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10 febrero 2026
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Situación actual del Sáhara Occidental | Actualidad y última hora

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Situación actual de la causa saharaui 

El pasado 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución, basada en un borrador de EE. UU., que extiende el mandato de la MINURSO y promueve el plan de autonomía de Marruecos como la base sobre la que negociar una solución duradera al conflicto. Esta se aparta de las resoluciones previas sobre el Sahara Occidental, tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) como del propio Consejo de Seguridad, planteando serias dudas respecto al derecho de libre determinación de los pueblos.  

Ultima hora del Sáhara Occidental y del Pueblo Saharaui. Noticias de todo lo que está pasando y de toda la actualidad, al minuto:

Marruecos y el Frente Polisario volverán al diálogo bajo la presión de Trump

Bruselas da su visto bueno para un nuevo acuerdo pesquero con Rabat, pese al contencioso del Sáhara Occidental

Marruecos intensifica su actividad contra el Polisario, y aumenta las amenazas en los campamentos de refugiados saharauis

Marruecos ante el cambio: el heredero Moulay Hassan y el ocaso del reinado de Mohamed VI

La diplomacia en la sombra de Marruecos en el Caribe: redes privadas y presión política contra la RASD

Política exterior ausente: La desorientación de la diplomacia saharaui en el panorama internacional (I)

El Sáhara Occidental ante la traición del derecho: entre la ocupación, el silencio y la manipulación diplomática

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La diplomacia en la sombra de Marruecos en el Caribe: redes privadas y presión política contra la RASD

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Madrid (ECS).- El reportaje publicado por Africa Intelligence el 13 de enero de 2026, titulado Maroc • Les intrigantes connexions caribéennes du patron d’Africa Global Logistics Maroc, expone cómo Rabat ha desplegado, a lo largo de más de diez años, una política constante pero poco visible de penetración económica y política en el Caribe. El objetivo central de esta estrategia ha sido debilitar el reconocimiento internacional de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), sin que ello implique cambio alguno en el estatus jurídico del Sáhara Occidental, que Naciones Unidas sigue considerando un territorio no autónomo pendiente de descolonización.

Según la investigación, esta ofensiva no se articuló mediante una diplomacia tradicional ni a través de debates legales, sino mediante mecanismos de influencia indirecta: entramados empresariales, canales diplomáticos informales y vínculos personales dentro de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En ese contexto, el texto identifica a Aziz Debbagh —actual presidente de Africa Global Logistics (AGL) Marruecos— como una pieza central de este dispositivo, responsable de tejer relaciones que desembocaron en la retirada o congelación del reconocimiento de la RASD por parte de varios Estados caribeños, algo que incluso fue celebrado públicamente por el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita.

Africa Intelligence describe a Debbagh como el auténtico “hombre del Caribe” de Rabat durante años, actuando como intermediario privilegiado ante los quince países miembros de la CARICOM: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Desde 2009, la mayoría de estos Estados ha dado marcha atrás —total o parcialmente— en su reconocimiento de la RASD, un hecho político relevante que coincide con el periodo de mayor actividad de estas redes de influencia.

El artículo remarca que este cambio de postura no se explica por una revisión del derecho internacional ni por una modificación del estatus del Sáhara Occidental. Por el contrario, fue el resultado de una política sostenida de presión y seducción. Algunos gobiernos caribeños llegaron incluso a abrir consulados en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, iniciativas carentes de valor jurídico, pero explotadas sistemáticamente por Marruecos como instrumentos de propaganda para aparentar un respaldo internacional a su ocupación.

La biografía de Aziz Debbagh permite entender el tipo de perfil elegido para este tipo de operaciones. Formado en comercio y marketing en la Manhattan University de Nueva York, ha desempeñado múltiples funciones: empresario del sector agroalimentario mediante su empresa Conagro, asesor económico, intermediario diplomático y, finalmente, directivo de una multinacional logística de primer nivel. La publicación destaca esta capacidad de moverse simultáneamente entre los ámbitos empresarial, político y diplomático como uno de sus principales activos.

El reportaje detalla asimismo sus relaciones directas con distintos ejecutivos caribeños. Debbagh llegó a asesorar a la misión de Santa Lucía ante Naciones Unidas en Nueva York con rango de embajador, y ejerció labores de representación y consultoría económica para otros países de la región, como Antigua y Barbuda o Granada. A este entramado se suma un componente familiar y consular: su hermano, Bachir Debbagh, ocupa el cargo de cónsul honorario de Santa Lucía en Marruecos y es, además, empresario inmobiliario en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más delicados señalados por Africa Intelligence es la relación de Debbagh con los programas de “ciudadanía por inversión” (Citizenship by Investment, CBI), gestionados por la empresa Ediacaran. Estos esquemas permiten a inversores extranjeros obtener pasaportes de países caribeños —algunos catalogados como paraísos fiscales— a cambio de aportaciones económicas. Aunque legales, han sido duramente cuestionados por su falta de transparencia y por el riesgo de entrelazar intereses financieros, decisiones soberanas y alineamientos diplomáticos. Gracias a la intermediación de Debbagh, Ediacaran fue recibida en 2024 por el ministro marroquí de Cultura y participó después en la Morocco Gaming Expo, ilustrando una vez más la interconexión entre negocios, acceso al poder político y proyección internacional.

El cuadro que se dibuja no corresponde a una diplomacia institucional clásica, sino a una diplomacia paralela basada en relaciones personales, incentivos económicos y circuitos informales, particularmente activa en regiones periféricas del sistema internacional. Mientras en espacios como Naciones Unidas, los tribunales internacionales o la Unión Africana el derecho internacional sigue siendo determinante, Marruecos ha optado en el Caribe por una estrategia discreta pero eficaz, orientada a erosionar uno de los pilares simbólicos de la causa saharaui: el reconocimiento estatal de la RASD.

El caso documentado confirma que la disputa diplomática sobre el Sáhara Occidental no se desarrolla únicamente en escenarios visibles como Nueva York, Bruselas o Addis Abeba. También se libra en ámbitos menos expuestos, donde la desigualdad de poder, la dependencia económica y la influencia personal permiten modificar posiciones políticas sin debate público ni base jurídica. Una táctica que no altera el estatus legal del territorio, pero que contribuye a normalizar la ocupación marroquí mediante apoyos construidos y hechos consumados.

Consultado por el rotativo francés, Aziz Debbagh rechazó responder a las preguntas de Africa Intelligence. Su silencio contrasta con la nitidez del patrón descrito: una ofensiva diplomática encubierta en el Caribe que ayuda a explicar cómo Marruecos ha conseguido, durante la última década y media, debilitar respaldos clave a la RASD sin obtener un solo triunfo en el terreno del derecho internacional.

Marruecos intensifica su actividad contra el Polisario, y aumenta las amenazas en los campamentos de refugiados saharauis

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Madrid (ECS).— Al inicio de un nuevo año marcado por profundas transformaciones geopolíticas y por la aceleración de conflictos y rivalidades por el control de los recursos en África, la política exterior de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) entra en 2026 bajo la exigencia —según analistas— de reordenar sus prioridades y ejecutar ajustes estratégicos inevitables.

En este escenario, Marruecos, en tanto que potencia ocupante del Sáhara Occidental, no actúa únicamente con una lógica reactiva, sino dentro de una estrategia amplia respaldada por potencias internacionales que buscan consolidar los cambios en curso sin considerar sus repercusiones sobre la seguridad regional, la economía y los equilibrios de poder. Estas dinámicas sitúan la ocupación del territorio saharaui en el centro de las decisiones diplomáticas de países como Israel, Estados Unidos y Francia, cuyos posicionamientos tienen un impacto directo sobre las contingencias del conflicto.

Sáhara Occidental | El papel del Frente POLISARIO en la lucha contra el terrorismo internacional

De acuerdo con especialistas en relaciones internacionales y seguridad estratégica, el Frente Polisario apostará durante este año por una diplomacia de múltiples frentes, que combina realismo geopolítico y pragmatismo político. El movimiento saharaui prevé impulsar alianzas profundas que superen los marcos tradicionales de apoyo político y se orienten hacia relaciones de interés mutuo que dificulten su reversión, con el objetivo de blindar el respaldo internacional al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia.

En paralelo, la RASD buscará fortalecer sus vínculos con países africanos y europeos, reforzar su presencia en foros multilaterales y mantener un equilibrio diplomático en América Latina y África, regiones donde el reconocimiento y la solidaridad histórica con la causa saharaui continúan desempeñando un papel relevante. Esta proyección internacional pretende fortalecer la autonomía estratégica del movimiento saharaui y mejorar su capacidad de posicionamiento en un contexto global marcado por crecientes presiones y disputas en torno al territorio.

De cara a 2026, los analistas coinciden en que el Polisario afronta un año decisivo en el que deberá conjugar acción diplomática, legitimidad jurídica y resiliencia política para consolidar avances en el terreno internacional y mantener viva la reivindicación del fin de la ocupación y la celebración de un referéndum de autodeterminación supervisado por la ONU que permita a los saharauis decidir su destino como territorio no autónomo.

Marruecos intensifica su actividad contra el Frente Polisario; ¿aumentará la tensión en los campamentos de refugiados saharauis?

Marruecos ha intensificado sus acciones hostiles contra el Frente POLISARIO en diversas áreas, desde la seguridad y lo militar hasta la diplomacia y la economía, con el objetivo de consolidar su control sobre el Sáhara Occidental y debilitar la legitimidad de la lucha del pueblo saharaui. Estas presiones externas se traducen, según expertos, en riesgos internos crecientes dentro de los campamentos de refugiados saharauis.

En el plano militar y de seguridad, Rabat ha reforzado su vigilancia mediante drones, tecnología avanzada de observación y la ampliación del muro defensivo, con el fin de neutralizar los movimientos del Ejército Saharaui y prevenir la expansión del conflicto hacia zonas estratégicas del llamado “triángulo útil”. Paralelamente, se ha intensificado el reclutamiento de supuestos agentes, periodistas e influencers, así como la presión sobre organizaciones saharauis en el extranjero.

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La presión sobre Mauritania también es notable, con un posicionamiento equilibrado, y ante la debilidad del Polisario, tiende a alinearse con Marruecos sin irritar, pasmosamente, ni a Argelia ni a los saharauis.

En el ámbito diplomático, Marruecos busca ampliar el reconocimiento internacional de su propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí para aislar al Frente Polisario, reduciendo la capacidad de sus aliados en África y América del Sur de apoyarlo política y financieramente. Además, Rabat intenta obsesivamente vincular al Polisario con el terrorismo o con Irán, estrategia que se ha intensificado frente a la administración estadounidense.

En lo económico y administrativo, Marruecos profundizará su control sobre los recursos e infraestructuras del Sáhara Occidental, impulsando proyectos de inversión, exportaciones agrícolas y pesqueras, buscando integrar económicamente la región aunque con resultados todavía limitados.

Consecuencias internas en los campamentos de refugiados saharauis

Un alto mando de seguridad saharauis advierte, en declaraciones a este medio, que cada escalada externa genera efectos internos significativos. Entre los riesgos destacan: deterioro humanitario y escasez de recursos; fractura política interna y aparición de organizaciones alternativas que debilitan la legitimidad del Polisario; así como el aumento de redes de contrabando y economía sumergida, que pueden financiar actividades ilícitas y generar inestabilidad social.

Se estima también un alto riesgo de escalada militar prolongada, deterioro grave de la situación humanitaria por reducción de la ayuda internacional, divisiones internas dentro del Polisario y posibles operaciones terroristas en los alrededores de los campamentos.

Para la diplomacia saharaui, hay dos posibles escenarios:

El positivo: Una mejora en las relaciones de España con actores clave internacionales debilitaría la narrativa marroquí, daría visibilidad a la situación de los refugiados saharauis y podría impulsar iniciativas humanitarias y negociaciones supervisadas por la ONU. El negativo: El aumento de la militarización marroquí y el apoyo de aliados clave intensificaría el conflicto armado, reduciendo los márgenes de diálogo y agravando la crisis social y económica en Marruecos.

El conflicto ya no se limita a la confrontación militar directa, sino que se ha convertido en una compleja red de presiones diplomáticas, económicas y de seguridad, cuyas repercusiones internas afectan gravemente a los campamentos de refugiados saharauis. La resolución del conflicto dependerá de la capacidad de las partes para gestionar estas amenazas y alcanzar una solución política integral que garantice los derechos del pueblo saharaui sobre su territorio.

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La estrategia de la «DIPLOMAFIA» marroquí: menos diplomacia y más mafia cuando se trata del Sáhara Occidental

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✍️ Ahmed Omar

El caso de «Morocco Gate» ha puesto en el centro de atención las prácticas turbias y corruptas de Marruecos para legitimar su ocupación del Sáhara Occidental. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es solo un fragmento de una estrategia mucho más amplia y bien orquestada. Marruecos no solo corrompe a políticos europeos, sino que también espía y chantajea a líderes mundiales. Esta no es diplomacia en su forma tradicional, es una operación que se asemeja más a una organización mafiosa que a un Estado actuando dentro del marco legal internacional.

Las Revelaciones de Chris ColemanEl preludio del escándalo Pegasus

Mucho antes de que el software espía Pegasus saliera a la luz, las revelaciones del hacker Chris Coleman, a mediados de la década pasada, ya habían expuesto la sucia estrategia de Marruecos. Coleman filtró cientos de documentos internos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, demostrando cómo el gobierno marroquí manipulaba a funcionarios de las Naciones Unidas, políticos y diplomáticos de todo el mundo.

Los documentos revelaron una estrategia central basada en sobornos y chantajes. Marruecos no se detenía ante nada para asegurarse de que los actores clave internacionales apoyaran sus reclamaciones sobre el Sáhara Occidental. Se documentaron pagos a funcionarios de alto nivel en las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, así como intentos de coaccionar a estos individuos para que inclinaran la balanza a favor de Marruecos en sus decisiones y declaraciones públicas. Las revelaciones de Coleman fueron una demostración brutal de cómo Marruecos utiliza el dinero y el miedo para moldear la política internacional según sus intereses, mientras el mundo hacía la vista gorda.

Espionaje Generalizado: El Caso Pegasus

Si bien las filtraciones de Coleman fueron un golpe contundente a la imagen de Marruecos, el uso del software espía Pegasus amplió aún más la magnitud de su operación de vigilancia. A través de este programa, Marruecos, de la mano de Israel, fue capaz de espiar a líderes de primer nivel, incluidos Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, dos figuras clave en la política europea que han mostrado inclinación por la postura marroquí en relación con el Sáhara Occidental. Ambos fueron vigilados por el gobierno marroquí, lo que plantea serias dudas sobre si sus decisiones han sido influenciadas por la posibilidad de chantaje.

Además, Marruecos no se limitó a espiar solo a estos jefes de estado. Activistas, periodistas, y defensores de derechos humanos han sido también blanco de esta vigilancia. Al utilizar Pegasus para rastrear y controlar a figuras clave en la narrativa del Sáhara Occidental, Marruecos busca silenciar y desestabilizar cualquier oposición a su ocupación. Este es un nivel de control digno de un Estado mafioso, no de una nación que busca resolver un conflicto por medios legítimos.

Falsas diplomacias: La farsa de los consulados

Otra pieza central en las tácticas de la diplomafia marroquí es la apertura de «consulados» en ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, como El Aaiún y Dajla. A primera vista, estos consulares parecen ser representaciones diplomáticas «legítimas«, pero en realidad, son una farsa diseñada para dar la impresión de reconocimiento internacional. En la mayoría de los casos, estos consulados no tienen ningún sentido práctico.

Tomemos, por ejemplo, la apertura de consulados por parte de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). ¿Tienen estos países alguna diáspora en el Sáhara Occidental? Rotundamente no. ¿Tienen intereses económicos o estratégicos en la región? Tampoco. ¿Tienen siquiera los medios para mantener un consulado allí? Nuevamente, la respuesta es no. Todo esto es parte de un juego sucio en el que Marruecos paga por los viajes, el alojamiento y, en muchos casos, sobornos para los diplomáticos, simplemente para mantener la ilusión de un respaldo internacional. Los edificios de estos consulados son propiedades privadas alquiladas por Marruecos, y su existencia es puramente simbólica.

Una estrategia mafiosa en lugar de diplomacia

En conjunto, lo que vemos es una estrategia que se aleja de cualquier noción de diplomacia legítima. Marruecos está utilizando todos los medios a su disposición para comprar, coaccionar y corromper a líderes mundiales, políticos, y diplomáticos. Al combinar espionaje con sobornos y chantajes, Marruecos ha creado una red de influencia que intenta, de manera mafiosa, fabricar un reconocimiento de su ocupación ilegal del Sáhara Occidental.

Esta red no solo afecta a Europa. Marruecos ha extendido sus tentáculos de corrupción y espionaje a todos los continentes desde África a América Latina, Asia y hasta Australia y Nueva Zelandia, en un intento desesperado de consolidar una ocupación que va en contra de los principios más básicos del derecho internacional y de los derechos de los pueblos a la autodeterminación. Lo que Rabat está llevando a cabo no es diplomacia. Es una estrategia criminal a gran escala que socava la integridad de las instituciones internacionales.

El mundo debe reaccionar

Es imperativo que la comunidad internacional despierte ante esta realidad. Marruecos ha convertido la diplomacia en un juego de mafia, y su ocupación del Sáhara Occidental se mantiene gracias a estas tácticas inmorales y corruptas. No se puede permitir que un régimen que opera como una organización criminal decida el destino de un pueblo oprimido.

El futuro del Sáhara Occidental no debe quedar en manos de aquellos que compran y manipulan a las élites globales. Es hora de que el mundo exija justicia, transparencia y respeto por el derecho internacional. Y, sobre todo, es momento de que el pueblo saharaui reciba el apoyo que merece en su legítima lucha por la autodeterminación.

Marruecos ante el cambio: el heredero Moulay Hassan y el ocaso del reinado de Mohamed VI

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Madrid (ECS).— Marruecos atraviesa ya una etapa que muchos interpretan como final de reinado, aunque Mohamed VI, de 62 años, no esté gravemente enfermo. Su prolongada ausencia de la vida pública —viajes, convalecencias y largas estancias en el extranjero— ha reforzado la percepción de un monarca distante. En este contexto, su hijo Moulay Hassan, de 22 años, aparece como heredero natural, pese a que todavía ha asumido pocas funciones institucionales y mantiene un perfil discreto.

La estabilidad del país, sostenida por la monarquía en lo político y religioso, contrasta con las profundas desigualdades sociales y con una represión que ha aumentado en los últimos años, especialmente contra movimientos juveniles y disidencias. Aunque las críticas hacia el rey rara vez se expresan abiertamente, la maquinaria de seguridad sigue actuando con firmeza y el sistema no avanza hacia una auténtica monarquía parlamentaria, según explicó Ignacio Cembrero en un análisis publicado recientemente en el Confidencial.

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En paralelo, el entorno cercano del monarca ha cambiado. Viejas amistades influyentes han quedado relegadas y nuevos acompañantes discretos se han convertido en figuras de confianza. Sin embargo, el poder real continúa muy concentrado en un pequeño círculo, donde destacan colaboradores como Fouad Ali El Himma y altos responsables de seguridad, como Abdellatif Hammouchi y Yassine Mansouri, pese a recientes tensiones y conflictos internos en los servicios secretos.

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En el exterior, Rabat ha cosechado importantes victorias diplomáticas, especialmente en torno al Sáhara Occidental, donde el plan marroquí de autonomía ha recibido apoyos internacionales decisivos, incluidos Estados Unidos, Francia e Israel. No obstante, el conflicto sigue abierto y las fricciones con Argelia continúan, tanto en el Sáhara Occidental como en el Sahel, donde Marruecos trata de ampliar su influencia.

La relación con España se desarrolla en un marco de presión estratégica y negociación desigual, con episodios de utilización de la migración como herramienta política y con un clima que algunos analistas describen como “guerra híbrida”. Mientras tanto, la cooperación bilateral convive con recelos en ámbitos de seguridad y defensa.

Cuando el relevo se produzca, Moulay Hassan heredará un país sólido institucionalmente, pero con retos profundos: una economía en crecimiento desigual, una elevada voluntad de emigración entre los jóvenes y una dualidad entre grandes infraestructuras modernas y amplias zonas empobrecidas. Frente a una fortuna real en expansión, la pobreza persistente aparece como el mayor desafío para el futuro monarca, cuya tarea principal será acercar el nivel de vida del país al de sus vecinos y evitar que Marruecos siga avanzando a dos velocidades.

Bruselas da su visto bueno para un nuevo acuerdo pesquero con Rabat, pese al contencioso del Sáhara Occidental

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Bruselas (ECS).— Los embajadores de los Estados miembros ante la Unión Europea dieron luz verde este miércoles a la Comisión Europea para iniciar nuevas negociaciones con Marruecos con vistas a un acuerdo de pesca, en un intento de salir del bloqueo jurídico y político provocado por la anulación del anterior acuerdo por la justicia europea.

