Por Ana Stella
Barcelona (ECS)— Esta mañana, frente a la Feria de Barcelona, activistas saharauis y solidarios protestaron ante la Seafood Expo Global 2026, el mayor salón pesquero del planeta. Tres días, 2.300 empresas de 86 países, y entre ellas varias con sede en El Aaiún y Dajla, dos ciudades del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos desde 1975.
La feria lleva celebrándose en Barcelona desde hace años. Marruecos lleva años participando. Y nadie en la organización ha preguntado, ni una sola vez, de qué aguas salen esas sardinas, ese pulpo y esa caballa que se ofrecen con logotipos marroquíes.
El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que los acuerdos comerciales firmados entre Bruselas y Rabat en materia pesquera son nulos. Nulos porque el pueblo saharaui no dio su consentimiento y porque las llamadas «consultas» que hizo la Comisión Europea antes de firmar iban dirigidas a la población que vive ahora en el territorio, no al pueblo saharaui, del que una parte considerable lleva décadas en los campamentos de Tinduf. El tribunal dictaminó que ese consentimiento no puede presumirse. Contra esa sentencia no cabe recurso.
El pescado del Sáhara Occidental sigue llegando a Europa pese a los dictámenes judiciales
Y dieciocho meses después, las empresas siguen. Porque la sentencia anuló los acuerdos institucionales, pero no cerró el grifo. Las capturas siguen saliendo por los puertos de Dajla y El Aaiún, siguen etiquetándose como marroquíes, siguen llegando a los lineales europeos. Un eventual nuevo acuerdo pesquero que incluyera las aguas del Sáhara Occidental debería ser considerado ilegal, algo que choca frontalmente con la estrategia histórica de Marruecos de incluir el territorio saharaui en todos sus acuerdos bilaterales con la UE para reforzar su control de facto y consolidar su política de hechos consumados.
El Frente Polisario denunció que al menos el 90% de las capturas del acuerdo pesquero se realizaban en el espacio marítimo saharaui, sin beneficiar de ninguna forma al pueblo originario. El porcentaje de personas saharauis empleadas en el sector pesquero en las zonas ocupadas no supera el 5%. El negocio lo controlan empresas marroquíes y capitales externos. Los saharauis ponen el territorio y el recurso. No cobran, no deciden, no se benefician.
Entre las empresas que participan en esta edición de la Seafood Expo con sede en territorios ocupados figuran: Conserverie Rio De Oro, Damsa, Groupe King Pelagique, Iglo Fish, Octomar, Sahara Octopus, Socopo y Wiriz Industrie, todas operando desde El Aaiún o Dajla.
El expolio no se limita a las empresas marroquíes. Las gallegas Discefa, Frigoríficos Camariñas, Profand, Salgado Congelados, Fesba Seafood y Gilmar Mariscos anuncian abiertamente en sus webs «pulpo de Dakhla», una región del Sáhara Occidental bajo ocupación. Ninguna respondió a las preguntas de los periodistas que las contactaron. La trazabilidad es la coartada de todo el sistema: no es obligatorio declarar dónde fue capturada una especie, solo el puerto del que salió. El pulpo sale de Dajla, pero el puerto es marroquí y la etiqueta también.
Lo que ocurre en la feria es la continuación de una política activa. En septiembre de 2025, mientras el fallo del TJUE seguía en vigor, la Comisión Europea negoció en secreto con Marruecos un nuevo acuerdo de etiquetado entre el 10 y el 15 de septiembre, rubricando el texto el mismo día 15, sin pasar por el Parlamento Europeo ni consultar al pueblo saharaui.
El Parlamento Europeo intentó frenarlo. El 26 de noviembre de 2025, el pleno rechazó el reglamento por mayoría, pero no llegó a la mayoría absoluta necesaria de 360 votos. Fueron 359. Un solo voto salvó el acuerdo. Así de delgada es la línea entre el derecho internacional y los intereses de Rabat en Bruselas.
La Comisión Europea se abre a negociar un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos