El Polisario reclama en Transportes contra la ruta de Ryanair a Dajla, Sáhara Occidental

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Ana Stella | @anaqtella

Madrid (ECS).- El 16 de noviembre, la Representación del Frente Polisario en España presentó una reclamación administrativa ante el Ministerio de Transportes. Pide anular los derechos de tráfico y las autorizaciones que permiten a Ryanair volar entre Madrid y Dajla. La reclamación va dirigida a la AESA y a la Dirección General de Aviación Civil. La delegación la encabezó Abdullah Arabi, con el abogado Jacinto Lara y el exeurodiputado Miguel Urbán.

La ruta funciona desde el 8 de enero de 2025, los miércoles y sábados. Nació de un acuerdo de noviembre de 2024 con la Oficina Nacional Marroquí de Turismo, que la usa para promocionar Dajla entre los turistas españoles.

El argumento jurídico es que el Tribunal General de la UE dijo en 2018 (auto de 30 de noviembre, asunto T-275/18) que el acuerdo aéreo euromediterráneo entre la UE y Marruecos no se aplica al Sáhara Occidental. La Comisión Europea lo recordó a las aerolíneas el 3 de diciembre de 2024, cinco semanas antes del primer vuelo. Si el acuerdo no cubre el territorio, la pregunta es qué autoriza la ruta.

Bruselas no ha respondido a esa pregunta. En junio, el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, confirmó que el acuerdo no se aplica a esos vuelos. Remitió el asunto a los acuerdos bilaterales de cada Estado con Rabat, sin nombrar cuáles. Madrid tampoco ha identificado públicamente el texto en el que se basa.

Por eso el Polisario exige al Ministerio que lo nombre y que declare la nulidad de pleno derecho de esas autorizaciones. El abogado Lara sostiene que ningún convenio bilateral ni acuerdo internacional cubre una línea a ese territorio.

La reclamación no suspende los vuelos. Si el Ministerio la rechaza, el Polisario dice que irá a los tribunales.

El Sáhara Occidental sigue en la lista de territorios no autónomos de la ONU. España conserva una sola competencia administrativa allí desde 1976: la gestión del espacio aéreo a través de ENAIRE, que cobra las tasas correspondientes.

Madrid tiene que decir en qué texto se apoya esa ruta. Hasta hoy, no lo ha hecho público.

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