En 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) invalidó los acuerdos agrícola y pesquero entre la UE y Marruecos al considerar que vulneraban el derecho al consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización según el derecho internacional. La sentencia confirmó que Marruecos no tiene soberanía ni mandato legal sobre el territorio saharaui ni sobre sus recursos naturales.

Tras este revés judicial, la Comisión Europea optó a finales de 2025 por revisar el acuerdo agrícola para tratar de ajustarlo al fallo del Tribunal. En el ámbito pesquero, sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha elegido una vía más drástica: solicitar un mandato para negociar un acuerdo completamente nuevo con Rabat, pese a que el núcleo del problema —la explotación de los recursos del Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo— sigue sin resolverse.

Los Veintisiete autorizaron así a la Comisión a entablar conversaciones tanto sobre un acuerdo marco de asociación para una pesca supuestamente sostenible como sobre un protocolo de aplicación que permitiría el acceso de buques europeos a las denominadas “aguas marroquíes”. El anterior protocolo expiró en 2023, lo que supuso la paralización total de la flota europea en estas zonas.

Antes de su expiración, la dependencia de la UE de estas aguas era especialmente elevada. Según un informe europeo, más del 90% de las capturas realizadas en el marco del acuerdo anulado procedían de las aguas del Sáhara Occidental, un dato que reforzó los recursos judiciales impulsados en defensa de los derechos del pueblo saharaui y que acabaron llevando a la anulación del acuerdo.

Desde el sector pesquero europeo, el anuncio ha sido recibido con expectación. Europêche, principal lobby de los armadores europeos, ha reclamado una reanudación rápida del diálogo con Rabat para poner fin al actual bloqueo. La organización sostiene que un nuevo acuerdo es clave en un contexto de reducción de alternativas, debido tanto a las crecientes restricciones en aguas europeas como a prácticas pesqueras consideradas insostenibles en varios países terceros.

Sin embargo, organizaciones saharauis y defensores del derecho internacional recuerdan que cualquier nuevo acuerdo que incluya las aguas del Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso de su pueblo y de su representante legítimo, el Frente Polisario, volvería a vulnerar el derecho internacional y estaría abocado a nuevos recursos ante la justicia europea.

Sáhara Occidental | Mohamed Bani, 15 años en prisión y cadena perpetua con confesiones bajo tortura

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Alfonso Lafarga.-  Contramutis

Lleva más de quince años en cárceles marroquís y está condenado a cadena perpetua. El saharaui Mohamed Bani, de 56 años, es una de las víctimas de la represión del régimen marroquí tras el desmantelamiento, en noviembre de 2010, del campamento de protesta pacífica de Gdeim Izik, recuerda la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos saharauis (AFAPREDESA).

Gdeim Izik simboliza, según la ONG de Derechos Humanos, la resistencia saharaui contra la discriminación y la ocupación de su tierra por Marruecos, que invadió el territorio tras el abandono-entrega de España a finales de 1975.

A 12 kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, se reunieron más de 20.000 personas en lo que se conoció como Campamento de la Dignidad y que el filósofo norteamericano Noam Chomsky consideró precursor de la Primavera Árabe. Su violento desmantelamiento por las fuerzas marroquíes el 8 de noviembre de 2010 “provocó enfrentamientos, la detención de cientos de personas y la muerte de varios saharauis”, indica la Asociación.

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Mohamed Bani, casado y padre de cinco hijos, llevó una vida familiar en El Aaiún, ciudad marcada por un prolongado conflicto y un clima de represión; Dice la ONG que fue uno de los pocos saharauis que consiguió un empleo estable, a pesar de la discriminación sistemática del ocupante marroquí. Detenido ese 8 de noviembre, fue torturado y recluido en secreto en la sede de la Gendarmería Real antes de ser trasladado a Rabat para ser juzgado por un tribunal militar.

AFAPREDESA afirma que el caso de Mohamed Bani “constituye uno de los ejemplos más graves y prolongados de la represión de Marruecos contra la población saharaui en el Sáhara Occidental ocupado”.

La organización indica que su detención se produjo en un contexto de “estado de sitio no declarado, marcado por detenciones masivas, torturas y desapariciones temporales”. Fue juzgado inicialmente por un tribunal militar, pese a su condición de civil y a que los hechos se produjeron en un territorio pendiente de descolonización, lo que vulnera “el derecho internacional humanitario y los Derechos Humanos”, puntualiza la ONG saharaui..

La condena dictada en 2013 por la jurisdicción militar fue posteriormente confirmada en 2017 por tribunales civiles marroquíes sin corregir las irregularidades de fondo. Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional concluyeron que los juicios se basaron esencialmente en confesiones obtenidas bajo tortura, en violación del artículo 15 de la Convención contra la Tortura, y denunciaron la ausencia de pruebas materiales sólidas: “fueron procesos judiciales ampliamente cuestionados por su ilegalidad y falta de garantías”.

En un dictamen, el Comité de NNUU contra la Tortura reconoce queMohamed Bani fue víctima de tortura, malos tratos y confesiones arrancadas bajo coacción durante su detención y juicio en Marruecos. Concluye que el proceso judicial careció de las más elementales garantías y que Marruecos violó flagrantemente la Convención contra la Tortura, en vigor desde 1993.

