El Monte Tropic, el eslabón perdido de las «crisis diplomáticas» entre Marruecos y España más allá del Sáhara Occidental
Desde hace 23 años, el control de las aguas estaba cambiando las relaciones hispano-marroquíes, desde la crisis de la isla de Perejil hasta los recientes flujos migratorios marroquíes en la frontera de Ceuta, las relaciones de los dos países se han ido incendiando.
En una serie de desavenencias entre España y Marruecos que comenzaron a finales de enero del 2020, cuando el Parlamento marroquí votó y aprobó los proyectos de ley 37.17 y 38.17 para determinar por primera vez la frontera marítima con España y Mauritania, incluidas las aguas adyacentes al Sáhara Occidental, que España consideró una interferencia con las aguas de las Islas Canarias.
Esta tensa disputa llevada en secreto por las aguas territoriales ha sido obviada deliberada o inadvertidamente de los análisis, se trata del Monte Tropic, un antiguo volcán marino ubicado a unas 250 millas al suroeste de las Islas Canarias, al oeste del Sáhara Occidental, que nace del fondo del Océano Atlántico a más de 4.000 metros de profundidad y hasta 1.100 metros de la superficie y alberga una de las mayores reservas de Telurio, además ser considerado reserva estratégica por la Unión Europea. Lo que ha despertado de nuevo, como pasó con Hassán II en 1975 con el Sáhara Occidental, la codicia y el apetito expansionista marroquí que no duda en violar el derecho internacional.
Después de que Marruecos ratificara las leyes de sus aguas territoriales, el gobierno canario mostró su rechazo y se colocó en primera línea de enfrentamiento en las relaciones entre Rabat y Madrid, que se mantenían excelentes por entonces, especialmente después de la visita del jefe del Gobierno de España y su recepción por la monarquía alauita en Rabat en el año 2022, donde incluso firmaron acuerdos.
Para Marruecos, Canarias supone un escollo para la demarcación de sus fronteras marítimas; incluso más que Madrid ya que el gobierno central no ha defendido con firmeza la posición de su gobierno autonómico, aunque está en línea con sus exigencias y denuncias.
A pesar de la presión marroquí sobre España, ejercida en dos ámbitos; económicamente en el norte bloqueando a Ceuta y Melilla, y políticamente inundando las islas del sur de migrantes, acompañado de una retórica diplomática desafiante que usa el Sahara como »chivo expiatorio» para canalizar su enfado.
Allá donde la acción diplomática esté contraindicada, Marruecos usa la inmigración, el terrorismo y el expediente de Ceuta y Melilla, de esta forma, pretende crear siempre un clima de confrontación para forzar posteriormente un espacio de negociación con el estado español en el que su ilegal derecho a decidir sobre las aguas saharauis sea considerado de facto como una condición dada.
Se concluye pues que para conocer las entrañas de las crisis diplomáticas entre Rabat y Madrid, hay que fijarse en el nuevo elemento que perturba las relaciones: la disputa por el Monte Tropic, los minerales que alberga y el espacio aéreo del Sahara, que se añade a la posición de España como potencia administradora en la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental.
Ahora, 23 años después, el control de las aguas aparece de nuevo en el horizonte como un obstáculo más en las relaciones hispano-marroquíes. El denominador común: la persistencia marroquí en violar la legitimidad internacional impunemente.
Albares justifica las maniobras navales de Marruecos en aguas del Sáhara Occidental
Un ministro marroquí amenaza a España: Marruecos vuelve a dictar condiciones al ejecutivo de Sánchez desde la impunidad diplomática
Una entrevista llena de amenazas veladas: Marruecos vuelve a dictar condiciones a España desde la impunidad diplomática – Ministro marroquí de Industria y Comercio, Ryad Mezzour.
