De “mediador de paz” a investigado por corrupción: un nuevo capítulo en los escándalos de Zapatero

Madrid (ECS).— La prensa española, basándose en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha revelado un nuevo escándalo que salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero: el cobro de 200.000 euros a cambio de utilizar su influencia política ante el Gobierno de Bolivia en favor del Grupo Gloria peruano, propietario de la cementera boliviana Soboce.

Según lo publicado por El País, elDiario.es y Cadena SER, el caso no se refiere a una sentencia firme, sino a un informe policial remitido a la justicia española dentro de una investigación más amplia conocida como el “caso Plus Ultra”. La relevancia del informe radica en que describe un patrón recurrente: supuestos contratos de “consultoría”, empresas intermediarias, pagos económicos y contactos políticos con responsables de América Latina.

En el expediente boliviano, la UDEF sostiene que Zapatero intervino a favor del Grupo Gloria en un litigio con el Estado boliviano, después de una multa cifrada en torno a 107 millones de dólares. El informe de la UDEF señala que el dinero habría sido canalizado a través de una empresa intermediaria bajo la cobertura de servicios de asesoría, mientras que los investigadores consideran que podría tratarse de una estructura destinada a encubrir una mediación política remunerada.

No es la primera vez que el nombre de Zapatero aparece en el centro de las sospechas y la corrupción. Desde hace años, su figura está vinculada políticamente al dossier de Venezuela, donde se presentó como «mediador de paz» en el diálogo entre el gobierno y la «oposición». Sin embargo, recibió fuertes críticas por parte de sectores de la oposición venezolana, que consideraron que su papel terminó sirviendo de cobertura política al régimen de Nicolás Maduro, en lugar de ejercer una presión real a favor de la democracia.

A ello se sumó posteriormente el caso Plus Ultra, la aerolínea que en 2021 recibió un rescate del Gobierno español por valor de 53 millones de euros durante la pandemia del coronavirus. El asunto volvió después al foco mediático y judicial a raíz de investigaciones sobre presunto blanqueo de capitales e influencias políticas. Según informaciones de El País, la Audiencia Nacional investiga si existió una red de influencia que facilitó a la compañía el acceso al rescate, en un contexto en el que reapareció el nombre de Zapatero y sus vínculos con empresarios y figuras relacionadas con Venezuela.

El elemento más delicado es que el juez español ha mantenido a Zapatero dentro de la investigación. El expresidente ha negado cualquier intervención ilegal y ha asegurado que las cantidades percibidas correspondían a trabajos de consultoría legítimos. También negó haber influido en la decisión del rescate a Plus Ultra, aunque reconoció haber realizado una “gestión” a favor de la empresa ante Banco Santander, según recogió El País a partir de su declaración judicial.

Una imagen que se repite

La conclusión que dejan estos episodios es la de un esquema que aparece de forma reiterada en varios expedientes: un antiguo dirigente con capital político, una extensa red de relaciones en América Latina, empresas intermediarias, contratos de consultoría y pagos económicos. Hasta la fecha, no existe una sentencia firme que condene a Zapatero, pero la acumulación de informes policiales y actuaciones judiciales ha contribuido a desplazar su imagen desde la de “mediador internacional” hacia la de un dirigente bajo sospecha por el uso de su influencia política con fines económicos.