🔴 EXCLUSIVA de Al Jazeera: El gobierno de Senegal usa unidades GAR-SI, entrenadas y equipadas por España con dinero europeo, para reprimir con violencia las protestas prodemocráticas en ese país. Investigación de Al Jazeera.
Una unidad de élite de la policía senegalesa entrenada por España con dinero de la UE estaba destinada a combatir la delincuencia transfronteriza. En cambio, se utilizó para sofocar un movimiento popular, según una investigación de Al Jazeera.
Dakar, Senegal / Madrid, España – El gobierno senegalés desplegó una unidad antiterrorista especial, creada, equipada y entrenada por España con fondos de la Unión Europea, para reprimir con violencia las recientes protestas prodemocráticas, según una investigación conjunta entre Al Jazeera y la Fundación porCausa.
Desde 2021, el juicio del popular y controvertido líder de la oposición Ousmane Sonko ha provocado manifestaciones en toda la nación de África occidental, en las que han muerto decenas de personas. Al Jazeera y porCausa obtuvieron evidencia visual, contratos del gobierno español, un informe de evaluación confidencial y testimonios de múltiples fuentes que confirman que el Grupo de Intervención y Vigilancia de Acción Rápida, también conocido como GAR-SI, financiado por la UE, fue utilizado para aplastar con violencia esas protestas.
En un vídeo, se ve al personal de seguridad en el mismo tipo de vehículos blindados que la UE compró para GAR-SI disparando gases lacrimógenos contra una manifestación organizada por Sonko en mayo pasado. Al Jazeera verificó que el incidente ocurrió en la aldea de Mampatim, en el sur de Senegal, a unos 50 kilómetros (31 millas) de Kolda, en la región de Casamance.
En cambio, las unidades de élite financiadas por la UE debían tener su base en las zonas fronterizas de Senegal con Mali para luchar contra el crimen transfronterizo.
Unidad de élite
GAR-SI Sahel es un proyecto regional que duró entre 2016 y 2023 y fue financiado con 75 millones de euros (81,3 millones de dólares) del Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la UE (EUTF para África), un fondo de financiación para el desarrollo dedicado a abordar las causas fundamentales de la migración en África.
El programa fue implementado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), agencia de desarrollo perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Se crearon unidades GAR-SI en toda la región del Sahel, en países como Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger y Senegal, “como requisito previo para su desarrollo socioeconómico sostenible”.
La unidad senegalesa de 300 efectivos, creada en 2017, costó más de 7 millones de euros (7,6 millones de dólares) y tenía como objetivo crear una unidad de intervención especial en la ciudad de Kidira, en la frontera con Mali, para proteger Senegal de posibles incursiones de grupos armados y delitos transfronterizos, incluido el tráfico de migrantes.
Siguiendo el modelo de las unidades españolas que lucharon contra el movimiento separatista Patria Vasca y Libertad, también conocido por las iniciales españolas ETA, GAR-SI Senegal ha recibido formación técnica y tutoría de la Guardia Civil española, así como de las fuerzas de seguridad francesas, italianas y portuguesas.
Una vez finalizado el proyecto, a petición de todas las partes interesadas, la delegación de la UE en Senegal continuó con una segunda fase utilizando otro mecanismo de financiación, según una fuente policial española y otra senegalesa familiarizadas con el asunto. Se destinaron unos 4,5 millones de euros (4,9 millones de dólares) a una segunda unidad GAR-SI Senegal de 250 efectivos desplegada cerca de la ciudad de Saraya, cerca de la frontera con Guinea y Malí.
También se creó una segunda unidad en Mali, pero para otros países, especialmente Chad, el proyecto fue considerado un «fracaso», según el ex oficial de policía senegalés, quien afirmó que la UE perdió dinero al pagar por equipos que no eran apropiados para usar.
«Una acusación grave»
Un análisis de los vehículos captados en el vídeo de Mampatim muestra que encajan con el SUV URO Vamtac ST5, un modelo español fabricado por el fabricante gallego de vehículos pesados Urovesa. El mismo modelo de automóvil se entregó en presencia del embajador de la UE en Senegal en abril de 2019 como parte de un paquete de ayuda para aumentar las capacidades de GAR-SI Senegal para luchar contra la delincuencia transfronteriza. La unidad también recibió drones, dieciséis camionetas Toyota 4×4, una ambulancia, 12 motocicletas y cuatro camiones, pero no está claro si estos también fueron desplegados durante las protestas.
Los contratos internos de la FIIAPP a los que Al Jazeera y porCausa tienen acceso también mencionan los vehículos blindados Vamtac donados a la gendarmería senegalesa como parte del proyecto GAR-SI en 2022.
Los recursos, inicialmente destinados a la unidad criminal, fueron integrados de facto en los mandos territoriales y utilizados por las fuerzas de seguridad senegalesas, según una fuente de la policía española afincada en Senegal.
Un ex alto oficial de policía senegalés también confirmó el uso de la unidad GAR-SI durante las protestas prodemocráticas en Senegal. Cuando se mostraron las pruebas, las organizaciones de derechos humanos se alarmaron.
«Estas unidades parecen utilizarse para reprimir los derechos humanos en lugar de luchar contra el terrorismo o vigilar la frontera», dijo Ousmane Diallo, investigador de la oficina de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. «Es una acusación grave, ya que la gendarmería senegalesa ha estado involucrada en la represión de los derechos humanos y el derecho a protestar desde 2021».
