Los ataques marroquíes con drones en el Sáhara Occidental dejan ya más de 150 víctimas civiles entre saharauis, mauritanos y argelinos.

Cabe señalar que estos ataques contra civiles saharauis, argelinos y mauritanos han dejado decenas de muertos y heridos, entre los que se encuentran mujeres y un niño. También han quemado y destruido camiones y automóviles de civiles que no circulaban dentro de las zonas que son objetivos militares del Frente Polisario, que está luchando contra el ejército ocupante marroquí para liberar el Sáhara Occidental. Además, estos ataques tuvieron lugar en áreas despejadas y remotas, a cientos de kilómetros del muro de separación de las fuerzas de ocupación marroquíes. Por tanto, es imposible su justificación como ataques para proteger al ejército marroquí atrincherado a lo largo del muro pues los civiles atacados no representaban ninguna amenaza. Algunos expertos consultados argumentan que los ataques tienen como objetivo implantar el terror en la región y obstaculizar el desarrollo de rutas comerciales alternativas que compitan con la brecha ilegal de El Guerguerat que conecta con África Occidental como las de Tinduf-Zuérat y Nuakchot-Uargla.

Más allá de las implicaciones políticas a la luz del comportamiento y las prácticas criminales del ejército marroquí hacia los civiles, surge la pregunta sobre la posibilidad de considerarlos como crímenes de lesa humanidad que amenazan la paz y la seguridad internacionales y socavan los esfuerzos de paz, y ante estos crímenes, ¿existe la posibilidad de rendición de cuentas y responsabilidad legal a través de la Corte Penal Internacional, y llevar a la justicia a los funcionarios marroquíes como criminales de guerra por los crímenes que cometieron contra civiles desarmados de tres países.