Las autoridades marroquíes utilizan contra los periodistas independientes asuntos inventados, como acusaciones de violación, trata de personas, adulterio o la práctica ilegal del aborto.
El régimen de Mohamed VI ha reforzado su control sobre la prensa en Marruecos.
Por Alfonso Lafarga
El Sáhara Occidental –Territorio No Autónomo pendiente de descolonización ocupado por el régimen marroquí desde finales de 1975, tras ser entregado por España– es una línea roja para los periodistas en Marruecos, que se suma a otras como la monarquía, la corrupción, el islam, los servicios de seguridad o la represión en las manifestaciones.
Lo denuncia Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su informe sobre la Libertad de Prensa en el Mundo 2024, en el que concreta que las detenciones de periodistas sin orden judicialy de forma prolongada están a la orden del día en Marruecos, dondeel gobierno de Aziz Ajanuch ha reforzado su control sobre la prensa.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 hay un alza de Marruecos, que pasa del puesto 144 al 129, pero RSF indica que se debe “a la ausencia de nuevas detenciones, pero no reduce la magnitud de la represión, especialmente la judicial, que se mantiene contra los profesionales de los medios”.
RSF precisa en su informe, publicado el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, que en los últimos años “asuntos completamente inventados relacionados con la moral, como acusaciones de violación, trata de personas, adulterio o la práctica ilegal del aborto se han utilizado contra los periodistas independientes” y que “los procesos que siguen a estas acusaciones se acompañan de campañas de calumnias orquestadas en su contra por los medios progubernamentales”.
Reporteros Sin Fronteras expone que el pluralismo de la prensa marroquí no es más que una fachada, pues los medios no reflejan la diversidad de opiniones políticas que hay en el país. “Los medios y los periodistas independientes se enfrentan a graves presiones y el derecho a la información es arrollado por una maquinaria de propaganda y desinformación al servicio de la agenda política del poder y su entorno”, afirma la ONG.
A pesar de que en Marruecos el nuevo código de la prensa, adoptado en 2016, despenaliza los delitos de prensa, cualquier publicación considerada crítica puede ser objeto de demandas judiciales basadas en el código penal. Esta falta de garantías legales para la libertad de expresión y para el periodismo, la escasa independencia de la justicia y el aumento de procesos contra los periodistas llevan a los profesionales de la información a autocensurarse.
PERIODISTAS SAHARAUIS ENCARCELADOS
RSF no hace referencia expresa a la situación de la libertad de prensa en el Sáhara Occidental, a pesar de que actualmente hay seis periodistas saharauis cumpliendo graves condenas en cárceles marroquíes, la mayoría a más de 1.000 kilómetros de sus familias, según fuentes del grupo periodístico saharaui Equipe Media.
Se trata de Abdalahi Lekhfauni, condenado a cadena perpetua, de Equipe Media; Hassan Dah, (25 años de cárcel), de RASD Tv y Radio; Mohamed Lamin Haddi (25 años), de RASD Tv y Radio; El Bachir Khada (20 años), de EM; Khatri Dadda (20 años), de Salwan Media y Mahmud Khambir (10 años), de Smara News.
Yahdih Essabi, director de Gargarat Media, salió de la cárcel el 28 de mayo de 2023 tras cumplir una condena de dos años. Cuando se dirigía a su casa, en un puesto de control la policía le atacó, pegó a su hermano, amenazó a la familia y después impidió que los saharauis le visitasen.
Varios de estos presos han realizado repetidas huelgas de hambre como única forma para denunciar las extremas condiciones de encarcelamiento, la tortura y malos tratos que padecen y reclamar que se les lleve a centros penitenciarios en el Sáhara Occidental, cerca de sus familias.
Aunque la organización central de Reporteros Sin Fronteras, con sede en Paris, no hace referencia en sus informes anuales a los periodistas saharauis, en junio de 2019 la sección española de RSF presentó un detallado estudio sobre la libertad de prensa en el Sáhara Occidental, territorio que definió como “uno de los lugares más áridos del mundo para la información y el periodismo”. Denunció la persecución que sufren los periodistas saharauis por parte de Marruecos, que maneja con “mano de hierro” la información en el Sáhara Occidental, castiga “de forma implacable” el ejercicio del periodismo local y bloquea el acceso de los medios extranjeros.
ESPAÑA NO SE LIBRA DE LAS PRESIONES POLÍTICAS
Sobre España, que sube del puesto 36 del pasado año al 30 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras dice que se debe a la mejora del contexto legal y de seguridad, y por el declive de otros países.
Asegura que España no se libra de las presiones políticas que, como en todo el mundo, “están erosionando la independencia y la pluralidad del periodismo, aunque resiste en un escenario mundial desalentador”.
Pese al incumplimiento del compromiso del Gobierno con la derogación de la “Ley Mordaza”, el hecho de que lleve años sin apenas aplicarse a profesionales de los medios y de que no se haya aprobado recientemente ninguna otra legislación que socave la libertad de informar colocan el marco legal de España entre los 20 más garantes del mundo, según RSF,
RSF, que contabiliza y condena regularmente las agresiones físicas y verbales que sufren los periodistas españoles en la cobertura de eventos a pie de calle –como las acontecidas durante las protestas ante la sede del PSOE el otoño pasado–, así como el acoso que padecen en redes sociales, “considera generalmente a España un país seguro para el libre ejercicio del periodismo”.
De los 180 países de la clasificación de RSF, donde se dan las mejores condiciones para el ejercicio del periodismo son: Noruega, seguido de Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Estonia, Portugal Irlanda, Suiza y Alemania.
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Nuestra campaña se centra en promover la justicia, la paz y los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Creemos firmemente en la importancia de comprender el origen y la complejidad de este conflicto para poder abordarlo de manera efectiva y trabajar hacia una solución que respete los derechos y la dignidad de todas las partes involucradas.
