Sáhara Occidental: el drama de la ocupación y sus alcances jurídicos
En el seno del Consejo de Seguridad fue aprobada una resolución, impulsada por Estados Unidos, sobre el conflicto del Sahara Occidental, no exento de polémicas. A nuestro entender, lo más grave es la falta de condena a la ilegalidad de la ocupación marroquí y la situación de los derechos humanos en las zonas ocupadas.
Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro
El antiguo Sahara Español, luego de los fallidos intentos de Madrid de hacerlo pasar como una provincia y con ese objetivo perpetuar su presencia, desde la década del 60 es un Territorio No Autónomo y desde entonces las Naciones Unidas consideraron que el mecanismo por el cual se decidiría su destino, sería por medio de un referéndum, en el cual los saharauis decidirían sobre su destino. Un contexto geopolítico complejo, la Guerra Fría y un Estado español débil, terminaron con un proceso de descolonización frustrado y los saharauis fueron víctimas de una brutal invasión por parte de sus vecinos marroquí y mauritano.
España en un intento de tener una salida ordenada del conflicto, ante su debilidad interna por la muerte del General Franco y en plena transición política por su sucesión, por medio de los ilegales Acuerdos de Madrid, cedió la administración del territorio saharaui a Mauritana y Marruecos, que tendrían la responsabilidad de gestionar los asuntos saharauis junto a la Asamblea territorial. Firmado el Acuerdo – abiertamente ilegal por no ser emanado de la voluntad libre del pueblo saharaui – se fijó una transición, en la cual habría un gobierno tripartito, horas antes que la presencia hispana expirara como decía el Acuerdo, el 27 de febrero de 1976, el Consejo Nacional Saharaui, organismo representativo del pueblo proclamó la creación de la República Saharaui. Tengamos en cuenta que un tiempo atrás, las Naciones Unidas reconocieron al Frente POLISARIO como representante legítimo del pueblo saharaui, en calidad de movimiento de liberación nacional que desde 1973 había tomado las armas para liberar al país del régimen colonial.
En este marco, la Corte Internacional de Justicia, rechazó las pretensiones de Marruecos y Mauritania de hacer valer sus presuntos derechos sobre el Sahara Occidental en su histórico fallo de noviembre de 1975. Verdad histórica que Marruecos intenta infructuosamente negar.
El 27 de febrero de 1976, previo a la retirada de España del Sahara Occidental, fue proclamada la República Árabe Democrática Saharaui. Un aspecto jurídico, político e histórico que muchos pasan por alto. Los invasores mauritano y marroquí, intentaron “formalizar” la ocupación por medio de un tratado de límites, donde se repartieron formalmente el territorio saharaui.
La lucha por el reconocimiento tuvo sus éxitos, especialmente en toda África y gran parte de los países No Alineados, la inmensa mayoría, fueron pueblos víctimas del colonialismo. América Latina no estuvo ausente, pero no todos los países reconocieron a la RASD, fue un proceso que llevó tiempo. En los últimos años la fuerte presión marroquí, se tradujo en el desconocimiento de la existencia de la República Saharaui, olvidando los gobiernos latinoamericanos que el derecho internacional considera que no se puede retirar el reconocimiento de un estado, dado que es un acto jurídico de carácter único y definitivo, según la práctica internacional y el derecho aplicable: la Convención de Derechos y Deberes de los Estados (Montevideo, 1933).
En 1979, Mauritania perdió la guerra frente a los saharauis y terminó evacuando el territorio que controlaba, Marruecos ocupó dicho espacio y desconociendo el tratado mauritano marroquí de 1976 y anexó el territorio evacuado por las tropas de Nuakchot. Lisa y llanamente todo un despojo, que Rabat busca justificar con argumentos inconsistentes. Esto generó las protestas de Mauritania y las Naciones Unidas emitieron resoluciones deplorando la situación del Sahara y exhortando a que Rabat se apegara al derecho internacional.
La búsqueda de ampliar el número de países que reconocieran a la República Saharaui, llevó a su gobierno a librar una dura batalla en el seno de la Organización de la Unidad Africana. Esto provocó la salida de Marruecos, que buscaba mostrar al Frente Polisario como un “invento argelino” y negar la existencia de un “pueblo saharaui”. Estrategia que se mantiene hasta el presente.
La República Saharaui y las Zonas Ocupadas: aspectos jurídico – políticos.
La RASD es un Estado, no solo como consecuencia de un proceso histórico de consolidación de una identidad nacional, sino desde el punto de vista jurídico por las siguientes razones:
Ø posee un territorio, aunque gran parte esté ocupado por Marruecos. Un ejemplo, el caso de Guinea Bissau, que en 1973 fue proclamada la República independiente en plena lucha anticolonial con Portugal. Nosotros agregamos el caso palestino, donde la ONU aceptó en 2012 a Palestina como “Estado observador”, además ser miembro pleno de la Organización Mundial de Salud y la UNESCO, y los 157 países que reconocen la existencia de un estado palestino. En el caso saharaui, las fronteras son las heredadas de tiempos coloniales, a ello cabe agregar, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en 1969, en el caso de la delimitación de las fronteras en el Mar del Norte, aclaró la cuestión al decir la incertidumbre de las fronteras no puede afectar los derechos territoriales. Ninguna regla dispone por ejemplo que las fronteras terrestres de un Estado deban ser completamente delimitadas y definidas, y es frecuente que éstas no lo sean en determinados lugares y durante largos períodos. Un ejemplo de ello, la cuestión de la admisión de Albania en la Sociedad de las Naciones, donde a pesar de no tener fronteras definidas, no impidió su reconocimiento como estado.
Ø Población: en las zonas liberadas hay población saharaui, destacándose la localidad de Tifariti. Por ende hay población permanente, uno de los requisitos para el reconocimiento de un estado.
Ø Gobierno: los saharauis cuentan desde 1976 con un gobierno nacional, Constitución y autoridades electas.
Ø Viabilidad. A pesar de las duras circunstancias, existe una economía de subsistencia y las instituciones estatales se han mantenido estables desde la creación de la RASD, a pesar de las severas condiciones impuestas por la guerra.
