La regularización extraordinaria de inmigrantes, una decisión “política” que discrimina al colectivo saharaui

• “Nuevo revés del Gobierno socialista hacia los saharauis” dice la abogada Fatma El Galia, que recuerda que en el borrador del texto legislativo sí se contemplaba a los apátridas y ahora se les excluye.

• Los saharauis llevan años esperando que el Ministerio del Interior  resuelva sus expedientes,  que en algunos casos  suponen más de cuatro años  de trámite.

Alfonso Lafarga.-

La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros, que se prevé puede afectar a unas 500.000 personas discrimina a un colectivo, el saharaui.

El Gobierno estima  que con el real decreto aprobado hoy, medio millón de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España podrán regularizar su situación.

 La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho en la rueda de prensa  tras el Consejo de Ministros, que se trata  de «uno de los grandes hitos de esta legislatura».

Sin embargo, para la abogada Fatma El Galia, que lleva casos de saharauis que residen en España, se trata de una regularización “que no es extraordinaria ni generalizada” y que  “discrimina a un solo colectivo, el saharaui”.

En respuesta a unas declaraciones de la ministra Elma Saiz realizadas a la Cadena Ser, según la cual “los  apátridas no pueden acceder a esta regularización por encontrarse  en situación de regularidad y estar protegidos por el estatuto de apátrida, la letrada se pregunta cuál es la diferencia entre los solicitantes  de Protección Internacional cuya solicitud o recurso aún no se hayan resuelto y que sí entran en esta regularización, por lo que también están en situación regular y tiene garantizada la protección.

Fatma El Galia afirma a Contramutis que esta distinción supone un acto de discriminación administrativa hacia  los saharauis “que llevan años esperando que el Ministerio del Interior  resuelva sus expedientes,  que en algunos casos suponen más de cuatro años  de trámite, un  procedimiento administrativo  eterno que viola  derechos fundamentales de este colectivo”.

“Estamos ante un nuevo revés del Gobierno socialista hacia los saharauis evidenciado de forma  latente  en este o texto legislativo”, dice la abogada, que recuerda que en el borrador del texto legislativo  sí se contemplaba a los apátridas y ahora se les excluye. “Estamos ante una clara decisión política”, apunta.

Apátridas saharauis: Asi lo ven, los que lo ven

Hasta 2023, las solicitudes de la condición de apátrida fueron alrededor de 5.000, la mayoría saharauis, según datos del Gobierno.

La diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha escrito en su cuenta de “X” sobre la exclusión de los saharauis del Reglamento de Regularización Extraordinaria que esto afecta  a miles de familias  de acogida, algunas socialistas,  y “no es casualidad: es una política contra el pueblo saharaui, con el consentimiento de — la izquierda y la inacción de nuestro espacio”.

En otro mensaje, afirma: “Todas las organizaciones, representantes políticos y políticas que hace unos días estuvimos en los campamentos de refugiados y que mantenemos una firme defensa del pueblo saharaui debemos arremangarnos ahora para exigir al Ministerio de Migraciones que incluya a las personas apátridas en el reglamento de regularización extraordinaria, en igualdad de condiciones que las personas solicitantes de asilo. El momento de actuar es ahora: el reglamento se oficializa mañana en el BOE. Si no es ahora, las palabras de solidaridad sirven de poco”.

La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS Sáhara). por su parte, ha condenado la exclusión explícita de las personas apátridas, “las cuales son, en su práctica totalidad, saharauis”. Una vez más, señala, el Gobierno de España relega, intencionadamente, los derechos del pueblo saharaui de manera absolutamente incomprensible”.

Para CEAS “carece de sentido y coherencia alegar una hipotética situación de ´regularidad´ de las personas solicitantes del reconocimiento del estatuto de apátrida mientras no se les permite trabajar  durante la tramitación  del procedimiento ´por no tener autorización de residencia y trabajo concedida´”