El Sáhara Occidental como destino turístico: el plan de Marruecos que inquieta a Canarias

Madrid (ECS) —, El anuncio de Marruecos de proyectar el Sáhara Occidental ocupado como un destino de hasta cinco millones de turistas anuales para 2032 ha reactivado el debate en Canarias sobre el futuro económico y político de este territorio ocupado. La cifra, comparable —e incluso superior en algunos escenarios— a la de destinos consolidados como las Islas Canarias, introduce una nueva dimensión de competencia geopolítica en el Atlántico, especialmente sensible para plazas de soberanía española como Canarias.

En este contexto, los analistas advierten de una posible reconfiguración del mercado turístico en el sur de Gran Canaria, en particular en zonas como Playa del Inglés, cuya evolución desde los años ochenta ha estado marcada por la fuerte penetración de capitales externos y un modelo urbanístico intensivo. Frente a ello, el Sáhara Occidental ocupado aparece ahora como un espacio que Marruecos intenta posicionar como alternativa turística emergente, apoyado en su paisaje natural, especialmente las dunas y el litoral atlántico.

Sin embargo, desde la perspectiva del derecho internacional y de los actores que defienden la autodeterminación del pueblo saharaui, entre ellos el Frente Polisario, este tipo de planificación económica no puede desvincularse del estatus jurídico del territorio, aún pendiente de resolución conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.

El plan de autonomía: entre la arquitectura jurídica y el control central del régimen

En paralelo, el denominado plan de autonomía para el Sáhara Occidental ha experimentado una evolución significativa, pasando —según algunas interpretaciones difundidas por medios afines al régimen marroquí como Atalayar— de una declaración política general a una estructura normativa más detallada, con pretensión de estatuto orgánico.

Este marco describe una arquitectura institucional basada en la distribución de competencias entre el Estado central y una entidad regional autónoma. Rabat conservaría las atribuciones consideradas esenciales de soberanía —defensa, política exterior, moneda y justicia suprema— mientras que el POLISARIO asumiría competencias relevantes en materia de desarrollo económico, planificación territorial y gestión turística.

Desde esta óptica, el Sáhara Occidental tendría capacidad para diseñar políticas de promoción turística, ordenar el territorio y gestionar infraestructuras estratégicas como la energía y el agua, configurando así un modelo de descentralización avanzada en el plano económico.

No obstante, desde una lectura crítica, este esquema sigue condicionado por un fuerte principio de tutela estatal, que limita la capacidad de decisión efectiva de las instituciones saharauis locales en los ámbitos considerados estratégicos.

Turismo, recursos y asimetrías territoriales

El componente turístico se presenta como uno de los ejes centrales del modelo. La solución autónoma proyectada por Rabat podría desarrollar políticas propias de promoción internacional y explotación de sus recursos costeros, situando el turismo como motor de desarrollo económico.

Sin embargo, diversos observadores subrayan que este tipo de planificación no puede analizarse únicamente desde una lógica económica. La cuestión territorial del Sáhara Occidental sigue siendo, para la comunidad internacional, un proceso inacabado de descolonización.

En este sentido, el desarrollo turístico aparece también como un elemento geopolítico, en un contexto donde la competencia regional con destinos consolidados como Canarias adquiere una dimensión estratégica en el Atlántico.

El esquema de autonomía se inscribe formalmente en el principio de lealtad constitucional, que obliga a las autoridades regionales saharauis a respetar la unidad del Estado y la solidaridad nacional.

No obstante, el propio diseño institucional prevé mecanismos de intervención estatal en caso de alteraciones graves del orden constitucional o de la integridad territorial, lo que introduce un elemento de suspensión potencial del autogobierno en situaciones excepcionales.

Este punto es interpretado por sectores críticos como una cláusula de control reforzado, que limita la autonomía efectiva en momentos de tensión política.

Economía, territorio y derecho internacional

El debate sobre el futuro del Sáhara Occidental no puede reducirse a un proyecto de desarrollo turístico ni a una cuestión de planificación económica regional.

Para el Frente Polisario y la ONU, el núcleo del problema sigue siendo político y jurídico: la definición del estatus del territorio en el marco del derecho internacional y el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación.

En paralelo, territorios como Canarias observan con atención la evolución del modelo turístico y su posible impacto en el equilibrio económico regional del Atlántico.

Entre ambos planos —el jurídico y el económico— se configura un espacio de tensión donde se cruzan intereses estatales, dinámicas de mercado y reivindicaciones históricas aún no resueltas.