Por Ridouane Oussama, presidente del Partido Nacional Rifeño (PNR)
Hay fechas que, puestas una junto a otra, dicen más que cualquier declaración oficial. Siete días. La ley que Rabat no podía tolerar, la avalancha que siguió y el referéndum que nunca se celebra.
El suicidio geopolítico de España respecto a sus plazas de soberanía y el Sáhara Occidental
30 de junio de 2026. La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprueba el informe sobre la proposición de ley que concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo administración española. El PSOE, que durante año y medio había mantenido el texto congelado, cambia de posición y pacta las enmiendas.
23 de julio de 2026. La Comisión de Justicia aprueba el dictamen por 19 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones. El texto queda listo para el Pleno de septiembre y, después, para el Senado.
Finales de julio de 2026. Pedro Sánchez se fotografía en Argel con Abdelmadjid Tebboune.
30 de julio de 2026. Decenas de miles de personas —las cifras oficiales oscilan entre 50.000 y 72.000— cruzan a nado y por el espigón hacia Ceuta en cuestión de horas. El balance, actualizado a 23 de agosto, es de 82 muertos en el lado español y catorce más confirmados por Marruecos. La mayoría sigue sin identificar.
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Siete días. Ese es el intervalo entre la aprobación del dictamen y la avalancha.
No es una hipótesis marginal
Conviene decirlo con la prudencia que el asunto exige: no existe, ni existirá, un documento firmado en Rabat ordenando la apertura de la frontera. Nunca lo hubo tampoco en mayo de 2021, cuando ocho mil personas cruzaron a Ceuta días después de que España acogiera a Brahim Ghali en un hospital de Logroño. Los Estados que emplean este instrumento no dejan huellas.
Lo que existe es algo distinto y, a efectos de análisis, más sólido: una convergencia de lecturas independientes que apuntan al mismo origen.
Fuentes de seguridad citadas por El Español sostuvieron desde el primer momento que Marruecos empleaba la presión migratoria como instrumento diplomático para expresar su descontento con dos decisiones españolas: la ley de nacionalidad saharaui y el acercamiento a Argel. El diario El Público describió el episodio como el traslado a Ceuta del malestar marroquí por esa misma ley, con una estrategia deliberada de brazos caídos en la vigilancia fronteriza marroquí.
A ello se añade lo que vino después. En agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reivindicó públicamente la soberanía sobre Ceuta y Melilla y atribuyó el asalto a un efecto llamada provocado por la política migratoria española. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos acusó a la Guardia Civil de malos tratos a los migrantes. La secuencia es reconocible: se abre la compuerta, se niega haberla abierto, y se convierte a la víctima en argumento contra quien la recibe.
Que una avalancha de esta magnitud pueda producirse sin decisión de las autoridades marroquíes es, sencillamente, incompatible con la naturaleza del dispositivo de seguridad que Rabat mantiene en esa frontera y por el que cobra a la Unión Europea desde hace dos décadas.
Lo que la ley hace realmente
La reacción de Rabat solo se entiende si se lee el texto. Y el texto contiene mucho más que un gesto de reparación histórica.
La proposición de ley, impulsada por el Grupo Plurinacional Sumar, concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a las personas nacidas en el Sáhara Occidental bajo administración española y a sus descendientes directos, sin exigirles residencia legal en España. Establece un plazo de solicitud de tres años desde su entrada en vigor, prorrogable, y reforma además el artículo 22 del Código Civil para incorporar al pueblo saharaui a la lista de colectivos que acceden a la nacionalidad por residencia en dos años —el régimen reservado a los iberoamericanos, portugueses, andorranos, filipinos, guineoecuatorianos y sefardíes—, en lugar de los diez años actuales.
Pero la esencia del asunto está en el artículo dedicado a los medios de prueba. Para acreditar la condición de saharaui nacido bajo administración española, el texto admite, entre otros documentos: el DNI español de la época aunque esté caducado; certificados de escolarización, pensiones de jubilación, permisos de conducir españoles, certificados de hospitalización expedidos por autoridades administrativas españolas — y el recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por Naciones Unidas.
Léase de nuevo esa última cláusula. Un texto legislativo español a punto de ser votado por las Cortes Generales otorga valor probatorio, ante la administración española, al censo de identificación elaborado por la MINURSO para un referéndum de autodeterminación.
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Por qué el censo es el nervio del conflicto
Nada en el expediente del Sáhara Occidental ha sido más disputado que la pregunta de quién vota.
El plan de arreglo de 1991, que creó la MINURSO, preveía un referéndum de autodeterminación cuyo cuerpo electoral debía construirse a partir de la población identificada en el momento de la descolonización, esto es, sobre la base del censo español de 1974. El Frente Polisario defendió esa base. Marruecos promovió sistemáticamente la inclusión de nuevos habitantes. Ahí se rompió el proceso, y ahí sigue roto treinta y cinco años después.
El censo no es un detalle técnico: es la definición jurídica del pueblo llamado a decidir. Quien controla el censo, controla el resultado. Por eso la estrategia marroquí ha consistido, desde el principio, en disolver la identificabilidad del pueblo saharaui — en hacer que la pregunta «¿quién es saharaui?» resulte imposible de responder.
La ley española hace exactamente lo contrario. Recompone la lista. Toma a las personas nacidas en el territorio bajo administración española, las convierte en titulares de un derecho subjetivo frente al Estado español, y acepta como prueba el instrumento onusiano que Marruecos lleva tres décadas intentando vaciar de contenido. Sumar cifra en decenas de miles los beneficiarios directos; otras estimaciones publicadas elevan la cifra hasta 130.000 personas contando descendientes. Cualquiera que sea el número final, el efecto jurídico es el mismo: un registro administrativo español, verificable, documentado y opuesto al relato de Rabat.
Hay un segundo efecto, más profundo aún. Al legislar sobre esta población en razón de su nacimiento bajo su administración, España vuelve a comportarse —aunque no lo diga— como lo que Naciones Unidas sigue considerando que es: la potencia administradora de iure de un territorio no autónomo cuya descolonización no ha concluido. Es la contradicción exacta del giro de marzo de 2022, cuando el Gobierno español avaló la propuesta marroquí de autonomía. Una mano firma el respaldo a Rabat; la otra vota una ley que presupone que el Sáhara Occidental sigue siendo, jurídicamente, un asunto español pendiente.
«El calendario internacional explica la intensidad de la reacción»
El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2797 por once votos a favor y tres abstenciones —China, Rusia y Pakistán—, sin participación de Argelia en la votación. La resolución prorrogó el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026 y situó la propuesta marroquí de autonomía de 2007 como base de las negociaciones. Pidió además al Secretario General recomendaciones sobre la transformación o la terminación de la misión en función del resultado de esas negociaciones.
Dicho sin eufemismos: por primera vez desde 1991, la desaparición de la misión creada para el referéndum figura como hipótesis de trabajo del propio Consejo de Seguridad. El marco referendario nunca había estado tan cerca de ser desmontado.
Y es precisamente en ese momento —con el mandato de la MINURSO expirando en octubre de 2026 y su futuro sobre la mesa— cuando el Parlamento del antiguo poder colonial se dispone a aprobar una ley que reidentifica jurídicamente a la población de 1974 y da valor legal al censo de la ONU.
Para Rabat, la amenaza no es simbólica. Es la reaparición documental del cuerpo electoral que llevaba treinta años consiguiendo diluir, justo cuando faltaban semanas para cerrar el expediente.
Aquí termina la geopolítica y empieza lo intolerable
Las personas que se lanzaron al agua el 30 de julio no eran actores del conflicto del Sáhara Occidental. Eran jóvenes del norte de Marruecos, la mayoría procedentes de Castillejos, Tetuán y su entorno — una región empobrecida durante décadas, cuya juventud lleva años organizándose en redes sociales a la espera de una oportunidad para marcharse, y cuyas protestas sociales fueron liquidadas en 2025 con condenas de hasta quince años de prisión.
Esa juventud no decidió nada. Fue informada, o dejó que le llegara la información, de que aquel día la vigilancia fronteriza no actuaría. Y actuó en consecuencia, como actúa cualquier población a la que se ha privado de todo horizonte. Ochenta y dos personas murieron en el lado español. Catorce más, según el reconocimiento del propio Marruecos.
Tres semanas después comenzaron los primeros entierros en el cementerio musulmán de Ceuta. La mayoría de los cuerpos seguía sin identificar. El teniente coronel de la Guardia Civil que dirige el equipo de identificación explicó la razón: muchos familiares marroquíes no consiguen cruzar legalmente a Ceuta para depositar sus muestras de ADN.
Deténgase el lector en esta imagen, porque contiene toda la verdad del asunto. La misma frontera que se abrió de par en par para lanzar a esos jóvenes contra Europa permanece cerrada para que sus madres puedan reconocer sus cadáveres. Abierta para el chantaje, cerrada para el duelo. Una frontera que funciona exactamente como el instrumento que es.
Las tres acusaciones
De todo lo anterior se derivan tres cargos que merecen ser formulados sin rodeos.
Contra el régimen marroquí: haber empleado a su propia población como munición diplomática para intentar frenar una ley aprobada por el Parlamento de un Estado soberano y miembro de la Unión Europea, con un coste de casi un centenar de vidas. No es una crisis migratoria. Es el uso de seres humanos como medio de presión sobre un tercer Estado — y el hecho de que las víctimas sean sus propios ciudadanos agrava el cargo en lugar de atenuarlo.
Contra el Gobierno español: haber construido durante cuatro años una política exterior sobre la ficción de una cooperación fluida con Rabat, hasta el punto de que el Ministro de Asuntos Exteriores elogiaba la total disposición marroquí a resolver la crisis mientras un ministro del mismo Gobierno marroquí reivindicaba públicamente la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Y haber comprendido demasiado tarde que cada concesión —la de 2022 sobre el Sáhara la primera— no compraba estabilidad, sino el aplazamiento de la siguiente demostración de fuerza.
Contra la Unión Europea: haber financiado durante dos décadas, en nombre del control de la frontera sur, al único actor con capacidad demostrada para abrirla a voluntad; y haber respondido a la tragedia del 30 de julio no exigiendo explicaciones a Rabat, sino discutiendo la permanencia de España en el espacio Schengen, como reclamó la primera ministra italiana, o reforzando los controles en la frontera francesa. Europa reaccionó contra la víctima del chantaje y no contra quien lo ejerce.
Si la ley llega al Pleno en septiembre y prospera en el Senado, lo hará bajo la sombra de esos ochenta y dos cuerpos. Que se apruebe es, ahora, una cuestión que excede al pueblo saharaui: retirarla o descafeinarla equivaldría a establecer que la coacción funciona, y a garantizar su repetición.
Pero hay algo más, y es lo que ninguna cancillería europea quiere formular. La cuestión saharaui y la cuestión rifeña no son expedientes distintos. Son dos manifestaciones del mismo problema: un Estado que administra poblaciones a las que niega el derecho a decidir, y que convierte la desesperación resultante en instrumento de política exterior. Los saharauis de 1975 y los jóvenes del norte de 2026 comparten un mismo régimen y una misma condición — la de haber sido, unos y otros, moneda de cambio.
Mientras Europa siga pagando a quien fabrica el problema por administrarlo, seguirá contando muertos en las playas de Ceuta y llamándolo, cada vez, crisis migratoria.
Fuentes: