Ceuta, ocho días después

Por Ana Stella

Madrid (ECS) — Ocho días después de la entrada masiva por el Tarajal, seguimos sin saber cuánta gente cruzó ni cuánta murió. Marruecos habla de cuarenta mil personas dirigiéndose hacia Ceuta. Medios españoles manejan setenta mil. Interior contabiliza setenta y cinco muertos en el lado español y Rabat reconoce once más que no figuran en esa cifra. Ningún organismo independiente ha auditado ninguno de esos números.

Lo que sí puede documentarse es quién está respondiendo ante los tribunales.

En Marruecos las condenas ya han empezado. El Juzgado de Primera Instancia de Tetuán impuso seis meses de cárcel y diez mil dírhams de multa a cinco taxistas por trasladar pasajeros de Tetuán a Fnideq durante los días del asalto. Fueron juzgados sin abogado, en coincidencia con una huelga del colegio, y a uno le confiscaron el vehículo. El sindicato del taxi ha recurrido: un taxista carece de potestad legal para identificar a un cliente o interrogarle sobre su destino, y aquellos días no existía ninguna orden que prohibiera desplazarse a Fnideq. La justicia marroquí respondió a la acusación de buscar chivos expiatorios filtrando el caso que consideraba más sólido, el de un conductor que transportó a siete personas a veinte dírhams cada una y ocultó a sus dos hijos en el maletero.

La lista continúa. Treinta y cuatro procesados ante el tribunal de Tetuán, cinco de ellos menores, internados en un centro de protección de la infancia próximo a Rabat. Cincuenta y dos más remitidos a la justicia en Nador. Más de setenta investigados por los disturbios de Fnideq. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos cifra en ciento once los detenidos en prisión preventiva por rebelión, agresión a agentes y corte de tráfico.

Taxistas, jóvenes y menores. Ni un solo gendarme.

Los vídeos son públicos y están geolocalizados en las carreteras que descienden de Tánger y Tetuán: camiones descargando personas cerca del paso fronterizo con agentes de la Gendarmería Real presentes, sin intervenir. La Guardia Civil sostiene que entre quienes cruzaron había agentes de los servicios de inteligencia marroquíes. Ninguno de esos hechos ha generado una diligencia, un expediente disciplinario ni una comparecencia en Marruecos.

Interior marroquí tardó una semana en pronunciarse. Cuando lo hizo, atribuyó los sucesos a la manipulación en redes, a las mafias de la trata y a una interpretación errónea de decisiones judiciales españolas, y reivindicó haber reforzado la vigilancia terrestre y marítima y haber controlado los acontecimientos con proporcionalidad. Ambas afirmaciones son incompatibles. Si Marruecos controlaba la frontera, alguien decidió abrirla. Si no la controlaba, el comunicado carece de valor.

Algunos medios marroquíes se pregunta por qué el Estado no declaró luto por los más de setenta fallecidos.

En Ceuta la situación sigue sin resolverse. Se calcula que unos siete mil menores accedieron a la ciudad. El presidente Juan Jesús Vivas cifró el jueves entre tres mil y seis mil los inmigrantes que permanecen en ella y describió los centros de acogida en colapso. Alrededor de mil cuatrocientos menores continúan en una ciudad cuya capacidad de acogida es de treinta plazas.

Los primeros casos han llegado a los juzgados. Este sábado, un juzgado de Ceuta condenó a un ciudadano marroquí a expulsión inmediata por allanamiento de morada. Accedió a las siete y media de la mañana por el balcón de un quinto piso y entró en la habitación donde dormía una mujer, que despertó y lo encontró en su cama. Fue detenido por la Policía Nacional en las inmediaciones del Paseo de las Palmeras. Según el atestado, tenía prohibida la entrada en España durante diez años, antecedentes por agresión sexual, violación, robo con violencia y lesiones, tres condenas previas por agresión sexual y una orden de expulsión dictada por un juzgado de Valencia.

