Otra expulsión de observadores españoles de Derechos Humanos del Sáhara Occidental

• Las autoridades marroquíes impiden a dos integrantes de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón y una periodista canaria acceder a El Aaiún para comprobar situación de los Derechos Humanos de la población saharaui.

Alfonso Lafarga

Las autoridades marroquíes han impedido otra vez entrar en El Aaiún a una delegación española que había viajado a la capital del Sáhara Occidental para hacer un seguimiento de la situación de los Derechos Humanos de la población saharaui.

La delegación de la Asociación Um Draiga, Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, perteneciente a la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) estaba formada por Jesús Maestro, exdiputado de Las Cortes de Aragón, y Rosa Fernández, ambos comprometidos desde hace más de 30 años con el respeto a los Derechos Humanos de la población saharaui. 

También había viajado la periodista Gara Santana Suárez, de Canarias Ahora/ElDiario.es, que se sumó a la visita para informar del trabajo de observación sobre los Derechos Humanos en el Territorio No Autónomo delSáhara Occidental.

Con estas expulsiones son ya, al menos, 20 las personas -18 de ellas españolas- que han sido expulsadas en lo que va de año del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, sin que el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que dirige José Manuel Albares, se haya pronunciado

La misión de la ultima delegación a la que no se ha permitido entrar en El Aaiún el sábado 29 de marzo tenía previsto reunirse con familiares de los presos políticos y de conciencia saharauis, con la Asociación para la Vigilancia de los Recursos Naturales y la Protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental (AREN), con la Asociación para la Protección de la Cultura Saharaui, con asociaciones de mujeres saharauis y con organizaciones de medios de comunicación saharauis

Gara Santana ha informado de que se encontraban dispuestos a desembarcar del avión en El Aaiún cuando varios hombres marroquíes subieron hasta la aeronave y les impidieron el paso, bloqueando la salida, mientras uno de ellos les grababa. A pesar de que intentaron explicarles los motivos de la visita, no respondieron ni se identificaron.

Silencio e inacción del Gobierno de España

CEAS y Um Draiga manifiestan en un comunicado que esta agresión por parte de las autoridades marroquíes “es una muestra más de las prácticas ilegales y autoritarias del régimen de Marruecos, cuyo objetivo es silenciar a aquellos que intentan visibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos que se cometen diariamente en los territorios ocupados”.

Además de la situación de los Derechos Humanos querían denunciar el “expolio de recursos naturales llevado a cabo por empresas europeas que operan en complicidad con Marruecos”, explotación que “viola los principios más fundamentales del derecho internacional, que exigen que el pueblo saharaui dé su consentimiento para cualquier actividad sobre sus recursos naturales”.

CEAS y Um Draiga recuerdan que esta expulsión “no es un hecho aislado” y que “en los últimos meses se han sucedido varios incidentes similares”, actitud que “no solo vulnera los derechos de quienes buscan informar y denunciar, sino que refleja un ataque a la libertad de expresión y al derecho internacional”.

Lamentan el silencio y la inacción del Gobierno de España y afirman que “el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mostrado una preocupante indiferencia ante la repetida retención y expulsión de ciudadanos y representantes españoles en los Territorios Ocupados, silencio cómplice que no puede continuar”.

Añaden que es hora de que España adopte una postura firme y coherente con el derecho internacional, pues “el Pueblo Saharaui sigue sufriendo bajo una ocupación ilegal que dura ya casi 50 años, mientras su derecho a la autodeterminación sigue siendo ignorado” y que “merece vivir en libertad, en paz, y con el derecho a decidir su futuro sin la constante amenaza de represión”.

La Federación Estatal de Instituciones Solidarias con El Sáhara (FEDISSAH) se ha hecho eco de la denuncia de CEAS y Um Draiga y ha exigido un “cambo inmediato” en la postura de España que, dice, “debe asumir un papel activo en la defensa de los derechos del pueblo saharaui, garantizando su derecho a decidir su futuro, tal como establece el derecho internacional”.

Izquierda Unida Aragón, por su parte, denuncia la impunidad con la que, una vez más, el régimen marroquí viola los derechos humanos y el derecho internacional. Su coordinador general, Álvaro Sanz, exige al Ministerio de Asuntos Exteriores de España “la máxima contundencia ante Marruecos ante otro episodio de retención y expulsión de ciudadanos españoles” y que actúe para impedir que siga impidiendo a observadores internacionales llevar a cabo su misión de verificación de Derechos Humanos.