Sáhara Occidental | Mohamed Bani, 15 años en prisión y cadena perpetua con confesiones bajo tortura

Alfonso Lafarga.-  Contramutis

Lleva más de quince años en cárceles marroquís y está condenado a cadena perpetua. El saharaui Mohamed Bani, de 56 años, es una de las víctimas de la represión del régimen marroquí tras el desmantelamiento, en noviembre de 2010, del campamento de protesta pacífica de Gdeim Izik, recuerda la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos saharauis (AFAPREDESA).

Gdeim Izik simboliza, según la ONG de Derechos Humanos, la resistencia saharaui contra la discriminación y la ocupación de su tierra por Marruecos, que invadió el territorio tras el abandono-entrega de España a finales de 1975.

A 12 kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, se reunieron más de 20.000 personas en lo que se conoció como Campamento de la Dignidad y que el filósofo norteamericano Noam Chomsky consideró precursor de la Primavera Árabe. Su violento desmantelamiento por las fuerzas marroquíes el 8 de noviembre de 2010 “provocó enfrentamientos, la detención de cientos de personas y la muerte de varios saharauis”, indica la Asociación.

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Mohamed Bani, casado y padre de cinco hijos, llevó una vida familiar en El Aaiún, ciudad marcada por un prolongado conflicto y un clima de represión; Dice la ONG que fue uno de los pocos saharauis que consiguió un empleo estable, a pesar de la discriminación sistemática del ocupante marroquí. Detenido ese 8 de noviembre, fue torturado y recluido en secreto en la sede de la Gendarmería Real antes de ser trasladado a Rabat para ser juzgado por un tribunal militar.

AFAPREDESA afirma que el caso de Mohamed Bani “constituye uno de los ejemplos más graves y prolongados de la represión de Marruecos contra la población saharaui en el Sáhara Occidental ocupado”.

La organización indica que su detención se produjo en un contexto de “estado de sitio no declarado, marcado por detenciones masivas, torturas y desapariciones temporales”. Fue juzgado inicialmente por un tribunal militar, pese a su condición de civil y a que los hechos se produjeron en un territorio pendiente de descolonización, lo que vulnera “el derecho internacional humanitario y los Derechos Humanos”, puntualiza la ONG saharaui..

La condena dictada en 2013 por la jurisdicción militar fue posteriormente confirmada en 2017 por tribunales civiles marroquíes sin corregir las irregularidades de fondo. Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional concluyeron que los juicios se basaron esencialmente en confesiones obtenidas bajo tortura, en violación del artículo 15 de la Convención contra la Tortura, y denunciaron la ausencia de pruebas materiales sólidas: “fueron procesos judiciales ampliamente cuestionados por su ilegalidad y falta de garantías”.

En un dictamen, el Comité de NNUU contra la Tortura reconoce queMohamed Bani fue víctima de tortura, malos tratos y confesiones arrancadas bajo coacción durante su detención y juicio en Marruecos. Concluye que el proceso judicial careció de las más elementales garantías y que Marruecos violó flagrantemente la Convención contra la Tortura, en vigor desde 1993.

El Comité recordó que la prohibición de la tortura es absoluta y que ningún Estado puede ampararse en circunstancias excepcionales para justificarla. Y en consecuencia, exigió a Marruecos la liberación inmediata de Mohamed Bani, la garantía de su acceso a atención médica y psicológica adecuada, y la apertura de investigaciones serias para juzgar a los responsables de estas violaciones.

La decisión, que fue adoptada durante el 79º período de sesiones del Comité contra la Tortura, también instó al régimen marroquí a reformar su marco legal y judicial para impedir que vuelvan a utilizarse confesiones obtenidas bajo tortura en procedimientos judiciales.

AFAPREDESA denuncia que pese a las decisiones claras del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y del Comité contra la Tortura, que declararon ilegal la detención, Mohamed Bani continúa encarcelado en 2026, en la prisión de Aït Melloul 2, a más de 750 kilómetros de su lugar de origen y de su familia, en contravención de la Cuarta Convención de Ginebra.

AFAPREDESA ha recogido “denuncias persistentes de negligencia médica deliberada, aislamiento, discriminación racial y represalias contra los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik, prácticas que han motivado reiteradas huelgas de hambre como forma de protesta”.

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos saharauis resalta que el caso de Mohamed Bani, “lejos de ser excepcional, simboliza la persistencia de una política de castigo y disuasión contra quienes defienden pacíficamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”, un territorio cuya ocupación fue calificada ya en 1979 como ilegal por la Asamblea General de la ONU.

Lo sitúa en un marco más amplio de violaciones cometidas durante y después del asalto a Gdeim Izik. Entre ellas figuran la muerte del joven saharaui con nacionalidad española Baby Hamadi Buyema, enterrado sin el consentimiento de su familia, y el asesinato del menor Najem El Garhi ould Feydel Souidi, abatido por el ejército marroquí cuando se dirigía al campamento.

Estos hechos fueron denunciados ante instancias internacionales y la Audiencia Nacional española, “que en una resolución histórica reafirmó la responsabilidad de España como potencia administrante del Sáhara Occidental”, concluye AFAPREDESA.