación.
Por ello, limitarse a citar el párrafo en el que se menciona la propuesta marroquí como una base de solución constituye una lectura sesgada, pues el Consejo la supedita a condiciones que, en esencia, anulan los objetivos perseguidos por Rabat, orientados a legitimar una ocupación considerada ilegal.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la denominada propuesta marroquí de autonomía carece de peso alguno cuando se compara con los principios y propósitos de la Carta de la ONU, así como con las resoluciones y dictámenes de organismos y tribunales internacionales y regionales relativos al Sáhara Occidental, los cuales no reconocen a Marruecos ninguna soberanía sobre el territorio y confirman de manera unánime el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia.
Basta con observar que el Consejo, en su resolución 2797, tras descartar la supuesta soberanía marroquí y desestimar la idea de la autonomía como única base, insiste nuevamente en la necesidad de que ambas partes acuerden la solución final, la cual debe ser coherente con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el derecho a la autodeterminación. Con ello, el Consejo cierra la puerta a la tesis expansionista defendida por Marruecos.
Una lectura objetiva —política y jurídica— de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2025 para renovar el mandato de la MINURSO, exige comprender cómo se alcanzó el acuerdo que permitió su aprobación y bajo qué condiciones, sin las cuales la resolución no habría visto la luz.
De hecho, si Washington y París no hubiesen concluido que era imposible que el Consejo aprobara el texto presentado en el proyecto estadounidense inicial —el cual fue finalmente retirado—, habría sido inviable la adopción de la resolución 2797.
La amenaza, agitada por algunos, de poner fin a la presencia de la MINURSO antes de que cumpliera su misión perdió toda eficacia ante la firmeza de la parte saharaui en defender su derecho inalienable e imprescriptible a la autodeterminación y la independencia, así como su compromiso con la resistencia en el marco de la lucha de liberación nacional, cualquiera que sea el contexto.
Sáhara Occidental | El presidente de la República llega a Luanda para participar en la VII Cumbre UA-UE
Luanda (Angola) -. El presidente de la República saharaui y secretario general del Frente POLISARIO, Brahim Gali, llegó este domingo por la tarde a la capital angoleña, Luanda, para participar en los trabajos de la VII Cumbre de asociación de la Unión Africana y la Unión Europea.
El líder saharaui fue recibido en el aeropuerto internacional de la capital por el ministro de Asuntos Exteriores de Angola, Antonio Tete, donde una banda militar le rindió honores.
La cumbre coincide con la celebración del 25.º aniversario de la asociación entre ambas instituciones continentales, lo que le confiere una importancia simbólica, así como con el 50.º aniversario de la independencia de Angola.
Gali está acompañado por una delegación integrada por; ministro de Asuntos Exteriores y Africanos, Mohamed Yislem Beisat; la consejera encargada del mundo árabe, Nana Labat Rachid; el embajador en Angola y concurrente en Namibia, Hamdi Al-Jalil Mayara; el consejero de la Presidencia de la República, Abdati Breika, y el embajador y Director de Protocolo y Ceremonias, Salha Al-Abd.
Rusia ha entregado a Argelia los dos primeros aviones de combate Su-57E
Agencias
Madrid (ECS).— Rusia ha entregado sus dos primeros cazas Su-57E a Argelia, lo que supone la primera exportación de un avión de combate de quinta generación, aparte del F-35 estadounidense.
Argelia se convierte así en el primer país árabe y africano en recibir estos aviones rusos Su-57E Felon de última generación, lo que le garantiza superioridad aérea regional sin precedentes.
El anuncio se realizó esta semana en el Salón Aeronáutico de Dubái. Según un funcionario ruso que representa al fabricante, los dos aviones no solo se han entregado, sino que también han entrado en servicio operativo y están demostrando sus capacidades superiores. Argel había encargado 14 aparatos Su-57E.
Según el acuerdo concluido en 2021, se entregarán a Argel seis aviones Sukhoi 57E Felon antes de finales de este año, seis más el año que viene y dos más en 2027.
La televisión argelina había anunciado que en Moscú se estaban formando pilotos para pilotar estos cazas.
El Sukhoi 57 es un caza furtivo y versátil, capaz de combatir en el aire, pero también de realizar ataques en tierra y mar.
El Su-57E, que durante mucho tiempo estuvo rodeado de secretismo, fue observado desde diversos ángulos durante el actual Salón Aeronáutico de Dubái. Este evento brindó a Rusia la oportunidad de presentar al público la versión de exportación de su caza furtivo de quinta generación.
Argelia, que históricamente ha dependido del armamento ruso, posee una flota diversa de aviones de combate rusos avanzados. La integración del Su-57 en su flota mejorará significativamente sus capacidades de combate.
Esto también consolida su posición entre las fuerzas aéreas más poderosas del mundo. En 2025, Argel asignó un presupuesto de 25 mil millones de dólares a su defensa.
España sigue mirando a otro lado en el Sáhara Occidental
Madrid (ECS) .- La ocupación del Sáhara Occidental cumple ahora cincuenta años. Medio siglo desde que los Acuerdos de Madrid de 1975 permitieron la entrada del ejército marroquí y rompieron el proceso de descolonización que Naciones Unidas había establecido con claridad. Desde entonces, el territorio sigue siendo un enclave pendiente de autodeterminación. Y España, potencia administradora de iure, continúa esquivando la responsabilidad que le impone el Derecho Internacional. La historia no empezó con la carta enviada por Pedro Sánchez a Mohamed VI en marzo de 2022. Empezó en 1975, cuando el Estado español decidió abandonar el territorio sin concluir el referéndum que debía organizar y sin proteger a la población saharaui.
50 años del exilio saharaui: la salud en crisis, alerta Médicos del Mundo
En los primeros años setenta, la ONU ya había fijado el camino. El Sáhara Occidental debía descolonizarse mediante una consulta libre, supervisada por la comunidad internacional. España lo aceptó y anunció el referéndum. El Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui, había asumido el liderazgo político y militar. El proceso parecía encaminarse hacia una solución ordenada. Sin embargo, el final del régimen franquista y la presión creciente de Marruecos cambiaron esa trayectoria. En otoño de 1975, con Franco agonizando, Rabat lanzó la Marcha Verde y situó a España ante un dilema que la dictadura no quiso afrontar. El resultado fue la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid, un documento sin validez jurídica internacional que cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, pero que no podía transferir la soberanía porque España no era su propietaria.
Naciones Unidas reaccionó con rapidez. En diciembre de 1975, la Asamblea General señaló que los Acuerdos de Madrid no modificaban la naturaleza jurídica del territorio y que España seguía siendo la potencia administradora. Pero en la práctica, la retirada española dejó el camino abierto a la ocupación militar marroquí, a los bombardeos sobre la población civil y al éxodo hacia Tinduf. Fue el inicio de una fractura histórica que nunca ha sido reparada. A partir de ese momento, España adoptó una política exterior basada en la ambigüedad. Aunque el Derecho Internacional obliga a completar la descolonización, los sucesivos gobiernos han actuado como si esa responsabilidad hubiera sido borrada por el paso del tiempo.
La justicia española lo ha recordado en varias ocasiones. En 2014, la Audiencia Nacional afirmó que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. El Tribunal Supremo también lo ha señalado. Incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores ha reconocido ese estatus en comunicaciones internas. Sin embargo, esa doctrina nunca se ha traducido en una posición diplomática coherente. Los gobiernos españoles, de distintos signos, han preferido priorizar la relación con Marruecos, convertida en un elemento central de la política exterior. La gestión migratoria, la cooperación en seguridad, la presión sobre Ceuta y Melilla, los acuerdos pesqueros o la lucha contra el terrorismo han generado una dependencia que Rabat ha explotado hábilmente. España, atrapada en esa dinámica, ha optado por mirar hacia otro lado.
