Lo que España ha firmado sobre el Sáhara Occidental en la RAN 2025

Por Carlos C. García

Madrid (ECS).— El punto 8 de la declaración conjunta reproduce por primera vez en un documento oficial español el lenguaje político de Marruecos y atribuye a la ONU afirmaciones que no existen en la resolución 2797.

La XIII Reunión de Alto Nivel España–Marruecos ha dejado un mensaje claro: Madrid ha dado un paso más en su alineamiento con la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental. Ese paso está contenido en el punto 8 de la declaración conjunta, probablemente el párrafo más delicado del documento. Lo reproducimos íntegro:

«8. El presidente del Gobierno ha reiterado la posición de España sobre la cuestión del Sahara Occidental, expresada en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022. En este sentido, España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2025, apoyando “plenamente la labor del Secretario General y su Enviado Personal para facilitar y celebrar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, y acoge con beneplácito cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta a la propuesta de autonomía”, que subraya que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible” para una solución mutuamente aceptable.»

El problema de este párrafo no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. España asume aquí un vocabulario que no es neutro. Hablar de “controversia” —término tomado de la versión francesa, différend— es adoptar el marco de Rabat: ya no hay un conflicto de descolonización pendiente ni un territorio ocupado, sino un simple desacuerdo político. El lenguaje cambia, y con él cambia la lectura del problema.

Pero el salto cualitativo va más allá

El texto presenta como citas de la ONU frases que no aparecen en la resolución 2797. La ONU no dice que las negociaciones deban hacerse “tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos”; tampoco afirma que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible”. Son valoraciones políticas de Marruecos, asumidas por España y colocadas entre comillas como si fueran palabras del propio Consejo de Seguridad.

Este movimiento tiene efectos inmediatos. En un documento oficial de máximo nivel, España da por buena la lectura marroquí de la resolución 2797 y la proyecta como si fuera el consenso internacional. Con ello, desaparece del texto cualquier referencia al derecho de autodeterminación, al papel del Frente Polisario o al carácter internacional del conflicto. La narrativa se estrecha y se reescribe en clave marroquí: el punto de partida ya no es el derecho, sino la autonomía bajo soberanía marroquí.

España, que durante décadas mantuvo un lenguaje prudente y anclado en la legalidad internacional, se sitúa ahora en un terreno distinto. Y lo hace no en una declaración informal, sino en la RAN: el foro que marca la orientación estratégica de la relación entre Madrid y Rabat. Esto convierte la elección de palabras en algo más que un gesto: es una señal política de largo recorrido.

Este es el verdadero alcance del punto 8. No se trata de un matiz técnico, sino de un giro discursivo que legitima las posiciones marroquíes y erosiona el marco internacional sobre el que se ha sustentado el conflicto durante medio siglo. Cuando un gobierno adopta un lenguaje, adopta una visión. Y en este caso, España ha asumido un relato que reduce el Sáhara Occidental a un asunto bilateral en el que la autonomía marroquí aparece como única opción viable.

Asimismo, en el punto 15, España y Marruecos reafirman su compromiso de coordinarse dentro de las organizaciones internacionales y acuerdan reforzar su cooperación en materia de candidaturas, también dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los dos países se comprometen a continuar consultándose regularmente para garantizar la convergencia de sus posiciones y promover conjuntamente los principios y prioridades que guían su acción en favor de la paz, la estabilidad y el multilateralismo eficaz.

Lo que supone, básicamente, que España acepta coordinarse y alinearse con Marruecos en organizaciones internacionales, incluida la ONU y el propio Consejo de Seguridad, comprometiéndose a consultar previamente sus posiciones para garantizar una “convergencia” política. En la práctica, esto significa que la antigua potencia administradora del Sáhara Occidental renuncia a actuar con independencia en el único foro donde se decide el futuro del territorio, y asume trabajar como socio diplomático de la potencia ocupante, reforzando la estrategia marroquí de legitimación internacional bajo la retórica de la “paz”, la “estabilidad” y el “multilateralismo eficaz”.

Esto es la clave: la Declaración dice abiertamente que España coordinará con Marruecos incluso en el órgano responsable de las decisiones sobre el Sáhara Occidental, precisamente donde Rabat intenta consolidar la narrativa del “plan de autonomía”. Es extraordinario que España, antigua potencia administradora —y por derecho internacional aún responsable de la descolonización—, acepte alinearse con la potencia ocupante.

Carlos C. García – PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»