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El alcalde de Ivry-sur-Seine insta a Macron a intervenir para lograr la liberación del defensor saharaui de derechos humanos Naâma Asfari

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París, 16 de julio de 2026 – El alcalde de la ciudad francesa de Ivry-sur-Seine, Philippe Bouyssou, instó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a intervenir ante las autoridades marroquíes en relación con el caso del defensor saharaui de derechos humanos y preso político Naâma Asfari, detenido desde 2010, y advirtió sobre el deterioro de su estado de salud mientras mantiene una huelga de hambre indefinida iniciada el pasado 8 de junio.

En una carta dirigida al jefe del Estado francés, Bouyssou expresó su preocupación por el “alarmante deterioro” de la salud de Asfari, ciudadano de honor de Ivry-sur-Seine desde 2016. Señaló que la huelga de hambre, denominada por el propio Asfari “huelga de hambre por la dignidad”, constituye una de las últimas formas de protesta utilizadas por numerosos presos políticos saharauis para denunciar sus condiciones de detención.

El alcalde destacó que Francia, en coherencia con su compromiso con los derechos fundamentales y el derecho internacional, y en respuesta al llamamiento del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, puede contribuir, mediante el diálogo con las autoridades marroquíes, a favorecer una solución conforme a los principios que defiende en la escena internacional.

En este contexto, Bouyssou pidió al presidente Macron que recuerde al Reino de Marruecos sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que apoye la exigencia de la liberación inmediata e incondicional de Naâma Asfari, de los demás presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik y de todos los defensores de los derechos humanos saharauis que permanecen actualmente detenidos. Asimismo, solicitó que, mientras permanezcan privados de libertad, sean trasladados al Sáhara Occidental para que puedan cumplir su detención cerca de sus familias.

La carta recuerda que Naâma Asfari fue detenido el 7 de noviembre de 2010 en la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, y que fue sometido a torturas antes de ser condenado a treinta años de prisión tras un proceso judicial que numerosas organizaciones de derechos humanos consideran carente de las garantías de un juicio justo, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Bouyssou recordó igualmente que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó, en su Opinión nº 23/2023, de 27 de marzo de 2023, que la detención de Naâma Asfari es arbitraria y recomendó su liberación inmediata, una reparación adecuada y la apertura de una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima.

Al concluir su carta, el alcalde reafirmó el compromiso de la ciudad de Ivry-sur-Seine con la paz, la solidaridad entre los pueblos y la defensa de los derechos humanos, reiterando su apoyo a la causa pacífica del pueblo saharaui, en consonancia con el respeto del derecho internacional y los principios defendidos por las Naciones Unidas.

Sánchez viajará a Argelia el 20 de julio, en su primera visita desde la crisis del Sáhara Occidental

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A la visita también asistirá la tercera vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, lo que confirma la importancia del tema energético en la agenda bilateral.

Madrid (ECS).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizará una visita oficial a Argel el 20 de julio, la primera desde 2020 y la primera desde la resolución de la crisis diplomática que se desató en 2022 con el cambio de postura de Madrid sobre el Sáhara Occidental. Así lo informó el diario español «El Objetivo», según el cual Sánchez será recibido por el presidente argelino. Abdelmadjid Tebboune como parte de una misión de un día. La visita también incluirá al tercer vicepresidente y ministro de transición ecológica, Sara Aageseny otro miembro del gobierno español. La presencia de Aagesen confirma la importancia del tema energético en la agenda bilateral: Argelia sigue siendo uno de los principales proveedores de gas natural de España y un socio clave para la seguridad energética en el Mediterráneo occidental.

La visita se produce en medio de una normalización gradual de las relaciones entre Madrid y Argelia, tras casi dos años y medio de tensiones diplomáticas y comerciales. La crisis comenzó en marzo de 2022, cuando el gobierno de Sánchez definió el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental como la base «más seria, creíble y realista» para la resolución del conflicto.

Argelia respondió retirando a su embajador, suspendiendo el Tratado de Amistad y Cooperación con España y bloqueando, de hecho, una parte significativa del comercio. El impacto económico de la crisis ha sido grave para las empresas españolas. Las exportaciones a Argelia, que alcanzaron aproximadamente 1,9 millones de euros en 2021, cayeron a poco más de 330 millones de euros en 2023. Las pérdidas totales para las empresas españolas se estimaron en más de 3,2 millones de euros. Tras el levantamiento gradual de las restricciones comerciales por parte de Argelia, el comercio ha reanudado su crecimiento, pero aún está lejos de los niveles anteriores a 2022.

Se prevé que las conversaciones entre Sánchez y Tebboune se centren en la cooperación energética, la reanudación de las inversiones, la revitalización de los intercambios económicos y la coordinación en cuestiones regionales clave, desde el Mediterráneo occidental hasta el Sahel.

La migración sigue siendo otro tema delicado: en los últimos meses, Madrid ha experimentado un aumento de las llegadas irregulares desde la costa argelina a las Islas Baleares, un fenómeno que exige una mayor coordinación operativa en la lucha contra las redes de trata de personas. La visita también tendrá lugar en un momento sensible para la política española.

El Congreso de los Diputados está estudiando un proyecto de ley para otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos durante la administración española del Sáhara Occidental. Este asunto conserva una gran relevancia histórica y diplomática y podría afectar a las relaciones con Argelia, Marruecos y el Frente Polisario.

Sánchez visitará a Argelia el 20 de julio para retomar el contacto con un socio estratégico clave de España

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Madrid (ECS).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizará una visita oficial a Argelia el 20 de julio, donde será recibido por el presidente Abdelmadjid Tebboune. Esta información fue revelada por el diario The Objetive, que señala que esta será la primera visita del presidente del Gobierno español a Argel desde octubre de 2020, antes de la grave crisis diplomática desencadenada por el repentino cambio de postura de Madrid sobre el tema del Sáhara Occidental.

Esta visita refleja el claro deseo de España de cerrar definitivamente el capítulo de una crisis diplomática cuyas consecuencias políticas y económicas han sido especialmente graves. Al romper con la tradicional posición de neutralidad de Madrid para apoyar el plan de autonomía de Marruecos, Pedro Sánchez dañó profundamente las relaciones con Argel, socio estratégico de España en el Mediterráneo.

La reacción de Argelia incluyó la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre ambos países, así como medidas comerciales de represalia que, según cifras citadas por The Objective, costaron a las empresas españolas más de 3.200 millones de euros. Las exportaciones españolas a Argelia se desplomaron entre 2021 y 2023, antes de que comenzara una normalización gradual del comercio en 2024.

Durante todo este periodo, sin embargo, Argelia se cuidó de preservar sus contratos de suministro de gas natural con España. Esta decisión reflejaba el deseo de las autoridades argelinas de evitar al pueblo español las consecuencias de una disputa política con su gobierno, al tiempo que mantenían la presión sobre Madrid por otros medios económicos y diplomáticos.

Hoy, las autoridades españolas parecen haber aprendido de esta crisis. Tras priorizar el fortalecimiento de los lazos con Rabat, el gobierno de Sánchez busca ahora reequilibrar su política hacia el Magreb restableciendo una relación de confianza con Argelia, un importante actor en el sector energético y un socio esencial para la estabilidad regional.

La visita del 20 de julio no fue improvisada. En las semanas previas, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, había realizado un viaje con el objetivo de preparar el terreno para la reanudación del diálogo político entre ambas capitales. Esta secuencia diplomática sugiere, según la prensa argelina, la posibilidad de reactivar el Tratado de Amistad entre los dos países, que se encuentra suspendido desde la crisis de 2022.

La visita se produce además en un momento político particular, marcado por el debate en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley destinado a facilitar la concesión de la ciudadanía española a miles de saharauis nacidos bajo la administración española. Si bien este tema sigue siendo delicado, Madrid parece ahora decidida a normalizar sus relaciones con Argel de forma duradera, consciente de que la estabilidad de la alianza hispano-argelina sigue siendo esencial en materia de energía, economía y seguridad.

Global Sumud Flotilla presenta documental «One Struggle: Western Sahara», dedicado al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui

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Global Sumud Flotilla ha producido el documental One Struggle: Western Sahara, con el que muestra públicamente su apoyo a la causa saharaui. La pieza, de 14 minutos, recorre la historia y la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación.

Madrid (ECS).— El Flotilla Mundial de la Resistencia presentó el documental «Una sola lucha: Sáhara Occidental», primer episodio de una serie dedicada a los movimientos de liberación. La producción, de 14 minutos de duración, aborda la situación del Sáhara Occidental y la lucha del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación. A través de un recorrido por la historia de la resistencia saharaui, el documental establece paralelismos con la causa palestina y analiza las estructuras políticas e internacionales que, según sus autores, influyen en ambos procesos.

El documental repasa la creación del Frente Polisario en 1973 por un grupo de estudiantes y activistas, así como la retirada de España del territorio en 1975. También hace referencia al marco jurídico internacional, incluido el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, en 1963, del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, y al dictamen de la Corte Internacional de Justicia que rechazó las reivindicaciones de soberanía de Marruecos y Mauritania sobre el territorio.

«Una sola lucha: Sáhara Occidental» ya está disponible como primer capítulo de esta serie documental, que prevé abordar en futuras entregas otros movimientos de resistencia en distintas regiones del mundo.

Ginebra | Organización de derechos humanos insta a Marruecos a aplicar las recomendaciones de la ONU sobre Naâma Asfari y advierte del deterioro de su estado de salud

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Ginebra (Suiza), 16 de julio de 2026 – La International Service for Human Rights (ISHR) expresó su profunda preocupación por el continuo deterioro del estado de salud del defensor saharaui de derechos humanos Naâma Asfari, quien mantiene una huelga de hambre indefinida desde el 8 de junio de 2026 en la prisión de Kenitra, en Marruecos, e instó a las autoridades marroquíes a adoptar medidas urgentes para proteger su vida y aplicar las recomendaciones y decisiones de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas relativas a su caso.

En un comunicado publicado este miércoles, la organización señaló que Asfari, quien ha denominado su protesta “La Batalla de la Dignidad”, exige la aplicación de las decisiones y recomendaciones emitidas desde hace años por los mecanismos de derechos humanos de la ONU sobre su caso y los de los demás detenidos del grupo de Gdeim Izik, las cuales siguen sin ejecutarse.

La ISHR advirtió que la prolongación de la huelga de hambre agrava los riesgos para la salud del defensor saharaui y pidió a las autoridades marroquíes que adopten medidas inmediatas para garantizar su vida e integridad física, además de cumplir sin más demora las decisiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) y la Opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Según informó la familia de Asfari hace dos días, el defensor ha perdido aproximadamente nueve kilogramos desde el inicio de la huelga de hambre y ha intensificado su protesta al negarse a colaborar con el médico de la prisión y renunciar a su período diario de ejercicio.

La organización recordó que diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han concluido, durante la última década, que en los casos de los detenidos de Gdeim Izik se cometieron graves violaciones del derecho internacional. En este contexto, el Comité contra la Tortura determinó que Marruecos violó la Convención contra la Tortura en el caso de Naâma Asfari y de otros miembros del grupo, al considerar que las condenas se basaron en declaraciones obtenidas mediante tortura o coacción y que las denuncias de tortura nunca fueron objeto de investigaciones rápidas, imparciales y eficaces.

Asimismo, la ISHR recordó que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, en su Opinión nº 23/2023, concluyó que la detención de los presos de Gdeim Izik es arbitraria y solicitó su liberación, así como la concesión de recursos efectivos de conformidad con el derecho internacional.

Pese a estas decisiones y pronunciamientos de las Naciones Unidas, la organización subrayó que las autoridades marroquíes aún no han aplicado las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, por lo que reiteró su llamamiento a Marruecos para que cumpla con sus obligaciones internacionales en esta materia.

La ISHR destacó que la aplicación efectiva de las decisiones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU constituye un elemento esencial para garantizar justicia a las víctimas, fortalecer el Estado de derecho y preservar la credibilidad del sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Cabe recordar que el caso de Naâma Asfari fue incluido en cuatro ocasiones en el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas sobre represalias, durante el período comprendido entre 2018 y 2022.

Huelga de hambre de Naâma Asfari en la prisión de Kenitra, Marruecos

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Madrid (ECS).- Naâma Asfari, preso político saharaui del Grupo Gdeim Izik, inicia este 9 de julio su quinta semana de huelga de hambre, comenzada el 8 de junio.

Desde el inicio de esta huelga, su objetivo ha sido denunciar el incumplimiento por parte de las autoridades marroquíes de las recomendaciones contenidas en la Opinión 23/2023 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

Este Grupo de Trabajo confirmó el carácter arbitrario de las condenas impuestas a los presos saharauis del Grupo Gdeim Izik y solicitó su liberación inmediata. Sin embargo, desde hace tres años, el Estado marroquí no ha aplicado ninguna de las medidas recomendadas en dicha Opinión.

Recibimos regularmente noticias suyas, ya que la prisión le permite llamar por teléfono a su esposa, Claude Mangin-Asfari. Según la información recogida, demuestra una determinación impresionante, pero ha perdido mucho peso, lo que aumenta cada vez más la preocupación de Claude. Tanto Naâma como Claude se preguntan por la ausencia total de reacción por parte de la justicia marroquí y del director de la prisión, cuando la huelga de hambre ha alcanzado ya su quinta semana.

La AARASD es consciente de que una huelga de hambre indefinida constituye el único medio de acción del que disponen los presos políticos frente al cinismo y la dureza de las autoridades marroquíes. El apoyo incondicional de las autoridades francesas probablemente no sea ajeno a esta situación. Por ello, esperamos que nuestro Primer Ministro, el señor Lecornu, quien prepara una importante misión oficial a Marruecos, sepa intervenir, fiel a la reputación de Francia, siempre reivindicada, como defensora de los derechos humanos, para hacer oír las reivindicaciones de Naâma Asfari y de los demás presos del Grupo Gdeim Izik.

Antes de su liberación, es indispensable que se les permita ser trasladados a la prisión de El Aaiún, para que puedan estar más cerca de sus familias.

El Primer Ministro francés conoce sin duda las obligaciones jurídicas de Marruecos. En este contexto, ¿no es urgente que intervenga, junto con las organizaciones de derechos humanos, para lograr el respeto de los derechos de Naâma Asfari y de todos los presos políticos saharauis encarcelados en las prisiones marroquíes?

Cabe recordar que los presos del Grupo Gdeim Izik fueron condenados en 2010 a severas penas de prisión (de 20 años hasta cadena perpetua) tras procesos considerados injustos por la comunidad internacional. Hasta la fecha, Marruecos ha sido condenado en ocho ocasiones por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) debido a confesiones obtenidas bajo tortura de miembros del Grupo Gdeim Izik, entre ellos Naâma Asfari. Además, el pasado 20 de mayo, el CAT publicó cuatro nuevas condenas contra Marruecos, lo que constituye un nuevo reconocimiento del carácter arbitrario de estas condenas y de la urgencia de proceder a su liberación.

Diputado francés pide al primer ministro que interceda ante Marruecos por la huelga de hambre de Naâma Asfari

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París, 11 de julio de 2026 – El diputado francés Jean-Paul Lecoq ha solicitado al primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, que plantee ante las autoridades marroquíes la situación del defensor saharaui de los derechos humanos y preso político Naâma Asfari, quien mantiene una huelga de hambre indefinida desde el pasado 8 de junio, durante su visita oficial a Rabat prevista para los días 15 y 16 de julio.

En una carta dirigida al jefe del Gobierno francés, Lecoq recuerda que «como primer ministro, usted representa también a Francia y, con ella, la promoción y el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el derecho internacional». En este sentido, le insta a defender ante las autoridades marroquíes la aplicación de las decisiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y del dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria relativo al caso de Gdeim Izik.

El diputado subraya asimismo que Marruecos mantiene encarcelados a presos políticos, «en particular a activistas que defienden el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación», y recuerda que el Reino ha sido condenado en repetidas ocasiones por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas por el uso de confesiones obtenidas bajo tortura, especialmente en el caso de los miembros del grupo Gdeim Izik.

Entre ellos figura Naâma Asfari, quien permanece en huelga de hambre desde el 8 de junio y está casado con una ciudadana francesa a la que las autoridades marroquíes prohíben la entrada al país desde 2016.

Lecoq explica que la huelga de hambre iniciada por Asfari tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la Opinión n.º 23/2023 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que reclama la liberación de los presos saharauis del grupo Gdeim Izik, encarcelados arbitrariamente desde 2010. El dictamen también solicita que, mientras permanezcan privados de libertad, sean trasladados a la prisión de El Aaiún para facilitar el contacto y las visitas de sus familiares.

El parlamentario francés reafirma además que el reconocimiento por parte del presidente de la República Francesa de la «marroquinidad» del Sáhara Occidental, anunciado en el verano de 2024, es incompatible con el derecho internacional y supone una ruptura con la histórica posición francesa respecto al conflicto entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario.

La huelga de hambre que Naâma Asfari mantiene en la prisión de Kenitra continúa suscitando una amplia atención por parte de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Diversas organizaciones han remitido comunicados y cartas tanto a las autoridades marroquíes como a organismos de las Naciones Unidas, en los que condenan la negativa de Marruecos a cumplir las resoluciones y dictámenes emitidos por los mecanismos de la ONU en relación con el caso de Naâma Asfari y del resto de los presos del grupo Gdeim Izik.

La ruta del dinero: cómo Bruselas, Marruecos y el negocio de la chatarra europea convergen en una misma geografía de poder

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Por Ahmed Omar

Madrid, 09 Jul (ECS).— La capital de Europa tiene dos rostros. Uno es el que conoce el mundo: edificios de cristal, discursos sobre derechos humanos, instituciones que legislan sobre transparencia, gobernanza y lucha contra la corrupción.

El otro se descubre en los expedientes judiciales.

Es una Bruselas de maletas llenas de dinero, redes de influencia, empresas comerciales, intermediarios, dinero en efectivo, exportaciones hacia África y rutas financieras que desaparecen tan rápidamente como aparecieron.

En diciembre de 2022, la policía belga irrumpió en varios domicilios y encontró más de un millón y medio de euros en efectivo. El escándalo, conocido como MoroccoGate, sacudió al Parlamento Europeo y destruyó la idea de que las instituciones comunitarias eran impermeables a la influencia extranjera.

La investigación apuntó a una red de influencia en la que aparecieron nombres como Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Eva Kaili, Andrea Cozzolino y Marc Tarabella. Del lado marroquí, el nombre del embajador Abderrahim Atmoun apareció repetidamente en las investigaciones y en la prensa europea.

La pregunta que sobrevoló el caso fue inmediata:

¿Quién pagaba?

Pero una pregunta mucho más importante quedó sin respuesta: ¿De dónde procedía el dinero?

Tres años después, otra investigación estalló en la misma ciudad.

En junio de 2026, las autoridades francesas y belgas anunciaron el desmantelamiento de una importante red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico. Ocho personas fueron detenidas, se realizaron diecisiete registros y fueron incautados más de ocho millones de euros, además de relojes y vehículos de lujo.

La Fiscalía belga habló de un sistema que transformaba dinero procedente del tráfico de drogas en capital aparentemente legítimo a través de una actividad comercial radicada en Bruselas.

El nombre de la empresa no apareció en los comunicados oficiales.

Pero en el entorno de la investigación y en medios africanos comenzó a circular un nombre: Karim Export. La empresa, instalada en la Rue Heyvaert de Molenbeek, opera en uno de los mayores centros europeos de exportación de vehículos usados hacia África Occidental.

Según fuentes mauritanas, los dueños de la empresa, D.K, fue interpelado por la policía Belga, como también sus socios hermanos, H. K y S.K que fue antiguo dirigente de European RORO Lines France, junto a K.C.

La historia de los automóviles usados es también la historia de una paradoja europea.

Miles de vehículos que ya no cumplen los estándares medioambientales y de seguridad de la Unión Europea encuentran una segunda vida en África.

Europa limpia sus carreteras.

África recibe la contaminación.

Pero el comercio de automóviles usados posee otra característica que los investigadores financieros conocen muy bien: es uno de los instrumentos más eficaces para mover valor a través de las fronteras.

Los vehículos se compran, se revenden, se exportan, cambian de propietario y permiten transformar efectivo en mercancía.

Es lo que los especialistas denominan blanqueo basado en el comercio.

La ruta que emerge de las investigaciones y de las fuentes conocedoras del funcionamiento de la red es tan sencilla como sofisticada.

Dinero procedente del narcotráfico.

Recogida de efectivo en Francia, Bélgica y los Países Bajos.

Entrega del dinero a intermediarios.

Compra de vehículos destinados a Mauritania y África Occidental.

Exportación desde Bruselas.

Y, finalmente, mecanismos de compensación financiera que apuntan hacia Casablanca.

Por sí sola, ninguna de estas etapas constituye una prueba de un delito concreto.

Pero el mapa que dibujan es extraordinariamente revelador.

Porque, al mismo tiempo que esta investigación se desarrollaba, otro expediente financiero sacudía discretamente a Bélgica.

El 8 de junio de 2026, la justicia belga homologó una transacción penal por más de 175 millones de euros con Banque Centrale Populaire y Banque Chaabi du Maroc por presuntas actividades financieras realizadas durante casi dos décadas sin las autorizaciones exigidas.

En Francia, Banque Chaabi du Maroc ya había sido sancionada en 2013 y nuevamente en 2025 por deficiencias en sus mecanismos de control interno y prevención del blanqueo.

No existe ningún documento público que pruebe una relación entre estas entidades financieras y la investigación sobre la red de vehículos y efectivo.

Pero una vez más aparecen los mismos elementos: Bruselas, Marruecos, Circuitos financieros, Dinero en efectivo, Intermediarios y Redes transnacionales.

Y la pregunta vuelve a surgir.

¿Se trata únicamente de una serie de coincidencias?

¿O estamos observando las distintas expresiones de un mismo ecosistema informal de dinero e influencia?

La cuestión adquiere una dimensión aún más inquietante cuando se recuerda que MoroccoGate ya reveló la existencia de una presunta operación de compra de influencia política dentro de las instituciones europeas.

El dinero encontrado en los apartamentos de Bruselas no era una teoría.

Era real.

Las investigaciones no demostraron públicamente de dónde procedía.

Pero sí demostraron que existía una capacidad financiera considerable al servicio de operaciones de influencia.

Y es precisamente aquí donde los diferentes expedientes comienzan a tocarse.

No porque exista una «prueba pública» que los una.

Sino porque todos parecen desarrollarse en la misma geografía, utilizando mecanismos extraordinariamente similares.

El mismo eje Bélgica-Marruecos.

La misma dependencia del efectivo.

Las mismas redes de intermediarios.

Las mismas estructuras comerciales.

Las mismas rutas entre Europa y África.

Y, sobre todo, la misma capacidad de transformar dinero opaco en influencia, negocios y poder.

Europa enfrenta así una doble contaminación.

La contaminación política de unas instituciones vulnerables a la influencia.

Y la contaminación material de un continente africano que recibe vehículos que Europa ya no quiere y soporta las consecuencias medioambientales de una economía diseñada en otra parte.

La ironía final resulta difícil de ignorar.

La empresa situada en el centro de este corredor comercial, Karim Export, ha llegado incluso hasta los campamentos de refugiados saharauis.

Hasta el lugar donde vive un pueblo expulsado de su tierra y abandonado durante medio siglo por la comunidad internacional.

Hasta allí alcanzan las ondas de un sistema que nace en Bruselas, atraviesa el Mediterráneo y termina proyectando su sombra sobre algunos de los lugares más olvidados del planeta.

Tal vez todas estas historias sean «independientes».

Tal vez no exista una única «explicación».

Pero después de MoroccoGate, después de los millones incautados en Bruselas y después de las investigaciones financieras que se acumulan alrededor del eje Bélgica-Marruecos, la verdadera pregunta ya no es si estas conexiones merecen ser examinadas.

La verdadera pregunta es por qué nadie las examinó antes.

Activista saharaui encarcelado en Marruecos cumple 32 días en huelga de hambre

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Rabat, 09 jul (ECS).- El activista saharaui Naama Asfari, encarcelado en Marruecos desde 2010, cumple este jueves 32 días de una huelga de hambre «indefinida» para protestar contra sus condiciones de reclusión, exigir atención médica adecuada y reclamar su traslado a una prisión en el territorio ocupado del Sáhara Occidental.

Últimas actualizaciones sobre la huelga de hambre indefinida que mantiene Naâma Asfari, defensor saharaui de los derechos humanos y preso político recluido en la prisión de Kenitra (Marruecos);

En el día 32 de su huelga de hambre indefinida, las autoridades marroquíes aún no han iniciado ningún diálogo sobre las reivindicaciones que llevaron al Sr. Naâma Asfari a iniciar su huelga.

La familia del Sr. Asfari informó de que ha perdido 9 KG de peso y de que sigue decidido a continuar su huelga de hambre, a la que ha dado el lema «La batalla por la dignidad».

Según su familia, el Sr. Naâma Asfari mantiene su decisión de continuar la huelga de hambre hasta que se atiendan sus legítimas reivindicaciones. Entre ellas figura, en primer lugar, la aplicación por parte de Marruecos de las recomendaciones y decisiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, así como de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, emitidas en el marco del caso del grupo de Gdeim Izik, del que es miembro. También exige su traslado, junto con los demás detenidos saharauis afectados, a prisiones situadas en el Sáhara Occidental y cercanas a sus familias.

Cabe recordar que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, establecido en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ha emitido varias decisiones individuales relativas a miembros del grupo de Gdeim Izik. En dichas decisiones, el Comité concluyó que se habían producido violaciones de la Convención, al considerar que las condenas se basaban en confesiones obtenidas mediante tortura o coacción y utilizadas como prueba, mientras que las autoridades marroquíes no llevaron a cabo investigaciones independientes y eficaces sobre las denuncias de tortura formuladas por los detenidos. Asimismo, el Comité instó a retirar los cargos, anular todas las condenas, poner en libertad a las víctimas y otorgarles una reparación integral e indemnización.

Naâma Asfari (Communication No. 606/2014);

Sidi Abdallah Abbahah (Communication No. 871/2018);

Abdeljalil Laaroussi (Communication No. 891/2018);

Mohamed Bourial (Communication No. 923/2019);

Mohamed Bani (Communication No. 999/2020);

Hassan Dah (Communication No. 1135/2022);

Mohamed Lamine Haddi (Communication No. 1136/2022);

Ahmed Sbai (Communication No. 1156/2022);

Sidi Ahmed Lemjayed (Communication No. 1166/2023).

Además, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria adoptó la Opinión n.º WGAD/2023/23 relativa a todos los detenidos de Gdeim Izik, concluyendo que su privación de libertad constituye una detención arbitraria y solicitando su liberación, así como la concesión de una indemnización y una reparación adecuadas, de conformidad con el derecho internacional.

La soberanía como coartada: el intento español de clausurar la cuestión del Sáhara Occidental mediante un pasaporte

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Por Ahmed Omar | Campamentos de Refugiados Saharauis

Las potencias coloniales suelen abandonar los territorios. Lo que rara vez consiguen es abandonar la responsabilidad por haberlo hecho. España lleva medio siglo intentándolo.

Durante cincuenta años, Madrid ha construido una extraordinaria arquitectura de ambigüedad: no reconoce que haya culminado la descolonización del Sáhara Occidental, pero tampoco acepta discutir las consecuencias jurídicas de no haberla culminado. No es una potencia colonial, dice. Tampoco es una potencia administradora, insinúa. Pero tampoco ha logrado que las Naciones Unidas declaren cerrado el expediente.

Así es la ley de nacionalidad para miles de saharauis: un vínculo histórico de España con el Sáhara Occidental

Es un limbo político cuidadosamente administrado.

Por eso hay una palabra en la nueva ley de nacionalidad para los saharauis que debería provocar un terremoto político y jurídico en España.

La palabra es:

Soberanía.

No aparece en el núcleo de la ley. No aparece para hablar de obligaciones. No aparece para explicar el estatuto internacional del territorio. Aparece discretamente en una disposición adicional, casi escondida, al referirse a «los ciudadanos saharauis nacidos bajo soberanía española».

Una sola frase.

Pero las palabras importan. Y en Derecho Internacional, importan aún más.

