Según la investigación de Western Sahara Resource Watch (WSRW), varias compañías marroquíes que operan en Dajla, en tierras ocupadas tras la invasión de 1979, aparecen registradas en el sistema de certificación. Estas explotaciones agrícolas, propiedad de intereses vinculados a la monarquía marroquí, a políticos del majzén y a capital franco-marroquí, no solo se benefician de permisos emitidos por Rabat, sino que además son presentadas al mundo como ejemplos de agricultura “responsable”. Nada más lejos de la realidad: son el instrumento económico de una colonización prohibida por la legalidad internacional.
Tres aspectos resultan particularmente graves:
Can settler agriculture on occupied land ever be «responsible»? Yes, according to the certification scheme @GLOBALGAP. If Moroccan firms follow the occupier’s laws and ignore the rights of Saharawis, it’s ok! Clients: steer away from the GlobalGAP label. https://t.co/pReZQXestJ pic.twitter.com/cREHx0hc9a
— Western Sahara Resource Watch (@wsrw) August 29, 2025
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La legitimación de la ocupación: al certificar a estas empresas, GLOBALG.A.P. blanquea la anexión y refuerza la estrategia marroquí de integración forzosa del territorio ocupado.
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La negación de los derechos saharauis: la población legítima, desplazada a campamentos de refugiados o sometida a represión en las zonas ocupadas, no ha dado su consentimiento ni se beneficia de estos proyectos.
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El engaño a los consumidores europeos: los certificados falsifican el origen geográfico, situando las plantaciones en “Marruecos”, cuando en realidad se encuentran en un territorio “separado y distinto” según el derecho internacional.
La contradicción es flagrante. Mientras la Corte de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el 4 de octubre de 2024 que el único titular del derecho a decidir sobre los recursos del Sáhara Occidental es el pueblo saharaui, GLOBALG.A.P. opta por ignorar este principio, aplicando la legislación del ocupante marroquí como si el territorio le perteneciera. En palabras del tribunal, “el derecho a la autodeterminación pertenece al pueblo del Sáhara Occidental y no a la población general actualmente residente en el territorio, compuesta en su mayoría por colonos marroquíes”.
Resulta inaceptable que GLOBALG.A.P., que se presenta como garante de “comunidades agrícolas responsables”, equipare la noción de “población local” con los colonos trasladados ilegalmente por Marruecos. Esta lógica no solo es un fraude moral y jurídico, sino que vulnera directamente las Convenciones de Ginebra, que prohíben el traslado de población civil a territorios ocupados.
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