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La estructura del espionaje marroquí y su alcance sobre políticos, periodistas y activistas de DD.HH

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Madrid, 30 jul (ECS).- Una investigación periodística internacional coordinada por Forbidden Stories, con la participación de El Confidencial y otros 14 medios de comunicación, revela nuevos detalles sobre el funcionamiento del aparato de inteligencia marroquí y señala el presunto uso de herramientas de espionaje digital contra miles de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y personalidades internacionales.

Ceuta, Marruecos y el problema estructural que el gobierno de España se niega a afrontar

El trabajo, integrado en el proyecto Pegasus Project, se apoya en testimonios de antiguos miembros de los servicios secretos marroquíes, documentos oficiales, filtraciones, análisis técnicos y verificaciones realizadas por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional. La investigación sitúa a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el poderoso servicio secreto interior de Marruecos, como una pieza central de un sistema de vigilancia que combina métodos tradicionales con tecnología avanzada.

Según la investigación publicada por El Confidencial, la estructura de espionaje marroquí estaría dirigida desde los niveles más altos del Estado y vinculada al entorno del Palacio Real de Rabat. Entre las figuras señaladas aparecen Fouad Ali El Himma, consejero real y una de las personas más cercanas al rey Mohamed VI, y Abdellatif Hammouchi, director de la DGST, considerado uno de los hombres fuertes del aparato de seguridad marroquí.

La investigación también menciona la participación de Yassine Mansouri, responsable de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí, y del ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, dentro de la estrategia política y diplomática del reino.

Argelia, el Sáhara Occidental y la autonomía estratégica de España

La crisis de Ceuta y el espionaje a dirigentes españoles

Uno de los episodios centrales del reportaje se sitúa en la crisis diplomática entre España y Marruecos de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas entraron irregularmente en Ceuta después de que Marruecos abriera su frontera con la ciudad autónoma.

El desencadenante oficial fue la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien fue tratado en un hospital de Logroño tras enfermar de covid. Sin embargo, según documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analizados por la investigación, Rabat habría interpretado aquella situación como una oportunidad para presionar a España en relación con la soberanía del Sáhara Occidental.

La investigación sostiene que la estrategia marroquí habría sido coordinada por el entorno de El Himma y Hammouchi, con el objetivo de lograr un cambio de posición del Gobierno español sobre el conflicto del Sáhara.

En ese contexto, el reportaje de El Confidencial afirma que los teléfonos del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de varios ministros de su Ejecutivo —incluidos responsables de Exteriores, Interior y Defensa— fueron objeto de ataques con el programa espía Pegasus.

Según la investigación, el teléfono de Sánchez habría sufrido dos infecciones, una en 2020 y otra en mayo de 2021, tras la crisis de Ceuta. En una de ellas se habrían extraído gigabytes de información del dispositivo. Posteriormente, en marzo de 2022, el Gobierno español modificó su posición histórica sobre el Sáhara Occidental mediante una carta de Sánchez al rey Mohamed VI en la que apoyaba la propuesta marroquí de autonomía para el territorio.

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La DGST, el centro operativo del espionaje

La investigación describe a la DGST como el núcleo operativo desde el que se ejecutarían campañas de vigilancia contra objetivos considerados una amenaza para la estabilidad del régimen.

Según antiguos miembros de los servicios secretos citados por el reportaje, la misión principal del organismo es proteger la continuidad de la monarquía y controlar cualquier movimiento político, social o mediático que pueda cuestionar al Estado.

Las fuentes consultadas describen una combinación de técnicas tradicionales —seguimientos, infiltración de redes personales, escuchas telefónicas e informadores locales conocidos como moqadem— con herramientas tecnológicas capaces de acceder a teléfonos móviles y comunicaciones privadas.

El reportaje señala que la vigilancia no se habría limitado a territorio marroquí y que también habría alcanzado a personas relacionadas con el Sáhara Occidental, activistas rifeños, periodistas críticos y miembros de organizaciones internacionales.

Entre los objetivos mencionados aparecen también integrantes de la MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, cuya actividad sería objeto de seguimiento mediante sistemas de vigilancia instalados en lugares estratégicos, según las fuentes citadas por la investigación.

La investigación explica que Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, habría sido utilizado como una herramienta reservada para operaciones consideradas prioritarias.

Según testimonios recogidos por el consorcio periodístico, los servicios marroquíes habrían recurrido primero a métodos convencionales y posteriormente al software israelí cuando otras técnicas no permitían obtener la información buscada.

El programa permite, según las investigaciones técnicas previas sobre Pegasus, acceder a mensajes, fotografías, documentos, llamadas, ubicación, micrófono y cámara del dispositivo infectado.

El reportaje sostiene que Marruecos no habría adquirido directamente Pegasus de NSO Group, sino mediante intermediarios como la empresa emiratí FSSYS Al Fahad y su filial marroquí FSSYS Maroc, que habrían facilitado la relación comercial y técnica.

También menciona el papel de la compañía de telecomunicaciones Maroc Telecom, señalada por las fuentes consultadas por su presunta colaboración en determinados procesos de interceptación. La empresa no respondió a las preguntas planteadas por la investigación.

Periodistas, activistas y defensores de derechos humanos entre los objetivos

La investigación recuerda que Marruecos ya había aparecido en 2021 en las revelaciones iniciales del Pegasus Project, cuando Forbidden Stories y Amnistía Internacional identificaron miles de números potencialmente seleccionados para vigilancia.

Entre los casos analizados destaca el del periodista marroquí Omar Radi, uno de los principales críticos del Gobierno de Rabat. Según la investigación, Radi habría sido sometido durante años a vigilancia física, escuchas, seguimiento de su entorno y espionaje digital.

Amnistía Internacional confirmó en 2020 la presencia de Pegasus en su teléfono. Posteriormente, Radi fue detenido y condenado en 2021 a seis años de prisión por delitos de violación y espionaje, una sentencia denunciada por organizaciones como Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras por considerar que el proceso no contó con garantías suficientes.

Otro de los nombres citados es el del historiador y activista Maati Monjib, defensor de la libertad de prensa en Marruecos, así como el abogado Abdessadak El Bouchattaoui, representante legal de manifestantes del movimiento Hirak del Rif.

La investigación también menciona a activistas saharauis y rifeños como parte de los colectivos que habrían sido objeto de vigilancia, especialmente aquellos relacionados con movimientos de protesta, derechos humanos y demandas políticas en territorios considerados sensibles para Rabat.

El consorcio periodístico sostiene que el modelo de espionaje marroquí combina la inteligencia interior de la DGST con la acción exterior de la DGED, permitiendo operaciones fuera de las fronteras del país.

Además del caso español, la investigación menciona posibles objetivos internacionales como el presidente francés Emmanuel Macron, cuya inclusión en anteriores investigaciones sobre Pegasus generó una crisis política en Francia.

Los periodistas señalan que las pruebas recopiladas fueron contrastadas mediante análisis forenses, documentos oficiales, imágenes, información empresarial y testimonios de antiguos miembros de los servicios secretos.

Las autoridades marroquíes, organismos oficiales y empresas citadas fueron consultados por el consorcio antes de la publicación. Según la investigación, varias instituciones no respondieron a las preguntas enviadas o rechazaron las acusaciones.

El reportaje forma parte de una amplia investigación internacional impulsada por Forbidden Stories, con participación de medios como El Confidencial, Le Monde, The Guardian, Der Spiegel, Die Zeit, Haaretz, Radio France y otros socios internacionales, con apoyo técnico del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional.

La investigación vuelve a situar el uso de tecnologías de vigilancia como Pegasus en el centro del debate internacional sobre los límites del espionaje estatal, la protección de periodistas y activistas y la supervisión democrática de los servicios de inteligencia.

Ceuta, Marruecos y el problema estructural que el gobierno de España se niega a afrontar

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Marruecos usa a sus ciudadanos como carne de cañón para chantajear a España cada vez que decide ejercer su soberanía.

Madrid (ECS).— Lo ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta no puede analizarse como un episodio aislado. Forma parte de una dinámica que se repite desde hace años y que pone de manifiesto un problema estructural en la política exterior y de seguridad de España.

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Marruecos, un régimen autocrático, ha demostrado en distintas ocasiones su disposición a utilizar la presión migratoria como instrumento político y diplomático. Cuando considera que sus intereses se ven afectados o que España adopta decisiones soberanas que no comparte, la llegada masiva de personas a la frontera se convierte en un mecanismo de presión. Quienes más sufren esta estrategia son los propios ciudadanos marroquíes, convertidos en una herramienta al servicio de objetivos políticos.

En este contexto, resulta inevitable observar la coincidencia entre la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia el pasado 21 de julio y los acontecimientos que hoy vuelven a producirse en Ceuta.

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La secuencia de los hechos alimenta interrogantes que no deberían despacharse con ligereza. Aunque establecer una relación de causalidad requiere pruebas, tampoco puede ignorarse el contexto geopolítico en el que España mantiene un delicado equilibrio entre dos países enfrentados por intereses estratégicos en el norte de África.

La cuestión de fondo, sin embargo, va mucho más allá de un episodio concreto. España continúa evitando un debate serio sobre su vulnerabilidad frente a este tipo de presiones. Cada nueva crisis demuestra que el problema no reside únicamente en la gestión de la frontera, sino en la capacidad de un Estado extranjero para utilizar la inmigración irregular como elemento de negociación política.

Mientras no se afronte esta realidad con una estrategia firme y de largo plazo, Ceuta seguirá siendo el escenario donde se manifieste un problema que no es coyuntural, sino estructural. Ignorarlo o reducirlo a una crisis puntual solo contribuirá a que vuelva a repetirse.

Argelia, el Sáhara Occidental y la autonomía estratégica de España

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Madrid (ECS).— La profundización de la relación estratégica con Argelia y una política más decidida de protección hacia el pueblo saharaui pueden interpretarse como dos líneas de actuación beneficiosas para los intereses de España, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico.

En el plano energético, Argelia representa un socio de enorme importancia. Disponer de un suministro estable de gas mediante gasoducto permite reducir la dependencia a las fuertes oscilaciones del mercado internacional del gas natural licuado y a las tensiones derivadas de conflictos internacionales. Un abastecimiento competitivo contribuye a contener el coste de la energía para familias y empresas, mejora la competitividad de la industria española y fortalece la seguridad energética nacional. En un contexto internacional caracterizado por la volatilidad y la creciente competencia por los recursos estratégicos, mantener una relación sólida con Argel es un activo que España difícilmente puede permitirse perder.

Al mismo tiempo, reforzar la protección jurídica y política de los saharauis responde tanto a una dimensión humanitaria como histórica. España mantiene una responsabilidad singular derivada de su pasado colonial en el Sáhara Occidental, cuestión que continúa siendo objeto de controversia internacional y pendiente de una descolonización. Facilitar mecanismos de integración, protección o acceso a la nacionalidad para determinados colectivos saharauis puede entenderse como una forma de asumir parte de esa responsabilidad histórica.

Desde una óptica estratégica, además, una mayor implicación con la causa saharaui también puede interpretarse como un elemento que incrementa la capacidad de influencia española en el Magreb. El conflicto del Sáhara Occidental constituye uno de los principales ejes de la política exterior marroquí, por lo que cualquier movimiento español en este ámbito tiene inevitablemente consecuencias diplomáticas y geopolíticas. Una España con mayor margen de maniobra respecto a Rabat estaría en mejores condiciones para defender sus propios intereses nacionales.

Las relaciones con Marruecos, por su parte, son complejas y combinan una intensa cooperación económica con episodios recurrentes de tensión política. Marruecos es uno de los principales socios comerciales de España fuera de la Unión Europea, con un intercambio de bienes y servicios que alcanza decenas de miles de millones de euros anuales y una fuerte integración de cadenas industriales, especialmente en los sectores de la automoción, la agricultura y el textil. Esa interdependencia genera importantes beneficios económicos para ambas partes, pero también crea una dependencia mutua que puede convertirse en un factor de presión política.

A ello se suma la cuestión migratoria. La gestión de los flujos migratorios hacia Ceuta, Melilla, Canarias y la península depende en buena medida de la cooperación con las autoridades marroquíes. En distintos momentos de las últimas décadas se han producido episodios en los que una disminución del control fronterizo por parte de Marruecos ha coincidido con desacuerdos diplomáticos con España, lo que ha llevado a numerosos observadores a considerar que la migración puede convertirse en un instrumento de presión política. Aunque Rabat rechaza esa caracterización y sostiene que su cooperación responde a intereses compartidos, esta percepción está presente en parte del debate estratégico español.

Precisamente por ello, reforzar la relación con Argelia adquiere una dimensión que trasciende el ámbito energético. Un vínculo estable con la principal potencia energética del Magreb permite a España diversificar alianzas, reducir vulnerabilidades y disponer de un mayor margen de actuación en su política exterior. Una política de equilibrio entre ambos países puede ofrecer mayor autonomía estratégica que una dependencia excesiva de cualquiera de ellos.

España necesita construir una política exterior guiada por sus propios intereses nacionales

Eso implica mantener buenas relaciones económicas con Marruecos allí donde existan beneficios mutuos, pero también preservar capacidad de decisión frente a posibles presiones en ámbitos sensibles como la inmigración, la seguridad o la soberanía de Ceuta, Melilla y las aguas del entorno de Canarias. Del mismo modo, supone consolidar la cooperación con Argelia en sectores estratégicos como la energía y apoyar soluciones respetuosas con los derechos de la población saharaui conforme al derecho internacional.

En un escenario internacional cada vez más competitivo e incierto, la autonomía estratégica no consiste en romper relaciones con unos socios para sustituirlos por otros, sino en diversificar alianzas, reducir dependencias críticas y aumentar la capacidad de decisión propia. Una España más soberana en materia energética, con mayor capacidad diplomática en el Magreb y menos vulnerable a presiones externas estará en mejores condiciones de proteger su bienestar, su economía y sus intereses nacionales.

Un Estado rifeño podría actuar como un «colchón» entre Marruecos y las ciudades autónomas

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La integridad de Ceuta y Melilla pasa por un Rif libre e independiente

Por Ahmed Zain

Madrid (ECS) — Durante décadas, la política española hacia Marruecos ha estado marcada por una constante: la reacción frente a las crisis y provocaciones. Rabat mueve ficha; Madrid responde. Ya sea mediante la presión diplomática, el cierre o apertura de las fronteras, la instrumentalización de la inmigración irregular o las reiteradas reclamaciones sobre Ceuta, Melilla y los peñones de soberanía, la iniciativa suele partir del mismo lugar. La pregunta que España debería hacerse no es cómo responder a la próxima crisis, sino cómo impedir que vuelva a producirse.

La comunidad rifeña en Europa toma las calles de Bruselas para pedir el fin de la ocupación de su región

Existe una respuesta que apenas ha comenzado a debatirse en los círculos estratégicos, pero que merece una reflexión seria: la estabilidad definitiva de Ceuta y Melilla podría depender, en buena medida, de la existencia de un Rif políticamente emancipado de Marruecos.

No se trata de una idea improvisada. Tiene profundas raíces históricas y encuentra un nuevo impulso en el surgimiento del Partido Nacional Rifeño (PNR), heredero político de una tradición que se remonta a la República del Rif proclamada por Abd el-Krim en 1921 tras la derrota española de Annual. Aquella república fue derrotada en 1926 por la acción militar conjunta de España y Francia, pero el sentimiento identitario rifeño nunca desapareció. Tras la independencia de Marruecos, el Rif sufrió sucesivas campañas represivas, especialmente durante la revuelta de 1958-1959 y, décadas más tarde, con la represión del Hirak rifeño iniciado en 2016.

Mientras tanto, el régimen marroquí ha consolidado una doctrina nacional que considera Ceuta, Melilla y otros territorios españoles como «presidios ocupados». Esta reivindicación no pertenece únicamente a determinados partidos; forma parte del discurso oficial mantenido durante décadas. A ello se han sumado episodios de presión política, como la crisis migratoria de Ceuta de 2021 y 2026, y las recientes tensiones fronterizas, que círculos de poder en España interpretan como una forma de presión diplomática.

Las amenazas de organizar marchas multitudinarias hacia Ceuta o Melilla recuerdan inevitablemente a la Marcha Verde de 1975 sobre el Sáhara Occidental. Aunque los contextos jurídicos son distintos, el método de utilizar movilizaciones civiles con una clara dimensión política forma parte del repertorio estratégico empleado por Rabat. Incluso en años anteriores, dirigentes marroquíes llegaron a plantear públicamente marchas sobre Ceuta y Melilla.

En este contexto emerge un actor político diferente: el Partido Nacional Rifeño. Fundado en 2021, coincidiendo con el centenario de la República del Rif, el PNR sostiene que Marruecos mantiene una ocupación sobre el territorio rifeño y defiende el derecho de autodeterminación de la región. Su discurso rompe con el nacionalismo marroquí clásico y presenta a Ceuta y Melilla no como territorios a recuperar, sino como espacios con los que el Rif podría mantener relaciones de cooperación, comercio y vecindad.

Desde esta perspectiva, la independencia del Rif alteraría profundamente el equilibrio estratégico del Estrecho. Marruecos perdería el control directo sobre la fachada mediterránea desde Tánger hasta el entorno de Melilla, reduciendo su capacidad para ejercer presión permanente sobre las ciudades españolas. Un eventual Estado rifeño, con intereses propios y diferenciado del proyecto nacional marroquí, podría actuar como un vecino cuya prioridad fuera la estabilidad y el desarrollo económico de la región, antes que la reivindicación territorial.

No se trata de afirmar que un Rif independiente resolvería automáticamente todos los problemas. Tampoco existen garantías de que cualquier futuro gobierno rifeño mantuviera siempre esa posición. Sin embargo, sí puede sostenerse que modificaría uno de los principales factores estructurales del conflicto: la utilización recurrente de Ceuta y Melilla como instrumentos de cohesión nacional dentro del discurso político marroquí.

España ha basado tradicionalmente su política hacia Marruecos en la búsqueda de estabilidad mediante la cooperación. Esa estrategia ha producido avances importantes en ámbitos como la lucha contra el terrorismo o la cooperación policial, pero también ha demostrado sus límites cuando las tensiones políticas desembocan en crisis migratorias o diplomáticas. La dependencia española de la colaboración marroquí ha convertido cada episodio de tensión en una negociación desde una posición delicada.

Por ello, voces dentro del gobierno de España sostienen que Madrid debería ampliar su mirada estratégica y comprender mejor la pluralidad política existente al otro lado del Estrecho. El Rif posee una identidad histórica, lingüística y cultural propia, distinta de la construcción estatal marroquí. Ignorar esa realidad supone aceptar que solo existe un interlocutor posible en la región.

Naturalmente, cualquier apoyo internacional a la autodeterminación rifeña debería desarrollarse conforme al Derecho Internacional, por medios pacíficos y respetando la voluntad libremente expresada por la población del Rif. La estabilidad regional exige evitar cualquier forma de violencia o injerencia que agrave las tensiones existentes.

La historia enseña que las fronteras duraderas no dependen únicamente de murallas, ejércitos o tratados. También dependen de la naturaleza de los vecinos. Mientras Marruecos mantenga abiertas crisis con todos sus vecinos y sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, España seguirá expuesta a episodios recurrentes de presión política y migratoria. Si algún día surgiera un Rif políticamente autónomo que no compartiera esas reivindicaciones y apostara por la cooperación transfronteriza, el mapa estratégico del Mediterráneo occidental cambiaría de forma sustancial.

Quizá la verdadera cuestión no sea si España debe intervenir en el futuro del Rif, sino si puede permitirse ignorar que, desde hace un siglo, la estabilidad de su frontera sur está íntimamente ligada al destino de ese territorio y de su pueblo.

Sánchez viajará a Marruecos en los próximos días

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Las incógnitas de una posible visita de Sánchez a Marruecos

MADRID.- Fuentes consultadas por este medio aseguran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría desplazarse próximamente a Rabat en una visita que, según esas fuentes, podría no figurar en la agenda pública.

Por el momento, el Gobierno no ha confirmado oficialmente ese eventual viaje a Marruecos ni ha informado sobre una posible reunión con las autoridades de Rabat.

La posibilidad de una nueva visita a Rabat surge en un contexto de tensión en las relaciones bilaterales, marcado por la reciente crisis migratoria en Ceuta y por el debate político sobre la relación entre el gobierno de Sánchez y el régimen de Marruecos.

Las mismas fuentes no precisan cuál sería el contenido de una eventual reunión con las autoridades marroquíes. En el ámbito político y mediático existen especulaciones sobre asuntos como la situación de Ceuta y Melilla o la posición respecto al Sáhara Occidental, si bien no existe confirmación oficial de que esos temas formen parte de una agenda de negociación en una hipotética visita.

El gobierno de Sánchez modificó en 2022 su posición tradicional sobre el Sáhara Occidental al considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, un cambio que ha marcado la relación bilateral desde entonces.

Mohamed VI y la inmigración ilegal: recurso habitual de la diplomacia de Marruecos para chantajear a España

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Por Ahmed Zain

ECS. Madrid. | Para mantener la posición de España sobre el Sáhara Occidental o solicitar más fondos a la Unión Europea, Mohamed VI juega la carta de la amenaza y el chantaje migratorio. Carente de una estrategia para legitimar su vulneración del derecho internacional en el Sáhara Occidental, recurre a los métodos más abyectos. Hace apenas 24 horas, más de 60.000 personas, de las cuales 7.800 eran menores, se lanzaron al agua desde la costa de la pequeña ciudad marroquí de Fnideq, en el extremo norte de Marruecos. Para evitar nadar mar adentro y poner en riesgo sus vidas, bordearon los espigones de Ceuta, principal enclave español en el norte de África. En cuestión de minutos, las imágenes ocuparon las portadas de los principales medios occidentales.

Pero este episodio de migración irregular en el flanco sur de Europa fue, según diversas interpretaciones, orquestado por Marruecos, provocando la conmoción en Bruselas y situando al rey Mohamed VI, hasta ahora considerado un socio fiel de la España de Pedro Sánchez, en el centro de la polémica. En el origen de esta ola migratoria estaría la voluntad de Rabat de castigar al Gobierno de Sánchez, pese a su giro favorable a Marruecos respecto al Sáhara Occidental. Cabe recordar que el pueblo saharaui reclama la independencia del Sáhara Occidental, antigua colonia española invadida militarmente por Marruecos en 1975, cuya descolonización continúa pendiente en el marco de las Naciones Unidas. El asalto a la valla de Ceuta fue celebrado por el embajador de Israel ante la ONU.

El uso por parte de Marruecos de la migración irregular le ha servido al Reino alauí, según fuentes diplomáticas, para reforzar su posición en los asuntos relacionados con el Sáhara Occidental. Sin embargo, Bruselas, París e incluso Madrid actúan entre bastidores para evitar imponer restricciones a Rabat y limitar la condena a una mera expresión de presión política.

Mientras Marruecos afirmaba que se negaba a desempeñar el papel de «policía de Europa», lo hacía pese a beneficiarse desde 2019 de un presupuesto total de 156,7 millones de euros concedidos por la Unión Europea a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, creado en 2015 con el objetivo de combatir la inmigración irregular y la trata de seres humanos, proteger a las personas vulnerables y promover el desarrollo económico. Todo ello sin contar la ayuda bilateral destinada regularmente al suministro de equipos de vigilancia costera para las fuerzas de seguridad marroquíes. «Marruecos, a diferencia de otros socios como Argelia, que colabora activamente contra la inmigración irregular, suele alegar falta de medios y solicitar más financiación», enfatizó una fuente diplomática española.

El «chantaje» marroquí a España no se remonta únicamente a esta última crisis. Desde 2019, Rabat decidió unilateralmente imponer un bloqueo económico a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, oficialmente con el objetivo de poner fin al contrabando transfronterizo que, hasta entonces, realizaban diariamente las denominadas «mujeres mulas». La asfixia económica de ambos enclaves forma parte de un proyecto más amplio de Mohamed VI: transformar el norte de Marruecos en una región capaz de competir económica e industrialmente con el sur de España, especialmente con Andalucía. Con el apoyo de grandes multinacionales, entre ellas empresas francesas como Renault, así como importantes infraestructuras como el TGV, Tánger ha experimentado una profunda transformación en los últimos años hasta convertirse en un importante polo industrial.

España cede al chantaje: Sánchez denuncia «ataque a la integridad de España», culpa a las «mafias» y agradece a Marruecos su «cooperación»

Una prueba de fuerza

Recientemente, en el Congreso de los Diputados se exhibió la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática como muestra de apoyo al pueblo saharaui, coincidiendo con la recepción, por parte de la presidenta Francina Armengol, de los niños saharauis participantes en el programa humanitario «Vacaciones en Paz». Además, la propuesta de conceder la nacionalidad española a todos los saharauis contribuyó a agravar la tensión.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó este viernes la entrada ilegal de cerca de 60.000 inmigrantes irregulares, todos ellos marroquíes, registrada en las últimas 24 horas en Ceuta, como «una deplorable violación y un ataque a la integridad territorial de España». «Lo sucedido merece todo nuestro reproche y condena en el nivel más enérgico posible», añadió.

Sánchez atribuyó la situación a las «mafias» y, al mismo tiempo, agradeció a Marruecos su «colaboración», en un contexto de creciente tensión. «Quiero decir a los ceutíes que toda España está con ellos», afirmó durante su visita a la ciudad autónoma. «Desde el Gobierno nos hacemos cargo del estado emocional y de la situación de angustia que están viviendo en las últimas horas».

Asimismo, Sánchez anunció la instalación de boyas en la playa del Tarajal para facilitar, en el futuro, la devolución de los inmigrantes que lleguen a nado, con las garantías legales correspondientes.

España cede al chantaje: Sánchez denuncia «ataque a la integridad de España», culpa a las «mafias» y agradece a Marruecos su «cooperación»

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Ceuta (ECS).- El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez ha calificado este viernes como «una deplorable violación y un ataque a la integridad territorial de España» la entrada ilegal de cerca de 50.000 inmigrantes irregulares, todos ellos marroquíes, registrada en las últimas 24 horas en Ceuta. «Lo sucedido merece todo nuestro reproche y condena en el nivel más enérgico posible», añade Sánchez.

La segunda gran invasión de Ceuta: quién dice qué mientras España pierde el control de su frontera

Sánchez culpa a las «mafias» y agradece a Marruecos su «cooperación», en un momento de tensión. «Quiero decir a los ceutíes que toda España está con ellos», ha indicado Sánchez este viernes, durante su visita a la ciudad autónoma, «desde el Gobierno nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo en las últimas horas».

Sánchez ha agradecido lo que llamó él la «colaboración» del gobierno de Marruecos y ha anunciado la instalación de boyas en la playa del Tarajal, para poder llevar a cabo en el futuro la expulsión de los inmigrantes que lleguen a nado, con garantías legales.

Crisis migratoria: Brutal avalancha de miles de marroquíes cruzando ilegalmente a Ceuta desde Marruecos

Un Sánchez confuso, ha atribuido lo sucedido el jueves a la «lectura interesada que las mafias» han hecho de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, según la cual no se pueden efectuar devoluciones en caliente de los inmigrantes que lleguen por mar, donde no existe una «frontera física». Esa sentencia, ha dicho, «ha corrido como la pólvora en las últimas horas por las redes de las mafias que trafican con personas y ha producido una avalancha».

Por ello, ha anunciado que el Gobierno también estudiará posibles reformas legales, para que las devoluciones en caliente puedan efectuarse en estas circunstancias, con todas las garantías jurídicas.

La migración ya no es únicamente una carta marroquí

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Por M.B

Madrid (ECS). — Lo ocurrido en Ceuta no debe reducirse a un episodio fronterizo transitorio ni a las cifras de quienes lograron cruzar desde Marruecos hacia el territorio español. La entrada de miles de personas, la pérdida de vidas humanas y la movilización de fuerzas policiales y militares revelan que la migración se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades políticas y de seguridad de España y de la Unión Europea.

Mohamed VI resalta estabilidad en los activos «clave» de Marruecos en plena avalancha migratoria sobre Ceuta

Las personas migrantes no son armas ni enemigos. Son seres humanos empujados por circunstancias económicas, sociales y políticas diversas a arriesgar sus vidas. Sin embargo, las rutas migratorias, el control de las fronteras, el momento en que estas se abren o se cierran y la información difundida por las redes de tráfico pueden transformarse en instrumentos de presión en manos de gobiernos, potencias extranjeras y actores políticos conscientes del temor que la migración provoca en determinadas sociedades europeas.

Por ello, la cuestión ya no consiste únicamente en preguntarse por qué llegaron esas personas a Ceuta. La pregunta central es quién puede influir sobre esas rutas, quién puede explotar políticamente la crisis y quién se beneficia de presentar a España como un Estado incapaz de proteger sus fronteras.

Marruecos abrió el camino hacia la instrumentalización política de la migración

Rabat comprendió hace años que su posición geográfica le otorgaba una considerable capacidad para influir en las decisiones españolas. Puede reforzar el control fronterizo cuando las relaciones con Madrid son favorables y reducir su cooperación cuando pretende elevar el coste político de un desacuerdo.

La crisis de Ceuta de mayo de 2021 constituyó el ejemplo más evidente. Cerca de nueve mil personas entraron en la ciudad después de que las autoridades marroquíes relajaran el control fronterizo, en plena crisis diplomática entre ambos países. El Parlamento Europeo rechazó entonces expresamente la utilización por Marruecos del control fronterizo y de la migración —incluidos los menores— como instrumento de presión política contra un Estado miembro de la Unión Europea.

En la crisis de julio de 2026, sin embargo, no existen todavía suficiente información para saber del por qué Rabat abriera deliberadamente la frontera. El Gobierno español sostiene que las autoridades marroquíes están colaborando e impidiendo nuevos intentos de entrada, mientras que las causas del aumento repentino de las llegadas siguen sin estar plenamente esclarecidas.

Entre las explicaciones planteadas figuran la actuación de las redes de tráfico, las condiciones socioeconómicas, los factores meteorológicos y las modificaciones judiciales relacionadas con las devoluciones inmediatas de quienes llegan por mar.

Pero la cooperación marroquí en un momento determinado no elimina un hecho estructural: España ha pasado a depender de decisiones políticas y operativas adoptadas fuera de sus fronteras para proteger Ceuta, Melilla y las islas Canarias. Esa dependencia otorga a Rabat una capacidad permanente de influencia, incluso cuando no la ejerce de manera directa.

Un Estado capaz de aumentar o disminuir la presión fronteriza no necesita abrir la frontera cada vez. Basta con que la otra parte sepa que puede hacerlo para que la migración esté presente en todas las negociaciones políticas entre ambos países.

La crisis ha superado la relación bilateral entre Rabat y Madrid

La migración ilegal ya no es únicamente una carta marroquí. Se ha convertido en parte de un conflicto más amplio relacionado con la autonomía estratégica española, el futuro de la Unión Europea, las relaciones transatlánticas y las crecientes tensiones entre Madrid e Israel.

En los últimos años, España ha adoptado posiciones más autónomas respecto a la guerra en Gaza. Reconoció al Estado de Palestina en 2024 e impulsó, junto con otros Estados europeos, la revisión o suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel debido a la situación humanitaria y a las actuaciones israelíes en los territorios palestinos.

Las divergencias se profundizaron posteriormente en el contexto de la guerra contra Irán, cuando el Gobierno español rechazó que bases militares y territorio español fueran utilizados en operaciones estadounidenses o israelíes contrarias a los acuerdos vigentes o a la Carta de las Naciones Unidas. Las tensiones con Washington alcanzaron un nivel excepcional, en un contexto de desacuerdos sobre Irán, el gasto en defensa y la orientación estratégica de la política exterior española.

Estos hechos demuestran que España ha sido sometida a presiones incesantes debido a posiciones adoptadas en ejercicio de su soberanía. Sin embargo, no prueban que Estados Unidos o Israel hayan organizado o dirigido las llegadas migratorias a Ceuta. No existen pruebas públicas y verificables que permitan formular esa acusación como un hecho.

No obstante, sería igualmente ingenuo considerar la crisis como un acontecimiento completamente aislado del contexto político en el que se produce. Una potencia extranjera no necesita crear una crisis para beneficiarse de ella. Puede explotar sus consecuencias: debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez, presentarlo como incapaz de controlar las fronteras, alimentar el temor hacia las personas migrantes y reforzar a las fuerzas nacionalistas y de extrema derecha contrarias a las posiciones del Ejecutivo sobre Palestina, la migración o la integración europea.

La pregunta pertinente no es únicamente quién produjo la crisis, sino quién la instrumentaliza una vez iniciada y quién se beneficia de su prolongación.

La migración como instrumento de fragmentación europea

Las fuerzas interesadas en debilitar la cohesión europea saben que la migración es una de las cuestiones con mayor capacidad para dividir a la Unión. Enfrenta a los Estados mediterráneos con los países del norte y del este, polariza a las sociedades entre derecha e izquierda y coloca las exigencias de seguridad frente a las obligaciones jurídicas y humanitarias.

El Partido Nacional Rifeño acusa a Marruecos de orquestar la crisis de Ceuta y pide a España «no ceder al chantaje»

Toda llegada masiva y desorganizada ofrece a los movimientos extremistas una nueva oportunidad para presentar a la Unión Europea como una estructura incapaz de actuar. Refuerza las demandas de restablecimiento de las fronteras nacionales, erosiona la confianza en el espacio Schengen y fomenta la competencia entre gobiernos en lugar de la solidaridad.

La propia Unión Europea reconoce que la instrumentalización de la migración puede constituir una amenaza híbrida. Las instituciones europeas han denunciado el uso de personas migrantes por parte de Bielorrusia como instrumento de presión contra Estados miembros y consideran que Rusia emplea operaciones híbridas que incluyen desinformación, intervención política, ciberataques y acciones destinadas a debilitar la democracia y la cohesión europea.

Pero el riesgo no procede únicamente de Rusia. Dentro del espacio político estadounidense, particularmente en las corrientes vinculadas a Donald Trump, existen sectores que contemplan con hostilidad la actual arquitectura de la Unión Europea y prefieren relacionarse con Estados europeos individualmente, en lugar de hacerlo con un bloque político y económico capaz de imponer normas comunes y adoptar posiciones internacionales autónomas.

Crisis migratoria: Brutal avalancha de miles de marroquíes cruzando ilegalmente a Ceuta desde Marruecos

No existen pruebas suficientes para sostener que Estados Unidos tenga un plan oficial destinado a desmantelar la Unión Europea. Estados Unidos no constituye un actor político homogéneo, y sus instituciones y corrientes discrepan sobre el futuro de la relación transatlántica. Sin embargo, es legítimo concluir que determinados responsables y tendencias políticas estadounidenses pueden considerar más conveniente una Europa políticamente debilitada, más dividida entre sus Estados y menos capaz de regular a las empresas estadounidenses o de adoptar políticas independientes en materia comercial, militar y diplomática.

En este contexto, una crisis migratoria puede beneficiar simultáneamente a distintos actores sin que exista una única estructura de coordinación. Rabat utiliza su posición fronteriza para obtener influencia. Las fuerzas de extrema derecha utilizan la migración para debilitar a los gobiernos. Rusia se beneficia de la fragmentación europea. Y determinadas corrientes estadounidenses o israelíes pueden beneficiarse políticamente del debilitamiento de un Gobierno español que ha adoptado posiciones autónomas sobre Gaza, Palestina e Irán.

El Sáhara Occidental: un precedente de la eficacia de la presión migratoria

El Sáhara Occidental constituye un ejemplo documentado de cómo Rabat ha vinculado la cooperación migratoria con las posiciones políticas españolas. La crisis de 2021 se produjo después de que España permitiera la entrada de Brahim Ghali para recibir tratamiento médico. En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó posteriormente su posición y calificó la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto, antes del restablecimiento pleno de la cooperación entre ambos países.

Esta secuencia no demuestra la existencia de un acuerdo escrito titulado “migración a cambio del Sáhara Occidental”, pero revela una relación de presión claramente identificable.

España se convirtió después en uno de los principales defensores de los intereses marroquíes dentro de la Unión Europea, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó el 4 de octubre de 2024 que la validez de los acuerdos aplicables al Sáhara Occidental dependía del consentimiento del pueblo del territorio. El Tribunal anuló decisiones europeas relativas a los acuerdos agrícolas y pesqueros debido a la ausencia de dicho consentimiento.

De este modo, la dependencia respecto de Rabat no solo influyó en la política española, sino que contribuyó a situar a las instituciones europeas ante una contradicción creciente entre sus compromisos políticos con Marruecos y las exigencias de su propio ordenamiento jurídico.

El problema no reside únicamente en la capacidad de Marruecos para utilizar su posición geográfica, sino en la disposición de España y de determinadas instituciones europeas a permitir que el control migratorio condicione cuestiones de derecho internacional, derechos humanos y respeto de las sentencias del Tribunal de Justicia.

España ante una prueba de soberanía

El problema central no es que Marruecos posea instrumentos geográficos y políticos. Todos los Estados utilizan sus capacidades para defender sus intereses. El verdadero problema es que España ha permitido que su dependencia de Rabat alcance un nivel susceptible de afectar a la autonomía de sus decisiones.

España no puede presentarse como un Estado europeo soberano en relación con Gaza, Palestina o Irán y, al mismo tiempo, mantener la protección de sus fronteras condicionada por la voluntad de una autoridad exterior capaz de modificar su grado de cooperación de acuerdo con cálculos políticos.

Tampoco puede la Unión Europea condenar la instrumentalización de la migración cuando la practican Rusia o Bielorrusia y tratarla como una forma normal de cooperación cuando la presión procede de un socio encargado de vigilar su frontera meridional.

Esta incoherencia transmite un mensaje peligroso: la Unión Europea defenderá sus principios cuando el coste político sea limitado, pero retrocederá cuando se enfrente a un actor capaz de utilizar la migración, las fronteras y los intereses económicos como instrumentos de presión.

Lo que España y Europa deben hacer

La respuesta no consiste en decisiones políticas unilaterales, convertir a las personas migrantes en sospechosas ni formular acusaciones no demostradas contra Estados Unidos o Israel.

España y la Unión Europea deben construir una capacidad autónoma de gestión fronteriza y abrir investigaciones políticas y de seguridad sobre todos los elementos relacionados con estas crisis: las redes de tráfico, las campañas de desinformación, sus fuentes de financiación, los actores que se benefician de determinados momentos de presión migratoria y la posible vinculación entre la cooperación fronteriza y las concesiones diplomáticas hacia Rabat.

Los fondos europeos destinados a la gestión migratoria deben quedar sometidos a un control parlamentario, financiero y judicial independiente. No pueden utilizarse para comprar posiciones políticas, reducir las críticas sobre derechos humanos ni proteger intereses contrarios al derecho europeo.

España debe abandonar la idea de que el control de sus fronteras solo puede garantizarse mediante concesiones sucesivas. La seguridad fronteriza es una responsabilidad soberana española y europea y no puede seguir dependiendo de las decisiones coyunturales del régimen de Rabat.

Lo más grave de una crisis en Ceuta no es únicamente el número de personas que cruzan ni la cantidad de fuerzas desplegadas. El peligro fundamental es que las vidas y las rutas de las personas migrantes se conviertan en parte de una lucha internacional de poderes por condicionar la política española y europea.

La migración ya no es únicamente una carta marroquí. Se ha convertido en un instrumento susceptible de ser utilizado por todos aquellos que pretenden castigar a España, debilitar a su Gobierno, fortalecer el extremismo y reducir la autonomía estratégica de Europa. Quien no proteja la independencia de sus decisiones en las fronteras puede terminar perdiéndola posteriormente en la política exterior, el comercio, la seguridad y la propia capacidad de preservar una Unión Europea autónoma y cohesionada.

El Partido Nacional Rifeño acusa a Marruecos de orquestar la crisis de Ceuta y pide a España «no ceder al chantaje»

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Bruselas (ECS) — El Partido Nacional Rifeño (PNR), formación política del pueblo rifeño con sede en el exilio, ha emitido este jueves un comunicado en el que responsabiliza al régimen marroquí de la crisis migratoria que sacude Ceuta, calificándola de «política criminal deliberada» y no de un fenómeno espontáneo.

El texto llega en plena escalada. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, cifró en torno a 2.000 las entradas irregulares de los diez días previos, el 2% de la población de Ceuta, y reclamó al Gobierno una respuesta urgente, con los centros de acogida saturados y un elevado número de menores no acompañados.  La crisis deja además un balance mortal: 38 cuerpos localizados en aguas ceutíes en lo que va de año, diez de ellos en las últimas 24 horas.

El PNR traza un paralelismo con mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron a Ceuta tras relajar Marruecos los controles, en plena tensión con España por la hospitalización del líder del Polisario, Brahim Ghali;  el partido recuerda que Madrid habló entonces de «chantaje». Denuncia también la coincidencia con la Fiesta del Trono marroquí y con el discurso del rey Mohamed VI, que (según el comunicado) no mencionó la crisis.

Buena parte del texto se dedica a lo que llama la «paradoja europea»: que los fondos europeos y españoles para la gestión migratoria financian, a su juicio, al mismo régimen que después usa la inmigración como presión. Interpela a Madrid a «no ceder al chantaje» y a reevaluar su ayuda a Rabat.

COMUNICADO OFICIAL

El Parti National Rifain interpela al Estado español y al pueblo español frente a la política criminal deliberada del régimen marroquí

París — Jueves 30 de julio de 2026

Fiesta del Trono marroquí

El Parti National Rifain, representación política internacional del pueblo rifeño amazigh, toma nota con gravedad de la crisis migratoria que golpea al enclave español de Ceuta desde hace varios días. Según las autoridades españolas, entre 1 500 y 2 000 personas han entrado en los últimos diez días, cientos adicionales este jueves 30 de julio de 2026, cuatro muertos y unos veinte desaparecidos han sido documentados durante un intento de travesía cerca de Castillejos estos últimos días. El Presidente regional de Ceuta ha declarado un estado de emergencia humanitaria absoluta.

El Parti National Rifain expresa en primer lugar su solidaridad inquebrantable con las víctimas de esta tragedia — los muertos, los desaparecidos, los heridos, los miles de jóvenes que arriesgan su vida en el estrecho. Una parte sustancial de estos jóvenes son rifeños — víctimas del subdesarrollo sistémico impuesto al Rif desde 1956, víctimas de la ausencia de perspectivas económicas en las provincias de Alhucemas, Nador, Tetuán, víctimas de la represión del Hirak Rifeño de 2016-2017 cuyos líderes permanecen en prisión. Estos jóvenes no son los responsables de la crisis — son sus víctimas primeras.

Una política criminal deliberada — no un accidente

El Parti National Rifain nombra lo que las autoridades españolas no se atreven aún a formular con la precisión requerida. Lo que se produce en Ceuta no es ni un fenómeno espontáneo, ni un accidente, ni un relajamiento incidental de los controles fronterizos. Es una política criminal deliberada del régimen marroquí, cuya amplitud, coordinación y momento revelan la naturaleza.

El patrón está establecido. En mayo de 2021, el régimen marroquí había dejado pasar cerca de 10 000 personas a Ceuta en pocos días, en represalia contra la hospitalización en España del líder Brahim Ghali. La Ministra española de Defensa de la época, Margarita Robles, había calificado entonces públicamente la maniobra de chantaje. Hoy, cinco años después, el mismo régimen reproduce la misma maniobra. La coincidencia temporal con la Fiesta del Trono marroquí — cuyas festividades fueron abiertas ayer por la noche por el discurso anual del Rey Mohammed VI desde Tetuán — no es fortuita. Inscribe la instrumentalización migratoria en el marco solemne de la celebración oficial del régimen.

El discurso real pronunciado el miércoles 29 de julio por la noche, que celebraba con orgullo « la estabilidad política e institucional » del Reino y su « seguridad », no dijo una palabra de la crisis humanitaria que se desarrollaba al mismo momento a algunas decenas de kilómetros, ni de los jóvenes marroquíes muertos intentando alcanzar España en los días precedentes. Este silencio es un hecho político mayor. Revela el desfase entre el relato oficial del régimen — el de la « estabilidad » y de la « serenidad » — y la realidad de sus acciones, en las cuales la juventud marroquí es utilizada como instrumento de presión diplomática.

La paradoja europea — el dinero público financia el chantaje

El Parti National Rifain interpela con la más grande gravedad al Estado español, a la Unión Europea, y al conjunto de los contribuyentes europeos sobre un hecho que debe ser públicamente debatido. El régimen marroquí que instrumentaliza hoy a su juventud para presionar a España recibe desde hace más de una década sumas considerables de los presupuestos europeos y españoles, cuya parte significativa está explícitamente destinada a la gestión de los flujos migratorios y a la seguridad en las fronteras.

Las cifras están documentadas. La cooperación bilateral Unión Europea — Marruecos se elevó a aproximadamente 1,5 mil millones de euros en el período 2014-2020. El sobre bilateral 2021-2024 se estableció en aproximadamente 931 millones de euros en subvenciones, principalmente en apoyo presupuestario. Un sobre migración regional de 193 millones de euros ha sido asignado para el período 2021-2023. Un programa específico de gestión migratoria firmado en 2023 representa por sí solo 152 millones de euros. Desde 2001, Marruecos ha recibido aproximadamente 215 millones de euros a título específico de la seguridad en las fronteras. El programa Global Gateway compromete más de 1,1 mil millones de euros en subvenciones adicionales. España, individualmente, ha proporcionado en 2024 y 2025 equipamientos de vigilancia fronteriza que comprenden motocicletas, vehículos todo terreno, cámaras térmicas y material de visión nocturna.

La contradicción es brutal y debe ser nombrada. El dinero público europeo y español financia al régimen que produce hoy, a voluntad, el chantaje migratorio que se supone debía prevenir. Cada euro entregado a Rabat para la gestión migratoria es un euro sobre el cual el régimen marroquí demuestra que puede volver su uso contra el donante, en el momento de su elección, en el marco solemne que le conviene.

Interpelación al Estado español y al pueblo español

El Parti National Rifain interpela solemnemente al Gobierno español. El pueblo rifeño amazigh, en su historia secular de coexistencia con el pueblo español — coexistencia marcada por períodos trágicos que no olvidamos, pero también por lazos humanos, familiares, culturales que atraviesan las orillas del estrecho — se sitúa al lado del pueblo español que sufre hoy este chantaje. Llamamos a Madrid a no ceder al chantaje, a reevaluar públicamente la relación de ayuda financiera con un régimen que utiliza esa ayuda como instrumento de presión, y a abrir un debate institucional sobre las condiciones bajo las cuales el dinero público europeo debe ser entregado a un régimen que no respeta ni los derechos humanos fundamentales, ni los compromisos bilaterales que suscribe.

El Parti National Rifain interpela igualmente, con un respeto profundo, al pueblo español. Los jóvenes que entran hoy a Ceuta arriesgando su vida, los que han muerto o desaparecido en los últimos días, no son sus adversarios. Son las víctimas de un régimen que los utiliza como munición en una confrontación de la que ellos mismos son las víctimas primeras. La solidaridad entre el pueblo rifeño y el pueblo español frente a este régimen cínico es un lazo histórico que el Parti National Rifain afirma públicamente en este día.

La solución duradera — el reconocimiento institucional del pueblo rifeño

Las crisis migratorias que golpean a Ceuta periódicamente no cesarán mientras la desesperación de los jóvenes del norte de Marruecos — rifeños y no rifeños — sea explotada por un régimen que rehúsa reconocer los derechos de los pueblos que ha incorporado sin consulta desde 1956. La solución duradera no puede ser únicamente securitaria. Debe ser institucional y política.

El Parti National Rifain porta, desde su creación, la demanda de un reconocimiento institucional del pueblo rifeño amazigh por los mecanismos apropiados del sistema de las Naciones Unidas. Esta vía institucional, exclusivamente pacífica y doctrinal, es la única que permite tratar duraderamente las causas profundas de las crisis como la que golpea a Ceuta hoy. Mientras estas causas profundas no sean tratadas, los jóvenes del Rif seguirán muriendo en el estrecho, y el régimen marroquí seguirá disponiendo de una palanca de chantaje renovado contra España y contra Europa.

La segunda gran invasión de Ceuta: quién dice qué mientras España pierde el control de su frontera

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Por Ana Stella

Madrid (ECS) — Ceuta ha vuelto a caer. Lo advirtió Rubén Pulido desde febrero de este año, cuando casi nadie miraba hacia la frontera sur, y ha ocurrido exactamente como lo predijo: una invasión en toda regla. En apenas doce días han entrado ilegalmente más de 2.000 personas, con una jornada, la del 30 de julio, en la que la Guardia Civil llegó a estimar más de 5.000 los intentos de entrada en solo veinticuatro horas (la prensa marroquí habla incluso de decenas de miles movilizándose hacia la frontera). El CETI, desbordado. La Policía Nacional y la Guardia Civil, sobrepasadas. Y una ciudad española de 83.000 habitantes viendo cómo, en una sola semana, entra el equivalente al 2% de su población.

Esto es una invasión. Y no es la primera.

Más de 1.500 personas entraron a nado en la última semana, según el propio presidente de Ceuta. Interior maneja entre 1.500 y 2.000 «en los últimos días».

El 30 de julio, día de mayor afluencia, la Guardia Civil estimó más de 5.000 entradas en 24 horas, con centenares cruzando también a pie por el espigón del Tarajal.

El CETI tiene capacidad ordinaria para unas 270 plazas de adultos; hoy alberga a más de 550 de forma permanente, con centenares acampados fuera esperando a ser registrados.

Ritmo sostenido de más de 200 entradas diarias por mar durante las jornadas previas.

La inmensa mayoría son jóvenes marroquíes que proceden del sur y cruzan a nado.

Quien quiera entender lo que pasa tiene que mirar cuatro años atrás. En la madrugada del 17 de mayo de 2021, la gendarmería marroquí se apartó de la frontera y dejó pasar. En cuarenta y ocho horas entraron en Ceuta entre 8.000 y 10.000 inmigrantes (el propio Ministerio del Interior fue incapaz de dar una cifra exacta, y algunas estimaciones la elevan a 12.000-15.000), entre ellos unos 1.500 menores. El Ejército tuvo que desplegarse en una ciudad española por un asunto de fronteras.

¿La excusa oficial de Rabat? Que sus gendarmes estaban «cansados tras el Ramadán». La razón real la verbalizó su propio ministro Mustafá Ramid sin ningún problema: España había acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y «el precio por subestimar a Marruecos» había que pagarlo. Lo dijeron ellos. Usaron a miles de personas como proyectiles contra una frontera europea para castigar una decisión diplomática de Madrid.

Y ese es el patrón: Marruecos abre y cierra el grifo según lo que quiera arrancarle a España. Chantaje y extorsión. Lo reconoce hasta la propia Guardia Civil.

La sentencia del Supremo

El 8 de julio, el Tribunal Supremo (sentencia 814/2026) dictaminó que las devoluciones en caliente no pueden aplicarse a quien entra a nado, porque (según su razonamiento) quien cruza por mar no supera «un elemento de contención fronterizo». Esto quiere decir que entrar nadando garantiza que no te devuelven. El mensaje se ha extendido como un reguero de pólvora por todo Marruecos, y lo saben. Por eso casi todos cruzan a nado.

El acuerdo de última hora: devolución, sí; «en caliente», no

En la tarde del 30 de julio, España y Marruecos anunciaron un pacto para revertir la avalancha. Según fuentes del Ministerio del Interior, ambos países acordaron «reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos» y se comprometieron a «revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente» en Ceuta.

Pero hay que precisar, porque el Gobierno se beneficia de la confusión: esto no es una «devolución en caliente». La entrega inmediata y sin trámite en la propia frontera (la devolución en caliente en sentido estricto) sigue prohibida por la sentencia del Supremo del 8 de julio para quien llega a nado, y un pacto bilateral no puede saltarse una resolución judicial. Lo pactado es una readmisión de esas personas a Marruecos «lo antes posible», previsiblemente al amparo del acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992, con identificación de por medio. Es una devolución, pero por la vía administrativa, no la expulsión exprés que reclama Ceuta.

Lo que hay que saber es que el Gobierno no culpa a Marruecos. Interior se alinea con Rabat y achaca la crisis a las «redes de tráfico de personas» que «instrumentalizan» la sentencia del Supremo, mientras subraya la «ejemplar colaboración» con el mismo país que ha abierto la frontera. Es decir: España pacta con Marruecos la limpieza del desastre que Marruecos ha provocado, y encima le da las gracias.

Rubén Pulido (experto en inmigración) Lo advirtió meses antes: «Se avecinan nuevos asaltos masivos de forma inminente y sin una intervención firme, Ceuta colapsará». Ceuta ha colapsado. Sostiene que el Gobierno lo sabía, valoró la amenaza internamente y no hizo «absolutamente nada por evitar su detonación», y avisa de que lo mismo empieza a reproducirse en Melilla. Su tesis: «Quien a día de hoy piense que Marruecos nos aporta algo, no está en sus cabales».

Juan Jesús Vivas (presidente de Ceuta, PP). Ha pedido al Gobierno la declaración de «emergencia nacional» y un «mando único» con acciones «decididas, enérgicas, proporcionales, contundentes e inmediatas». Recordó que los 1.500 entrados equivalen «a casi el 2% de la población» y advirtió: «Podemos terminar agosto con la misma cifra que tuvimos en mayo de 2021». Ha reclamado directamente a Sánchez cambiar la Ley de Extranjería para poder devolver a quienes llegan a nado.

La Asamblea de Ceuta (Junta de Portavoces). Solicitó formalmente la emergencia nacional al considerar que la ciudad afronta un «salto cualitativo» en la entrada masiva, agravado por las llegadas «a pie, sorteando el espigón del Tarajal».

El Gobierno de España (Interior / Marlaska). Rechazó declarar la emergencia nacional, alegando que la ley 17/2015 de Protección Civil no contempla la presión migratoria como uno de sus supuestos. Marlaska anunció que viajaría a Ceuta el viernes. Interior acusó a «las mafias de tráfico de personas de instrumentalizar una sentencia judicial», anunció un acuerdo con Marruecos para «la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente» y agradeció a las autoridades marroquíes los esfuerzos de sus fuerzas de seguridad, que «han impedido miles de intentos». Mantiene que «el Estado ha estado, está y estará ejerciendo sus competencias».

Exteriores (Gobierno de España). Desvinculó la avalancha del viaje de Sánchez a Argelia: «La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia». Es decir: miles de marroquíes invadiendo Ceuta y el Gobierno describiendo la relación con Rabat como «ejemplar».

La Guardia Civil denuncia el colapso inminente, reclaman refuerzos y protocolos claros tras la sentencia del Supremo, y acusan abiertamente a Marruecos de usar la presión migratoria como instrumento de chantaje hacia España.

Marruecos se desentiende: atribuye todo a «organizaciones criminales» dedicadas a la trata, niega que las autoridades marroquíes favorezcan estos movimientos («no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes») y proclama que la cooperación con España es «ejemplar».

Mohamed VI (rey de Marruecos). El 29 de julio, en su discurso por el 27 aniversario de su entronización (pronunciado desde Tetuán, a 30 kilómetros de la frontera de Ceuta), presumió de estabilidad: la calificó de «activo de valor incalculable», «moneda rara» y «capital estratégico», y definió a Marruecos como actor internacional «creíble, respetado y escuchado». Menos de ocho horas después, miles de sus súbditos se lanzaban al mar rumbo a Ceuta.

El 20 de julio, Pedro Sánchez aterrizó en Argel (directo desde la final del Mundial) para sellar el fin de cuatro años de crisis diplomática con Argelia, reabrir el grifo del gas del Medgaz y escenificar una nueva etapa con el gran rival histórico de Marruecos.

Diez días después, Ceuta sufre la mayor invasión desde 2021.

¿Casualidad? Los agentes desplegados sobre el terreno tienen la sensación de que Marruecos relajó el control de sus costas justo después de ese viaje. El Gobierno lo niega y su inteligencia, «de momento», dice no vincularlo. Pero el guión ya lo conocemos: Rabat castigó a España en 2021 por un gesto hacia el Polisario.  ¿Por qué no ahora, cuando Sánchez se abraza con Tebune para asegurarse el gas argelino?

Caben dos lecturas, y las dos son malas para el gobierno socialista:

O es una represalia del régimen alauí por el acercamiento a Argelia, y entonces España paga en su propia frontera el precio de la política exterior errática de Sánchez, con Ceuta como moneda de cambio.

O es un pacto, un peaje asumido de antemano («déjame quedar bien con Argelia y yo te abro la frontera un tiempo»). Y entonces estaríamos ante algo mucho más grave: un Gobierno que tolera la invasión de una ciudad española como parte de un trueque diplomático.

En ambos casos pierde Ceuta.