La República Saharaui reclama el cumplimiento el Plan de Paz de 1991, con el objetivo de llevar a cabo el referéndum, por el cual el pueblo saharaui decida definitivamente su destino, algo que viene siendo negado gracias a las complicidades que miran hacia otro lado ante los atropellos de la ocupación marroquí.
En lo referente a las Zonas Ocupadas, la doctrina internacional es contundente, al considerar que la ocupación militar de un territorio, contra la voluntad expresa de su población, es una violación a los Derechos Humanos. A lo largo de los años de ocupación marroquí del territorio saharaui, se han cometidos numerosas transgresiones al derecho internacional humanitario (DIH):
Ø Abusos perpetrados por organismos de seguridad de la Potencia ocupante, con el empleo de armas de fuego en la dispersión de manifestaciones; arrestos sin acusación formal; malos tratos a detenidos; restricciones en materia de libertad de expresión (particularmente a quiénes sostienen la postura independentista), reunión y comunicación. Esto atenta contra el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de 1966.
Ø Vicios en materia de garantías en procesos judiciales contra saharauis. Esto es en abierta contradicción contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en especial su art. 9.2. También vulnera el régimen del DIH.
Ø Ausencia de salvaguardias en materia de procesos realizados por tribunales militares, en abierta infracción a los Convenios de Ginebra.
Ø Desaparición de personas, detenciones sin orden judicial y debido proceso. Aspectos que constituyen graves infracciones al DIH y el régimen internacional de los DDHH.
Ø Modificación drástica de la economía del territorio ocupado, en particular con actividades de explotación: minería del fosfato, concesión de licencias de pesca, y de exploración de hidrocarburos. Los recursos obtenidos son administrados discrecionalmente por la Potencia ocupante. Esto también constituye no solo una grave infracción al DIH, sino también a los derechos humanos de la población del territorio ocupado, al estar marginada del proceso, siendo los saharauis los titulares de los derechos sobre los recursos naturales en su país.
Ø Restricciones en materia de libertad de asociación, en particular ante la petición formal de organizar asociaciones locales de defensa de los DDHH.
Ø Negativa de la Potencia ocupante de dar información sobre 150 prisioneros de guerra, como de más de 400 presuntos desaparecidos. Constituyen otras graves infracciones al DIH y los DDHH, configurándose como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Ø Limitación en materia de contacto entre la población de los campos refugiados y la población de los territorios ocupados.
Ø Impedimento para mantener estructuras que permitan al territorio ocupado tener vida pública en los ámbitos político, social, económico. Tras la ocupación las instituciones que existían fueron suprimidas y reemplazadas por estructuras de la administración marroquí. (Esto atenta contra el Reglamento de La Haya).
Ø Política de instalación de colonos, en clara vulneración al art. 49 del IV Convención de Ginebra que dice: “La Potencia ocupante no podrá proceder a la evacuación o transferencia de una parte de su propia población civil al territorio por ella ocupado.” Anexión legal del territorio ocupado, extendiendo la jurisdicción y legislación del estado marroquí a las llamadas “Provincias del Sur” en clara contravención a los art. 43 del Reglamento de La Haya de 1907, y 64 del IV Convenio de Ginebra, que claramente señalan la obligación de la Potencia ocupante de mantener la legislación y jurisdicción penal del territorio ocupado.
Ø Imposibilidad de disponer libremente de los recursos naturales, dado que la explotación de ellos están controlados por Rabat, en abierta contradicción de los art. 25 del pacto internacional de derechos políticos, económicos, sociales y culturales; y 47 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. Debe recordase que el dictamen de 2002 del Departamento jurídico de la ONU, señaló que la explotación de los recursos naturales debe realizarse en conformidad y colaboración de la población saharaui, y en beneficio de la misma.
Estamos ante una realidad jurídica donde el Sahara Occidental, es un territorio ocupado en los términos del DIH por parte de Marruecos, que la potencia ocupante – no confundir con potencia administradora – siendo responsable de numerosas violaciones al derecho internacional. Sin ninguna duda estamos ante una grave violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Nuestra postura, que es que el Sahara Occidental es un estado, donde la mayor parte del territorio está sujeta a ocupación militar. No obstante, existen voces y opiniones, amparándose en el estatus que reconoce Naciones Unidas, que el país de los saharauis, es un Territorio No Autónomo. Ello no impide que no sea aplicable el régimen del DIH. La doctrina internacional es clara al respecto, como el Protocolo Adicional I de 1977, que incorporó una cláusula en el sentido tanto de las Convenciones de 1949 como el propio Protocolo I se aplican a la lucha de los pueblos en el ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación. La normativa en materia de DIH, señala que la población del territorio ocupado no tiene ningún deber legal de obediencia al Estado ocupante, si bien dicho Estado puede establecer algunas normas que permitan cierta subordinación, en el marco de las Convenciones de Ginebra, y deben ser distintas a las normas vigentes al territorio ocupado. El Estado ocupante es responsable de garantizar el bienestar de la población del territorio ocupado, mantener los servicios públicos esenciales, la educación y la salud de la población. Las obligaciones del Estado ocupante incluyen la imposibilidad de modificar el estatuto de los funcionarios, respetar la legislación vigente, garantizar el funcionamiento de la Cruz Roja y sus sociedades, y los organismos de protección civil. Marruecos viola todo esto sistemáticamente desde 1975 y ha transformado al pueblo saharaui en una nación dividida por la fuerza.
El comportamiento de Marruecos indica claramente que es responsable internacionalmente por sus actos y que debe al pueblo saharaui una compensación por tantos años de sufrimiento y expolio. No solo Rabat debe rendir cuentas, sino también los gobiernos que fueron y son sus cómplices de que la República Saharaui, en pleno siglo XXI sea un Estado ocupado. Lamentablemente, desde Naciones Unidas no hay iniciativas en el seno de la Asamblea General, para condenar la grave situación que padece el pueblo saharaui por años de ocupación.
