Manifestantes saharauis en el campo de refugiados de Rabuni, el más importante de la región argelina de Tinduf, apoyan a la activista Sultana Khaya y piden a la ONU un mecanismo de vigilancia que frene el incremento de la represión policial marroquí en las zonas ocupadas de la antigua colonia española del Sahara Occidental en febrero de 2020.
MALAININ MISTAFA (EFE)
El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó este viernes a cuatro estudiantes saharauis a dos años de prisión y 15.000 dírhams de multa, algo menos de 1.400 euros, a cada uno. Su delito fue participar en una concentración. El 12 de octubre se habían plantado ante la sede de la administración penitenciaria marroquí, en Rabat, para pedir por los presos del grupo de Gdeim Izik en huelga de hambre. Por eso, y por nada más, cumplen ahora dos años de cárcel.
Los cuatro son Brahim Babeit, Salah Eddine Essabar, El Hussein Chihab y Mohamed Lmrabet. Fueron detenidos aquel día junto a otras tres personas. A los otras tres, defensores de derechos humanos conocidos, les archivaron la denuncia y les soltaron a los pocos días. A los cuatro estudiantes, los menos visibles, los mandaron a la cárcel de Salé y los han tenido presos hasta la sentencia.
Marruecos impidió entrar a la sala a dos juristas españolas que habían viajado hasta Rabat para seguir el proceso y que representaban a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y a la Abogacía Española. Es decir, el tribunal cerró la puerta a una delegación de los abogados españoles que iba a mirar cómo se les juzgaba.
Uno de los cuatro, Brahim Babeit, se negó a declarar ante el fiscal hasta que lo atendieran, y acabó en el hospital. Las organizaciones saharauis de derechos humanos, CODESA y CODAPSO, denunciaron que fue golpeado durante la detención, y el propio fiscal llegó a ordenar un examen médico. Esos papeles médicos eran, precisamente, uno de los documentos que faltaban en el expediente y que hicieron que el juicio se aplazara en octubre. Al final se le condenó igual.
El grupo de Gdeim Izik lleva dieciséis años en cárceles marroquíes, condenado por un tribunal militar con confesiones que la ONU dio por obtenidas bajo tortura. Dos organismos de Naciones Unidas han pedido su libertad. En septiembre se declararon en huelga de hambre durante 23 días para exigir que los trasladaran a una prisión de su tierra, cerca de sus familias. Protestar por ellos es, para Marruecos, motivo de condena.