Mohamed El Bujari, alto dirigente del Frente Polisario
ARGEL | La MINURSO se ha retirado del Sáhara Occidental después de 35 años desde su creación, sin haber organizado el referéndum para el que fue establecida. Algo similar ocurrió con la retirada de España en 1976, antes de la celebración de dicha consulta, pese a los compromisos oficiales asumidos ante Naciones Unidas y ante el pueblo saharaui.
El Frente Polisario no echa de menos a la MINURSO
Aunque ambas retiradas difieren en su naturaleza y forma, no existe ninguna divergencia jurídica ni política entre la responsabilidad de España, en su condición de potencia administradora del territorio, y el mandato de la misión de Naciones Unidas, ya que ambas comparten un mismo objetivo: garantizar que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho inalienable e imprescriptible a la autodeterminación y a la independencia, en el marco del proceso de descolonización y de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la legalidad internacional.
Pero ¿cuáles son las causas, tanto remotas como inmediatas, de esta nueva situación derivada del fin de la presencia de la MINURSO?
¿Qué consecuencias tendrá la retirada de la MINURSO para la causa saharaui? ¿Qué perspectivas se abren ante el pueblo saharaui y los pueblos de la región?
¿Tiene esta retirada repercusiones sobre la paz y la seguridad internacionales? ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional y cuáles son sus responsabilidades ante el vacío dejado por la misión de Naciones Unidas?
Abordaremos brevemente todas estas cuestiones a través de los siguientes apartados:
Primero. La retirada de la MINURSO no extingue el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación ni exime a Naciones Unidas de sus responsabilidades.
Es bien sabido que Naciones Unidas incluyó en 1963 al Sáhara Occidental en la lista de territorios pendientes de descolonización, reconoció al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación y calificó la presencia marroquí en el territorio como una ocupación ilegal. Asimismo, ha considerado el colonialismo y la ocupación extranjera como crímenes contra la humanidad y ha reafirmado reiteradamente, en sus resoluciones y tratados, la legitimidad de la lucha de los pueblos por liberarse del colonialismo y de sus consecuencias.
El sistema de Naciones Unidas, sus organismos y agencias especializadas, así como las organizaciones y tribunales regionales e internacionales, no reconocen a Marruecos soberanía alguna sobre el Sáhara Occidental.
Conviene recordar, además, que el derecho a la autodeterminación ocupa un lugar central en la Carta de Naciones Unidas, al figurar en el segundo apartado de su artículo primero. Se trata de un principio reconocido como norma imperativa de derecho internacional, de obligado cumplimiento, que no puede ser despojado de su contenido ni extinguido por el transcurso del tiempo. De hecho, la Asamblea General reafirma cada año, mediante sus resoluciones, la responsabilidad de Naciones Unidas hacia el pueblo saharaui.
Asimismo, el Tribunal Internacional de Justicia señaló en su dictamen consultivo de 1975 que Marruecos no ostentaba soberanía sobre el Sáhara Occidental y que la solución pasaba por el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Esta circunstancia llevó al asesor jurídico de Naciones Unidas a subrayar que España, en su condición de potencia administradora del territorio, no podía renunciar unilateralmente a las responsabilidades que le correspondían en virtud de la Carta y de las resoluciones de Naciones Unidas y de sus organismos especializados.
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Segundo. La retirada de la MINURSO, desenlace de un largo proceso de desviación y de ataque a la legalidad internacional desde el interior del Consejo de Seguridad.
Es necesario señalar que la misión de Naciones Unidas no era el problema ni fracasó, en sentido estricto, en el cumplimiento de su mandato.
La obstrucción marroquí a la organización del referéndum se intensificó con la llegada de Mohamed VI al trono, tras el fallecimiento de Hassan II, quien había conocido las consecuencias de 16 años de guerra devastadora para Marruecos y la amenaza que esta suponía para su reinado.
Sin embargo, la obstrucción marroquí no habría tenido el peso suficiente en esta ecuación sin las posiciones del triángulo formado por Francia, España y Estados Unidos, países que estuvieron detrás de la estrategia inicial para impedir la independencia saharaui.
El primer pacto entre París y Madrid, en 1975, con el respaldo y la supervisión de Washington, habría permitido a Juan Carlos acceder al trono de la monarquía borbónica y habría incluido el compromiso de apoyar la adhesión de España al Mercado Común Europeo. A cambio, España y su Ejército protagonizaron una retirada vergonzosa y humillante de su colonia —la provincia número 53—, dejando el camino abierto al protectorado marroquí para impedir que el pueblo saharaui ejerciera su soberanía sobre su territorio.
Todo ello respondería, según esta interpretación, a intereses estrictamente coloniales y a una estrategia geopolítica de control de una región rica en recursos naturales y de gran valor estratégico.
La MINURSO no fracasó: fue impedida de cumplir su cometido desde el principio. Desde su despliegue, el 6 de septiembre de 1991, coincidiendo con la entrada en vigor del alto el fuego, la misión encontró obstáculos para ejecutar el Plan de Arreglo de Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana, acordado por las partes saharaui y marroquí.
Los primeros indicios de obstrucción aparecieron cuando el entonces secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, publicó un informe que no le había sido solicitado y que introducía nuevos criterios para determinar la identidad de los votantes. El documento se hizo público después de una reunión con Hassan II al margen de un periodo de sesiones de la Asamblea General en 1991. El objetivo habría sido dejar sin efecto el censo español, acordado como base exclusiva para determinar el censo electoral.
Esta maniobra de Pérez de Cuéllar, que habría respondido a una petición francesa, según fuentes de su propio entorno, fue seguida por el control del expediente del Sáhara Occidental y de la MINURSO por parte de un grupo autodenominado «Grupo de Amigos», integrado por Estados Unidos, como país redactor de los proyectos de resolución, Francia, Reino Unido, Rusia y España.
Cabe señalar que China rechazó participar en dicho grupo, que no había sido creado mediante una resolución del Consejo de Seguridad ni a petición del entonces secretario general, Butros Butros-Ghali.
Por su parte, el siguiente secretario general, Kofi Annan, nombró en 1997 al exsecretario de Estado de EE.UU, James Baker, enviado personal para el Sáhara Occidental, pese a que ya existía un representante especial del secretario general al frente de la MINURSO. Esta iniciativa también respondió a una petición de Francia y tenía como finalidad encontrar una salida favorable a Marruecos.
Baker modificó su planteamiento tras reunirse con Hassan II, quien le habría pedido mantener el referéndum como única vía para poner fin al conflicto a través de la legalidad internacional. El monarca marroquí tampoco quería dejar una herencia política pesada y peligrosa a su sucesor.
Cuando quedó claro que el proceso de identificación de votantes gestionado por la misión de Naciones Unidas avanzaba hacia la exclusión de los colonos marroquíes de las listas electorales, tras el acuerdo de compromiso alcanzado en 1993, conocido como la «solución Butros-Ghali», y después de los Acuerdos de Houston de 1997, bajo la supervisión de James Baker, las capitales partidarias de la ocupación marroquí comenzaron a movilizarse.
Se inició entonces una campaña de argumentos engañosos sobre la supuesta dificultad, e incluso imposibilidad, de organizar el referéndum. La conclusión del proceso de identificación y la publicación de las listas de votantes supusieron el golpe definitivo a lo que Marruecos denominaba referéndum confirmatorio. A partir de entonces, a comienzos de la década de 2000, el proceso comenzó a apartarse de la legalidad internacional.
Se sucedieron los intentos de eludir y despojar al pueblo saharaui de sus derechos mediante propuestas destinadas a legitimar la ocupación. Entre ellas figuraron el Acuerdo Marco de 2001, el Plan de Paz para la Autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental o Plan Baker de 2003, y, finalmente, la denominada propuesta de autonomía de 2007.
Marruecos intensificó su campaña de propaganda mediante una importante operación de compra de voluntades en África, Europa y América Latina, para la que habría puesto al servicio de sus intereses los recursos del Estado, su soberanía y la dignidad de su pueblo. Esta estrategia habría contado con el apoyo directo de los Gobiernos francés y español y de determinadas entidades del Golfo, con el objetivo de modificar las posiciones de gobiernos, parlamentos, personalidades y medios de comunicación a cambio de pagos anticipados.
Pese a todo ello, Marruecos no consiguió avances significativos durante las dos últimas décadas, marcadas por su incumplimiento de los compromisos suscritos en el marco del Plan de Arreglo. Mientras tanto, el país se enfrentaba a crecientes tensiones sociales internas y a una profunda crisis en el entorno de la monarquía.
En este contexto, el régimen habría encontrado una salida en el acercamiento a Tel Aviv, como vía para llegar a Washington y acogerse al paraguas de la normalización de relaciones con Israel, a cambio de obtener el supuesto reconocimiento de potencias extranjeras influyentes sobre una soberanía marroquí reivindicada sobre el Sáhara Occidental.
La necesidad de la monarquía marroquí de poner fin a un conflicto prolongado que amenaza la estabilidad del trono, la habría llevado a aceptar ahora, de manera no declarada, un sistema de protectorado multinacional a partir de 2020.
La coalición que dirige ese sistema de protectorado multinacional en el Marruecos de Mohamed VI, desconociendo las normas del derecho internacional y la historia y naturaleza de la cuestión saharaui, habría ido aún más lejos al intentar legitimar la ocupación y reducir la existencia del pueblo saharaui a un problema de refugiados para el que la comunidad internacional debería encontrar soluciones individuales y colectivas, incluida su distribución en supuestos países de acogida alternativos.
De este modo, potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad decidieron vulnerar la legalidad internacional que precisamente deberían proteger. Comenzaron así a despojar a la MINURSO de sus competencias, modificar su mandato e incluso alterar su denominación.
Se presentó un proyecto de resolución que proponía transformar la misión de Naciones Unidas en un mecanismo para imponer por la fuerza la anexión del Sáhara Occidental a Marruecos y modificar las fronteras internacionales reconocidas, todo ello bajo la cobertura de la denominada «solución de autonomía bajo soberanía marroquí».
La forma en que Estados Unidos, Francia y España habrían intentado privar al pueblo saharaui de sus derechos habría sobrepasado todos los principios que rigen las relaciones internacionales. Según esta valoración, se habría producido un ejercicio de poder sin precedentes, hasta el punto de pretender otorgar a un país la soberanía sobre otro y utilizar Naciones Unidas para un propósito contrario a la razón misma de su existencia, a su Carta y a sus resoluciones.
En estas circunstancias, la única opción para impedir que Naciones Unidas legitimara la ocupación habría sido poner fin a la misión de la MINURSO, con el objetivo de preservar la legalidad internacional.
Tercero. El veto de Rusia, un rechazo a la hegemonía de un orden unipolar de carácter colonial sobre las relaciones internacionales.
Rusia ejerció su derecho de veto después de que Estados Unidos se negara a modificar el proyecto de resolución, cuyo contenido asumía íntegramente la tesis de la potencia ocupante.
Por su parte, China reiteró que no podía aceptar el proyecto estadounidense, que pretendía otorgar, en nombre del Consejo de Seguridad, la soberanía de un país sobre otro, lo que constituiría un precedente sin parangón desde la creación de Naciones Unidas en 1945.
La mayoría de los Estados miembros, incluidos aquellos que votaron a favor del proyecto estadounidense pese a sus reservas, expresaron durante la votación que no reconocían la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Asimismo, reafirmaron su apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y su compromiso con el derecho y la legalidad internacionales.
El proyecto impulsado por Estados Unidos únicamente habría contado con el respaldo explícito y sin reservas de su socio francés y de un reducido grupo de no más de tres regímenes, entre ellos Baréin.
Lo sucedido el pasado 30 de octubre demuestra que la lucha del pueblo saharaui y su firme defensa de la soberanía sobre su territorio, por prolongado que sea el camino y por elevado que resulte el precio de los sacrificios, forman parte de la resistencia de los pueblos del mundo en favor de un orden internacional basado en el respeto a la Carta de Naciones Unidas y al cumplimiento de los principios sobre los que se sustentan las relaciones internacionales contemporáneas.
Debe reconocerse a la Federación de Rusia su posición, histórica y digna, como una señal de que la última palabra no puede corresponder a la tiranía, la injusticia ni a la imposición de una realidad colonial en el Sáhara Occidental.
Rusia justificó su voto señalando que el proyecto estadounidense se había decantado por una de las partes en detrimento de la otra, había eliminado el derecho a la autodeterminación e ignorado la propuesta del Frente POLISARIO. Por ello, consideró que el texto suponía un alejamiento total de los principios del derecho internacional que deben regir la actuación de Naciones Unidas en la cuestión del Sáhara Occidental.
No cabe duda de que, con su posición del 30 de octubre, Rusia habría expresado el sentir de una mayoría de los miembros de Naciones Unidas y de los propios integrantes del Consejo de Seguridad, todos ellos interesados en un mundo multipolar que no esté sometido a la lógica de una potencia que actúe unilateralmente en la configuración del mapa mundial y determine por sí sola la política internacional.
Un orden internacional que no se rija por las transacciones y los intercambios de intereses, sino por el diálogo y la cooperación para preservar la paz y la seguridad, con pleno respeto al derecho internacional.
Cuarto. La situación tras la retirada de la MINURSO.
1. Es necesario subrayar que la causa saharaui ha alcanzado una importante victoria histórica al quedar frustrado el proyecto que pretendía transformar la misión de Naciones Unidas en un instrumento para legitimar la ocupación.
2. Consideramos que el denominado «proyecto de una MINURSO transformada» ha quedado sin efecto, junto con el plan expansionista destinado a anexionar por la fuerza el Sáhara Occidental y modificar las fronteras internacionales reconocidas. Dicho proyecto, además, habría podido desencadenar una guerra generalizada en toda la región, con consecuencias devastadoras para África y para el conjunto del mundo.
3. Afirmamos que la retirada de la MINURSO vuelve a situar al pueblo saharaui y a su Ejército de Liberación frente a frente con la fuerza ocupante, su Ejército y su administración.
La opción del pueblo saharaui quedó definida desde el estallido de la guerra de liberación, en 1973, contra el colonialismo español.
La decisión del pueblo saharaui fue, es y seguirá siendo continuar la lucha de liberación hasta alcanzar la independencia nacional, en defensa de su soberanía, dignidad e identidad y en firme reivindicación de sus derechos, cueste lo que cueste. Se trata de una cuestión de existencia.
4. Reconocemos que la opción disponible para Marruecos, y el mejor camino tanto para la monarquía como para el pueblo marroquí, es poner fin a la ocupación y revisar el balance de costes de una guerra expansionista cuya factura debe dejar de pagarse.
Poner fin a la agresión expansionista contra el pueblo de la República Saharaui, a las amenazas contra los países vecinos y a una política basada en el chantaje y la imposición de hechos consumados es una opción que carece de razón y legitimidad, y está condenada al fracaso, como habría quedado demostrado el pasado 30 de octubre.
5. La afirmación de que se respeta el alto el fuego es una maniobra que no engaña ni siquiera a los más ingenuos.
Las declaraciones de la potencia ocupante marroquí sobre un supuesto respeto al alto el fuego, que quedó roto el 13 de noviembre de 2020 tras su incumplimiento del acuerdo político que constituía uno de sus elementos esenciales, no son más que una exigencia de rendición. Y la rendición no forma parte del vocabulario político ni de la cultura saharaui.
6. La decisión de continuar la aventura expansionista, sea cual sea el método, el plan o el número de alianzas con potencias extranjeras, terminará fracasando y tendrá consecuencias catastróficas para Marruecos.
Es evidente que las fuerzas de ocupación, tanto sus mandos como sus soldados, conocen bien la valentía del combatiente saharaui, su determinación y su firmeza. Estas cualidades han derrotado a distintas formaciones militares, frustrado numerosos planes y permitido capturar a miles de soldados, desarrollando una experiencia bélica que ha convertido al Ejército saharaui en una auténtica escuela de combate.
7. La novedad de la actual situación es que Marruecos, después de fracasar durante un cuarto de siglo en su intento de legitimar la ocupación, se encuentra hoy bajo la orden directa de varias potencias que, en realidad, fueron las mismas que planificaron los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 y que desde entonces lo han dirigido y dado instrucciones entre bastidores.
8. Por último, señalamos que la agresión expansionista contra el pueblo saharaui constituye una amenaza para todos los pueblos de la región y para los Estados del mundo, porque vulnera los principios y fundamentos que las naciones y los pueblos se comprometieron a respetar, al ser estos la única garantía de seguridad y estabilidad.
El pueblo saharaui cumplirá con su responsabilidad y espera que los pueblos y los Estados del mundo asuman también la suya ante una cuestión en la que no cabe la neutralidad, porque afecta directamente a la libertad, la igualdad y la paz.