El Comité recordó que la prohibición de la tortura es absoluta y que ningún Estado puede ampararse en circunstancias excepcionales para justificarla. Y en consecuencia, exigió a Marruecos la liberación inmediata de Mohamed Bani, la garantía de su acceso a atención médica y psicológica adecuada, y la apertura de investigaciones serias para juzgar a los responsables de estas violaciones.

La decisión, que fue adoptada durante el 79º período de sesiones del Comité contra la Tortura, también instó al régimen marroquí a reformar su marco legal y judicial para impedir que vuelvan a utilizarse confesiones obtenidas bajo tortura en procedimientos judiciales.

AFAPREDESA denuncia que pese a las decisiones claras del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y del Comité contra la Tortura, que declararon ilegal la detención, Mohamed Bani continúa encarcelado en 2026, en la prisión de Aït Melloul 2, a más de 750 kilómetros de su lugar de origen y de su familia, en contravención de la Cuarta Convención de Ginebra.

AFAPREDESA ha recogido “denuncias persistentes de negligencia médica deliberada, aislamiento, discriminación racial y represalias contra los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik, prácticas que han motivado reiteradas huelgas de hambre como forma de protesta”.

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos saharauis resalta que el caso de Mohamed Bani, “lejos de ser excepcional, simboliza la persistencia de una política de castigo y disuasión contra quienes defienden pacíficamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”, un territorio cuya ocupación fue calificada ya en 1979 como ilegal por la Asamblea General de la ONU.

Lo sitúa en un marco más amplio de violaciones cometidas durante y después del asalto a Gdeim Izik. Entre ellas figuran la muerte del joven saharaui con nacionalidad española Baby Hamadi Buyema, enterrado sin el consentimiento de su familia, y el asesinato del menor Najem El Garhi ould Feydel Souidi, abatido por el ejército marroquí cuando se dirigía al campamento.

Estos hechos fueron denunciados ante instancias internacionales y la Audiencia Nacional española, “que en una resolución histórica reafirmó la responsabilidad de España como potencia administrante del Sáhara Occidental”, concluye AFAPREDESA.

Marruecos modifica la estructura demográfica y económica del Sáhara Occidental ocupado

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Contramutis.-

Marruecos realiza prácticas para modificar la estructura demográfica y económica de los territorios del Sáhara Occidental que invadió a finales de 1975 con el consentimiento de España, que no procedió a su descolonización como estableció la ONU.

Para ello, el ocupante marroquí fomenta el asentamiento de colonos y facilita su control sobre la tierra y los recursos, a costa del desplazamiento de los saharauis y del despojo de sus derechos y de sus medios de subsistencia, según ha denunciado la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Marruecos (ASVDH).

En un comunicado, la ASVDH condena la política de Marruecos en la parte ocupada del Sáhara Occidental, “basada en la confiscación de tierras saharauis y en la privación del pueblo saharaui de sus derechos históricos y legales sobre ellas, en flagrante violación de los Derechos Humanos y del derecho internacional”.

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La ASVDH denuncia que la ocupación marroquí “recurre al despojo de los legítimos propietarios saharauis de sus tierras y recursos en el marco de una realidad de ocupación impuesta sobre los territorios ocupados, basada en una lógica colonial que somete la tierra a procedimientos administrativos y jurídicos impuestos por la fuerza, utilizados para excluir a la población autóctona y permitir que sus empresas y los colonos introducidos en el territorio ocupado se apropien de tierras que no les pertenecen”.

La asociación señala que “esta política sistemática se ha convertido en un instrumento de expolio y de legitimación de la apropiación, mediante la ignorancia deliberada del derecho y de las normas internacionales, y la imposición de leyes y procedimientos administrativos carentes de toda legitimidad jurídica o internacional, en clara violación del derecho de propiedad, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”.

La ASVDH considera que estas prácticas tienen como objetivo “modificar la estructura demográfica y económica del territorio ocupado, fomentando el asentamiento de colonos y facilitando su control sobre la tierra y los recursos, a costa del desplazamiento de los saharauis y del despojo de sus derechos y de sus medios de subsistencia”, lo que constituye “una grave vulneración de los derechos de la población indígena y del derecho inalienable del pueblo saharaui a su tierra, a sus recursos, a la autodeterminación y a la libertad”.

La organización hace un llamamiento a los organismos internacionales y a los mecanismos de las Naciones Unidas competentes en materia de Derechos Humanos para que intervengan de manera urgente y pongan fin a la política de confiscación de tierras saharauis en el Sáhara Occidental.

Insiste en que la imposición de una “política de hechos consumados mediante leyes politizadas o procedimientos administrativos” no modificará el estatuto jurídico del territorio ni la legitimidad de la causa saharaui, subrayando que la tierra “seguirá siendo el núcleo del conflicto y una de las manifestaciones más evidentes de las violaciones continuadas contra el pueblo saharaui”.

Marruecos impide el acceso al Sáhara Occidental a una diputada canaria y a un consejero del Cabildo de Gran Canaria

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Alfonso Lafarga.- Contramutis

Las autoridades de ocupación marroquíes han impedido entrar en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, a una delegación institucional y política procedente de Canarias que iba realizar una misión de observación de la situación de los Derechos Humanos del pueblo saharaui.