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[1] Abogado. Magíster en Defensa Nacional. Corresponsal de Diario El Minuto para Argentina. Miembro del Centro de Estudios del Sahara Occidental (Universidad Santiago de Compostela). Autor de los libros: Sahara Occidental. El Conflicto Olvidado. EUDE. 2016 y Sahara Occidental. Plan de Paz y Situación Jurídica. Edición del Autor. 2023.
Sáhara Occidental | La ONU acusa recibo de la propuesta ampliada del Frente Polisario
Por Ana Stella
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha remitido una carta al Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali, en la que confirma la recepción de la propuesta ampliada presentada el pasado 20 de octubre sobre una posible solución política al conflicto del Sáhara Occidental.
Según la comunicación oficial hecha pública, el Secretario General: «ha acusado recibo de la Propuesta ampliada presentada por el Frente Polisario», «reitera la necesidad de reanudar el proceso político bajo los auspicios de las Naciones Unidas», y «enfatiza la importancia de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad».
La propuesta ampliada del Frente Polisario se presentó en el marco de la revisión del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), cuyo objetivo permanece definido en Naciones Unidas como «facilitar la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental».
Resolución 2797/2025: Cabeceras de prensa ¿Vestidas de amarillo?
Por Mahayub Sidina
Nada más hecha pública, la contradictoria resolución 2797/2025 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental, algunas cabeceras importantes, de la prensa española, daban la impresión que han sacado del armario a sus trajes amarillos. Y por poco sacaban a relucir, en las solapas de sus vestidos, lo retratos de Mohamed VI en miniatura.
No han dejado a nadie indiferente titulares como: –“50 años después, la última colonia de África está cada vez más cerca de convertirse en una “provincia” marroquí”. -“El botín que haría grande el reinado de Mohamed VI de Marruecos: Trump le sirve en bandeja de plata el Sáhara Occidental”. -“Cambio en el Sahara Occidental”. -Y otros más…
La ligereza con que dichos medios han tratado el contenido de la resolución, que prórroga el mandato de la MINURSO, roza el sensacionalismo. Parece una onomatopeya de las “celebraciones” de los colonos marroquíes en las zonas ocupadas del Sahara Occidental.
Los medios en cuestión, han tenido ojos solamente para el, hasta ahora inexistente, plan de autonomía marroquí. Han pasado de puntillas sobre “una solución mutuamente aceptable, consistente con los principios y objetivos de la carta de las Naciones Unidas, que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”.
Es lamentable que cabeceras, de tal calibre, incurran en una interpretación selectiva, en consonancia con la propaganda colonial marroquí. La carrera contrarreloj, observada en Nueva York, para imponer una solución injusta fuera del marco de las Naciones Unidas, esconde otras preocupaciones mucho más serías: el futuro de la monarquía marroquí.
Con una precipitación inusual, los autores del borrador inicial pretendían, desesperadamente, extrapolar, al conflicto del Sáhara Occidental, recetas condimentadas en otras latitudes, con el fin de socavar el inalienable derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. El chaleco salvavidas lanzado, a un monarca moribundo y a su régimen a la deriva, se ha agujereado en el intento.
Es cierto que, a pesar del lavado profundo al que ha sido sometido el borrador inicial, la resolución podría haber sido mejor. No obstante, Marruecos y sus aliados tampoco han podido salir con la suya.
Abstracción hecha de sus deficiencias y contradicciones notorias, la resolución tiene, al menos, el mérito de haber colocado el conflicto en la delantera de la actualidad internacional. También ha conminado claramente a Marruecos que el único camino, para la solución, pasa por la negociación, con el Frente POLISARIO, único y legitimo representante del pueblo saharaui, negociación que el ocupante viene rechazando desde 2019.
Sin ningún complejo, el Frente POLISARIO dijo claramente, hace bastante tiempo, que no tenía ningún inconveniente en incluir el supuesto plan de autonomía, como una opción mas, pero corresponde al pueblo, y al pueblo saharaui exclusivamente, refrendar una de ellas. Por lo cual, no se está hablando de nada nuevo. Tampoco, los malabarismos politiqueros podrían ser un motivo para prejuzgar del resultado, de un hipotético proceso de negociación que aún no ha empezado.
A lo largo de los últimos 50 años, el Consejo de Seguridad aprobó decenas de resoluciones, la mayoría por unanimidad, sobre el Sáhara Occidental. Entre ellas hay que destacar el plan de arreglo de 1990 y el Plan Baker de 2003. Todas ellas subrayan, claramente, que se trata de un problema de descolonización cuyo solución reside en el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho inalienable e imprescindible derecho a la autodeterminación.
Aunque el relato marroquí pretenda lo contrario, el pueblo saharaui era, es y seguirá siendo el único habilitado a determinar el futuro del territorio a través de un referéndum justo, libre y fuera de toda coacción militar o administrativa.
Si se da por hecho que una sola resolución se inclina más por la postura marroquí, existen, y no de menos, otras decenas de resoluciones que apoyan contundentemente a la postura del Frente POLISARIO y que Marruecos nunca ha querido implementar.
Salvo los USA, Francia y Sierra Leona, en la explicación del voto, los demás 12 países, que votaron a favor, se abstuvieron o no participaron, nadie apoyó la autonomía. En cambio, respaldaron el derecho de autodeterminación, la prórroga de la MINURSO y las negociaciones. Un caso atípico, el Reino Unido, dijo apoyar la autonomía y la autodeterminación a la vez.
En resumidas cuentas, ha quedado patente, durante las reuniones del Consejo de Seguridad, que algunos miembros permanentes, movidos por los recursos naturales o la nostalgia colonial, han ejercido todo tipo de presiones, para imponer sus agendas nacionales, sin importarles las consecuencias para el Derecho Internacional.
No lo han conseguido, pero han dado un paso más en la erosión del orden mundial actual. La exageración, desproporcionada, del papel jugado por la diplomacia marroquí, no era más que un vano intento para dar vida propia a un títere. Los mismos poderes, que en 1975 intentaron, militarmente, arrojar el pueblo saharaui al mar, no cesan en su macabro empeño 50 años después. No lo han conseguido en aquel entonces, ni lo conseguirán nunca.
