La soberanía como epitafio: el intento español de enterrar el Sáhara Occidental con un pasaporte

Por Ahmed Omar | Campamentos de Refugiados Saharauis.

Las potencias coloniales suelen abandonar los territorios. Lo que rara vez consiguen es abandonar la responsabilidad por haberlo hecho.

España lleva medio siglo intentándolo.

Durante cincuenta años, Madrid ha construido una extraordinaria arquitectura de ambigüedad: no reconoce que haya culminado la descolonización del Sáhara Occidental, pero tampoco acepta discutir las consecuencias jurídicas de no haberla culminado. No es una potencia colonial, dice. Tampoco es una potencia administradora, insinúa. Pero tampoco ha logrado que las Naciones Unidas declaren cerrado el expediente.

Es un limbo político cuidadosamente administrado.

Por eso hay una palabra en la nueva ley de nacionalidad para los saharauis que debería provocar un terremoto político y jurídico en España.

La palabra es:

Soberanía.

No aparece en el núcleo de la ley. No aparece para hablar de obligaciones. No aparece para explicar el estatuto internacional del territorio. Aparece discretamente en una disposición adicional, casi escondida, al referirse a «los ciudadanos saharauis nacidos bajo soberanía española».

Una sola frase.

Pero las palabras importan. Y en Derecho Internacional, importan aún más.

Porque al escribir «soberanía española», el legislador reconoce algo que durante décadas la diplomacia española ha intentado mantener en la penumbra: que el vínculo entre España y el Sáhara Occidental no fue una simple presencia administrativa, ni una aventura colonial lejana, ni un episodio sentimental de la historia. Fue un ejercicio de soberanía.

Y una soberanía tiene consecuencias.

La primera es histórica.

Los saharauis no nacieron bajo soberanía marroquí.

No fueron ciudadanos marroquíes.

No pertenecieron jamás al Estado marroquí.

Nacieron bajo soberanía española.

La segunda es jurídica.

Si España reconoce esa soberanía, inevitablemente surge una pregunta que ningún Gobierno español ha conseguido responder de manera satisfactoria: ¿Cuándo y cómo se extinguieron las responsabilidades internacionales derivadas de esa soberanía?

Porque la respuesta no puede ser: «el 26 de febrero de 1976».

La responsabilidad internacional de un Estado no se evapora mediante una carta enviada a Naciones Unidas.

No se extingue porque una potencia colonial decida retirarse.

No desaparece porque un Gobierno desee pasar página.

El Derecho Internacional no conoce el abandono unilateral de las obligaciones coloniales.

Y precisamente ahí reside la extraordinaria peligrosidad política de esta ley.

La palabra «soberanía» no ha sido introducida para asumir responsabilidades.

Ha sido introducida para intentar clausurarlas.

La operación es tan sofisticada como inquietante.

Primero se reconoce que hubo soberanía española.

Después se concede la nacionalidad.

Finalmente se guarda silencio sobre todo lo demás.

No hay una sola línea sobre la autodeterminación.

Ni una sola referencia al territorio no autónomo.

Ni una sola mención a la descolonización pendiente.

Ni una palabra sobre las responsabilidades de España.

El mensaje implícito es devastador:

Sí, España fue soberana.

Sí, los saharauis fueron españoles.

Sí, hubo una deuda histórica.

Y precisamente por eso, España les ofrece hoy una reparación moral.

Un pasaporte a cambio de la historia.

La nacionalidad como indemnización.

La ciudadanía como sustituto de la descolonización.

Es difícil imaginar una operación política más peligrosa.

Porque el problema del Sáhara Occidental nunca ha sido la falta de nacionalidad española de algunos saharauis.

El problema es que un pueblo entero continúa esperando la culminación de un proceso de descolonización que la comunidad internacional considera inacabado.

La ley cambia deliberadamente el sujeto de la cuestión.

Ya no habla del pueblo saharaui.

Habla de individuos saharauis.

Ya no habla de un derecho colectivo.

Habla de derechos personales.

Ya no habla de libertad.

Habla de documentación.

Es la vieja lógica colonial, actualizada para el siglo XXI:

cuando no se puede resolver un problema político, se administra humanitariamente.

Cuando no se puede responder a las obligaciones internacionales, se ofrecen soluciones individuales.

Cuando no se puede cerrar un expediente jurídico, se intenta disolverlo en una operación de generosidad.

Pero ninguna ley puede convertir la memoria en absolución.

Ningún pasaporte puede sustituir un proceso de descolonización.

Ninguna nacionalidad puede extinguir responsabilidades internacionales.

Y ninguna potencia colonial puede escribir la palabra «soberanía» en una ley y esperar que nadie pregunte qué hizo con ella.

Porque esa palabra es una confesión.

Una confesión histórica.

Y, quizá sin quererlo, también una confesión política.

España reconoce en esta ley que los saharauis nacieron bajo soberanía española.

Entonces la pregunta ya no es si España tuvo responsabilidades sobre el Sáhara Occidental.

La pregunta es mucho más incómoda:

¿por qué una potencia que reconoce su soberanía histórica sobre el territorio parece tan decidida a convertir esa soberanía en un epitafio, en lugar de asumir las responsabilidades que de ella se derivan?

Tal vez porque algunas palabras son peligrosas.

Y «soberanía» es una de ellas.

Sobre todo cuando aparece escrita en una ley que parece concebida para cerrar, mediante un acto de «generosidad administrativa», un capítulo de la historia que el Derecho Internacional todavía se niega a dar por terminado.