Hay una guerra en el Sáhara Occidental

Por Ana Q.tella

Madrid (ECS).— El pasado 7 de junio de 2026 murió un militar de 37 años en el desierto, al este del muro que parte en dos el Sáhara Occidental. Se llamaba Lehbib Mohamed Abdelaziz, mandaba la Primera Brigada de Reserva del Ejército de Liberación Popular Saharaui y era miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario. Lo mató un dron mientras dirigía operaciones contra posiciones marroquíes. Con él murieron otros dos combatientes. Marruecos no ha confirmado nada; se atribuye el ataque a un aparato de las Fuerzas Armadas marroquíes. La Presidencia saharaui decretó tres días de luto.

Lehbib Mohamed Abdelaziz; el joven comandante militar caído en combate defendiendo el Sáhara Occidental

El aparato que lo mató era, con toda probabilidad, de fabricación israelí. Y eso es, en realidad, la clave de todo lo demás: explica por qué hay una guerra, por qué se ha recrudecido, quién la sostiene y por qué a tanta gente le conviene no decir que existe.

Lehbib era hijo de Mohamed Abdelaziz, uno de los fundadores del Frente Polisario en 1973, secretario general desde 1976 y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática desde 1982 hasta su muerte en 2016. El apellido es la razón por la que su muerte haya salido en los periódicos. Pero lo que hay que contar también es que hay una guerra, que tiene una causa concreta, que mata hombres todos los años, y que hay mucho interés en que nada de eso se diga en voz alta.

No es un brote de violencia sin sentido. Es una descolonización inacabada. En junio de 1974, el Gobierno español comunicó a la ONU que organizaría un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental en un plazo de seis meses. Se redactó un estatuto y se empezó el censo. El coronel Luis Rodríguez de Viguri, encargado de prepararlo, dijo años después que fue al Sáhara con el mandato de preparar al pueblo saharaui para la independencia.

Ese referéndum asustaba a Marruecos, porque el Frente Polisario tenía el respaldo mayoritario de la población y la consulta podía hacerle perder el territorio. Hassan II ideó una maniobra para bloquearlo: llevó el caso al Tribunal Internacional de Justicia. El dictamen de La Haya, en octubre de 1975, no le dio la razón: reconoció algunos vínculos de lealtad religiosa entre tribus saharauis y el sultán, pero ningún lazo de soberanía territorial que impidiera la autodeterminación. Hassan II ignoró el dictamen y lanzó la Marcha Verde el 6 de noviembre de 1975. España, con Franco agonizando, firmó pocos días después los Acuerdos Tripartitos de Madrid y entregó la administración temporal del territorio a Marruecos y Mauritania en lugar de completar la descolonización. Empezó la ocupación y empezó la guerra.

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Fue una guerra brutal desde el principio. Entre el 19 y el 21 de febrero de 1976, la aviación marroquí bombardeó con napalm el campamento de refugiados de Um Draiga (entre otros puntos), lleno de civiles desplazados de El Aaiún, Dajla y Smara, sin presencia militar. Murieron decenas de personas, entre ellas niños. Cuatro décadas más tarde, en 2015, la Audiencia Nacional española dictó auto de procesamiento por genocidio contra once altos cargos marroquíes por aquellos bombardeos, las armas prohibidas, las desapariciones y las torturas. Marruecos nunca lo ha reconocido, y casi toda la comunidad internacional ha preferido callar.

La guerra duró hasta 1991. Terminó con un alto el fuego firmado en septiembre de ese año bajo supervisión de la ONU. En realidad no fue paz, fue una pausa con una promesa. Naciones Unidas creó una misión para administrar esa pausa y cumplir la promesa. La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO. Su razón de ser era organizar la consulta en la que los saharauis decidieran su futuro.

Ese referéndum no se ha celebrado nunca. Se atascó casi de inmediato en una pelea sobre quién tenía derecho a votar (en particular, si contaban los colonos marroquíes instalados en el territorio), y ahí lleva más de tres décadas. La pausa de 1991 se rompió el 13 de noviembre de 2020, cuando el ejército marroquí entró en la zona desmilitarizada de Guerguerat para desalojar a saharauis que bloqueaban la carretera hacia Mauritania. El Polisario dio por roto el alto el fuego y reanudó la lucha armada. Desde entonces hay guerra otra vez. De baja intensidad, librada a lo largo del muro, pero guerra.

La MINURSO sigue ahí, treinta y cinco años después, sin haber hecho aquello para lo que nació. Cada otoño, el Consejo de Seguridad renueva su mandato un año más. La última renovación, la resolución 2797, se aprobó el 31 de octubre de 2025.

La guerra se recrudeció desde 2020 porque Marruecos pasó a tener una superioridad tecnológica que antes no tenía: drones. Y esos drones son israelíes.

En diciembre de 2020, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara sus relaciones con Israel, dentro de los llamados Acuerdos de Abraham. Fue un trueque: el territorio saharaui a cambio de una embajada israelí. En 2023, Israel dio el segundo paso y reconoció también la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, mediante una carta de Netanyahu al rey Mohamed VI. Argelia condenó la decisión como una violación flagrante del derecho internacional y una «complicidad de dos ocupantes» (en referencia a Marruecos sobre el Sáhara e Israel sobre Palestina).

A partir de ahí, el armamento fluyó. Marruecos compró a Israel drones de reconocimiento y ataque (Hermes 900 y Hermes 450, de Elbit Systems, y munición merodeadora Harop, de Israel Aerospace Industries), con planes de fabricarlos bajo licencia en suelo marroquí. Una investigación del diario francés L’Humanité, difundida por Middle East Eye, documentó que Marruecos usó drones Hermes lanzados desde la base aérea de Smara para matar a civiles en el Sáhara.

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En marzo de 2024 Marruecos e Israel lograron juntos que el informe anual de derechos humanos del Parlamento Europeo eliminara las referencias a las violaciones en Palestina y en el Sáhara Occidental. La enmienda salió adelante con 386 eurodiputados y con la colaboración del grupo socialista y del eurodiputado español Nacho Sánchez Amor, ponente del informe.

En toda guerra mueren combatientes. En esta también, año tras año, desde 2020.

Lehbib no es el primer comandante saharaui que un dron marroquí mata mientras dirige ataques contra el muro. En abril de 2021 murió cerca de Tifariti el jefe de la gendarmería del Polisario, Eddah Al-Bendir, en un ataque con drones. El 1 de septiembre de 2023 murió Abba Ali Hamudi, comandante de la Sexta Región Militar y miembro del Secretariado Nacional, junto a otros tres combatientes, en un bombardeo de drones cerca de Mahbes. El 7 de junio de 2026 ha muerto Lehbib Mohamed Abdelaziz, del Secretariado Nacional y entre medias una cantidad indeterminada de combatientes sin nombre.

Conviene preguntarse a quién incomoda decir que existe una guerra y que en ella mueren hombres. Incomoda a quien ha decidido que el Sáhara Occidental es un asunto cerrado y prefiere tratar cada muerto como un incidente aislado. Incomoda a los gobiernos que han apostado por Marruecos y necesitan que esto parezca un trámite diplomático cuando es una ocupación militar disputada por las armas, con tecnología israelí, en un territorio que la ONU sigue considerando pendiente de descolonización.

El 5 de mayo de 2026, el Polisario lanzó tres proyectiles contra bases militares marroquíes cerca de Smara. No hubo muertos ni daños materiales. En cuestión de días condenaron el ataque España, la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Bélgica, la República Checa, Liberia, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí y Qatar. Varios lo llamaron «ataque terrorista». Casi todos ataron la condena al respaldo del plan de autonomía marroquí.
Un mes después, un dron mata a un comandante saharaui y a dos combatientes más. Silencio. Ninguno de esos gobiernos ha dicho una palabra. Mismo conflicto, mismo tipo de acto (fuego contra objetivos militares), trato opuesto. Tres proyectiles sin víctimas merecieron una condena; tres muertos no merecen una línea.

El caso de España es el más difícil de justificar. Fue la potencia colonial y sigue siendo, en derecho, la potencia administradora del territorio según la ONU: le corresponde la responsabilidad jurídica de una descolonización que nunca completó. En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó cuatro décadas de neutralidad y respaldó por carta el plan de autonomía marroquí. Desde entonces condena los ataques saharauis y calla ante los marroquíes. Tras la muerte de Lehbib, el delegado del Polisario en España, Abdulah Arabi, denunció los «dobles estándares» del Gobierno y su silencio.

La Unión Europea no está mejor situada. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE anuló los acuerdos comerciales y pesqueros entre la Unión y Marruecos en lo que afectaba al Sáhara Occidental, porque se habían firmado sin el consentimiento del pueblo saharaui, vulnerando el derecho de autodeterminación. La Comisión sigue buscando la forma de mantener esos acuerdos pese a la sentencia de su propio tribunal. Bruselas condena cohetes que no matan a nadie y desobedece a sus jueces para seguir pescando en aguas ocupadas.

Atacar objetivos militares en una guerra es un acto de guerra, no un crimen, lo haga quien lo haga. Si se acepta que esto es una guerra (y lo es) lo que escandaliza no es que Marruecos haya matado a un militar enemigo. Es el silencio selectivo y la negación de que la guerra existe.
Pero es que además, los muertos civiles no son simétricos ya que los drones marroquíes han matado civiles. Amnistía Internacional recogió la muerte de dos mauritanos y cuatro malienses en ataques con drones, y anotó que Marruecos los justificó como lucha contra el contrabando (lo que admite que no eran combatientes) y que no hubo investigación independiente. The Intercept entrevistó al testigo de un ataque contra un pastor que llevaba agua en su todoterreno. Adala UK documentó con nombres la muerte de dos civiles mauritanos en mayo de 2025. Las cifras totales están entre ochenta y cien muertos y heridos desde 2020.

Hablamos de drones de precisión que eligen vehículos civiles, uno a uno, lejos del combate.

Hay una guerra en el Sáhara Occidental. Empezó porque una descolonización quedó a medias en 1975 y porque una promesa de referéndum lleva más de treinta años sin cumplirse. Naciones Unidas mantiene una misión que hoy sirve para administrar la espera, no para terminarla. Marruecos sostiene su ventaja con drones israelíes, en un trueque que cambió un territorio ocupado por una embajada. En esa espera mueren hombres cuyos nombres casi nunca conocemos, y los gobiernos que se apresuran a condenar a un bando cuando dispara sin matar enmudecen cuando el otro mata.

No hace falta tomar partido para ver el problema. Basta con negarse a la mentira cómoda de que aquí no pasa nada. Pasa que hay una guerra, que tiene una causa, que la libran armas israelíes, que produce muertos, y que a demasiada gente le conviene no decirlo.