El activista saharaui Naama Asfari, encarcelado en Marruecos desde 2010, cumple este jueves 32 días de una huelga de hambre «indefinida» para protestar contra sus condiciones de reclusión. Foto: Brahim Mohamed.
El informe anual de Guterres al Consejo de Seguridad destaca las decisiones del Comité contra la Tortura sobre los presos de Gdeim Izik y califica su situación de «preocupante».
Nueva York (ECS) – El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que la situación de los presos saharauis vinculados al campamento de protesta de Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental, y detenidos en Marruecos, sigue siendo motivo de grave preocupación, a la luz de las decisiones y conclusiones adoptadas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura.
El informe señala que, el 20 de mayo de 2026, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura emitió decisiones relativas a cuatro detenidos saharauis vinculados al campamento, concluyendo, añade el informe, que estos casos apuntan a «un patrón constante de detenciones arbitrarias, reclusión en régimen de aislamiento y actos de tortura o malos tratos durante los interrogatorios, así como al uso de confesiones obtenidas bajo coacción en los procedimientos judiciales».
En el contexto de la persistencia de las violaciones de los derechos humanos y del cerco militar y mediático en los territorios ocupados, el informe señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) no ha tenido acceso a esos territorios desde 2015, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por la Oficina para realizar una visita técnica.
En este sentido, Guterres subrayó que la ausencia de una supervisión independiente, imparcial, integral y sostenida de los derechos humanos sigue constituyendo un importante obstáculo para realizar una evaluación completa de la situación de los derechos humanos sobre el terreno.
Según los informes, observadores internacionales, incluidos parlamentarios, abogados y periodistas, continuaron enfrentándose a restricciones de acceso, y decenas de ellos fueron impedidos de entrar o expulsados.
Asimismo, reveló que, durante el período que abarca el informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siguió recibiendo informes sobre un creciente deterioro del espacio cívico y sobre restricciones a los derechos de los saharauis a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
Asimismo, los informes siguen confirmando que activistas saharauis, entre ellos mujeres y jóvenes, fueron objeto de amenazas, intimidación y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades marroquíes. Muchos de ellos permanecieron detenidos durante varias horas antes de ser puestos en libertad sin que se presentaran cargos en su contra.
