Marruecos eleva el tono contra España y reclama, en una inédita escalada diplomática, Ceuta y Melilla

Madrid (ECS).- La intervención televisiva del ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouahbi, aparentemente realizada con autorización previa, elevó el tono de sus declaraciones hacia España hasta el punto de reclamar, en una inédita maniobra diplomática, la devolución de las ciudades de Ceuta y Melilla. Todo ello pese a que el Gobierno marroquí nunca las ha reclamado oficialmente y a que, según el texto, el derecho internacional las considera ciudades españolas amparadas por los mecanismos de protección y defensa de la OTAN.

Esta intervención constituye, en realidad, una reacción al estado de desconcierto que atraviesa actualmente Marruecos tras la polémica por la utilización de menores en maniobras políticas dirigidas contra España.

Según esta versión de los hechos, el Gobierno español, al margen del ruido mediático y de las declaraciones públicas, habría trabajado en la documentación y registro de los testimonios de todos los menores que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. Asimismo, estaría preparando un expediente penal contra Marruecos y contra el rey Mohamed VI, en su condición de jefe de Estado, en relación con la muerte de más de un centenar de ciudadanos marroquíes, entre ellos menores, durante los acontecimientos registrados en Ceuta.

La petición formulada por el ministro marroquí Abdelatif Ouahbi para que España devuelva a los menores marroquíes no respondería, según esta interpretación, a una preocupación genuina por sus compatriotas, por su futuro o por su bienestar, sino al temor de que España pueda recurrir a la Corte Penal Internacional con un expediente que incluiría presuntos crímenes contra la humanidad documentados mediante imágenes, grabaciones y cientos de testimonios, entre ellos los de menores que se encuentran actualmente bajo protección española y que, según esta acusación, habrían sido utilizados como escudos humanos en el marco de intereses políticos.

La reivindicación de Ceuta y Melilla por parte de Ouahbi se asemejaría, en este contexto, a un último gesto de desafío. El ministro sería plenamente consciente de que Marruecos no puede plantear oficialmente una reclamación sobre ambas ciudades ante el Consejo de Seguridad o en los foros de Naciones Unidas, ni mucho menos contemplar una eventual recuperación por la vía militar. El texto sostiene, además, que ambas ciudades son españolas conforme al derecho internacional y están amparadas por los acuerdos de defensa colectiva vinculados a la OTAN.

Quienes tomaron la decisión de enviar a cientos de marroquíes a Ceuta durante la celebración del aniversario de la entronización del rey no habrían evaluado adecuadamente las consecuencias de una operación de este tipo en caso de fracaso.

Y la operación, según esta interpretación, fracasó.

Ahora Marruecos estaría reaccionando de manera desordenada ante las consecuencias de aquella decisión. La intervención de Ouahbi sería un ejemplo de ello.