El giro de Pedro Sánchez en 2022, apoyando la propuesta marroquí de autonomía, no rompe con esa tendencia. De hecho, la culmina. La carta enviada a Mohamed VI no inaugura una política nueva, sino que hace explícita una renuncia que lleva décadas en marcha. La diferencia es que, esta vez, el gesto se produjo en un contexto internacional muy visible, cuando la guerra de Ucrania, la competición energética y la tensión en el Magreb han convertido la política exterior en un asunto más sensible. Pero la raíz del problema no está en 2022. Está en 1975 y en la decisión de desligarse del proceso de descolonización sin cumplir las obligaciones que la ONU había impuesto.
Mientras tanto, la situación del Sáhara Occidental ha seguido deteriorándose. En los territorios ocupados, la población saharaui vive bajo un régimen de control político y policial que limita la libertad de expresión, impide las manifestaciones públicas y mantiene en prisión a activistas y periodistas. La colonización demográfica impulsada por Marruecos ha transformado las ciudades principales. La explotación de fosfatos, pesca y otros recursos naturales continúa pese a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exigen el consentimiento del pueblo saharaui para cualquier actividad económica en el territorio. Las organizaciones de derechos humanos denuncian torturas, desapariciones y procesos judiciales carentes de garantías.
En los campamentos de Tinduf, más de 170.000 saharauis sobreviven desde hace casi cinco décadas en condiciones extremas, dependiendo de una ayuda humanitaria que se ha reducido en los últimos años. A pesar de ello, han construido una estructura institucional propia y mantienen vivas sus reivindicaciones políticas. La República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por decenas de países y miembro fundador de la Unión Africana, continúa siendo la expresión estatal del derecho a la autodeterminación. Desde 2020, además, la reanudación de la guerra de baja intensidad entre el Frente Polisario y Marruecos ha devuelto al conflicto una dimensión militar que la comunidad internacional ha tratado de minimizar.
La misión de la ONU en el territorio, la MINURSO, es un ejemplo de esa inercia. Creada en 1991 para organizar un referéndum que nunca se ha celebrado, es la única misión de paz de Naciones Unidas sin un mandato de derechos humanos. Su presencia ha servido para contener tensiones, pero no para resolver el conflicto. Mientras tanto, las grandes potencias han adaptado su estrategia a los intereses regionales. Estados Unidos ha mantenido una relación privilegiada con Marruecos, especialmente en materia militar. Francia continúa apoyando a Rabat en el Consejo de Seguridad. Y la Unión Europea ha cometido errores graves al firmar acuerdos comerciales que incluían recursos saharauis sin respetar la legalidad internacional.
En este contexto, la responsabilidad de España sigue siendo un elemento central. Como potencia administradora, España está obligada a defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, a no legitimar la ocupación ni participar en actividades que la consoliden, y a impulsar una solución conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. Nada de esto implica adoptar una postura hostil hacia Marruecos, sino simplemente cumplir con el marco jurídico internacional. Sin embargo, la política española continúa dividida entre la retórica y la prudencia diplomática. Las declaraciones oficiales hablan de “una solución mutuamente aceptable”, una fórmula que oculta la realidad: el único marco válido es el derecho a la autodeterminación.
Cincuenta años después, las consecuencias de los Acuerdos de Madrid siguen presentes. El pueblo saharaui continúa esperando el referéndum que se prometió en los años setenta. La ocupación marroquí se ha consolidado sobre el terreno, aunque carezca de reconocimiento internacional. Y España mantiene una relación ambivalente con un territorio cuya suerte definió en 1975 sin atender a su propia obligación legal. La historia no empezó con la carta de 2022, por mucho que se haya presentado como un punto de inflexión. Empezó con los Acuerdos de Madrid, con el abandono del territorio y con la renuncia a culminar un proceso de descolonización que todavía hoy sigue en suspenso.