Porque al escribir «soberanía española», el legislador reconoce algo que durante décadas la diplomacia española ha intentado mantener en la penumbra: que el vínculo entre España y el Sáhara Occidental no fue una simple presencia administrativa, ni una aventura colonial lejana, ni un episodio sentimental de la historia. Fue un ejercicio de soberanía.

Y una soberanía tiene consecuencias.

La primera es histórica.

Los saharauis no nacieron bajo soberanía marroquí.

No fueron ciudadanos marroquíes.

No pertenecieron jamás al Estado marroquí.

Nacieron bajo soberanía española.

La segunda es jurídica.

Si España reconoce esa soberanía, inevitablemente surge una pregunta que ningún Gobierno español ha conseguido responder de manera satisfactoria: ¿Cuándo y cómo se extinguieron las responsabilidades internacionales derivadas de esa soberanía?

Porque la respuesta no puede ser: «el 26 de febrero de 1976».

La responsabilidad internacional de un Estado no se evapora mediante una carta enviada a Naciones Unidas.

No se extingue porque una potencia colonial decida retirarse.

No desaparece porque un Gobierno desee pasar página.

El Derecho Internacional no conoce el abandono unilateral de las obligaciones coloniales.

Y precisamente ahí reside la extraordinaria peligrosidad política de esta ley.

La palabra «soberanía» no ha sido introducida para asumir responsabilidades.

Ha sido introducida para intentar clausurarlas.

La operación es tan sofisticada como inquietante.

Primero se reconoce que hubo soberanía española.

Después se concede la nacionalidad.

Finalmente se guarda silencio sobre todo lo demás.

No hay una sola línea sobre la autodeterminación.

Ni una sola referencia al territorio no autónomo.

Ni una sola mención a la descolonización pendiente.

Ni una palabra sobre las responsabilidades de España.

El mensaje implícito es devastador:

Sí, España fue soberana.

Sí, los saharauis fueron españoles.

Sí, hubo una deuda histórica.

Y precisamente por eso, España les ofrece hoy una reparación moral.

Un pasaporte a cambio de la historia.

La nacionalidad como indemnización.

La ciudadanía como sustituto de la descolonización.

Es difícil imaginar una operación política más peligrosa.

Marruecos ante la «batalla diplomática» del Sáhara Occidental: la fallida estrategia de Trump y la resistencia del Frente POLISARIO

Porque el problema del Sáhara Occidental nunca ha sido la falta de nacionalidad española de algunos saharauis.

El problema es que un pueblo entero continúa esperando la culminación de un proceso de descolonización que la comunidad internacional considera inacabado.

La ley cambia deliberadamente el sujeto de la cuestión.

Ya no habla del pueblo saharaui.

Habla de individuos saharauis.

Ya no habla de un derecho colectivo.

Habla de derechos personales.

Ya no habla de libertad.

Habla de documentación.

Es la vieja lógica colonial, actualizada para el siglo XXI:

cuando no se puede resolver un problema político, se administra humanitariamente.

Cuando no se puede responder a las obligaciones internacionales, se ofrecen soluciones individuales.

Cuando no se puede cerrar un expediente jurídico, se intenta disolverlo en una operación de generosidad.

Pero ninguna ley puede convertir la memoria en absolución.

Ningún pasaporte puede sustituir un proceso de descolonización.

Ninguna nacionalidad puede extinguir responsabilidades internacionales.

Y ninguna potencia colonial puede escribir la palabra «soberanía» en una ley y esperar que nadie pregunte qué hizo con ella.

Porque esa palabra es una confesión.

Una confesión histórica.

Y, quizá sin quererlo, también una confesión política.

España reconoce en esta ley que los saharauis nacieron bajo soberanía española.

Entonces la pregunta ya no es si España tuvo responsabilidades sobre el Sáhara Occidental.

La pregunta es mucho más incómoda:

¿por qué una potencia que reconoce su soberanía histórica sobre el territorio parece tan decidida a convertir esa soberanía en un epitafio, en lugar de asumir las responsabilidades que de ella se derivan?

Tal vez porque algunas palabras son peligrosas.

Y «soberanía» es una de ellas.

Sobre todo cuando aparece escrita en una ley que parece concebida para cerrar, mediante un acto de «generosidad administrativa», un capítulo de la historia que el Derecho Internacional todavía se niega a dar por terminado.