La delegación la componían la diputada de Podemos en el Congreso Noemí Santana Perera, el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, CarmeloRamírez, y el secretario de Comunicación de Podemos Canarias, Fernando Ruiz Pérez.

Un agente de seguridad marroquí se colocó en la entrada del avión e impidió a la delegación descender, a pesar de la protesta de Carmelo Ramírez, presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (FEDISSAH), que dijo al agente que no podía estar allí por tratarse de suelo español, como ya había manifestado el comandante de la compañía aérea.

Según han denunciado los propios afectados, el agente de seguridad marroquí, que dijo que los viajeros eran personas no gratas, bloqueó su desembarco, obligándoles a regresar e impidiendo los objetivos de la visita: mantener encuentros con activistas saharauis, conocer de primera mano y documentar la situación de los Derechos Humanos en los territorios del Sáhara Occidental que ocupa Marruecos desde finales de 1975 tras ser abandonados y entregados por España

Carmelo Ramírez calificó la actuación de las autoridades marroquíes como “ilegal” y denunció que Marruecos “no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, que ocupa por la fuerza. En declaraciones realizadas en el propio avión, Ramírez señaló que impedir la entrada a observadores internacionales evidencia el carácter represivo del control marroquí sobre el territorio y se preguntó cómo trata Marruecos a la población saharaui si actúa de ese modo con representantes públicos extranjeros.

En un comunicado conjunto, la delegación canaria calificó la expulsión como “un acto inaceptable de represión y de bloqueo a la labor pacífica de observación”, denunciando que Marruecos mantiene en los territorios ocupados “un régimen de impunidad” marcado por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, juicios sin garantías y la persecución sistemática de activistas y defensores de derechos humanos saharauis. A su juicio, el veto a esta misión responde a una estrategia deliberada para silenciar a la población saharaui y ocultar la represión que se ejerce sobre ella.

No es un hecho aislado

Desde Canarias, las organizaciones y fuerzas políticas implicadas han condenado enérgicamente la expulsión y han recordado que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada por parte de Marruecos para impedir el acceso de delegaciones, observadores y organizaciones solidarias al Sáhara Occidental. Subrayan que este tipo de actuaciones ponen de manifiesto la gravedad de la situación sobre el terreno y la vulneración continuada de los derechos más fundamentales del pueblo saharaui.

Podemos Canarias ha denunciado, además, que esta actuación se enmarca en la ocupación ilegal y el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, señalando también la responsabilidad política de las alianzas internacionales que permiten a Marruecos mantener el control del territorio sin supervisión efectiva. La formación recuerda que Naciones Unidas reconoce al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui y que el derecho a la autodeterminación sigue pendiente de materializarse a través de un referéndum bloqueado desde hace décadas.

Tanto Carmelo Ramírez como Noemí Santana han reafirmado su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, la solidaridad con el pueblo saharaui y su derecho inalienable a la autodeterminación, reconocido por el Derecho Internacional. Asimismo, han exigido el fin de la ocupación del Sáhara Occidental, la liberación inmediata de los presos políticos saharauis y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que amparan una solución justa y conforme a la legalidad internacional.

Marruecos no quiere  testigos

Impedir la presencia de testigos de lo que ocurre en la excolonia española ocupada es una constante del régimen marroquí, que no permite la entrada o expulsa a políticos, periodistas, abogados e integrantes de ONG de Derechos Humanos para que no conozcan de primera mano la represión sufre y  denuncia la población saharaui.

Según la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS) y la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos de África (AFASPA), Marruecos ha expulsado desde 2014 del Sáhara Occidental ocupado a 329 observadores internacionales, entre ellos parlamentarios, defensores de los Derechos Humanos y periodistas, procedentes de 21 países.

Durante 2025, las autoridades de ocupación expulsaron a 27 observadores internacionales, entre integrantes de parlamentos, integrantes de organizaciones de defensa de los DDHH y periodistas procedentes de España, 20 al menos, Estados Unidos y Portugal, en el marco del bloqueo impuesto a las Zonas Ocupadas del Sahara Occidental.

En los últimos años, Marruecos ha expulsado o prohibido la entrada en las zonas ocupadas a siete ONG internacionales de DDHH, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Nonviolence, Novact o la Fundación Carter, con el fin de impedirles constatar las graves violaciones de los DDHH cometidos contra el pueblo saharaui y el saqueo de los recursos naturales, afirman la LPPS y AFASPA, que señalan que el régimen marroquí prohibió por noveno año consecutivo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el acceso a los territorios saharauis ocupados.

La actuación de las autoridades marroquís  no es reprobada por el Gobierno de España, ni por su presidente, Pedro Sánchez, ni por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se mantienen en silencio, como en todo lo referente al Sáhara Occidental, a pesar de que España sigue siendo la potencia administradora  “de iure” del territorio de la que fue su provincia número 53.

El Sáhara Occidental ante la traición del derecho: entre la ocupación, el silencio y la manipulación diplomática

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Por Ana Stella


Cincuenta años después del inicio de su tragedia moderna, el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio secuestrado entre el cálculo político, la hipocresía internacional y la inercia colonial. Lo que debía resolverse mediante un referéndum de autodeterminación se ha transformado en un proceso de absorción de facto por parte de Marruecos, sostenido por alianzas militares, intereses económicos y la pasividad de quienes un día se comprometieron a garantizar la descolonización.