Una política exterior que ignore ese origen solo puede conducir a nuevas contradicciones. La cuestión saharaui no es un asunto del pasado. Es un problema presente, político y jurídico, que afecta a la credibilidad internacional de España y a su compromiso con los principios que dice defender. Medio siglo después, la descolonización del Sáhara Occidental sigue pendiente. Y la potencia administradora sigue sin asumir las responsabilidades que le impone la historia.
Plataforma ‘No te olvides del Sáhara Occidental’
50 años del exilio saharaui: la salud en crisis, alerta Médicos del Mundo
Campamentos Saharauis (ECS).- Este 2025 se cumplen 50 años del exilio saharaui. Medio siglo en el que un pueblo ha levantado un Estado en el desierto, con dignidad y resistencia. Pero hoy, la salud está en riesgo. Los recortes en la ayuda humanitaria amenazan con derrumbar un sistema sanitario frágil, que apenas logra sostener lo mínimo. “La ayuda actual no cubre ni siquiera lo esencial. La operación humanitaria ya no puede planificar mejoras ni ampliar servicios, sino simplemente sostener lo mínimo», explica Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo.
El sistema de salud saharaui atraviesa un momento crítico por diferentes razones, entre ellos los recortes sin precedentes en el sector humanitario y, también consecuencia de ello, por la fuga de talento.
La actual situación requiere de medidas urgentes y ya está generando consecuencias visibles, aunque todavía reversibles. A Médicos del Mundo le preocupa el impacto sobre la salud, especialmente grave en el caso de la morbimortalidad materna, la mortalidad neonatal y el desarrollo infantil.
También las consecuencias irreversibles por la ausencia de control sobre enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, entre otras.
Además, esta situación puede verse agravada por el efecto de las carencias alimentarias y nutricionales y por el deterioro progresivo de la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Estados Unidos: 200.000 refugiados saharauis viven en campamentos en el sur de Argelia
“Pese al escenario alarmante, el sistema sigue funcionando gracias al esfuerzo extraordinario del personal de salud saharaui y de organizaciones como Médicos del Mundo, pero es inaplazable una mejora significativa de las condiciones en las que el personal de salud realiza su trabajo, tanto desde el punto de vista de su incentivación personal como de la infraestructura y del equipamiento disponible”, señala el presidente de Médicos del Mundo.
Escándalo por el etiquetado de productos del Sáhara Occidental: la Comisión Europea, pillada en pleno intento de burlar la legalidad
Bruselas. – La Comisión Europea ha quedado contra las cuerdas tras un intenso debate en el Parlamento Europeo. El motivo: su intención de flexibilizar las normas de etiquetado para satisfacer a Marruecos, incluso a costa del derecho europeo, del derecho internacional y de la transparencia hacia los consumidores. La cuestión afecta directamente a los productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental ocupado.
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El debate tuvo lugar en una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI). Allí, la Comisión trató de justificar su propuesta de modificar el Reglamento Delegado (UE) 2023/2429, sustituyendo la mención obligatoria “Sáhara Occidental” por supuestas “regiones de origen” marroquíes —“Laâyoune-Sakia El Hamra” y “Dakhla-Oued Eddahab”— en los productos exportados a la Unión Europea. Son denominaciones impuestas unilateralmente por Marruecos en un territorio que ocupa ilegalmente desde hace décadas.
La reacción de los eurodiputados fue inmediata y transversal: desde conservadores hasta ecologistas o la izquierda denunciaron que la iniciativa es jurídicamente indefendible, engañosa para los consumidores y equivalente a recompensar una ocupación ilegal. El próximo miércoles, el Pleno votará una objeción al reglamento delegado, respaldada entre otros por el Partido Popular Europeo (PPE), el mayor grupo de la Eurocámara.
Durante el debate, Brigitte Misonne, directora general adjunta de la DG AGRI, admitió abiertamente que la Comisión estaba forzando las reglas: “Hemos tenido que introducir una derogación a la norma general de indicar el país de origen”. Confesó también que la decisión no se basa en derecho europeo, sino en negociaciones políticas con Marruecos: “La opción de indicar un origen regional es fruto de conversaciones con Marruecos”. La respuesta del eurodiputado Herbert Dorfmann (Italia, PPE) fue tajante: “La Comisión Europea no puede negociar una sentencia del Tribunal con el Gobierno marroquí. Es una violación manifiesta del derecho”.
