Por Ana Stella
Madrid (ECS) — Hay una frase que Marruecos lleva más de medio siglo repitiendo y que en España se sigue tratando como un rumor. Que incluso está pronunciada, publicada y fechada. El 30 de julio de 2002, en el Discurso del Trono (su intervención anual más solemne), Mohamed VI habló de «territorios ocupados» y reivindicó el derecho legítimo de Marruecos a poner fin a lo que calificó «ocupación» española de Ceuta, Melilla y las islas vecinas. Lo hizo apenas días después de haber intentado ocupar el islote de Perejil, cuando doce gendarmes marroquíes desembarcaron en el islote, izaron su bandera y España tuvo que desalojarlos por la fuerza en una operación militar.
Quién reivindica es el jefe del Estado marroquí, y no lo ha hecho una vez, sino de forma sostenida durante generaciones. Marruecos nunca ha reconocido la soberanía española sobre las dos ciudades. En sus comunicados oficiales las llama enclaves coloniales o territorios usurpados. Presentó la reclamación ante la ONU en 1975 (que la desestimó, y que hoy no considera ambas ciudades territorios pendientes de descolonizar) y la ha mantenido viva desde entonces. En 2023, sin ir más lejos, España tuvo que enviar una nota verbal de protesta después de que Rabat asegurara ante la Unión Europea que Ceuta y Melilla eran marroquíes.
Y no se detiene en las dos ciudades. En 2020, el Parlamento marroquí aprobó dos leyes de delimitación marítima que extendían unilateralmente su zona económica exclusiva, incorporando aguas del Sáhara Occidental y solapándose con aguas próximas a Canarias, en concreto frente a Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria. En juego está el monte submarino Tropic, una de las mayores reservas conocidas de telurio, cobalto y tierras raras del Atlántico. Rabat defiende que la frontera debe trazarse según un «principio de equidad» que le beneficia, y no según la línea media que rige por defecto cuando no hay acuerdo. Dirigentes canarios lo han descrito, con razón, como un posible «asedio marítimo». El horizonte maximalista marroquí, el del «Gran Magreb» que sus propios medios dibujan de fondo detrás de los mandatarios españoles, incluye Canarias.
Ese terreno, además, se está preparando también fuera de la región. En julio de 2026, y unos días antes del último asalto a Ceuta por parte de Marruecos, un informe de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (el que acompaña al proyecto de presupuestos de Exteriores para 2027) describió por escrito a Ceuta y Melilla como ciudades «administradas por España» pero situadas «en territorio marroquí», y respaldó que el Departamento de Estado facilitara un acercamiento diplomático entre Rabat y Madrid sobre su «estatus futuro». Es la primera vez que un órgano del Congreso estadounidense cuestiona literalmente la soberanía española sobre las dos ciudades. Cierto es que se trata de un informe de comité, sin carácter vinculante, y que no altera la posición oficial de Washington. Pero su autor no es un cualquiera: es Mario Díaz-Balart, uno de los congresistas más próximos al secretario de Estado Marco Rubio, que ya había afirmado semanas antes que Ceuta y Melilla no están en España, sino en Marruecos, y que ese asunto «se resuelve entre amigos y aliados».
La pregunta importante, por tanto, no es si Marruecos quiere estos territorios (eso ya lo ha dicho él) sino cómo pretende conseguirlos. Y ahí es donde el caso del Sáhara se convierte en un manual de instrucciones.
Ya que Marruecos no ganó el Sáhara con la Marcha Verde ni solo sobre el terreno. Lo ganó, sobre todo, en los despachos. En diciembre de 2022 estalló en Bruselas el mayor escándalo de corrupción de la historia del Parlamento Europeo. Se conoce como Qatargate, y su ramificación marroquí es Marocgate. La investigación judicial belga, con confesiones incluidas de implicados como el asistente Francesco Giorgi, apuntó a una red que trabajaba para Qatar y también para Marruecos, con cientos de miles de euros en efectivo incautados y ocho detenidos. El objetivo marroquí, era reorientar la política exterior de la UE a su favor, muy señaladamente en el Sáhara Occidental, comprando voluntades de eurodiputados y periodistas. Era, en palabras de quienes lo vivieron desde dentro de la Eurocámara, «vox populi».
Y ese es su método, no se conquista un territorio disputado con tanques, se compra la neutralidad, el silencio y, cuando se puede, el reconocimiento de quienes deberían defenderlo. Y funcionó. En marzo de 2022, sin debate parlamentario, sin consulta a la oposición y sin una explicación pública convincente que todavía hoy nadie ha dado, Pedro Sánchez rompió cuarenta años de consenso y avaló el plan de autonomía marroquí para el Sáhara en una carta al rey Mohamed VI. Ni diputados, ni senadores, ni socios de gobierno fueron informados de un giro radical que se conoció, además, porque lo filtró la Casa Real marroquí. Cuatro años después, la opacidad de aquella decisión sigue siendo lo que más lo define. Cuando una política de Estado cambia de la noche a la mañana y nadie es capaz de explicar por qué, es legítimo preguntarse a cambio de qué.
Si ese es el manual que le entregó el Sáhara, no hay ninguna razón para creer que Marruecos vaya a archivarlo justo cuando el siguiente objetivo está sobre la mesa. Por lo que todo apunta a que lo está aplicando otra vez, adaptado a Ceuta y Melilla.
Primero, la presión demográfica. En 2021 más de 8.000 personas entraron en Ceuta en cuestión de horas, después de que Marruecos relajara deliberadamente sus controles como represalia diplomática por la acogida de Brahim Ghali, líder del Polisario en un hospital español. En este último ataque de julio de 2026 la cifra se disparó: a cerca de 50.000 personas que accedieron a la ciudad, miles fueron devueltos y miles se han quedado. Además del goteo constante y diario de inmigrantes que asaltan las fronteras.
Cuanta más población de origen marroquí se acumule y se asiente, antes podrá Rabat sostener que la mayoría de quienes habitan o cruzan esas ciudades son marroquíes, y que la «realidad sobre el terreno» pide una solución.
Segundo, no hace falta pedir la cesión de golpe. Basta con empujar hacia fórmulas de cogestión, de coadministración, de estatus compartido, que hace veinte años habrían sido impensables y que, presentadas como pragmatismo diplomático, allanan el terreno para el paso final. La historia está llena de cesiones territoriales que parecían imposibles hasta el día antes de firmarse.
Nada de esto exige imaginar un pacto secreto de entrega firmado a la luz de la luna. Pero no es descabellado cuando todos vemos cómo el Gobierno español no defiende las fronteras españolas sino que facilita la inmigración ilegal y masiva a diario.
No olvidemos que fue Felipe González quien institucionalizó la relación con Rabat al firmar en 1991 el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación, y quien, ya fuera del poder, se convirtió en uno de los principales valedores internacionales de Marruecos, hasta el punto de declarar en 2022 que la anexión del Sáhara era «la mejor solución». El mismo dirigente que en 1975 había tachado de traición el acuerdo que entregó el Sáhara acabó defendiendo los intereses de la monarquía alauí por medio mundo.
Frente a esa línea, José María Aznar. Cuando en julio de 2002 Marruecos ocupó el islote de Perejil, España respondió con una operación militar y lo recuperó en horas. Años después, Aznar reveló que el propio presidente francés, Jacques Chirac, le sugirió entregar Ceuta, Melilla y el Sáhara a Marruecos, y que se negó en redondo: «Mi deber era defender cada centímetro del territorio español». Por lo que cuando España planta cara, Marruecos recula; cuando agacha la cabeza, aprieta más.
Además un dato relevante, es que el rey Felipe VI no ha pisado Ceuta ni Melilla ni una sola vez en los doce años de su reinado. Son las dos únicas ciudades españolas que no ha visitado. En la gira que hizo tras la pandemia, en 2020, recorrió casi diecisiete mil kilómetros y estuvo en todos los territorios de España salvo en esos dos. Melilla volvió a invitarlo en 2024, con motivo del décimo aniversario de su proclamación, y el viaje tampoco se produjo. El último monarca que estuvo allí fue Juan Carlos I, con la reina Sofía, en noviembre de 2007, treinta y dos años después de subir al trono. Y aquella visita, la única en casi dos décadas, provocó un comunicado oficial de condena de Mohamed VI, que la calificó de provocación y advirtió de «consecuencias que podrían poner en peligro el futuro de las relaciones». El mensaje llegó, y se aprendió.
Aquí hay que explicar las responsabilidades. Bajo la Constitución, los actos del jefe del Estado requieren el refrendo del Gobierno, y su agenda institucional la coordina Moncloa. Es decir, quien decide si el Rey va o no va a Ceuta y Melilla no es el Rey, es el presidente del Gobierno. Por lo que la ausencia de la Corona en las dos ciudades es una política deliberada del Ejecutivo para no irritar a Rabat. Es, literalmente, «evitar lo que ofende a la otra parte» aplicado al máximo símbolo del Estado.
Y así se cierra el círculo. Un Gobierno que califica a Marruecos de «socio fiable» mientras este le abre la frontera. Un presidente que se marcha de vacaciones a La Mareta en plena avalancha y exonera al vecino de toda responsabilidad. Un jefe del Estado al que se le veta pisar su propio territorio para no molestar. Una política exterior que cede posiciones históricas (primero el Sáhara, después el trazo marítimo de Canarias, mañana quién sabe) y que ha convertido el no ofender en doctrina. La cesión, si llega, no empezará con una firma. Empezará con la costumbre de agachar la cabeza.
El Sáhara enseñó que un territorio se puede «traspasar» con toda su gente dentro, y sin una sola batalla, a base de dinero bien colocado, y promesas a altos cargos y autóctonos. Canarias es el siguiente capítulo del mismo libro, y ya se están pasando las páginas, la reivindicación está sobre la mesa desde hace década en la prensa marroquí, a través de ONGs y permisividad de hablar sobre el asunto en Marruecos, la presión migratoria funciona como ariete, el aliado americano empieza a poner por escrito la tesis marroquí y el Estado español ha decidido que lo más urgente es no ofender. La única pregunta que queda es si España piensa leer ese libro a tiempo o esperar, otra vez, a que se lo lean desde Rabat.