Madrid (ECS).- La entrevista publicada hoy por EL MUNDO al ministro marroquí de Industria y Comercio, Ryad Mezzour, es un documento político de enorme gravedad. No sólo por lo que afirma, sino —sobre todo— por lo que confirma: Marruecos se siente tan respaldado por el Gobierno español que ya habla sin disimulo de soberanía sobre el Sáhara Occidental y de la posibilidad de gestionar su espacio aéreo como si se tratara de una realidad consumada. Lo intolerable es que lo haga desde Madrid, en plena Reunión de Alto Nivel, sin encontrar una sola réplica del Gobierno que se supone debería defender el derecho internacional, la legalidad europea y los intereses de España.
Mezzour afirma, sin tapujos, que Marruecos tiene “toda la soberanía” sobre el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización según la ONU, y cuya soberanía ni la ONU, ni la Unión Europea, ni el Derecho Internacional reconocen a Rabat. Y lo dice mientras agradece a España su “papel central y simbólico” en lograr que el Consejo de Seguridad adoptase una resolución que Marruecos presenta falsamente como un aval a su plan de autonomía. Que un ministro marroquí se atreva a colocar a España en ese relato demuestra el grado de entreguismo al que ha llegado la política exterior de Pedro Sánchez desde el giro de 2022.
Más grave aún es el chantaje diplomático explícito: “Una España que se porta bien es un Marruecos que se porta bien”. Una frase impropia de un socio estratégico, pero perfectamente coherente con la lógica del régimen marroquí: la relación bilateral se basa en presión, condicionamiento y recompensas a cambio de alineamiento político. Es exactamente la diplomacia del chantaje denunciada durante años por expertos, sindicatos policiales y hasta por organismos internacionales.
Otro punto de alarma son sus insinuaciones sobre Ceuta y Melilla. Mezzour rehúye tres veces reconocer la soberanía española, se escuda en que “no forma parte de la hoja de ruta” y termina con un aviso disfrazado de pregunta retórica: “¿Abro el tema de Gibraltar?”. Marruecos niega lo evidente porque admitirlo implicaría reconocer una frontera internacional, algo incompatible con sus aspiraciones expansionistas en la fachada atlántica y mediterránea.
Y mientras tanto, el ministro vuelve a colocar el espacio aéreo del Sáhara en la mesa, como si España estuviera obligada a cederlo: un sector bajo control de Canarias desde hace décadas por decisión de la OACI, que no depende de la voluntad de Madrid ni —mucho menos— de Rabat. La pretensión marroquí implica asumir que el Sáhara es suyo, y lo que es peor: que España ya está preparada para aceptar esa ficción.
El Frente Polisario lanzó ayer una advertencia clara: permitir que Marruecos controle el espacio aéreo es abrir la puerta al siguiente movimiento de Rabat, que “irá contra Canarias”. Hoy, el ministro marroquí no ha desmentido nada. Simplemente ha despreciado al representante legítimo del pueblo saharaui y ha dado por sentado que España seguirá obedeciendo su hoja de ruta.
Esta entrevista no es una anécdota. Es la prueba de que Marruecos se siente autorizado para imponer su discurso en Madrid, para condicionar la política exterior española y para hablar de territorios ajenos como si estuvieran ya integrados en su soberanía. Y lo más inquietante: lo hace porque sabe que nadie en el Gobierno español se atreverá a contradecirle.
La Reunión de Alto Nivel de 2025 queda así marcada por una verdad incómoda: España negocia con un socio que no disimula sus amenazas, que instrumentaliza la inmigración, que utiliza el comercio como palanca política y que pretende convertir la sumisión en criterio de buena vecindad. Y mientras tanto, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio ocupado, Canarias observa con preocupación creciente y la sociedad española asiste al espectáculo de un Gobierno que ha renunciado a defender el derecho internacional… y también sus propios intereses.
FEDISSAH denuncia que la cumbre España–Marruecos consagra la violación de la legalidad internacional y “blanquea” la ocupación del Sáhara Occidental
Madrid (ECS).- La Federación Estatal de Instituciones Españolas Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH) ha emitido este jueves un durísimo comunicado coincidiendo con la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos. La organización acusa al Gobierno español de mantener una orientación política “contraria a la legalidad internacional” y de avalar, con su giro diplomático, la estrategia marroquí para consolidar la ocupación del Sáhara Occidental.