La Comisión Europea se abre a negociar un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos
Un choque frontal con el derecho internacional
Para defender su iniciativa, la Comisión llegó a afirmar que la Justicia europea habría declarado que el Sáhara Occidental “forma parte de un país”. Una afirmación rotundamente falsa, contraria a todas las resoluciones de la ONU y a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera el Sáhara Occidental un territorio “separado y distinto” de Marruecos. Al sostener lo contrario, la Comisión sacrifica la legalidad en favor de los intereses de una potencia ocupante.
Las críticas en el hemiciclo fueron durísimas: “Escándalo de audacia”, “traición a los consumidores”, “contra el derecho internacional”, denunció de nuevo Dorfmann. La eurodiputada española Mireia Borrás Pabón (Patriotas por Europa) recordó que la Comisión está defendiendo los intereses de Marruecos en contra de las sentencias de la CJUE: “Todo producto proveniente del Sáhara Occidental debe indicar esa procedencia. Nada más”. Thomas Waitz (Verdes/ALE, Austria) alertó del engaño al consumidor mediante etiquetas regionales desconocidas. Luke Ming Flanagan (Irlanda, La Izquierda) cargó contra la deriva institucional: “¡La Comisión actúa como si pudiera ignorar al Parlamento y al Tribunal!”. Lynn Boylan (La Izquierda/INTA) advirtió del riesgo de un nuevo revés judicial que erosionaría aún más la credibilidad de la UE.
Hacia una votación decisiva en Estrasburgo
Ante la avalancha de críticas, la Comisión prometió enviar una respuesta escrita antes del martes, sin concretar plazos. La votación del 26 de noviembre será determinante. Podría reafirmar que la Unión Europea no puede rebajar sus obligaciones legales y morales hacia el pueblo saharaui, ni ignorar sus propias sentencias.
La indignación transversal expresada en el Parlamento es extraordinaria y muestra un malestar profundo: la protección de los consumidores, el respeto a la jurisprudencia del TJUE y la defensa del derecho internacional no pueden quedar a merced de presiones políticas externas. Con la objeción ya presentada y un voto inminente, el escándalo del etiquetado de los productos del Sáhara Occidental amenaza con sacudir Bruselas en los próximos días.
Vía: No te olvides del Sáhara Occidental
Israel afianza su alianza con Marruecos con una planta de drones de ataque a 35 km de Casablanca
Por Carlos Cristóbal
Madrid (ECS)- La inauguración en Marruecos de la primera fábrica de drones de ataque del norte de África supone un salto cualitativo en la transformación militar que vive el Magreb. Según reveló Ginés Soriano en Infodefensa.com, la compañía israelí Bluebird Aero Systems, filial de Israel Aerospace Industries (IAI), ya ha puesto en marcha una planta en Benslimane, a escasos 35 kilómetros de Casablanca, destinada a producir el dron suicida SpyX. Se trata de la primera infraestructura de este tipo instalada fuera de Israel en toda la región, un gesto que subraya el grado de confianza y alineamiento estratégico entre Rabat y Tel Aviv.
Marruecos estrena en el Sáhara Occidental un nuevo dron kamikaze desarrollado en Israel
La instalación no es solo un centro de ensamblaje. Incluye transferencia tecnológica y formación especializada para ingenieros marroquíes, un elemento que transforma a Marruecos en un actor capaz de generar capacidades ofensivas avanzadas sin depender exclusivamente de proveedores extranjeros. El SpyX, según detalla el artículo, es un dron de ataque con 90 minutos de autonomía, 50 kilómetros de alcance, motor eléctrico para reducir la firma acústica y capacidad para portar distintas ojivas. Su diseño responde a la lógica de la guerra contemporánea, marcada por ataques de precisión, bajos costes operativos y un uso intensivo de plataformas no tripuladas.
