¿Cómo puede España plantar cara a Marruecos mientras una parte de sus élites políticas y económicas mantiene vínculos con Rabat?
Madrid (ECS).- La pregunta vuelve a cobrar fuerza después de la última crisis de Ceuta. Mientras miles de personas cruzaban la frontera desde Marruecos y Rabat volvía a colocar sobre la mesa sus reivindicaciones territoriales sobre las ciudades autónomas, el Gobierno español ha decidido mantener intacta su estrategia con el reino alauí. El Ejecutivo considera que la cooperación bilateral sigue siendo esencial, pese a las críticas y a las acusaciones de que Marruecos utilizó durante la crisis una política de presión y ambigüedad.
Pero existe otra cuestión menos visible: la red de intereses, relaciones y puertas giratorias que conecta a Rabat con sectores de la política, la empresa y el lobby españoles y europeos.
No se trata de afirmar que todos los españoles que mantienen relaciones con Marruecos sean agentes de Rabat. Se trata de algo más concreto: identificar quién trabaja para intereses marroquíes, cuánto dinero existe detrás de esas relaciones, qué cargos públicos han pasado a empresas de lobby y qué conexiones políticas pueden resultar relevantes para entender la influencia de Marruecos en España.
Acento: el ejemplo más evidente
Uno de los casos mejor documentados es el de Acento Public Affairs, la consultora fundada por el exministro socialista José Blanco y Antonio Hernando.
Según la información publicada por El Independiente, Acento comenzó a asesorar a intereses marroquíes ante las instituciones europeas al menos desde finales de 2022. El contrato con una agencia de cooperación marroquí estaba valorado entre 500.000 y 600.000 euros y tenía como objeto cuestiones relacionadas con la cooperación multisectorial y la seguridad en el Mediterráneo y el Magreb.
La dimensión política del asunto resulta especialmente llamativa por la composición de la propia consultora.
Por Acento han pasado o figuran vinculados antiguos responsables políticos de diferentes partidos. Entre ellos aparecen José Blanco, Antonio Hernando, Elena Valenciano, Valeriano Gómez, Joan Clos, Alfonso Alonso y José María Lassalle, además de otras personas relacionadas familiar o políticamente con dirigentes españoles.
La cuestión periodística no es acusar a ninguno de ellos de espionaje o de trabajar clandestinamente para Rabat.
La cuestión es otra: ¿Hasta qué punto la contratación de antiguos responsables políticos por empresas que representan a Estados extranjeros introduce una vía de influencia sobre las instituciones españolas y europeas?
El dinero detrás del lobby
La dimensión económica tampoco es menor. Las informaciones disponibles sitúan el negocio de Acento en varios millones de euros anuales. En 2024 la compañía habría alcanzado 9,58 millones de euros de ingresos y unos 2 millones de beneficio, según El Independiente.
Y Marruecos no aparece como un cliente anecdótico. La documentación europea citada por el mismo medio recoge un contrato situado en la franja de 500.000 a 599.999 euros para trabajos relacionados con la cooperación y la seguridad en el Mediterráneo y el Magreb.
Es decir, existe una actividad de lobby marroquí perfectamente identificable en Bruselas y desarrollada por personas que conocen desde dentro el funcionamiento de la política española y europea.
Eso no constituye por sí mismo una operación clandestina.
Es precisamente el tipo de actividad que obliga a preguntar cómo funciona la influencia extranjera cuando se desarrolla legalmente a través del mercado de los asuntos públicos.
La puerta giratoria entre política y lobby
El fenómeno tampoco es exclusivo de un partido.
El caso de Acento permite observar una dinámica transversal: antiguos dirigentes socialistas y populares terminan formando parte de estructuras dedicadas a representar intereses empresariales y, en determinados casos, intereses extranjeros.
Uno de los nombres más relevantes es Antonio Hernando. Antes de regresar a responsabilidades gubernamentales, trabajó en Acento. Posteriormente fue incorporado al entorno de La Moncloa y ocupa actualmente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
La existencia de esta trayectoria no demuestra una relación de subordinación a Marruecos.
Pero sí plantea una pregunta legítima sobre las puertas giratorias entre Gobierno, partidos políticos y empresas de asuntos públicos.
Y esa pregunta adquiere especial relevancia cuando esas empresas representan simultáneamente a grandes multinacionales y a instituciones de un Estado extranjero con intereses estratégicos directamente relacionados con España.
Del Sáhara a Ceuta: el cambio de posición de España
La cuestión no puede analizarse separadamente del giro histórico producido en 2022.
El Gobierno de Pedro Sánchez pasó a respaldar públicamente el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, provocando una profunda crisis con Argelia y un cambio sustancial en la relación triangular entre España, Marruecos y Argelia.
Desde entonces, Madrid ha defendido una relación estratégica con Rabat.
La Estrategia de Acción Exterior española vigente hasta 2028 llega incluso a describir las relaciones bilaterales con Marruecos como situadas en su mejor momento. Sin embargo, la reciente crisis de Ceuta ha puesto en cuestión esa valoración y ha reabierto el debate sobre la dependencia española respecto a Rabat.
Y aquí aparece uno de los elementos más incómodos de la ecuación.
Argelia es uno de los principales rivales geopolíticos de Marruecos.
Por tanto, cualquier campaña política o mediática que pretenda presentar a Argelia como la principal amenaza mientras minimiza las actuaciones de Rabat merece ser examinada con lupa.
No porque toda crítica a Argelia sea necesariamente pro-marroquí.
Sino porque una política exterior seria exige identificar quién tiene intereses en que España adopte una determinada lectura del Magreb.
Pegasus: cuando la influencia deja de ser lobby
Hay una segunda dimensión mucho más grave: el espionaje.
El caso Pegasus demostró que los teléfonos de miembros de la cúpula del Gobierno español fueron objeto de infecciones con el programa desarrollado por NSO Group. La investigación judicial española terminó archivada nuevamente en enero de 2026 ante la falta de cooperación de Israel, país donde está radicada la compañía.
En paralelo, investigaciones periodísticas han señalado a Marruecos como sospechoso de una amplia campaña de espionaje mediante Pegasus contra políticos, periodistas, activistas y dirigentes saharauis, argelinos y rifeños.
Aquí conviene ser extremadamente precisos:
sospecha, atribución técnica y responsabilidad judicial no son conceptos equivalentes.
Pero tampoco puede ignorarse el patrón de denuncias.
Un Estado que dispone de capacidades de inteligencia, redes diplomáticas, influencia económica y herramientas de vigilancia digital posee un abanico de instrumentos de influencia mucho más amplio que el tradicional lobby parlamentario.
¿Y los periodistas?
Este es probablemente el terreno más delicado.
Que un periodista defienda posiciones favorables a Marruecos no demuestra que esté comprado por Marruecos.
Para sostener una acusación económica habría que aportar contratos, transferencias, sociedades, facturas, registros de lobby o documentación equivalente.
Lo que sí puede investigarse es otra cosa: quién financia determinados think tanks, viajes, conferencias, consultorías y campañas de comunicación; quién invita a determinados periodistas; qué organizaciones aparecen detrás de determinados eventos; qué personas mantienen relaciones profesionales con instituciones marroquíes y qué mensajes coinciden sistemáticamente con los intereses estratégicos de Rabat.
Ahí es donde empieza una verdadera investigación.
¿Existe una “red marroquí” en España?
La respuesta responsable no consiste en construir una lista de supuestos agentes.
Consiste en construir un mapa de relaciones verificables.
Ese mapa debería incluir:
contratos de lobby registrados en Bruselas;
empresas españolas contratadas por instituciones marroquíes;
antiguos ministros y altos cargos que trabajan para esas empresas;
vínculos con partidos políticos;
financiación de think tanks y asociaciones;
viajes y conferencias patrocinados;
relaciones empresariales entre España y Marruecos;
actividades de diplomáticos y organismos de influencia;
investigaciones judiciales sobre espionaje;
operaciones de Pegasus atribuidas o investigadas;
campañas de desinformación documentadas;
y la evolución del discurso político español sobre Marruecos, Argelia y el Sáhara.
Solo después de reunir todas esas piezas puede determinarse si estamos ante simples relaciones diplomáticas y comerciales, ante un poderoso ecosistema de lobby o ante algo más sofisticado.
La cuestión que España debería responder
La pregunta fundamental no es si España debe tener buenas relaciones con Marruecos.
Por supuesto que debe tenerlas.
La pregunta es qué precio está pagando España por esas relaciones y quién se beneficia de ellas.
Porque una política exterior independiente necesita distinguir entre cooperación y dependencia; entre diplomacia y presión; entre lobby legítimo e influencia opaca; entre relaciones profesionales y subordinación política.
Y también necesita saber quién está intentando influir en la opinión pública española.
La reciente crisis de Ceuta ha vuelto a demostrar que Marruecos no es un socio convencional. Es un actor estratégico con intereses directos sobre el Sáhara Occidental, Ceuta, Melilla, las aguas territoriales, la inmigración, la pesca, la agricultura y la posición internacional de España.
Al mismo tiempo, Rabat dispone de relaciones políticas, económicas y diplomáticas construidas durante décadas.
El problema no es que Marruecos tenga influencia. Todos los Estados intentan tenerla.
El problema sería que España no supiera dónde empieza esa influencia, dónde termina y quién está actuando como intermediario.
Y esa es precisamente la investigación que todavía está pendiente.
Porque para plantar cara a una potencia extranjera no basta con denunciar sus tentáculos. Primero hay que identificarlos, documentarlos y demostrar cómo funcionan.