Unidades del Ejército Saharaui durante el Decimosexto Congreso del Frente POLISARIO celebrado en Dajla, en los campamentos de refugiados saharauis en enero de 2022. Foto de Sidahmed Muftah.
Madrid (ECS). — Hace un año, advertimos de los indicios que apuntaban al nuevo enfoque agresivo de Estados Unidos —país penholder de los textos del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara— hacia una redefinición del papel de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que podría terminar socavando su mandato original: organizar un referéndum sobre la libre determinación del pueblo saharaui. Ya entonces alertamos de que modificar la naturaleza de esta misión o reorientarla hacia vías políticas alternativas podía marcar el comienzo del fin del cometido para el que fue creada.
Hoy, esas preocupaciones vuelven a cobrar protagonismo ante los indicios de un retroceso del papel tradicional de la misión y las informaciones sobre una posible reducción de algunas de las funciones de sus oficinas y una reorganización de sus prioridades. Se trata de acontecimientos que exigen un análisis serio, especialmente si preparan el terreno para convertir el referéndum en un derecho pendiente de ejercicio, aplazado indefinidamente, o para sustituirlo por propuestas políticas de solución que no cuenten con la aceptación del pueblo saharaui.
El verdadero peligro no reside únicamente en modificar la redacción de las resoluciones de la ONU, sino en transformar esos cambios graduales en una realidad política impuesta a los saharauis que, posteriormente, se presente como la única solución posible. Cuando la gestión de un conflicto se convierte en un instrumento para consolidar los hechos consumados, el discurso sobre una solución justa acaba sirviendo de cobertura a la continuidad de la ocupación, salvo que se proteja el derecho del pueblo saharaui a ejercer libremente su autodeterminación.
Si la Administración estadounidense se encamina realmente hacia el respaldo de una fórmula política que deje atrás el referéndum, se plantean cuestiones fundamentales sobre el futuro de la causa nacional saharaui, los límites del papel de las instituciones internacionales y la disposición de la comunidad internacional a respetar la voluntad de un pueblo que no ha renunciado a su derecho a la libre determinación. Ninguna propuesta debe considerarse una solución definitiva por el mero hecho de contar con el respaldo de una potencia internacional influyente. La legitimidad de una solución no se mide por el número o el poder de los Estados que la apoyan, sino por el respeto a los derechos del pueblo afectado y a su voluntad libre.
El mayor peligro al que puede enfrentarse la causa saharaui es que las resoluciones internacionales, concebidas para abrir el camino a la libre determinación, terminen convirtiéndose en instrumentos para cerrarlo, y que la imposición de los hechos consumados sustituya a una solución justa.
Seis años después de la reanudación de la lucha armada: ¿quién asume la responsabilidad?
Seis años después de la reanudación de la lucha armada y cuatro años después de la celebración del XVI Congreso del Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), la realidad obliga a plantear una pregunta que ya no puede seguir ignorándose: ¿quién es responsable de la situación a la que ha llegado la causa saharaui? ¿Quién responde de la brecha entre los discursos proclamados y los resultados obtenidos sobre el terreno?
Se enarboló la consigna de intensificar los combates para expulsar a la ocupación y se formularon promesas de convertir esta nueva etapa en un punto de inflexión decisivo en la lucha armada contra la ocupación marroquí. Sin embargo, la pregunta que hoy se hacen muchos saharauis es hasta qué punto ese discurso se ha traducido en resultados sobre el terreno. ¿Ha estado la actuación política y militar a la altura de los desafíos que afronta la causa?
La responsabilidad no puede reducirse a una sola persona o institución, ni debe permitirse que la rendición de cuentas se convierta en un mero intercambio de acusaciones. Pero sí exige, por otra parte, una evaluación rigurosa y transparente de la actuación, una revisión de las decisiones y estrategias y una identificación clara de las deficiencias, ya se encuentren en la dirección política, en la gestión de la batalla diplomática, en los mecanismos de movilización y organización o en la capacidad de responder a las aspiraciones del pueblo saharaui en lucha.
No basta con proclamar consignas si estas no van acompañadas de planes concretos. Tampoco basta con hablar de intensificar la confrontación si no se evalúan de forma realista los resultados, las capacidades y los desafíos. Del mismo modo, no se puede exigir al pueblo que siga mostrando paciencia y haciendo sacrificios sin ofrecer respuestas convincentes sobre las causas de los reveses y los caminos que se pretende seguir en la próxima etapa.
La mayor amenaza para cualquier causa de liberación no procede únicamente de las presiones externas. También surge de la ausencia de crítica y rendición de cuentas en el ámbito interno, de la sustitución de los logros por consignas y del uso de las promesas como mecanismo para aplazar la necesaria corrección de los errores.
Los acontecimientos relacionados con la posición estadounidense y las posibles transformaciones que puedan derivarse de ella para la causa saharaui ponen de manifiesto la necesidad de reconsiderar hasta qué punto se puede confiar en las potencias internacionales. Ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni ningún otro país pueden darse por supuestos como aliados dispuestos a anteponer los intereses saharauis a sus propias prioridades estratégicas.
Los Estados actúan en función de sus cálculos e intereses, y sus posiciones pueden cambiar con las circunstancias y las alianzas. Por ello, construir el futuro de la causa saharaui a la espera de la intervención de una determinada potencia, o confiar en que un gran Estado adoptará una posición decisiva en favor de los saharauis, es una apuesta plagada de riesgos.
Esto no significa renunciar a la acción diplomática ni restar importancia al derecho internacional y a las instituciones de las Naciones Unidas. Significa, más bien, que es necesario combinar la defensa de los derechos legítimos con el fortalecimiento de la unidad nacional, el desarrollo de la acción política y diplomática y la construcción de instituciones capaces de afrontar las transformaciones regionales e internacionales.
El pueblo saharaui necesita una estrategia integral que proteja su causa frente a los intentos de imponer hechos consumados, impida que el paso del tiempo favorezca la continuidad de la ocupación y mantenga el derecho a la libre determinación en el centro de cualquier proceso político.
La crisis de liderazgo y la unidad del pueblo saharaui
En medio de estas transformaciones, se hace patente la necesidad de un liderazgo capaz de interpretar la etapa actual con realismo y responsabilidad, de combinar la claridad de objetivos con la eficacia en la actuación y de revisar sus opciones cuando los resultados demuestren sus limitaciones.
La elección de la dirección no es una cuestión organizativa secundaria, sino una decisión vinculada al futuro de la causa y al destino de las próximas generaciones. Por ello, el liderazgo debe sustentarse en la capacidad, la integridad y la disposición a asumir responsabilidades, además de contar con la confianza y el respaldo de la voluntad popular. Las consignas, por sí solas, no bastan.
Asimismo, la unidad del pueblo saharaui se ha convertido en una necesidad urgente, tanto entre los partidarios de la dirección actual y sus detractores como entre las distintas corrientes y orientaciones políticas. Las discrepancias no deben convertirse en un factor de fragmentación, del mismo modo que la unidad no puede significar silenciar las críticas ni impedir la rendición de cuentas. La verdadera unidad consiste en alcanzar un acuerdo sobre los principios nacionales fundamentales, respetar el pluralismo y buscar vías prácticas para defender los derechos del pueblo saharaui.
Afrontar los desafíos actuales exige un diálogo nacional serio, una evaluación sincera de la gestión, la renovación de la confianza entre la dirección y el pueblo y una definición de las prioridades basada en el interés nacional superior.
En cuanto a los llamamientos a intensificar la confrontación, no deberían quedarse en meras consignas políticas. Deben estar sujetos a una valoración responsable de la realidad, los resultados y las consecuencias humanitarias, y la protección de la población civil y el respeto al derecho internacional han de formar parte esencial de cualquier orientación. La verdadera fortaleza de un movimiento de liberación no se mide únicamente por sus consignas, sino también por su capacidad para preservar su unidad, su legitimidad, sus instituciones y el respaldo de su pueblo, así como para alcanzar sus objetivos legítimos.
La causa necesita una revisión antes de que sea demasiado tarde
La etapa actual sitúa a la causa saharaui ante desafíos decisivos: presiones internacionales que podrían conducir a acuerdos sin un consenso entre los saharauis, riesgos relacionados con el futuro del territorio y la integridad territorial, interrogantes cada vez mayores sobre el balance de estos años de enfrentamiento y dudas sobre la capacidad de la dirección actual para responder a las exigencias del momento.
Frente a estos desafíos, no basta con limitarse a condenar las posiciones internacionales ni con atribuir exclusivamente a los actores externos la responsabilidad de los retrocesos. También es necesaria una revisión interna integral, una rendición de cuentas responsable, la renovación de las instituciones y una unidad nacional efectiva, basada en la participación, la transparencia y el respeto a las diferencias.
La causa saharaui no pertenece a una ideología concreta ni a una determinada facción política. Es la causa de un pueblo que reclama su derecho a la libre determinación. Desde esta perspectiva, defenderla constituye una responsabilidad colectiva que exige claridad de visión, una gestión acertada y la primacía del interés nacional sobre los cálculos particulares.
O bien esta etapa se convierte en una oportunidad para rectificar el rumbo y renovar el proyecto nacional saharaui, o bien continúa la indecisión y se acumulan los errores, dando a los adversarios de la causa más tiempo para imponer una nueva realidad política.
La pregunta que debe permanecer presente para todos es esta: ¿tenemos el valor suficiente para revisar nuestro rumbo, exigir responsabilidades a quienes han cometido errores y renovar nuestro liderazgo e instituciones para responder a las aspiraciones del pueblo saharaui? ¿O seguiremos repitiendo las mismas consignas mientras la realidad sobre el terreno cambia y se reducen las posibilidades de alcanzar una solución justa que garantice el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación?
