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11 diciembre 2024

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; La violencia contra la mujer saharaui en el Sáhara Occidental

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Es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una lacra que sigue muy presente en nuestro día a día y afecta mucho a las mujeres saharauis que viven la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Al menos 600 mujeres saharauis fueron víctimas de la violencia de las fuerzas de ocupación marroquíes, desde que hay registros.

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Las mujeres saharauis sufren la tortura, la cárcel y la violencia del régimen marroquí ante el silencio de la comunidad internacional.

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La violencia contra la mujer saharaui en los territorios bajo ocupación marroquí es una de las violaciones de los derechos humanos más reiterada y que cada vez afecta a un mayor número de mujeres. Miles de mujeres saharauis en el Sáhara Occidental son víctimas de violencia por parte de las fuerzas marroquíes por razón de su pensamiento político, tradicional o otro.

Aproximadamente (…), el 10% de las mujeres de las diferentes edades que viven en los territorios ocupados del Sáhara Occidental han sufrido violencia física ejercida por policías marroquíes y agentes en los últimos 20 años. Las autoridades de ocupación marroquíes se amparan en la necesidad de que las mujeres víctimas pongan denuncia para intervenir, pero éstas consideran que si interponen denuncias serán perseguidas y reprimidas. A lo largo de estos años, Human Rights Watch y Amnistia Internacional han denunciado la persistencia de múltiples obstáculos para la protección de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.

Los saharauis, en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, llevan a cabo acciones de resistencia pacífica, siendo objeto de una dura represión marroquí, siendo el ejemplo más evidente, y reciente; las amenazas e intimidaciones contra la activista Mina Abaali y sus compañeras.

Mientras que los dirigentes europeos, nos hablan de derechos de la mujer, en los hechos, poco y nada hacen. Así observamos con estupor, el caso de Sultana Jaya, en noviembre de 2021, su vivienda fue allanada sin orden judicial por parte de paramilitares marroquíes, agregándose un hecho gravísimo, la violación, junto a su hermana y los violentos golpes contra su madre de ochenta años.

Fue un verdadero escándalo internacional. La jurisprudencia internacional, ha sido muy clara en los casos de violación en los países u/o territorios sujetos a ocupación militar, los han reconocido como “tratos crueles, inhumanos o degradantes” y por ende punibles, como crímenes de guerra. Cabe destacar que el Sáhara Occidental, es un territorio sujeto a ocupación y por ende le son aplicables las reglas de los Convenios de Ginebra.

Finalmente cabe agregar: La violación como tortura es aquella infligida intencionadamente sobre una persona por un funcionario público u otra persona provocando dolores y sufrimientos graves, por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

El caso de Aminetu Haidar, es otro ejemplo, de violencia de género, contra la mujer saharaui. Padeció ser presa política, por su activismo a favor de los derechos humanos y ahora el estado español, luego de dieciséis años de residencia en España, a sabiendas que la potencia ocupante marroquí, la expulsó del Sáhara Occidental, en abierta violación a los derechos humanos.

El gobierno de Pedro Sánchez, olvida que, para Naciones Unidas, el Sáhara Occidental, es un territorio sujeto a un proceso de descolonización, donde España, es la potencia administradora de iure. Por ende, las mujeres saharauis, merecen la protección del estado español. No es un pedido antojadizo, sino que forma parte de las responsabilidades que tiene España como potencia administradora del territorio.

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