FEDISSAH recuerda que España sigue siendo potencia administradora del territorio y sostiene que ninguna alianza bilateral —por estratégica que se presente— puede sustituir el mandato de Naciones Unidas ni anular el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La Federación señala que el cambio de postura de Madrid, iniciado tras la crisis migratoria de Ceuta en 2021 y formalizado con la carta de 2022 de Pedro Sánchez a Mohamed VI, constituye “una renuncia a la responsabilidad histórica y jurídica del Estado”.
El comunicado subraya que la cuestión del Sáhara Occidental “no es un asunto secundario ni una diferencia diplomática”, sino un problema político de primera magnitud que afecta a la estabilidad regional y compromete la credibilidad internacional de España. Al adoptar posiciones que legitiman la ocupación marroquí, advierte FEDISSAH, el Gobierno se sitúa fuera del marco de la ONU y erosiona la autoridad moral del Estado en materia de derechos humanos.
La organización señala además que esta deriva política se produce en un momento crítico para el norte de África, cuando Europa observa con preocupación la escalada geoestratégica en la región. En este sentido, FEDISSAH reclama que España recupere una política exterior “coherente, transparente y alineada con los principios democráticos que dice defender”.
El comunicado también pone el foco en la situación de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde se documentan —según la Federación— graves vulneraciones de derechos humanos, incluyendo represión policial, persecución de activistas, detenciones arbitrarias, torturas, procesos judiciales sin garantías y la permanencia de presos políticos saharauis encarcelados por defender su identidad. FEDISSAH denuncia igualmente el expolio de los recursos naturales —fosfatos, pesca, energías renovables— explotados por Marruecos sin el consentimiento del pueblo saharaui y en contra de las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Uno de los elementos más contundentes del texto es la advertencia sobre las implicaciones para Canarias. FEDISSAH alerta de que las aspiraciones marroquíes sobre el Sáhara Occidental afectan directamente a la delimitación de las aguas territoriales, al control del espacio aéreo y al acceso a los recursos submarinos próximos al archipiélago. La estabilidad de Canarias, subraya la organización, no puede quedar subordinada a decisiones unilaterales tomadas al margen de la legalidad internacional o de los intereses del pueblo canario.
En su tramo final, FEDISSAH formula una serie de exigencias dirigidas al Gobierno español: rectificar su postura y volver al marco internacional vigente; impulsar una solución justa basada en la autodeterminación; establecer mecanismos eficaces de protección de los derechos humanos en los territorios ocupados; garantizar el cese del expolio de recursos; y proteger los intereses y la integridad territorial de Canarias frente a cualquier intento de expansión o presión geoestratégica.
El cierre del comunicado es explícito: pese a la presión diplomática y los intentos de consolidar la ocupación, el pueblo saharaui sigue siendo “un ejemplo de dignidad, resistencia y esperanza”. FEDISSAH reafirma su compromiso de acompañar y defender la causa saharaui “hasta la plena consecución de su libertad y su independencia”. Una declaración política que, en el contexto de la RAN, adquiere un significado especialmente incómodo para la estrategia del Gobierno español.
Mauritania firma acuerdo de 39 millones de euros con Francia para el desarrollo de la energía solar
AGENCIAS
Madrid (ECS).— Mauritania firmó a finales de noviembre un acuerdo de financiación con Francia por más de 39 millones de euros para instalar diez plantas solares con sistemas de almacenamiento.
El proyecto se integra en la estrategia nacional desplegada por el presidente Mohamed Ould Chej Ghazouani para lograr la electrificación universal en 2030, que requiere conectar a 3,4 millones de personas más y aumentar en 66% la capacidad eléctrica actual. El país busca elevar la proporción de energías renovables del 44% al 70%.
Se ha adoptado un nuevo código eléctrico para mejorar la regulación, fomentar la competencia y fortalecer la electrificación rural, aunque persisten grandes desigualdades: un 91% de acceso en zonas urbanas frente a solo 6% en áreas rurales. Mauritania posee un alto potencial solar y eólico, pero ocupa el puesto 29 en producción eléctrica en África.
