Hay algo más peligroso para el orden internacional que violar sus reglas: ponerles precio.
Por Ahmed Omar
Madrid (ECS) — Durante décadas, Estados Unidos construyó buena parte de su poder no solamente sobre portaaviones, dólares y alianzas militares, sino sobre algo mucho más sofisticado: un sistema internacional basado en normas. Un mundo en el que las fronteras no debían modificarse mediante la fuerza; los pueblos tenían derecho a la libre determinación; los tratados obligaban; las Naciones Unidas otorgaban legitimidad; y el derecho internacional debía situarse, al menos en principio, por encima de las conveniencias coyunturales de los Estados.
Ese sistema nunca fue perfecto. Nunca estuvo libre de selectividad. Pero precisamente porque las grandes potencias también necesitaban invocarlo, conservaba un valor fundamental: incluso el poder sentía la necesidad de justificarse ante la norma; el problema comienza cuando ya ni siquiera se intenta disimular la transacción.
El Sáhara Occidental ofrece hoy un ejemplo particularmente inquietante, desde 1963 permanece inscrito por Naciones Unidas como Territorio No Autónomo. Su proceso de descolonización no ha sido concluido. Ninguna declaración bilateral puede borrar ese dato institucional, del mismo modo que ningún acuerdo entre terceros puede ejercer por el pueblo del territorio el derecho que le corresponde.
Y, sin embargo, en diciembre de 2020, Washington convirtió precisamente esa cuestión en una pieza de una negociación geopolítica: Estados Unidos reconoció la soberanía reivindicada por Marruecos sobre el Sáhara Occidental en el contexto de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel.
Seis años después, la arquitectura de aquella transacción no solamente sobrevive: se profundiza.
El 16 de septiembre de 2026, en Nueva York, Estados Unidos, Marruecos e Israel volvieron a reunirse bajo ese mismo marco. Marruecos e Israel acordaron elevar sus relaciones diplomáticas al nivel de embajadas, ampliar vuelos, inversiones y cooperación en tecnología, seguridad y otros sectores. Al mismo tiempo, Washington e Israel reafirmaron el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre todo el Sáhara Occidental y calificaron la propuesta marroquí de autonomía como la “única base” para una solución, añadiendo que cualquier otra vía es “inaceptable”.
Aquí está el verdadero problema, no se trata únicamente del Sáhara Occidental, se trata de qué ocurre con el derecho internacional cuando los derechos de un pueblo pueden incorporarse al precio de una transacción entre otros Estados.
Marruecos ofrece normalización y cooperación estratégica con Israel, ese ultimo profundiza una relación diplomática, económica y de seguridad importante en el norte de África, Estados Unidos consolida la arquitectura de los Acuerdos de Abraham. Cada Estado obtiene algo.
Pero hay una cuarta parte cuya voluntad no puede negociarse entre tres capitales: el pueblo al que pertenece el derecho de libre determinación.
Ésa es la frontera que separa diplomacia de disposición sobre derechos ajenos.
Y es precisamente aquí donde aparece uno de los dobles estándares más difíciles de explicar.
Washington ha dedicado enormes recursos diplomáticos, económicos y militares a defender en otros escenarios que la soberanía y el estatuto de un territorio no pueden determinarse simplemente mediante hechos consumados, superioridad militar o reconocimiento de terceros. Ha invocado la Carta de Naciones Unidas como fundamento del orden internacional y ha exigido a competidores y adversarios respetar principios que considera indispensables para la estabilidad mundial.
Pero un principio que cambia según el aliado deja progresivamente de parecer un principio.
Si la integridad territorial es inviolable en un lugar pero negociable en otro; si la libre determinación es un derecho cuando coincide con nuestros intereses pero un obstáculo cuando los contradice; si la Carta de Naciones Unidas sirve para condenar a nuestros adversarios pero puede reinterpretarse cuando incomoda a nuestros socios, entonces el mensaje que reciben las demás potencias no es que existe un “orden basado en reglas”.
El mensaje es mucho más peligroso: las reglas dependen de quién tenga suficiente poder para interpretarlas.
Y ese precedente no pertenece exclusivamente a Estados Unidos.
Mañana China podrá invocarlo. Rusia podrá invocarlo. Cualquier potencia regional podrá preguntarle a Washington por qué aquello que considera inadmisible cuando lo hace un adversario se vuelve pragmatismo diplomático cuando lo hace un aliado.
Ahí reside la paradoja: Estados Unidos puede obtener una victoria táctica y, al mismo tiempo, erosionar una fuente mucho más profunda de su propio poder.
Porque el orden internacional posterior a 1945 no benefició a Washington a pesar de sus reglas. Washington fue uno de sus mayores beneficiarios precisamente porque existían esas reglas.
Instituciones internacionales, alianzas, mercados abiertos, previsibilidad jurídica y confianza en un determinado sistema permitieron a Estados Unidos ejercer una influencia que ninguna capacidad militar habría podido producir por sí sola.
Desgastar esa arquitectura para obtener ventajas diplomáticas inmediatas puede resultar extraordinariamente caro.
El caso del Sáhara Occidental contiene además una contradicción institucional especialmente incómoda.
Estados Unidos no es un observador cualquiera del expediente. Es el penholder en el Consejo de Seguridad: el Estado que tradicionalmente toma la iniciativa en la elaboración de los proyectos de resolución sobre el Sáhara Occidental.
Y aquí surge una pregunta que Washington debería poder responder.
¿Cómo puede el Estado encargado de poner sobre la mesa el primer texto para una decisión colectiva del Consejo declarar simultáneamente, fuera de él, que existe una sola solución aceptable y que cualquier otra vía es “inaceptable”?
La Resolución 2797 no llegó tan lejos. Conservó referencias a una solución final mutuamente aceptable y a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. De hecho, documentación presentada posteriormente ante Naciones Unidas señala que formulaciones estadounidenses más restrictivas del borrador inicial -incluida la pretensión de convertir la propuesta marroquí en el “único marco”- no sobrevivieron a las negociaciones.
Eso importa.
Porque existe una diferencia fundamental entre tener una posición nacional y utilizar una posición privilegiada dentro de una institución internacional para intentar convertir esa preferencia nacional en norma colectiva.
La entidad sionista plantea otra paradoja, un Estado cuya diplomacia insiste en que su seguridad, sus fronteras y sus derechos deben ser protegidos por el derecho internacional participa al mismo tiempo en una declaración que pretende predeterminar el destino político de otro territorio pendiente de descolonización.
Nada de esto significa que el ocupante Marroquí, Israel o Estados Unidos no puedan defender sus «intereses«. Todos los Estados lo hacen
El problema comienza cuando el interés pretende vestirse de derecho, y la transacción geopolítica intenta producir consecuencias que solamente deberían derivar de procesos jurídicamente legítimos.
Porque entonces el daño supera ampliamente al Sáhara Occidental.
Cada excepción oportunista reduce el coste de la siguiente excepción.
Cada doble estándar ofrece un argumento al próximo Estado que decida ignorar una resolución, ocupar un territorio, imponer un hecho consumado o declarar que su propia interpretación del derecho internacional constituye la única realidad posible.
Occidente suele preguntarse por qué una parte creciente del mundo escucha con escepticismo sus apelaciones al “orden internacional basado en reglas”.
Quizá parte de la respuesta sea extraordinariamente sencilla: los Estados recuerdan las reglas que Occidente exige a sus adversarios y observan las excepciones que concede a sus aliados.
No hace falta destruir Naciones Unidas para destruir progresivamente su autoridad. Basta con mantener sus edificios, celebrar sus reuniones, citar solemnemente su Carta y después decidir que determinados derechos pueden negociarse en otra habitación cuando existe suficiente interés estratégico para hacerlo.
El derecho internacional no desaparece de golpe.
Primero se vuelve selectivo.
Después negociable.
Después transaccional.
Y finalmente irrelevante.
Entonces cada potencia comienza a construir su propia legalidad alrededor de su propia fuerza.
Estados Unidos puede pensar que está fortaleciendo aliados, Israel que está ampliando su espacio estratégico y Marruecos que está consolidando «reconocimiento internacional«. Cada uno puede obtener beneficios concretos de esta arquitectura.
Pero hay una pregunta mucho mayor que todos ellos deberían hacerse: ¿qué sucede cuando otros Estados aprendan exactamente la misma lección?
Cuando cada potencia decida qué ocupación reconocer, qué frontera reinterpretar, qué principio suspender y qué derecho de un pueblo intercambiar a cambio de una ventaja estratégica, ya no habrá un orden internacional que administrar.
Habrá mercados de poder.
Y en esos mercados nadie posee para siempre el monopolio de la fuerza.
Quizá ésa sea la ironía más amarga de nuestro tiempo: quienes creen estar ganando mediante la erosión selectiva de las reglas pueden estar construyendo el mundo en el que un día esas mismas reglas ya no podrán protegerlos.
Entonces Estados Unidos habrá ganado una transacción. Israel habrá ganado otra. Marruecos habrá conseguido un «reconocimiento» más.