Militarización del territorio ocupado

  El desierto saharaui se ha convertido en un laboratorio de guerra. Marruecos ha desplegado en los territorios ocupados nuevas armas de fabricación extranjera, entre ellas drones kamikaze de tecnología israelí, ensayados sobre suelo saharaui. La ocupación no se limita ya al control policial o administrativo: se ha militarizado cada kilómetro de arena.

  Esta estrategia persigue tres objetivos: consolidar la soberanía de facto, disuadir al Frente Polisario y proyectar poder regional. La militarización del Sáhara Occidental convierte un territorio pendiente de autodeterminación en un campo de pruebas donde se entierra, con cada explosión, la promesa de un referéndum libre.

Paz regional sin justicia

  En paralelo, se habla de un inminente acuerdo de paz entre Marruecos y Argelia, anunciado bajo el pretexto de estabilizar el Magreb. Sin embargo, esa “paz” corre el riesgo de ser una paz sin justicia. Si se construye al margen del pueblo saharaui, no será más que una tregua entre potencias que consolidará el statu quo de la ocupación.

  Argelia, históricamente defensora del derecho de autodeterminación, podría verse empujada a aceptar un pacto que debilite su posición tradicional. Estados Unidos y otras potencias impulsan esa reconciliación con fines geoestratégicos: aislar al movimiento saharaui y rifeño, reforzar los corredores energéticos y garantizar estabilidad artificial a cambio de silencio.

  La historia demuestra que toda paz impuesta sin reparación acaba convertida en preludio de nuevos conflictos.

La diplomacia del borrado

  En el seno de la ONU se gesta un intento de reformular la cuestión del Sáhara Occidental. El nuevo borrador del proyecto de resolución del Consejo de Seguridad pretende reducir el mandato de la MINURSO y redefinir el conflicto como una “disputa regional” en lugar de un proceso de descolonización. En esa reconfiguración semántica se esconde la trampa: al eliminar la palabra “autodeterminación”, se elimina también al sujeto político saharaui.

  El plan de autonomía marroquí, promovido con insistencia, se presenta como solución “realista”. En realidad, equivale a legalizar la ocupación, anulando el derecho a decidir que consagra la Carta de las Naciones Unidas. Se quiere cerrar el expediente sin escuchar a los colonizados.

  La diplomacia contemporánea se ha vuelto el arte de borrar con elegancia lo que no conviene.

España y el silencio cómplice

España, potencia administradora, asiste al drama con la serenidad del que prefiere no mirar. El gobierno evita cualquier mención directa al Sáhara Occidental, incluso cuando se le pregunta por su responsabilidad histórica. En la esfera mediática, los territorios ocupados aparecen en mapas, reportajes o programas turísticos como parte integral de Marruecos.

  No se trata de un error cartográfico, sino de una operación política: borrar el conflicto de la conciencia colectiva española. Esa omisión, más que neutralidad, es complicidad. Un país que abandonó su responsabilidad en 1975 no puede pretender hoy que el asunto no le incumbe.

Marruecos y la diplomacia del poder

El reino alauí ha perfeccionado una política de influencia sostenida en tres pilares:

1. Militarización tecnológica, apoyada por socios israelíes y norteamericanos.

2. Legitimación diplomática, a través de acuerdos bilaterales que sustituyen el derecho por el pragmatismo.

3. Control informativo, orientado a presentar la ocupación como “integración territorial”.

  El resultado es una ocupación moderna, disfrazada de progreso y cooperación, respaldada por la complacencia de Occidente. Marruecos ya no necesita justificar su presencia en el Sáhara: la normaliza mediante hechos consumados y un relato cuidadosamente diseñado.

Rusia, equilibrio y límites

  Mientras tanto, Rusia mantiene una postura ambigua pero coherente con la legalidad internacional: reconoce las resoluciones de la ONU y el principio de autodeterminación, pero evita confrontar abiertamente a Rabat. Moscú se sitúa en una posición de equilibrio, ofreciendo respaldo diplomático al proceso onusiano y oponiéndose a soluciones unilaterales. Su actitud contrasta con la de las potencias occidentales, que privilegian la estabilidad aparente sobre la justicia real.

Los saharauis: resistencia y memoria

  Entre la propaganda y el silencio, el pueblo saharaui sigue existiendo. En los campamentos de refugiados, en la diáspora, en las ciudades ocupadas. Cada aniversario de la Unidad Nacional recuerda que la identidad saharaui no se borra con mapas ni con tratados. Medio siglo de resistencia ha demostrado que ningún muro puede encerrar una causa justa.

  Su lucha no es solo política, sino moral: la de un pueblo que exige el cumplimiento de una promesa que la comunidad internacional firmó y después traicionó.

  El Sáhara Occidental es hoy un espejo de la degradación del orden internacional. Se habla de paz mientras se entierra el derecho; se invoca la estabilidad mientras se legitima la injusticia. Marruecos ha logrado imponer una ocupación sofisticada, amparada por los intereses de las grandes potencias y por el silencio de España.

  Pero los principios no prescriben. Ninguna ocupación, por moderna que sea, puede borrar la evidencia de un pueblo que no ha sido consultado sobre su destino. La justicia internacional no se mide por la fuerza de los tratados, sino por la fidelidad a los compromisos fundacionales: soberanía, autodeterminación y dignidad.

  Mientras esos valores sigan pendientes, el conflicto del Sáhara Occidental no habrá terminado.