El gobierno de Ghazouani prevé movilizar hasta 2.450 millones de dólares en financiamiento para 2030 y trabaja con socios internacionales para modernizar la red y ampliar el uso de energías renovables. El acceso limitado a la electricidad sigue siendo un obstáculo clave para el desarrollo económico del país.
Lo que España ha firmado sobre el Sáhara Occidental en la RAN 2025
Por Carlos C. García
Madrid (ECS).— El punto 8 de la declaración conjunta reproduce por primera vez en un documento oficial español el lenguaje político de Marruecos y atribuye a la ONU afirmaciones que no existen en la resolución 2797.
La XIII Reunión de Alto Nivel España–Marruecos ha dejado un mensaje claro: Madrid ha dado un paso más en su alineamiento con la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental. Ese paso está contenido en el punto 8 de la declaración conjunta, probablemente el párrafo más delicado del documento. Lo reproducimos íntegro:
«8. El presidente del Gobierno ha reiterado la posición de España sobre la cuestión del Sahara Occidental, expresada en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022. En este sentido, España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2025, apoyando “plenamente la labor del Secretario General y su Enviado Personal para facilitar y celebrar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, y acoge con beneplácito cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta a la propuesta de autonomía”, que subraya que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible” para una solución mutuamente aceptable.»
El problema de este párrafo no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. España asume aquí un vocabulario que no es neutro. Hablar de “controversia” —término tomado de la versión francesa, différend— es adoptar el marco de Rabat: ya no hay un conflicto de descolonización pendiente ni un territorio ocupado, sino un simple desacuerdo político. El lenguaje cambia, y con él cambia la lectura del problema.
Pero el salto cualitativo va más allá
El texto presenta como citas de la ONU frases que no aparecen en la resolución 2797. La ONU no dice que las negociaciones deban hacerse “tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos”; tampoco afirma que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible”. Son valoraciones políticas de Marruecos, asumidas por España y colocadas entre comillas como si fueran palabras del propio Consejo de Seguridad.
Este movimiento tiene efectos inmediatos. En un documento oficial de máximo nivel, España da por buena la lectura marroquí de la resolución 2797 y la proyecta como si fuera el consenso internacional. Con ello, desaparece del texto cualquier referencia al derecho de autodeterminación, al papel del Frente Polisario o al carácter internacional del conflicto. La narrativa se estrecha y se reescribe en clave marroquí: el punto de partida ya no es el derecho, sino la autonomía bajo soberanía marroquí.
España, que durante décadas mantuvo un lenguaje prudente y anclado en la legalidad internacional, se sitúa ahora en un terreno distinto. Y lo hace no en una declaración informal, sino en la RAN: el foro que marca la orientación estratégica de la relación entre Madrid y Rabat. Esto convierte la elección de palabras en algo más que un gesto: es una señal política de largo recorrido.
Este es el verdadero alcance del punto 8. No se trata de un matiz técnico, sino de un giro discursivo que legitima las posiciones marroquíes y erosiona el marco internacional sobre el que se ha sustentado el conflicto durante medio siglo. Cuando un gobierno adopta un lenguaje, adopta una visión. Y en este caso, España ha asumido un relato que reduce el Sáhara Occidental a un asunto bilateral en el que la autonomía marroquí aparece como única opción viable.
Asimismo, en el punto 15, España y Marruecos reafirman su compromiso de coordinarse dentro de las organizaciones internacionales y acuerdan reforzar su cooperación en materia de candidaturas, también dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los dos países se comprometen a continuar consultándose regularmente para garantizar la convergencia de sus posiciones y promover conjuntamente los principios y prioridades que guían su acción en favor de la paz, la estabilidad y el multilateralismo eficaz.
Lo que supone, básicamente, que España acepta coordinarse y alinearse con Marruecos en organizaciones internacionales, incluida la ONU y el propio Consejo de Seguridad, comprometiéndose a consultar previamente sus posiciones para garantizar una “convergencia” política. En la práctica, esto significa que la antigua potencia administradora del Sáhara Occidental renuncia a actuar con independencia en el único foro donde se decide el futuro del territorio, y asume trabajar como socio diplomático de la potencia ocupante, reforzando la estrategia marroquí de legitimación internacional bajo la retórica de la “paz”, la “estabilidad” y el “multilateralismo eficaz”.
