Por Mohamed Salem Laabeid, Delegado del Frente Polisario para Catalunya
Una de las juristas que asesoró a una de las compañías más importantes del Estado marroquí entra en la política española en un momento en el que las relaciones con Marruecos, el futuro del Sáhara Occidental y la explotación de sus recursos continúan teniendo una dimensión política y jurídica de primer orden.
¿Qué posición defenderá Miriam González cuando tenga que pronunciarse ahora como candidata sobre el territorio, la autodeterminación de su pueblo y los recursos naturales que durante décadas han sido explotados bajo ocupación marroquí?
Madrid (ECS) — Miriam González Durántez, la fundadora del nuevo partido político Democracia 21, que acaba de entrar en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 con un discurso de regeneración democrática y modernización del Estado, tiene que aclarar la posición de su agrupación política sobre el Sáhara Occidental.
Esta abogada especializada en comercio internacional y derecho europeo, mujer del británico Nick Clegg, que fue viceprimer ministro británico, ha trabajado en grandes despachos internacionales, sobre todo en las instituciones de la Unión Europea, donde fue asesora de la Comisión Europea en Bruselas, especializándose en derecho comercial y en la negociación de acuerdos comerciales internacionales y de asociación entre la UE y terceros países (como los que mantiene el bloque con el norte de África). Se encargó durante años de la gestión de fondos comunitarios para el control migratorio y, en su experiencia previa como abogada experta en derecho comercial de la UE, pasó al sector privado, donde aplicó su profundo conocimiento de las normativas de comercio de la UE para asesorar a grandes corporaciones.
Sobre el tema del Sáhara Occidental en la Unión Europea hay muchos puntos negros por los que se califica a la señora Miriam González Durántez como «servidora de la política de Marruecos», y en este contexto apuntamos:
Durante el trabajo de la señora Miriam González Durántez como asesora en la Comisión Europea en temas de comercio exterior y de convenios de la Unión Europea con terceros países, avaló los acuerdos entre la UE y Marruecos que incluyen los recursos naturales del Sáhara Occidental, violando el derecho internacional y en contra de la voluntad del pueblo saharaui.
La señora Miriam González Durántez, durante años, fue asesora jurídica de OCP Group (Office Chérifien des Phosphates), la gigante empresa minera que forma el núcleo del holding de Mohamed VI, encargada de explotar los enormes yacimientos de fosfatos de Bou Craa, situados en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui y vulnerando el derecho internacional. En 2012, la prensa británica publicó que González había trabajado como asesora jurídica del grupo marroquí OCP y había representado sus intereses durante su paso por DLA Piper.
En 2012, cuando el marido de la señora Miriam González Durántez, Nick Clegg, era viceprimer ministro británico, la prensa del Reino Unido fiscalizó intensamente los ingresos de González procedentes de la corporación estatal marroquí.
Western Sahara Resource Watch siguió durante años el papel de los distintos despachos contratados por OCP para elaborar argumentos jurídicos sobre la explotación y comercialización de los fosfatos procedentes del Sáhara Occidental. En 2016 publicó una respuesta enviada por la propia Miriam González desde Dechert a la organización, en la que respondió que el asesoramiento prestado a los clientes estaba sujeto a confidencialidad profesional y que, por tanto, el despacho no podía facilitarlo.
Durante la gestión de la señora Miriam González de fondos comunitarios para el control migratorio, la Unión Europea otorga partidas presupuestarias y ayudas muy considerables a Marruecos destinadas específicamente a la cooperación en materia de migración.
Bajo el control jurídico de la señora Miriam González, la Unión Europea concede millonarias partidas de financiación, inversiones y ayudas económicas a Marruecos bajo el pretexto de que actúe como «socio estratégico».
Ahora la señora Miriam González se ha implicado por completo en la política de su país con la fundación del nuevo partido Democracia 21 y sabe perfectamente que el tema de la descolonización del Sáhara Occidental es una asignatura pendiente que tiene España como potencia administradora, según el derecho internacional y según el auto del Supremo de España de 2014. Como jurista profesional, sabe perfectamente lo que significa la decisión del Tribunal de Justicia de la UE del 4 de octubre de 2024.
Ahora, la señora González debe posicionarse y ponerse a un lado u otro; es decir, o con la legalidad internacional y el derecho internacional, y buscar cómo cumplir con las obligaciones de España como potencia administradora y entrar en un proceso de descolonización de la última colonia africana, o seguir la posición ya conocida del Estado español, apoyando al ocupante marroquí, pisoteando el derecho internacional y pasando de la legalidad internacional y las obligaciones de España con su excolonia.