Además, al menos cinco niñas menores de catorce años han sido atendidas esta semana en el Hospital Universitario de Ceuta por presuntas agresiones sexuales, según fuentes judiciales citadas por El Faro de Ceuta. Todas llegaron el treinta y el treinta y uno de julio. La Policía investiga seis casos y el hospital ha atendido más de una decena de episodios compatibles. No constan detenciones vinculadas a esas denuncias. Las víctimas son menores inmigrantes. Es la consecuencia directa de abrir una frontera y dejar a siete mil menores sin control en una ciudad de ochenta y cinco mil habitantes.

En el plano internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el seis de agosto que la invasión de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta es consecuencia directa de la negativa del Gobierno español a defender su soberanía, asegurar sus fronteras y proteger a su población. Su portavoz pidió a España adoptar todas las medidas necesarias para expulsar a los inmigrantes ilegales y recuperar el control de la frontera.

Un informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes se refiere a Ceuta y Melilla como territorio marroquí y contempla negociar su estatus futuro. El Departamento de Estado ha desmentido ese enfoque y afirma apoyar de forma inequívoca la soberanía española. Ambos documentos existen. El reconocimiento estadounidense del Sáhara siguió un recorrido similar: primero lenguaje en textos secundarios, después política.

Mientras tanto, la financiación española a Marruecos continúa. La Base de Datos Nacional de Subvenciones registra cuatrocientos setenta y cinco mil euros de la AECID destinados a promover la inclusión de personas con discapacidad en el turismo marroquí con el horizonte del Mundial de 2030. En julio se consignaron quinientos mil euros para salud sexual y reproductiva de inmigrantes en Marruecos.

Son partidas menores dentro de un flujo mucho mayor. Entre 2021 y 2022, el Ministerio del Interior transfirió sesenta millones de euros a su homólogo marroquí mediante dos subvenciones directas de treinta millones cada una. La documentación administrativa identifica de forma expresa al Ministerio del Interior del Reino de Marruecos como destinatario final, sin intermediarios. Se concedieron en el mismo periodo en que el programa Pegasus infectó los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles y del propio Fernando Grande-Marlaska. A eso se suma la financiación que la FIIAPP canaliza desde 2019 hacia la Gendarmería marroquí, desde vehículos todoterreno hasta dietas para los agentes.

Es decir, la misma Gendarmería que aparece en los vídeos del treinta de julio, junto a los camiones, y en la frontera sin intervenir.

Bruselas ha seguido el mismo camino. La Unión Europea comprometió doscientos treinta y cuatro millones de euros a Marruecos entre 2015 y 2021 a través del Fondo Fiduciario para África, de los cuales ciento setenta y nueve fueron a gestión integrada de fronteras y lucha contra la trata, según la propia Comisión, y distintas fuentes comunitarias sitúan en quinientos millones la financiación prevista hasta 2027. La Comisión ha admitido a trámite una denuncia que pide auditar esos fondos, reforzar Frontex en Ceuta y Melilla y determinar si lo ocurrido constituye jurídicamente un caso de instrumentalización de la inmigración.

Queda una fecha pendiente. En TikTok, Facebook y grupos cerrados de WhatsApp circulan convocatorias para el quince de agosto con Fnideq como punto de encuentro. El Servicio de Información de la Guardia Civil confirma tener constancia de ellas y descarta una entrada masiva, en referencia al llamamiento de septiembre de 2024, que no prosperó gracias a la coordinación con Marruecos. Ese precedente explica que cuando Marruecos coopera, no ocurre nada.

Ahí está el problema de fondo. Marruecos utiliza la frontera como instrumento de presión y España responde con financiación, concesiones y silencio. La cesión sobre el Sáhara en 2022 no compró estabilidad.

La justicia marroquí ha encontrado responsable al taxista que cobró veinte dírhams. El Gobierno español discute el reparto de menores entre comunidades autónomas. Nadie ha respondido todavía a la única cuestión relevante: quién ordenó abrir el paso, quién retiró a la Gendarmería del cordón, quién situó a agentes de inteligencia entre la multitud y por qué España continúa financiando al Estado responsable.