Esto es la clave: la Declaración dice abiertamente que España coordinará con Marruecos incluso en el órgano responsable de las decisiones sobre el Sáhara Occidental, precisamente donde Rabat intenta consolidar la narrativa del “plan de autonomía”. Es extraordinario que España, antigua potencia administradora —y por derecho internacional aún responsable de la descolonización—, acepte alinearse con la potencia ocupante.
Carlos C. García – PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»
Sánchez mantiene su postura sobre el Sáhara Occidental y frena cualquier acuerdo para el territorio
Pedro Sánchez apoya la resolución de la ONU 2797 que prima la solución de autonomía para el Sáhara Occidental
Madrid (ECS).— Marruecos y España anunciaron este jueves en Madrid, mediante una declaración conjunta de 23 páginas emitida tras su reunión de alto nivel, que sus relaciones bilaterales entran en una fase «más sólida y prometedora».
El documento, en su punto octavo, destaca la renovación por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de su compromiso con la posición expresada el 7 de abril de 2022, que considera la propuesta marroquí de autonomía como «la propuesta más creíble y realista» para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.
España también celebró la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad (octubre de 2025), que respalda las negociaciones sobre la base de ese plan marroquí. En el octavo punto de los 119 que tiene la nota, «el presidente del Gobierno ha reiterado la posición de España sobre la cuestión del Sahara Occidental, expresada en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022», abordan la cuestión.
«En este sentido, España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2025, apoyando ‘plenamente la labor del Secretario General y su Enviado Personal para facilitar y celebrar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, y acoge con beneplácito cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta a la propuesta de autonomía’, que subraya que ‘una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible’ para una solución mutuamente aceptable», reza el punto.
La cumbre bilateral estuvo marcada por duras críticas debido a lo que varios sectores calificaron como falta de transparencia, después de que la Presidencia del Gobierno evitara organizar una comparecencia ante la prensa.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz —cuyos ministros en el gobierno de coalición de izquierdas con el PSOE boicotearon la cita— reiteró su rechazo a la postura de Sánchez y pidió respetar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
En este contexto, Díaz publicó esta mañana un vídeo en sus redes sociales en el que desafió abiertamente al presidente del Gobierno. «Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos, y no vamos a aceptar que se entregue ni un centímetro de la tierra del Sáhara», afirmó. Concluyó su mensaje con: «Hoy y siempre… viva el Sáhara libre».
Además de la declaración conjunta, se firmaron 14 acuerdos entre ambos países, entre ellos un tratado internacional, 11 memorandos de entendimiento y dos declaraciones de intenciones.
En el plano económico, ambas partes pactaron reforzar la cooperación en infraestructuras, energía y logística, así como crear una Alta Autoridad de Cooperación Industrial.
El comunicado subrayó igualmente la «cooperación ejemplar» entre los dos países en la lucha contra la migración irregular y las redes de trata de personas.
La tergiversación de resolución 2797, la estrategia actual que persigue Rabat para capitalizar apoyo en el Sáhara Occidental
El rechazo del Consejo de Seguridad a la reivindicación marroquí de soberanía sobre el Sáhara Occidental y la anulación de la propuesta de autonomía como única base de solución permitieron la adopción de la resolución 2797
Mhamad Bujari
Madrid (ECS).— Un observador atento, cauto e imparcial de la evolución del conflicto del Sáhara Occidental puede constatar que diversas interpretaciones difundidas por algunos medios de comunicación, en especial occidentales —y particularmente franceses y españoles—, no guardan relación alguna con el contenido de la resolución 2797, mediante la cual se prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de 2026.
El Consejo rechazó de forma tajante las demandas de Marruecos, elaboradas en Washington en coordinación con París y Rabat, y presentadas en el primer borrador estadounidense, conocido en la jerga del Consejo de Seguridad como “borrador cero” (Draft-0).
En efecto, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2797 editada tras varios días de negociaciones:
1. No aceptó en ningún momento adoptar la tesis de una soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, tal como proponían Estados Unidos y Francia en el borrador inicial.
2. También rechazó que la propuesta marroquí de autonomía constituyera la “única base” para la solución o la negociación.
De este modo, dichas pretensiones y demandas ilegítimas fueron eliminadas de los párrafos operativos en la versión final del texto, lo que permitió —después de negociaciones largas y complejas— la aprobación de la resolución 2797.
Para mayor claridad, es necesario subrayar que el Consejo de Seguridad no ha adoptado la propuesta marroquí de autonomía “como base para resolver el conflicto del Sáhara Occidental”, tal como pretende presentar Rabat. Se trata de una afirmación tendenciosa y completamente inexacta, pues saca la referencia a la “autonomía” de su contexto político, jurídico e incluso lingüístico dentro del cual fue mencionada por el Consejo.
Es cierto que el Consejo mencionó el plan marroquí de autonomía como un elemento a considerar, pero dejó claro, sin lugar a dudas, que no es “la única base” y que otras propuestas también son bien recibidas, teniendo en cuenta que el Consejo conoce la propuesta ampliada de la parte saharaui aunque no la menciona.
Más importante aún, el Consejo reafirmó que la solución debe ajustarse a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y satisfacer la condición esencial de permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación.
Por ello, limitarse a citar el párrafo en el que se menciona la propuesta marroquí como una base de solución constituye una lectura sesgada, pues el Consejo la supedita a condiciones que, en esencia, anulan los objetivos perseguidos por Rabat, orientados a legitimar una ocupación considerada ilegal.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la denominada propuesta marroquí de autonomía carece de peso alguno cuando se compara con los principios y propósitos de la Carta de la ONU, así como con las resoluciones y dictámenes de organismos y tribunales internacionales y regionales relativos al Sáhara Occidental, los cuales no reconocen a Marruecos ninguna soberanía sobre el territorio y confirman de manera unánime el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia.
Basta con observar que el Consejo, en su resolución 2797, tras descartar la supuesta soberanía marroquí y desestimar la idea de la autonomía como única base, insiste nuevamente en la necesidad de que ambas partes acuerden la solución final, la cual debe ser coherente con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el derecho a la autodeterminación. Con ello, el Consejo cierra la puerta a la tesis expansionista defendida por Marruecos.
Una lectura objetiva —política y jurídica— de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2025 para renovar el mandato de la MINURSO, exige comprender cómo se alcanzó el acuerdo que permitió su aprobación y bajo qué condiciones, sin las cuales la resolución no habría visto la luz.
De hecho, si Washington y París no hubiesen concluido que era imposible que el Consejo aprobara el texto presentado en el proyecto estadounidense inicial —el cual fue finalmente retirado—, habría sido inviable la adopción de la resolución 2797.
La amenaza, agitada por algunos, de poner fin a la presencia de la MINURSO antes de que cumpliera su misión perdió toda eficacia ante la firmeza de la parte saharaui en defender su derecho inalienable e imprescriptible a la autodeterminación y la independencia, así como su compromiso con la resistencia en el marco de la lucha de liberación nacional, cualquiera que sea el contexto.
Marruecos acelera la colonización energética del Sáhara Occidental con un nuevo megacorredor eléctrico
No te dejes engañar por la retórica de la energía limpia en esta nueva línea eléctrica de 1.000 km: se trata de una anexión infraestructural de un territorio ocupado.
Marruecos vuelve a utilizar la retórica de la “energía limpia” como cortina de humo para profundizar su control sobre el Sáhara Occidental ocupado. La organización Western Sahara Resource Watch (WSRW) ha advertido en su último informe que Rabat ha anunciado un nuevo megacorredor eléctrico de 1.000 kilómetros diseñado explícitamente para evacuar energía renovable generada en el territorio ocupado hacia el norte, integrándola de forma irreversible en la red marroquí. Esta estrategia, que WSRW denomina infrastructural annexation, no es una simple expansión técnica: es un mecanismo de colonización presentado como transición ecológica.
El 26 de noviembre de 2025, la compañía pública marroquí ONEE lanzó una licitación de preclasificación para construir esta línea de ultraalta tensión (UHT), con capacidad para transportar 2.000 MW y con fecha de entrada en funcionamiento prevista para diciembre de 2028. Aunque ONEE la describe como parte del refuerzo de la red eléctrica “nacional”, su propia documentación reconoce que la línea está destinada a “facilitar la evacuación de las energías renovables producidas en el Sur”. Ese “Sur”, como recuerda WSRW, es el Sáhara Occidental, un territorio ocupado sin el consentimiento de su pueblo.
Este proyecto no llega solo. En mayo de 2025, Marruecos adjudicó a un consorcio marroquí-emiratí —TAQA Morocco, Nareva y el Fonds Mohammed VI— un gigantesco paquete que incluye 1.400 km de líneas HVDC con capacidad de 3.000 MW, bautizado como la “Autopista Eléctrica”, además de 1.200 MW de nuevos parques eólicos dentro del territorio ocupado. Aquella adjudicación ya suponía un salto cualitativo en la infraestructura diseñada para conectar el Sáhara Occidental con el sistema eléctrico e industrial marroquí.
El nuevo corredor Boujdour–Tensift, sin embargo, no sustituye a esa “Autopista Eléctrica”: la complementa. ONEE menciona en sus propias comunicaciones que este UHT se suma a futuros corredores HVDC que unirán “el sur con el centro del Reino”. Marruecos, por tanto, no está construyendo una vía principal, sino múltiples arterias paralelas de exportación, capaces de multiplicar el flujo energético desde el territorio ocupado hacia Marruecos propiamente dicho. Es una arquitectura pensada para décadas, que consolida la dependencia estructural del territorio respecto al ocupante.
WSRW insiste en que esto no es un desarrollo técnico neutral. El incremento simultáneo de capacidad AC y DC refuerza la integración energética con Marruecos, facilitando que la industria marroquí —y potencialmente la exportación eléctrica hacia Europa— se alimente de recursos generados en una tierra cuyo pueblo no ha autorizado ninguno de estos proyectos. Como recuerda la portavoz de WSRW, Sara Eyckmans, “no se trata de un proyecto verde inocuo: es parte de un patrón más amplio de colonización. Las energías renovables están siendo utilizadas como herramienta de anexión de facto”.
Las implicaciones son profundas. Un corredor de transmisión de estas dimensiones condiciona el uso del suelo, determina prioridades económicas y fija, en la práctica, un rumbo político irreversible. Todo ello sin que Marruecos haya obtenido —ni buscado— el consentimiento libre, previo e informado del pueblo saharaui, requisito clave del Derecho Internacional en territorios no autónomos. Esta ausencia de consentimiento convierte el proyecto en una vulneración más del estatus jurídico del territorio y sitúa a las empresas implicadas en un riesgo severo de complicidad.
WSRW hace un llamamiento explícito a las compañías internacionales para que eviten cualquier participación en la licitación de ONEE, que se organiza bajo un contrato EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción). Las empresas interesadas tienen hasta el 15 de enero de 2026 para presentar sus expedientes, aunque la vigilancia internacional se intensificará ante la dimensión del proyecto y su potencial impacto geopolítico.
La advertencia de WSRW es clara: no debemos dejarnos engañar por las etiquetas verdes. Marruecos presenta la colonización del Sáhara Occidental como un proceso de modernización energética, pero lo que está construyendo es una red destinada a fijar su ocupación en el tiempo, integrando el territorio de forma irreversible en su economía y en su estrategia de exportación. Las renovables no limpian la ocupación: la enmascaran.
Fuente: Western Sahara Resource Watch (WSRW) “Morocco plans another giant power line from occupied Western Sahara”, 4 diciembre 2025.
Reunión en Madrid de los jefes de gobierno de España y Marruecos con el Sáhara Occidental como telón de fondo
