Sáhara Occidental: Naama Asfari entra en su tercera semana de huelga de hambre en la prisión marroquí de Kénitra

Madrid (ECS) — El Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) pidió el 27 de junio a Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los mecanismos internacionales competentes que intervengan de inmediato para salvar la vida del preso político saharaui Naama Asfari, que ese día cumplía su decimonoveno día en huelga de hambre indefinida en la Cárcel Central de Kénitra (Marruecos). El llamamiento responsabiliza a Marruecos, como potencia ocupante, de cualquier complicación médica, psicológica o física derivada de la protesta.

Asfari, miembro del grupo de Gdeim Izik, mantiene la huelga desde el 8 de junio. La inició después de tres huelgas de advertencia de 48 horas en mayo que no obtuvieron respuesta. Reclama que Marruecos aplique el dictamen del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que en 2023 declaró ilegal la detención de los presos de Gdeim Izik y pidió su liberación, y exige su traslado a una prisión dentro del Sáhara Occidental, cerca de su familia. Cumple una condena de 30 años dictada en 2017 en un juicio basado en confesiones que el Comité contra la Tortura de la ONU declaró obtenidas mediante tortura.

La huelga ha entrado en su tercera semana. Según el entorno del preso, Asfari está recluido en la enfermería de Kénitra, con una hora de patio al día, sus libros y poco más (no dispone de lámpara, mesa ni silla). Hacia el duodécimo día había perdido cinco kilos. En una llamada breve a su familia resumió su situación en una frase: «Mi cerebro trabaja y asimilo el estoicismo».

CODESA advierte de que la prolongación de la huelga provocará un deterioro grave de su estado físico y pone en peligro inminente su integridad.

Cuando la prensa francesa informó del inicio de la huelga, la Delegación General de Administración Penitenciaria marroquí salió a desmentirla y calificó de «infundadas» las razones alegadas por el preso. En su propio comunicado, sin embargo, la administración reconoció un dato que la contradice: el último examen de Asfari en un hospital externo fue el 15 de diciembre de 2017.

Es decir, la institución que dice garantizarle «seguimiento médico» admite que no lo traslada a un hospital fuera de la cárcel desde hace más de ocho años. El resto del comunicado enumera comodidades de la celda (televisión, patio, dieta médica) y omite la reivindicación central del preso: el traslado a su territorio y la aplicación de los dictámenes de la ONU.

El caso de Asfari coincide con la publicación, el 17 de junio, del informe anual 2025 de la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes, titulado «Sin tratamiento… Sin visitas… Sin justicia».

El documento contabiliza 26 huelgas de hambre, individuales y colectivas, a lo largo de 2025, y describe la asistencia sanitaria en las cárceles como una «catástrofe silenciosa»: denegación de tratamientos, enfermedades crónicas sin atender, medicamentos caducados y exposición de presos a productos tóxicos durante operaciones de desinfección.

El informe recuerda que la ciudadana francesa Claude Mangin, esposa de Asfari, sigue sin poder visitar a su marido. La Liga reclama la liberación inmediata de los presos políticos saharauis, el acceso del CICR y de los relatores especiales de la ONU a las prisiones, atención médica independiente y el fin de los traslados forzosos y de las represalias contra las familias.

El 10 de junio, en El Aaiún, una delegación que representaba a los ministerios de Exteriores de Dinamarca y Noruega y a las misiones nórdicas acreditadas en Rabat se reunió durante unos 45 minutos con miembros de CODESA para recoger testimonios sobre la situación de los presos políticos y los defensores saharauis. La vivienda donde se celebró el encuentro fue vigilada por agentes de la policía marroquí, como en reuniones anteriores del colectivo con misiones diplomáticas.

La represión no se detiene en Kénitra

El mismo 8 de junio en que Asfari empezó su huelga, el Tribunal de Primera Instancia de Guelmim condenó a tres ex presos políticos saharauis (Salek Baber, El Bar Kentaui y Abdessamad Tika) a seis meses de prisión efectiva y a una multa de 5.000 dirhams. La sentencia se dictó en ausencia de los procesados y sin la presencia de su defensa.

Según CODESA, los tres fueron detenidos e interrogados por haber participado el 12 de marzo en la bienvenida al preso político saharaui Hussein Bourkab, liberado tras dos años de cárcel.

Baber y Kentaui forman parte del grupo de estudiantes condenado desde 2016 a penas de entre tres y diez años. Sobre ese grupo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ya emitió en 2019 el dictamen 67/2019: concluyó que fueron detenidos sin orden judicial, mantenidos incomunicados y sometidos a torturas, agresiones y amenazas de violación para firmar declaraciones que no pudieron leer, y pidió su liberación y reparación.

El sistema es el que denuncian las organizaciones saharauis: dictámenes de la ONU que Marruecos no aplica, traslados lejos de las familias, negligencia médica y nuevas condenas contra quienes documentan o protestan. Asfari lleva quince años en la cárcel y ha convertido el ayuno en su única herramienta.