Todo esto encaja dentro de la alianza sellada entre ambos países a partir de los Acuerdos de Abraham de 2020, impulsados por la administración Trump. El reconocimiento estadounidense de la supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental fue la pieza central de ese acuerdo, abriendo una etapa de cooperación militar sin precedentes que se formalizó en 2021. Desde entonces, Marruecos e Israel han estrechado vínculos en inteligencia, ciberseguridad, vigilancia fronteriza y desarrollo de sistemas de ataque. La planta de Benslimane es uno de sus frutos más visibles.
El reportaje recuerda que esta evolución no puede comprenderse sin la reanudación del conflicto en el Sáhara Occidental. Desde la ruptura del alto el fuego en 2020, Marruecos ha apostado por un rearme acelerado mientras persiste la ocupación. Aunque el Consejo de Seguridad ha mencionado por primera vez la posibilidad de una autonomía, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sigue plenamente vigente, lo que confirma que el conflicto continúa abierto. En este contexto, disponer de drones de ataque producidos localmente refuerza a Rabat en un escenario de tensión sostenida.
El esfuerzo marroquí se enmarca además en un programa de industrialización militar mucho más amplio. En los últimos meses, el país ha avanzado en la instalación de una planta de drones turcos Baykar y en la puesta en marcha de líneas de producción de blindados de la india Tata Advanced Systems Limited. Todo ello ocurre mientras el presupuesto de defensa se eleva a 157.171 millones de dirhams —unos 14.700 millones de euros— para 2026, un incremento del 17,7% respecto al año anterior. La apuesta es inequívoca: Marruecos quiere convertirse en un polo regional de producción armamentística.
La presencia de Israel en este proceso no es menor. Con su apoyo, Rabat adquiere una capacidad ofensiva inédita en el Magreb, un hecho que inevitablemente reordena el equilibrio militar con Argelia, potencia regional cuyo desarrollo militar depende en buena parte de Rusia. La producción local de drones de ataque también altera la ecuación en el Sáhara Occidental, donde Marruecos ya ha empleado plataformas similares en operaciones documentadas por organizaciones de derechos humanos saharauis e internacionales.
La apertura de la planta de Benslimane, en definitiva, no es un episodio aislado. Es un indicador del rumbo estratégico que Marruecos sigue desde hace cinco años: consolidar alianzas con actores decisivos, reforzar su industria militar y ganar margen de maniobra en un conflicto colonial que sigue sin resolución. En un Magreb cada vez más tensionado, este desarrollo refuerza la militarización regional y añade un nuevo vector de presión sobre el pueblo saharaui, cuya lucha por la autodeterminación continúa enfrentándose a un paisaje militar profundamente transformado.
Por Carlos C. — A partir del reportaje de Ginés Soriano publicado en Infodefensa.com (22/11/2025).
La militarización del Atlántico frente al Sáhara Occidental: un espacio estratégico bajo presión
En los últimos años, el Atlántico noroccidental africano —la franja marítima comprendida entre Canarias, Marruecos y el Sáhara Occidental ocupado— se ha consolidado como uno de los corredores estratégicos más sensibles del hemisferio occidental. Lo que antaño era un espacio periférico, hoy concentra intereses militares, energéticos y geopolíticos que se superponen sobre un territorio que continúa, jurídicamente, en proceso de descolonización. En este contexto, cada movimiento militar adquiere una lectura más amplia que trasciende la rutina operativa.
La reciente salida de un bombardero estratégico estadounidense B-52H desde la Base Aérea de Morón, en el sur de España, para un vuelo de largo alcance que lo situó en las proximidades atlánticas del Sáhara Occidental, ilustra esta dinámica. Aunque la misión forma parte de los habituales despliegues de la “Bomber Task Force” de la Fuerza Aérea de EE. UU., su trayectoria—pasando por las Islas Canarias y operando en un corredor donde confluyen intereses de la OTAN, Marruecos y la potencia administradora de facto—refleja un cambio estructural: la creciente militarización de un espacio donde la legalidad internacional sigue claramente definida, pero políticamente contestada.
El Atlántico sahariano es hoy un punto de fricción geopolítica. Marruecos ha intensificado su presencia militar en el litoral del territorio ocupado, impulsando además proyectos energéticos e infraestructuras portuarias que pretenden normalizar una soberanía no reconocida por la ONU. Paralelamente, potencias globales y actores de la OTAN utilizan el corredor atlántico para ejercicios navales, patrullas aéreas estratégicas y maniobras de preparación en escenarios de “alta intensidad”. A ello se suma la importancia creciente de las rutas marítimas que conectan África occidental con Europa y América, atravesadas por cables submarinos, recursos fósiles y áreas potenciales para energías renovables.
Un bombardero B-52 de EE. UU. surca el cielo del Sáhara Occidental y despliega poder aéreo
En este tablero, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización. La presencia militar internacional —sea a través de vuelos estratégicos, maniobras conjuntas o despliegues navales— se superpone a una realidad jurídica que exige la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ninguna potencia puede alterar ese marco, pero la acumulación de intereses y la competencia por el control marítimo crean una atmósfera en la que Marruecos busca legitimidad a través de hechos consumados.
La militarización del Atlántico no puede analizarse sin considerar a la población saharaui, que se encuentra atrapada entre un escenario de ocupación terrestre y una creciente presión geoestratégica sobre sus aguas y su fachada oceánica. Para el Frente Polisario, este espacio marítimo forma parte integral del territorio nacional saharaui, y su control futuro es inseparable del ejercicio pleno de la soberanía. Para la comunidad internacional, la estabilidad regional depende de un marco político basado en el derecho internacional, no en la fuerza o en la ocupación prolongada.
El reciente episodio del B-52 no es un hecho aislado, sino un síntoma. El Atlántico frente al Sáhara Occidental se está convirtiendo en una pieza clave de la arquitectura de seguridad del sur global y de la proyección militar de las grandes potencias. En un territorio cuya descolonización lleva medio siglo bloqueada, esta tendencia debería encender señales de alarma: el riesgo de que la creciente presión militar termine consolidando dinámicas contrarias al derecho internacional o reforzando posiciones de ocupación indignas de legitimidad.
Mientras el Sáhara Occidental siga siendo un territorio pendiente de un proceso de autodeterminación, cualquier militarización adicional —sea marroquí, regional o internacional— solo subraya la necesidad urgente de una solución política justa, conforme al Derecho Internacional y a los derechos inalienables del pueblo saharaui. Sin esa base, el Atlántico sahariano corre el riesgo de convertirse en un escenario más donde la fuerza pretenda sustituir a la legalidad.
PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»
Sánchez coincidirá con el líder saharaui en la cumbre UE-UA en Angola, la primera vez desde el «cambio» en el Sáhara Occidental
Madrid (ECS).— El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participará los días 24 y 25 de noviembre en la cumbre Unión Europea–Unión Africana que se celebra en Luanda (Angola), según ha informado el Diario Público. El encuentro dejará una imagen políticamente significativa: Sánchez coincidirá con Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y líder del Frente Polisario, por primera vez desde el cambio de posición español sobre el Sáhara Occidental en 2022.
El Polisario denunciará ante la Justicia Europea nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos
La presencia de Ghali se debe a que la UA reconoce a la RASD como miembro fundador. El dirigente saharaui estuvo en Luanda hace diez días, invitado por el presidente angoleño João Lourenço, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Sánchez y el líder saharaui no coincidían desde la última cumbre UE-UA celebrada en Bruselas en febrero de 2022, cuando conversaron brevemente. Un mes después, el Gobierno español avaló en una carta al rey Mohamed VI el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, lo que supuso un giro histórico en la posición tradicional de España y desencadenó el rechazo parlamentario y la ruptura de relaciones del Polisario con Madrid.
La Comisión Europea se abre a negociar un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos