Ceuta: Europa debe replantearse el poder que ha entregado a Marruecos

Por Jadiyetu El Mohtar, diplomática saharaui

Madrid (ECS) — Lo ocurrido en Ceuta a finales de julio de 2026 no debería tratarse simplemente como una nueva crisis migratoria. La entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos ha revelado algo más preocupante: hasta qué punto Europa ha hecho depender la seguridad de sus fronteras y su estabilidad política de un Estado capaz de convertir esa dependencia en influencia para ejercer presión.

En mayo de 2021, cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta, provocando una crisis diplomática entre Madrid y Rabat. La reacción del Parlamento Europeo fue inmediata: condenó «el uso por parte de Marruecos de los controles fronterizos y de la migración, y en particular de los menores no acompañados, como presión política contra un Estado miembro de la Unión Europea».

Cinco años después, Europa vuelve a encontrarse ante la misma situación, pero a una escala mucho mayor.

Las investigaciones sobre los acontecimientos de julio de 2026 apuntan a que la movilización no fue una mera reacción espontánea. El análisis realizado por Golden Owl, vinculada a la Universidad de Alicante, identificó una operación organizada a través de las redes sociales, con coordinadores, canales de difusión, estructuras de reclutamiento y mecanismos para ocultar la identidad de quienes estaban detrás.

Existe, además, otro elemento que merece una investigación europea independiente: los acontecimientos coincidieron con el Día del Trono en Marruecos, después de un discurso del rey sobre los avances económicos y sociales, mientras se celebraban las ceremonias de lealtad a la monarquía. Y eso no es casualidad.

La cuestión fundamental ya no es quién publicó el primer mensaje en una red social. La pregunta es quién posee la capacidad real de abrir o cerrar una frontera, reforzar su vigilancia o relajarla. Y también: ¿por qué huir de Marruecos se ha convertido en una opción atractiva para tantas personas, cuando la Unión Europea invierte millones de euros de los contribuyentes europeos para que Marruecos frene la migración hacia Europa?

Marruecos conoce desde hace décadas el valor político de las grandes movilizaciones humanas.

En 1975 utilizó una movilización de unas 350.000 personas, conocida como la Marcha Verde, para presionar a España y modificar la realidad sobre el terreno en el Sáhara Occidental, un territorio cuyo proceso de descolonización sigue sin concluir. Las circunstancias de 1975 y 2026 son diferentes, pero existe un elemento invariable: el régimen marroquí, que sigue haciendo uso de grandes movimientos de población como instrumento de presión política.

Hoy, la migración constituye una de esas herramientas.

Europa financia a Marruecos para controlar sus fronteras, combatir las redes de tráfico de personas y contener los flujos migratorios. El problema comienza cuando el actor encargado de impedir una crisis adquiere, gracias a esa función, la capacidad de elevar el coste político y económico de cualquier disminución de su cooperación y utilizarla como instrumento de presión.

Pero la migración no es la única palanca.

Marruecos posee también un importante capital de información sobre terrorismo, radicalización, narcotráfico y crimen organizado en entornos vinculados a ciudadanos marroquíes emigrados a Europa. Este elemento es una baza para Marruecos porque Europa lo considera indispensable para conocer las redes criminales y extremistas presentes en su territorio. Por ello, la cooperación deja de ser exclusivamente técnica y se convierte también en influencia. A ello se añade el caso Moroccogate.

Las investigaciones derivadas del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo han revelado sospechas sobre intentos marroquíes de influir en eurodiputados y personas vinculadas a las instituciones europeas mediante dinero, regalos y privilegios. Si esos intentos llegaron hasta el Parlamento Europeo, la pregunta es inevitable: ¿en qué otras instituciones podrían existir operaciones similares?

El caso Pegasus y las acusaciones de espionaje contra políticos, periodistas y personalidades europeas, especialmente en España, constituyen un asunto que aún sigue planteando graves interrogantes sobre la seguridad de las instituciones y la protección de actores políticos y mediáticos dentro de la Unión Europea.

Sería irresponsable que Europa siguiera tratando la migración, la inteligencia, la influencia política, la financiación y el espionaje como expedientes completamente independientes porque, en su conjunto, revelan un problema estratégico: Europa ha permitido la acumulación de demasiadas palancas de influencia en manos de un único socio que ha demostrado en reiteradas ocasiones que no es serio ni fiable.

Una crisis migratoria en Ceuta puede provocar alarma social, reforzar fuerzas extremistas y radicales, además de generar conflictos entre los gobiernos europeos, debilitar los convenios del espacio Schengen y alimentar campañas de desinformación. Durante la última crisis, distintos actores internacionales aprovecharon los acontecimientos para ejercer presión sobre países de la Unión Europea y contribuir a generar tensiones internas.

La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿quién se beneficia, además de Marruecos, del uso de la migración y la seguridad como instrumentos de presión sobre Europa?

Las brechas que Marruecos puede abrir o mantener abiertas también pueden ser explotadas por países amigos, aliados o terceros actores cuyos intereses coincidan temporalmente con debilitar, dividir o presionar a Europa.

Una herramienta utilizada para obtener una concesión de España puede terminar sirviendo a otros actores interesados en erosionar la cohesión europea. Una crisis bilateral puede convertirse en una crisis de Schengen, y una presión migratoria, en combustible para campañas extranjeras de desinformación.

Europa necesita cooperar con Marruecos, no someterse a él. La geografía hace inevitable esa relación. Pero esa cooperación no puede desarrollarse a costa de la seguridad, los intereses y las leyes de la ciudadanía europea.

Conviene recordar también las sentencias sobre el Sáhara Occidental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que el territorio posee un estatuto separado y distinto del de Marruecos y ha limitado la aplicación allí de acuerdos entre la Unión y Rabat.

A pesar de ello, las instituciones europeas han buscado fórmulas para preservar sus relaciones y acuerdos con Marruecos. Surge así una contradicción: una Europa que exige respeto al Estado de derecho intenta preservar una relación estratégica incluso cuando choca con decisiones de sus propios tribunales.

Europa ha protegido durante años esa relación. Hoy, sus costes parecen mayores de lo previsto.

La cooperación no puede convertirse en dependencia

Ningún socio debería acumular la capacidad de influir simultáneamente sobre las fronteras, parte de la información de seguridad, los intereses económicos y la estabilidad política interna de ningún Estado europeo, y mucho menos del conjunto de Estados de la Unión Europea.

La pregunta que Ceuta plantea hoy a Bruselas no es si Marruecos es amigo o enemigo de Europa. Es mucho más sencilla: ¿Puede considerarse realmente equilibrada una relación cuando Europa teme las consecuencias que tendría que su socio dejara de cooperar?

Si la respuesta es no, Ceuta debería convertirse en el punto de inflexión.