El alcance de la amenaza yihadista: estos son los grupos terroristas que están a las puertas de Bamako
La última cifra registrada muestra un repunte sin precedentes en los ataques terroristas en al menos tres países del Sahel; Malí, Níger y Burkina Faso.
Por Lehbib Abdelhay
Madrid (ECS).- A pesar de los esfuerzos desplegados por los líderes de las juntas militares en Mali, Burkina Faso y Níger, la violencia yihadista sigue en repunte, como consecuencia de la inestabilidad y de las políticas de los regímenes de estos tres países, que formaron una confederación llamada la Alianza de la Gourma (AES). Los países de la AES centran su estrategia en luchar contra los movimientos de Azawad en el norte de Mali en lugar de luchar contra los grupos terroristas diseminados en las regiones cercanas a las capitales de estos tres países.
Los grupos extremistas han transformado la región africana del Sahel en uno de los focos de terrorismo más destacados del mundo. Los últimos meses han sido testigos de una expansión significativa y cuantitativa de los ataques terroristas en Mali. Para comprender esta transformación, hay que conocer la naturaleza y la composición de los principales grupos yihadistas que operan en Mali.
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Jama’at Nusrat al-Islam (JNIM): Es una alianza entre cuatro grupos terroristas de Al Qaeda: Ansar Eddine, Al-Mourabitoun, Macina y el Emirato de Tombuctú (Brigadas del Sahara)
Jama’at Nusrat al-Islam (JNIM) es el grupo terrorista más extendido en todo el Sahel
El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (afiliado a Al-Qaeda), liderado por Iyad Ag Ghaly (Abu Al-Fadl), divide el Estado de Mali en seis (6) regiones militares repartidas por todo el territorio nacional de este país:
– Región de Macina (Mopti), en el centro del país, liderada por Amadou Koufa (Fulani).
– Región de Emirato del Sahara (Tombuctú), oeste del país, liderada hasta el 11 de marzo de 2025 por Talha Al Libi (Abu Hind). Ahora si líder es Abderahman al Jazairi.
– La región de Arbinda, frontera entre Burkina Faso y Mali. Su líder es Abu Hamza Al-Chenguiti (mauritano, quien murió hace una semana en un ataque entre Kidal y Tombuctú).
– Región de Menaka, en el extremo oriental de Malí. Su líder es Faknan Ag Taki (de origen tuareg).
– Región de Gao, al noreste de Malí, liderada por Hamza Tabencourt.
– Región de Kidal, la parte más septentrional del país, liderada por Sidan Ag Hita (Abou Outhmane Al Ansari), es la mano derecha de Iyad Ag Ghaly.
Además; JNIM cuenta con dos unidades de apoyo logístico: Batallón Gourma y el Batallón Mima. La función de estas dos unidades de apoyo es proporcionar medios logísticos para todas las operaciones terroristas y gestionar el expediente de los rehenes, entre otras cosas.
Estas son las principales facciones yihadistas que operan en el Sahel bajo el paraguas de Al Qaeda dirigida por el argelino Abu Oubaida Yusef Al Annabi:
– Ansar Eddine, su base principal se encuentra en Kidal y se extiende hasta Tinzawaten, frontera con Argelia. Últimamente esa facción creó cuatro nuevas unidades militares ligeras.
– Macina, también llamada Frente de Liberación de Macina. Esta facción, la mayor de todas, está dirigida por Amadou Koufa. Ese grupo controla la región que se extiende desde el suroeste de Tombuctú hasta Burkina Faso y Guinea, pasando por la región de Mopti, en el centro de Malí.
– El batallón Khaled bin Al-Walid, conocido como Ansar Eddine del sur, dirigido por Suleiman Keita. Está presente desde el este de Bamako hasta la frontera con Burkina Faso.
– La brigada del sur del Río Níger, su líder es Al Mansour Ag Alghassam. Su zona de influencia se extiende desde el sur de Tombuctú hasta Mopti, en el centro de Malí.
El alcance de las amenazas de los grupos extremistas en el Sahel
La región fronteriza entre Níger, Burkina Faso y Mali es descrita como “el triángulo más peligroso”, donde las organizaciones terroristas son muy activas y desde esa región (Gourma – Liptako) lanzan sus ataques terroristas en los tres países.
Estas organizaciones han aumentado sus ataques, especialmente después del golpe militar en Níger en octubre de 2023. ISIS (Wilaya Sahel) se ha convertido en un actor importante en la región de las tres fronteras y comenzó a imponer su agenda y controlar grandes áreas en el noreste de Mali y el oeste de Burkina Faso.
Las actividades terroristas y los ataques por parte del ISIS (Wiyala Sahel) se registran en su mayoría en la ciudad de Menaka, Níger y las áreas bajo su influencia en Tillaberi (oeste de Níger). Su actividad ha comenzado a extenderse a los países del Atlántico, como Benin, Togo y Costa de Marfil. Los grupos vinculados a Al-Qaeda también se están extendiendo al África subsahariana, a países de África Occidental como Benin. La actividad extremista en Benin se concentra en el norte del país, donde los grupos afiliados a Al Qaeda intentan reclutar y atraer nuevos combatientes.
El Sahel se ha convertido en “el epicentro del terrorismo global”
El último informe mensual del Centro Estratégico, Defensa y Seguridad (CEDyS), un observatorio que monitorea el crecimiento de la influencia de los grupos yihadistas y su modelo operativo en la región del Sahel y Norte de África, destaca un aumento considerables de la actividad terrorista en los países de la región durante el mes de octubre, lo que refleja una clara expansión de la agenda de estas organizaciones extremistas hasta llegar a las puertas de Bamako, capital de Mali.
Tensión y asfixia económica: el avance del terrorismo en el Sahel durante octubre
El panorama del terrorismo en la región del Sahel durante el mes de octubre refleja una dinámica de asfixia económica y expansión territorial de los grupos yihadistas.
En Mali, la coalición Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) ha consolidado su influencia mediante estrategias de bloqueo que exponen las debilidades del Estado y socavan la legitimidad del gobierno militar. La crisis del combustible, agravada en las últimas semanas, ha paralizado gran parte de la economía y profundizado las divisiones internas.