‘No hay evidencia’
Al Jazeera y porCausa obtuvieron el informe de evaluación final de 67 páginas del proyecto GAR-SI de 2022, que deja claro en diferentes partes que en Senegal, GAR-SI funciona de manera diferente a otros países donde la unidad está presente.
El informe precisa que la unidad es desplegada en ocasiones en misiones conjuntas con otras unidades policiales, como el Escuadrón de Vigilancia e Intervención, o ESI, de la Gendarmería senegalesa, para llevar a cabo una serie de misiones de “seguridad interior”.
El documento confidencial subraya que el proyecto carece de salvaguardias de derechos humanos y que no hay rastros de ninguna elaboración de estrategia escrita o comunicación dentro de la jerarquía policial, y que las órdenes para operaciones fuera de las zonas fronterizas se dan de manera informal y oral.
Al Jazeera y porCausa se pusieron en contacto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Senegal, pero no recibieron respuesta antes de la publicación de éstas líneas. En su respuesta, la Comisión de la UE afirmó que no tenía información sobre las unidades que las autoridades senegalesas desplegaron en las manifestaciones. «La UE ha pedido constantemente a las autoridades senegalesas que investiguen cualquier uso desproporcionado de la fuerza contra las manifestaciones pacíficas y espera un seguimiento adecuado», añade.
El portavoz de la UE también dijo que el marco de GAR-SI era «muy específico y claramente definido en su alcance e intervenciones», y agregó que el equipo o la financiación para esa unidad «debería utilizarse en áreas transfronterizas para luchar contra el crimen organizado y proteger a la población local».
Los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior españoles negaron, en un comunicado conjunto, la implicación de la unidad de élite en las protestas. “El Ministerio del Interior y la Guardia Civil confirman que no consta la utilización por parte de las autoridades senegalesas de unidades formadas en el marco del proyecto GAR-SI en las actuaciones antes mencionadas”.
La declaración agrega que no proporcionó a GAR-SI capacitación en seguridad “en el contexto de manifestaciones o protestas públicas masivas” y que el acuerdo del proyecto prohíbe a Senegal “hacer cualquier uso de materiales y equipos de una manera que se desvíe del objetivo de el proyecto [GAR-SI]”.
Una fuente de controversia
Mientras se acumulaban varios casos judiciales contra Sonko, entre otras cosas, cargos de corrupción y difamación, el político movilizó a sus seguidores, quienes han alegado que las demandas son un complot del actual presidente Macky Sall para aplastar a la oposición antes de las elecciones presidenciales.
Esto provocó disturbios y una represión por parte del gobierno en marzo de 2021 y en mayo y junio de 2023. Las protestas regresaron en febrero de 2024 cuando Sall anunció que pospondría las elecciones, que se suponía que tendrían lugar el 25 de febrero. Los tribunales declararon inconstitucional la medida, dejando al país en el limbo sobre cuándo se celebrarán las elecciones.
Al menos 60 personas murieron desde las primeras protestas de 2021 como resultado de munición real disparada por las fuerzas de seguridad senegalesas o por agitadores, llamados “nervis” en Senegal, pagados por el gobierno para asistir a las protestas, según una estimación de Amnistía Internacional. Nadie ha sido procesado hasta la fecha.
En medio del continuo malestar social, también continuó la migración irregular. En agosto de 2023, una de cada tres pateras llegadas a las Islas Canarias era senegalesa.
Diallo, investigador de Amnistía Internacional, dijo que todos los socios de proyectos financiados por la UE tienen la responsabilidad de garantizar que los programas que financian no contribuyan a violaciones de derechos humanos, como la represión letal de protestas pacíficas.
Pero si las autoridades europeas eran conscientes de las violaciones de derechos cometidas en Senegal, no lo demostraron. A finales de 2023, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, visitó Senegal para reforzar la cooperación contra la migración irregular, mientras la UE y Senegal firmaban su último acuerdo sobre ayuda al desarrollo que ayudaría a las autoridades senegalesas a interceptar las salidas del país.
Esto sucedió a pesar de que el proyecto se convirtió en una fuente de controversia en Europa.
El año pasado, un informe de evaluación encargado por la Comisión Europea reveló una mala gestión significativa por parte del jefe del equipo que implementa el proyecto regional GAR-SI Sahel: Francisco Espinosa Navas, el general de la guardia civil española.
El informe identificó gastos injustificados por un total de al menos 12 millones de euros (13 millones de dólares) y errores en la elección del equipo de protección, que provocaron gastos adicionales. El informe también señala que ni la FIIAPP ni la Comisión Europea plantearon estas irregularidades a la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
El caso de fraude fue parte de un escándalo más amplio en España que reveló un esquema de corrupción generalizado, conocido como el caso “Mediador”, que supuestamente involucraba al general Espinosa Navas.
La trama de corrupción supuestamente ofrecía a empresarios y emprendedores un trato preferencial a cambio de la obtención de contratos públicos y los extorsionaba para obtener inspecciones favorables y acceso a fondos de ayuda europeos. El informe de evaluación interna menciona que en Senegal se adquirieron demasiados equipos. “El diseño y la implementación de este proyecto no se centró en las personas sino en los proveedores y las empresas para aprovecharlo”, dijo a Al Jazeera y porCausa de forma anónima un consultor externo familiarizado con el proyecto.
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NOTA: Esta historia es una investigación conjunta entre Al Jazeera y la Fundación PorCausa. Fuente
Por Andrei Popoviciu y José Bautista, publicado el 29 de febrero de 2024 en Al Jazeera