Marruecos impide el acceso al Sáhara Occidental a una diputada canaria y a un consejero del Cabildo de Gran Canaria

Alfonso Lafarga.- Contramutis

Las autoridades de ocupación marroquíes han impedido entrar en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, a una delegación institucional y política procedente de Canarias que iba realizar una misión de observación de la situación de los Derechos Humanos del pueblo saharaui.

La delegación la componían la diputada de Podemos en el Congreso Noemí Santana Perera, el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, CarmeloRamírez, y el secretario de Comunicación de Podemos Canarias, Fernando Ruiz Pérez.

Un agente de seguridad marroquí se colocó en la entrada del avión e impidió a la delegación descender, a pesar de la protesta de Carmelo Ramírez, presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (FEDISSAH), que dijo al agente que no podía estar allí por tratarse de suelo español, como ya había manifestado el comandante de la compañía aérea.

Según han denunciado los propios afectados, el agente de seguridad marroquí, que dijo que los viajeros eran personas no gratas, bloqueó su desembarco, obligándoles a regresar e impidiendo los objetivos de la visita: mantener encuentros con activistas saharauis, conocer de primera mano y documentar la situación de los Derechos Humanos en los territorios del Sáhara Occidental que ocupa Marruecos desde finales de 1975 tras ser abandonados y entregados por España

Carmelo Ramírez calificó la actuación de las autoridades marroquíes como “ilegal” y denunció que Marruecos “no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, que ocupa por la fuerza. En declaraciones realizadas en el propio avión, Ramírez señaló que impedir la entrada a observadores internacionales evidencia el carácter represivo del control marroquí sobre el territorio y se preguntó cómo trata Marruecos a la población saharaui si actúa de ese modo con representantes públicos extranjeros.

En un comunicado conjunto, la delegación canaria calificó la expulsión como “un acto inaceptable de represión y de bloqueo a la labor pacífica de observación”, denunciando que Marruecos mantiene en los territorios ocupados “un régimen de impunidad” marcado por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, juicios sin garantías y la persecución sistemática de activistas y defensores de derechos humanos saharauis. A su juicio, el veto a esta misión responde a una estrategia deliberada para silenciar a la población saharaui y ocultar la represión que se ejerce sobre ella.

No es un hecho aislado

Desde Canarias, las organizaciones y fuerzas políticas implicadas han condenado enérgicamente la expulsión y han recordado que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada por parte de Marruecos para impedir el acceso de delegaciones, observadores y organizaciones solidarias al Sáhara Occidental. Subrayan que este tipo de actuaciones ponen de manifiesto la gravedad de la situación sobre el terreno y la vulneración continuada de los derechos más fundamentales del pueblo saharaui.

Podemos Canarias ha denunciado, además, que esta actuación se enmarca en la ocupación ilegal y el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, señalando también la responsabilidad política de las alianzas internacionales que permiten a Marruecos mantener el control del territorio sin supervisión efectiva. La formación recuerda que Naciones Unidas reconoce al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui y que el derecho a la autodeterminación sigue pendiente de materializarse a través de un referéndum bloqueado desde hace décadas.

Tanto Carmelo Ramírez como Noemí Santana han reafirmado su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, la solidaridad con el pueblo saharaui y su derecho inalienable a la autodeterminación, reconocido por el Derecho Internacional. Asimismo, han exigido el fin de la ocupación del Sáhara Occidental, la liberación inmediata de los presos políticos saharauis y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que amparan una solución justa y conforme a la legalidad internacional.

Marruecos no quiere  testigos

Impedir la presencia de testigos de lo que ocurre en la excolonia española ocupada es una constante del régimen marroquí, que no permite la entrada o expulsa a políticos, periodistas, abogados e integrantes de ONG de Derechos Humanos para que no conozcan de primera mano la represión sufre y  denuncia la población saharaui.

Según la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS) y la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos de África (AFASPA), Marruecos ha expulsado desde 2014 del Sáhara Occidental ocupado a 329 observadores internacionales, entre ellos parlamentarios, defensores de los Derechos Humanos y periodistas, procedentes de 21 países.

Durante 2025, las autoridades de ocupación expulsaron a 27 observadores internacionales, entre integrantes de parlamentos, integrantes de organizaciones de defensa de los DDHH y periodistas procedentes de España, 20 al menos, Estados Unidos y Portugal, en el marco del bloqueo impuesto a las Zonas Ocupadas del Sahara Occidental.

En los últimos años, Marruecos ha expulsado o prohibido la entrada en las zonas ocupadas a siete ONG internacionales de DDHH, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Nonviolence, Novact o la Fundación Carter, con el fin de impedirles constatar las graves violaciones de los DDHH cometidos contra el pueblo saharaui y el saqueo de los recursos naturales, afirman la LPPS y AFASPA, que señalan que el régimen marroquí prohibió por noveno año consecutivo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el acceso a los territorios saharauis ocupados.

La actuación de las autoridades marroquís  no es reprobada por el Gobierno de España, ni por su presidente, Pedro Sánchez, ni por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se mantienen en silencio, como en todo lo referente al Sáhara Occidental, a pesar de que España sigue siendo la potencia administradora  “de iure” del territorio de la que fue su provincia número 53.