Inicialmente concentrado en las zonas de Kayes y Nioro, el cerco se extendió hacia las principales rutas comerciales, como el eje Kayes–Bamako (a través de Senegal y Mauritania) y Sikasso–Bamako (conectado con Costa de Marfil). Según fuentes locales, más de 230 camiones cisterna han sido destruidos desde el inicio de lo que en la práctica se ha convertido en un bloqueo total del suministro de combustible.
Las operaciones del JNIM —que incluyen emboscadas, artefactos explosivos, incendios provocados y extorsión— no solo han interrumpido el transporte de hidrocarburos, obligando a las empresas privadas a retirarse, sino que también han afectado importaciones esenciales de energía, minerales y alimentos.
Dado que la mayor parte del comercio exterior maliense transita por las rutas occidentales, el objetivo de los insurgentes parece claro: mostrar la vulnerabilidad del régimen y erosionar la confianza popular en el consejo militar. Aunque algunas fuentes estiman que la caída del gobierno podría producirse en tres a cinco meses, los analistas consideran improbable la instauración de un califato islámico en Mali, por limitaciones logísticas, operativas e ideológicas. Sin embargo, varios observadores advierten que solo un milagro podría salvar al gobierno, que ya habría iniciado canales de negociación discretos con el JNIM.
La crisis se agrava por la creciente inestabilidad interna y las tensiones dentro de las fuerzas armadas, que amenazan con fracturar el aparato militar
En el plano diplomático, las relaciones entre Mali y Argelia se han mantenido tensas durante el periodo analizado. Paralelamente, el consejo militar maliense ha reavivado fricciones con Mauritania, a través de provocaciones en la franja fronteriza común. En esa “crisis silenciosa”, fuerzas de seguridad de ambos países han detenido a ciudadanos acusados de simpatizar con el otro bando, una situación que podría poner en riesgo a minorías étnicas en ambos países.
En un contexto más amplio, JNIM continúa su expansión hacia el oeste, acercándose peligrosamente a Mauritania y Senegal, lo que ha llevado al Ejército mauritano a declarar internamente un estado de máxima alerta. El ministro de Defensa mauritano y varios altos mandos se encuentran desde hace semanas en el este del país, supervisando la preparación de las tropas y monitorizando de cerca el tenso escenario de seguridad en la vecina Mali.
El cinturón golpista ha convertido el Sahel en el epicentro del terrorismo yihadista global; están en las puertas de Bamako
Lehbib Abdelhay, experto en temas de seguridad en el Sahel
El pasado 16 de septiembre se cumplían dos años de la creación de la Alianza de Estados en el Sahel (AES) compuesta por Mali, Burkina Faso y Níger, tres países en los que se ha creado un auténtico triángulo de violencia yihadista, crisis e inestabilidad a raíz de la creciente presencia e influencia de organizaciones terroristas asentadas en sus territorios, especialmente en el área de Liptako Gourma, norte de Mali (Azawad) y la frontera de Mali con Mauritania.
La confederación AES, lejos de haber conseguido éxitos en sus operaciones antiterroristas desde su creación, ha provocado una profunda reestructuración de los compromisos de seguridad previamente adquiridos y ha forzado a países vecinos a revisar sus estrategias a la hora de crear presión e invertir esfuerzos que satisfagan sus intereses geoestratégicos. Países como Níger, Mali o Chad han roto lazos con sus socios occidentales tradicionales como Francia, Estados Unidos y la Unión Europea, rellenando el vacío de cooperación y las estructuras de seguridad con países como Rusia, China o Turquía. Otras potencias regionales, como Argelia, Nigeria o Costa de Marfil, también se encuentran inmersas en la reedición de unas nuevas dinámicas de poder vis a vis los países de la AES que les ayuden a salvaguardar su seguridad y prevenir los focos de amenazas que asolan en su vecindario. A Occidente le sobran cada vez menos las amistades en África Occidental, buscando cumplir con las expectativas de los pocos socios preferentes que les quedan (como Mauritania o Senegal) para contrarrestar un posible acercamiento de Rusia y otros actores.
El Ejército de Argelia derriba un dron turco AKINCI cerca de la frontera con Mali
Por su parte, la actividad terrorista en la zona no ha hecho más que aumentar en los últimos meses. La coalición Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), afiliada a Al Qaeda, ha demostrado ostentar una presencia y poder incuestionables desde el norte de Mali hasta el sur de Burkina Faso, e incluso en el Golfo de Guinea, especialmente en Togo y en Benín. El Estado Islámico en el Sahel, muy activo en su zona de operaciones (flanco oriental maliense, en Ménaka, y Níger, en Tillaberi), también se encuentra fortaleciendo su propia marca convertida desde 2022 en una wilaya más de Estado Islámico, con grandes éxitos tanto mediáticos como operativos. Su nueva estrategia es el secuestro de ciudadanos occidentales y los no occidentales.
Los ataques yihadistas de grupos como Al Qaeda (JNIM) o Estado Islámico (tanto en el Sahel como en lago Chad a través de ISWAP) están poniendo contra las cuerdas a unos regímenes militares que únicamente buscan preservar su poder y control del estado a cualquier coste, manteniendo así unos regímenes que han llegado la mayor parte de ellos a través de un golpe de estado, el último de ellos Níger en julio de 2023. Sin embargo, la imposibilidad de disminuir las dinámicas del terrorismo regional está poniendo en peligro la popularidad de estos sistemas de gobierno, lo que frecuentemente está desembocando en intentos de golpe de Estado que buscan socavar el actual régimen e instaurar una nueva autoridad.
Mientras los intentos de tomar el poder fallan en su cometido, las juntas militares están optando por emplear tácticas más coercitivas, incluyendo detenciones, arrestos arbitrarios, violaciones a los derechos más básicos y castigos ejemplarizantes, en un desesperado intento de acallar las voces que ponen en duda la verdadera efectividad de los gobiernos militares afincados en el poder.
La sociedad civil, atrapada entre el fuego cruzado de grupos yihadistas y fuerzas de seguridad, enfrenta un panorama de inseguridad agravado por múltiples factores.
No solo sufre la violencia yihadista, sino también los abusos de las fuerzas estatales, la rampante y depredadora economía criminal, que no hace más que crecer con el paso de los años y de la que cada vez más sectores de la población dependen, y los conflictos interétnicos, que juegan un papel crucial en la dinámica de los conflictos locales. Este entorno se ve agravado por los impactos del cambio climático: inundaciones, sequías y la desertificación empujan a las comunidades a migrar en busca de tierras más fértiles, aunque esto signifique someterse al control de grupos islamistas o de milicias tribales en conflicto.
El Sahel se ha convertido en un nuevo espacio de competición geopolítica multinivel, por lo que atraviesa uno de sus momentos más críticos a su seguridad. Los focos de conflicto son numerosos y las partes que intervienen, lejos de proporcionar la protección necesaria, están inmersos en sus propias agendas e intereses, dejando a la población local sumida en una de las crisis humanitarias más graves y extensas geográficamente a las que ha podido hacer frente.
El Sahel se ha convertido en “el epicentro del terrorismo global”
El último informe mensual del Centro Estratégico, Defensa y Seguridad (CEDyS), un observatorio que monitorea el crecimiento de la influencia de los grupos yihadistas y su modelo operativo en la región del Sahel y Norte de África, destaca un aumento considerables de la actividad terrorista en los países de la región durante el mes de octubre, lo que refleja una clara expansión de la agenda de estas organizaciones extremistas hasta llegar a las puertas de Bamako, capital de Mali.
Tensión y asfixia económica: el avance del terrorismo en el Sahel durante octubre
El panorama del terrorismo en la región del Sahel durante el mes de octubre refleja una dinámica de asfixia económica y expansión territorial de los grupos yihadistas.
En Mali, la coalición Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) ha consolidado su influencia mediante estrategias de bloqueo que exponen las debilidades del Estado y socavan la legitimidad del gobierno militar. La crisis del combustible, agravada en las últimas semanas, ha paralizado gran parte de la economía y profundizado las divisiones internas.
Inicialmente concentrado en las zonas de Kayes y Nioro, el cerco se extendió hacia las principales rutas comerciales, como el eje Kayes–Bamako (a través de Senegal y Mauritania) y Sikasso–Bamako (conectado con Costa de Marfil). Según fuentes locales, más de 230 camiones cisterna han sido destruidos desde el inicio de lo que en la práctica se ha convertido en un bloqueo total del suministro de combustible.
Las operaciones del JNIM —que incluyen emboscadas, artefactos explosivos, incendios provocados y extorsión— no solo han interrumpido el transporte de hidrocarburos, obligando a las empresas privadas a retirarse, sino que también han afectado importaciones esenciales de energía, minerales y alimentos.
Dado que la mayor parte del comercio exterior maliense transita por las rutas occidentales, el objetivo de los insurgentes parece claro: mostrar la vulnerabilidad del régimen y erosionar la confianza popular en el consejo militar. Aunque algunas fuentes estiman que la caída del gobierno podría producirse en tres a cinco meses, los analistas consideran improbable la instauración de un califato islámico en Mali, por limitaciones logísticas, operativas e ideológicas. Sin embargo, varios observadores advierten que solo un milagro podría salvar al gobierno, que ya habría iniciado canales de negociación discretos con el JNIM.
La crisis se agrava por la creciente inestabilidad interna y las tensiones dentro de las fuerzas armadas, que amenazan con fracturar el aparato militar
En el plano diplomático, las relaciones entre Mali y Argelia se han mantenido tensas durante el periodo analizado. Paralelamente, el consejo militar maliense ha reavivado fricciones con Mauritania, a través de provocaciones en la franja fronteriza común. En esa “crisis silenciosa”, fuerzas de seguridad de ambos países han detenido a ciudadanos acusados de simpatizar con el otro bando, una situación que podría poner en riesgo a minorías étnicas en ambos países.
En un contexto más amplio, JNIM continúa su expansión hacia el oeste, acercándose peligrosamente a Mauritania y Senegal, lo que ha llevado al Ejército mauritano a declarar internamente un estado de máxima alerta. El ministro de Defensa mauritano y varios altos mandos se encuentran desde hace semanas en el este del país, supervisando la preparación de las tropas y monitorizando de cerca el tenso escenario de seguridad en la vecina Mali.
El Washington Post duda que la autonomía para el Sáhara Occidental sea lo que Marruecos realmente desea
Marruecos, ¿realmente desea la autonomía para el Sáhara Occidental?
Washington (ECS).- ¿Y si Marruecos no buscara en realidad la autonomía para el Sáhara Occidental? La cuestión, que puede parecer improbable dado el empeño del reino en presentarla como la única base posible para una solución al conflicto, ha sido planteada por el diario estadounidense The Washington Post, que sugiere que es el propio Marruecos quien estaría bloqueando esa opción.
En un análisis publicado esta semana, el periódico se pregunta si la imposición del plan autonómico supondría “el fin de la crisis o el inicio de otra en Marruecos”.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 31 de octubre una resolución en la que se menciona por primera vez la autonomía “bajo soberanía marroquí”, que podría representar “la solución más viable” al conflicto. Rabat celebró el texto como una victoria diplomática y un paso hacia el fin del contencioso. Sin embargo, The Washington Post duda de que la autonomía sea realmente el objetivo final de Marruecos. “Tras este aparente avance diplomático se cierne un riesgo que Rabat teme desde hace tiempo: el efecto dominó en otras regiones del reino”, indica el diario norteamericano, en referencia a zonas como el Rif.
Esta región del norte fue escenario entre 2016 y 2017 de un movimiento de protesta, conocido como el Hirak del Rif, que reclamaba más desarrollo y el fin de la desigualdad. El movimiento fue reprimido por las autoridades marroquíes. Las aspiraciones autonomistas o independentistas en el Rif se remontan a hace un siglo, cuando Abdelkrim El Khattabi intentó crear la efímera República del Rif tras su derrota ante las fuerzas españolas y francesas apoyadas por la monarquía marroquí.
El Partido Nacionalista del Rif (PNR) mantiene esa reivindicación. “Si Marruecos concede autonomía a una región en disputa, ¿por qué no al Rif? Nuestras demandas son las mismas: dignidad, igualdad y control de los recursos”, declaró al Washington Post un activista rifeño residente en Europa.
Temor a un “efecto bumerán”
Según el diario estadounidense, analistas consultados sostienen que “el palacio real teme precisamente ese efecto bumerán”. El medio recuerda que el plan de autonomía, presentado en 2007, sigue sin aplicación práctica: no se han celebrado elecciones locales ni se ha producido una verdadera transferencia de competencias. Fuentes citadas explican esta situación por el hecho de que Rabat “no quiere crear un modelo que pueda replicarse en otras regiones”.
“Marruecos juega a dos bandas: presenta la autonomía como solución internacional, pero la bloquea en la práctica para evitar que otras regiones, en particular el Rif o el Souss, exijan lo mismo”, afirmó un diplomático europeo consultado por el periódico.
Incluso el Frente Polisario calificó la última resolución del Consejo de Seguridad como un “regalo envenenado” de Estados Unidos a Marruecos. La organización, reconocida por la ONU como representante legítima del pueblo saharaui, rechaza el plan de autonomía y mantiene su exigencia de celebrar un referéndum de autodeterminación.
Por ahora, el principal efecto de la resolución parece haber sido reavivar las aspiraciones autonomistas en otras zonas del país. “En los callejones de Alhucemas o Nador, algunos ya susurran: si el Sáhara obtiene autonomía, ¿por qué nosotros no?”, concluye The Washington Post.
Soberanía, seguridad y equilibrio en el Magreb
Por Ana Stella
El Sáhara Occidental es el centro de gravedad que determina el equilibrio de poder en el Magreb. No es una cuestión simbólica ni un conflicto lejano: es el factor que define quién controla el Estrecho, quién influye en la seguridad del Mediterráneo occidental y quién puede condicionar a España en su frontera sur.
Desde el punto de vista jurídico, la situación es clara:
– Naciones Unidas no reconoce soberanía marroquí sobre el Sáhara.
– La Corte Internacional de Justicia afirmó que no existen vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el territorio.
– La MINURSO sigue desplegada porque la descolonización no ha concluido.
Marruecos conoce este límite legal y, por eso, no basa su estrategia en el derecho, sino en la fabricación de hechos consumados mediante alianzas militares, diplomáticas y económicas que generen la impresión de irreversibilidad. Su objetivo es convertir una ocupación ilegal en una realidad políticamente aceptada.
Los Acuerdos de Abraham: territorialidad a cambio de reconocimiento
La adhesión de Marruecos a los Acuerdos de Abraham en 2020 no fue un movimiento ideológico. Fue una transacción:
– Marruecos normaliza relaciones con Israel.
– Estados Unidos reconoce políticamente la supuesta “marroquinidad” del Sáhara.
– Este reconocimiento no tiene validez jurídica internacional.
Pero sí tiene efectos prácticos:
– Refuerza la narrativa interna de “victoria”.
– Proporciona cobertura diplomática.
– Abre acceso a cooperación militar de alto nivel.
– La cooperación es operativa, no simbólica:
– Drones israelíes desplegados en el muro.
– Sistemas ISR integrados en el desierto.
– Entrenamiento militar conjunto en escenarios áridos.
Tánger, nodo estratégico del Estrecho, ha pasado a ser una pieza de interés para Washington y Tel Aviv. Esto impacta directamente la soberanía española en el Mediterráneo occidental.
Estados Unidos y el control del Estrecho
La activación de la Hoja de Ruta 2020–2030 y la implicación de AFRICOM consolidan el bloque EE. UU.–Marruecos. Para Washington, Rabat cumple tres funciones:
1. Controlar el Estrecho en un contexto de rivalidad global.
2. Proyectarse hacia el Sahel, donde actores como Rusia y grupos armados están ganando espacio.
3. Equilibrar a Argelia, aliada estratégica de Rusia e Irán.
Para Marruecos, esta alianza supone:
– Escudo diplomático occidental.
– Modernización acelerada del armamento.
– Legitimación indirecta de la ocupación del Sáhara.
– La legalidad no cambia. La correlación de fuerzas, sí.
Turquía y Emiratos: influencia sin bandera
La instalación de Baykar / Atlas Defense en Ben Slimane no supone autonomía militar marroquí, sino dependencia tecnológica:
Software turco.
Comunicaciones turcas.
Sensores turcos.
Marruecos opera plataformas, pero no controla sus claves internas.
Turquía gana influencia militar en el Magreb y el Sahel.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos no busca territorio:
busca infraestructura y corredores logísticos.
Gobierna mediante apalancamiento, no ocupación.
Argelia contrapone este escenario con:
– Autonomía energética y militar.
– Alianza con Rusia.
– Defensa firme del derecho de autodeterminación saharaui.
– El resultado no es negociación.
– Es equilibrio estratégico.
La economía marroquí: expansión sin autonomía
La ampliación de Renault hasta 2030 se presenta como industrialización.
Pero la gobernanza sigue estando fuera de Marruecos:
Decisiones estratégicas en París.
Tecnología europea.
Marruecos ensambla, no diseña ni controla.
Incluso el futuro eléctrico depende de minerales, baterías y energía que Rabat no produce.
Existe crecimiento.
No existe soberanía industrial.
Renovación de la misión de la ONU para referéndum en el Sáhara Occidental un año más
La frontera como herramienta de presión
España no controla su frontera sur; la gestiona. Quien controla los flujos es Marruecos.
Dos rutas son decisivas:
1. Mediterráneo Occidental → Ceuta, Melilla, Península.
2. Atlántica → Canarias (la más mortal del mundo).
El cruce en parapente hacia Ceuta resume la relación: España abre la puerta. Marruecos decide si se toca el timbre.
El túnel del Estrecho: riesgo de dependencia estructural
El proyecto Tarifa–Tánger (8.500 millones) se presenta como integración. Pero sin soberanía fronteriza real, no sería integración. Sería subordinación física.
No solo transportaría mercancías. Transportaría presión demográfica y capacidad de condicionamiento interno.
El Magreb no es un escenario externo para España.
Es el espacio donde se decide su soberanía, su seguridad y su posición en el Mediterráneo.
Ahí convergen:
La disputa territorial del Sáhara.
El despliegue militar de EE. UU. e Israel en Tánger.
La proyección turca y emiratí.
La autonomía estratégica argelina.
La presión migratoria constante sobre territorios españoles.
La cuestión no es si España puede actuar. Tiene legitimidad histórica, capacidad política y medios.
La verdadera pregunta es:
¿España ejercerá su soberanía, o seguirá reduciéndose a administrarla en los papeles?
El tiempo para decidir se está acortando. La geopolítica no espera.
La Marcha Verde: la rendición de un Estado y la traición a un pueblo que confió en España
Por Ana Stella
Cada aniversario de la Marcha Verde devuelve a la memoria uno de los episodios más deshonrosos de la historia contemporánea española. El Sáhara Occidental no fue una colonia tardía ni un territorio ajeno a nuestra vida nacional: fue administrado como una provincia, con ayuntamientos, representantes en las Cortes, documentación española y una población que compartía idioma, escuelas, cultura y en muchos casos servicio militar. El compromiso del Estado era claro: culminar el proceso de descolonización mediante un referéndum de autodeterminación reconocido y supervisado por Naciones Unidas. El pueblo saharaui confió en esa palabra.
En 1974, España informó oficialmente a la ONU que organizaría ese referéndum. El censo fue elaborado con presencia internacional y la administración civil se preparó para la transición democrática del territorio. El coronel Luis Rodríguez de Viguri, secretario general del Gobierno del Sáhara, lo expresó sin ambigüedad: “Yo fui al Sáhara en 1974 con el mandato expreso de preparar al pueblo saharaui para la independencia.”
🗞⚡️ Se cumplen 50 años de la Marcha Verde, la operación de Hassán II, con el apoyo necesario de España, que marcó el futuro del pueblo saharaui y la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.
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— ECSaharaui (@ECSaharaui__) November 6, 2025
Pero mientras España avanzaba hacia una salida ordenada, Marruecos percibió un riesgo: un referéndum libre confirmaría que la voluntad mayoritaria era la independencia. Por eso el rey Hassan II llevó el caso al Tribunal Internacional de Justicia intentando obtener un título territorial. El TIJ, sin embargo, dictaminó el 16 de octubre de 1975 que no existía soberanía marroquí ni mauritana sobre el Sáhara Occidental. Solo reconoció vínculos de lealtad de carácter religioso que no constituyen reclamación territorial.
La conclusión era inequívoca: el Sáhara Occidental era un territorio pendiente de descolonización basado en la voluntad de su pueblo.
Sin embargo, el mismo día del dictamen, Hassan II anunció la Marcha Verde, presentándola como si el Tribunal hubiera legitimado sus aspiraciones. Fue una operación política cuidadosamente construida para ofrecer la imagen de una conquista inevitable. Pero la Marcha Verde no llegó a entrar realmente en el Sáhara. La frontera se mantuvo cerrada. España había minado las rutas y dado órdenes claras: si se cruzaba la línea, se abriría fuego. Marruecos lo sabía. No arriesgó el paso.
La imagen de cientos de miles de civiles avanzando hacia el desierto fue un acto teatral y calculado, no una ocupación territorial. Rodríguez de Viguri reveló un detalle casi borrado de la memoria colectiva: “En la cabecera de la Marcha Verde ondeaban banderas estadounidenses.”
La maniobra fue diplomática, psicológica y mediática: forzar a un Estado debilitado por la agonía de Franco, por divisiones internas en el Ejército y por la incertidumbre de la Transición, a retirarse sin conflicto armado. La entrada efectiva en el territorio no la hicieron los civiles de la Marcha Verde, sino las tropas marroquíes, días después, respaldadas por la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975. Esos acuerdos, como recordó en 2002 el asesor jurídico de la ONU, no transfirieron soberanía, porque España no podía ceder lo que no le pertenecía. La soberanía seguía sin determinar. La descolonización quedó interrumpida. Y el pueblo saharaui quedó expuesto.
La retirada española no fue una derrota militar. Fue una decisión política. Así lo dijo Antonio Carro, ministro de la Presidencia, en 1978: “No ocurrió lo peor. Tampoco diré que lo mejor. Fue lo menos malo.” Ese “menos malo” significó la dispersión de un pueblo entero. Significó bombardeos sobre columnas de refugiados en Um Dreiga y Tifariti. Significó el inicio de una guerra de dieciséis años. Y significó el nacimiento de los campamentos de Tinduf, donde más de 200.000 saharauis viven desde entonces.
Mientras tanto, en la otra orilla, algunos oficiales españoles fueron condecorados por Marruecos después de la entrega. Rodríguez de Viguri lo resumió con amargura: “Que yo sepa, nadie las ha devuelto.”
Desde entonces, casi nada ha cambiado en lo esencial. La ONU sigue considerando el Sáhara Occidental un territorio no autónomo. España sigue siendo potencia administradora de iure.
Marruecos es una potencia ocupante. Los tribunales europeos han reiterado entre 2016 y 2021 que el Sáhara no forma parte de Marruecos y que cualquier actividad económica en el territorio requiere el consentimiento del pueblo saharaui, representado internacionalmente por el Frente Polisario.
No hay ambigüedad legal. No hay vacío jurídico. No hay olvido posible.
La descolonización no se ha completado. Y el mecanismo sigue siendo el mismo que en 1974: el referéndum con opción de independencia. La Marcha Verde no fue una victoria de Marruecos. Fue la capitulación de un Estado que no estuvo a la altura de su palabra y de su responsabilidad. Fue la traición a un pueblo que confió en España porque España le había pedido confianza.
La historia no puede borrarse. Pero sus consecuencias sí pueden corregirse. España no debe mirar al pasado con culpa, sino al presente con responsabilidad. Se trata de derecho, de memoria y de honor. Y el honor, cuando se pierde, solo puede recuperarse cumpliendo la palabra.
De Mistura resalta «interés de la comunidad internacional» en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental
