Por M.B
Madrid (ECS). — Lo ocurrido en Ceuta no debe reducirse a un episodio fronterizo transitorio ni a las cifras de quienes lograron cruzar desde Marruecos hacia el territorio español. La entrada de miles de personas, la pérdida de vidas humanas y la movilización de fuerzas policiales y militares revelan que la migración se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades políticas y de seguridad de España y de la Unión Europea.
Las personas migrantes no son armas ni enemigos. Son seres humanos empujados por circunstancias económicas, sociales y políticas diversas a arriesgar sus vidas. Sin embargo, las rutas migratorias, el control de las fronteras, el momento en que estas se abren o se cierran y la información difundida por las redes de tráfico pueden transformarse en instrumentos de presión en manos de gobiernos, potencias extranjeras y actores políticos conscientes del temor que la migración provoca en determinadas sociedades europeas.
Por ello, la cuestión ya no consiste únicamente en preguntarse por qué llegaron esas personas a Ceuta. La pregunta central es quién puede influir sobre esas rutas, quién puede explotar políticamente la crisis y quién se beneficia de presentar a España como un Estado incapaz de proteger sus fronteras.
Marruecos abrió el camino hacia la instrumentalización política de la migración
Rabat comprendió hace años que su posición geográfica le otorgaba una considerable capacidad para influir en las decisiones españolas. Puede reforzar el control fronterizo cuando las relaciones con Madrid son favorables y reducir su cooperación cuando pretende elevar el coste político de un desacuerdo.
La crisis de Ceuta de mayo de 2021 constituyó el ejemplo más evidente. Cerca de nueve mil personas entraron en la ciudad después de que las autoridades marroquíes relajaran el control fronterizo, en plena crisis diplomática entre ambos países. El Parlamento Europeo rechazó entonces expresamente la utilización por Marruecos del control fronterizo y de la migración —incluidos los menores— como instrumento de presión política contra un Estado miembro de la Unión Europea.
En la crisis de julio de 2026, sin embargo, no existen todavía suficiente información para saber del por qué Rabat abriera deliberadamente la frontera. El Gobierno español sostiene que las autoridades marroquíes están colaborando e impidiendo nuevos intentos de entrada, mientras que las causas del aumento repentino de las llegadas siguen sin estar plenamente esclarecidas.
Entre las explicaciones planteadas figuran la actuación de las redes de tráfico, las condiciones socioeconómicas, los factores meteorológicos y las modificaciones judiciales relacionadas con las devoluciones inmediatas de quienes llegan por mar.
Pero la cooperación marroquí en un momento determinado no elimina un hecho estructural: España ha pasado a depender de decisiones políticas y operativas adoptadas fuera de sus fronteras para proteger Ceuta, Melilla y las islas Canarias. Esa dependencia otorga a Rabat una capacidad permanente de influencia, incluso cuando no la ejerce de manera directa.
Un Estado capaz de aumentar o disminuir la presión fronteriza no necesita abrir la frontera cada vez. Basta con que la otra parte sepa que puede hacerlo para que la migración esté presente en todas las negociaciones políticas entre ambos países.
La crisis ha superado la relación bilateral entre Rabat y Madrid
La migración ilegal ya no es únicamente una carta marroquí. Se ha convertido en parte de un conflicto más amplio relacionado con la autonomía estratégica española, el futuro de la Unión Europea, las relaciones transatlánticas y las crecientes tensiones entre Madrid e Israel.
En los últimos años, España ha adoptado posiciones más autónomas respecto a la guerra en Gaza. Reconoció al Estado de Palestina en 2024 e impulsó, junto con otros Estados europeos, la revisión o suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel debido a la situación humanitaria y a las actuaciones israelíes en los territorios palestinos.
Las divergencias se profundizaron posteriormente en el contexto de la guerra contra Irán, cuando el Gobierno español rechazó que bases militares y territorio español fueran utilizados en operaciones estadounidenses o israelíes contrarias a los acuerdos vigentes o a la Carta de las Naciones Unidas. Las tensiones con Washington alcanzaron un nivel excepcional, en un contexto de desacuerdos sobre Irán, el gasto en defensa y la orientación estratégica de la política exterior española.
Estos hechos demuestran que España ha sido sometida a presiones incesantes debido a posiciones adoptadas en ejercicio de su soberanía. Sin embargo, no prueban que Estados Unidos o Israel hayan organizado o dirigido las llegadas migratorias a Ceuta. No existen pruebas públicas y verificables que permitan formular esa acusación como un hecho.
No obstante, sería igualmente ingenuo considerar la crisis como un acontecimiento completamente aislado del contexto político en el que se produce. Una potencia extranjera no necesita crear una crisis para beneficiarse de ella. Puede explotar sus consecuencias: debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez, presentarlo como incapaz de controlar las fronteras, alimentar el temor hacia las personas migrantes y reforzar a las fuerzas nacionalistas y de extrema derecha contrarias a las posiciones del Ejecutivo sobre Palestina, la migración o la integración europea.
La pregunta pertinente no es únicamente quién produjo la crisis, sino quién la instrumentaliza una vez iniciada y quién se beneficia de su prolongación.
La migración como instrumento de fragmentación europea
Las fuerzas interesadas en debilitar la cohesión europea saben que la migración es una de las cuestiones con mayor capacidad para dividir a la Unión. Enfrenta a los Estados mediterráneos con los países del norte y del este, polariza a las sociedades entre derecha e izquierda y coloca las exigencias de seguridad frente a las obligaciones jurídicas y humanitarias.
Toda llegada masiva y desorganizada ofrece a los movimientos extremistas una nueva oportunidad para presentar a la Unión Europea como una estructura incapaz de actuar. Refuerza las demandas de restablecimiento de las fronteras nacionales, erosiona la confianza en el espacio Schengen y fomenta la competencia entre gobiernos en lugar de la solidaridad.
La propia Unión Europea reconoce que la instrumentalización de la migración puede constituir una amenaza híbrida. Las instituciones europeas han denunciado el uso de personas migrantes por parte de Bielorrusia como instrumento de presión contra Estados miembros y consideran que Rusia emplea operaciones híbridas que incluyen desinformación, intervención política, ciberataques y acciones destinadas a debilitar la democracia y la cohesión europea.
Pero el riesgo no procede únicamente de Rusia. Dentro del espacio político estadounidense, particularmente en las corrientes vinculadas a Donald Trump, existen sectores que contemplan con hostilidad la actual arquitectura de la Unión Europea y prefieren relacionarse con Estados europeos individualmente, en lugar de hacerlo con un bloque político y económico capaz de imponer normas comunes y adoptar posiciones internacionales autónomas.
No existen pruebas suficientes para sostener que Estados Unidos tenga un plan oficial destinado a desmantelar la Unión Europea. Estados Unidos no constituye un actor político homogéneo, y sus instituciones y corrientes discrepan sobre el futuro de la relación transatlántica. Sin embargo, es legítimo concluir que determinados responsables y tendencias políticas estadounidenses pueden considerar más conveniente una Europa políticamente debilitada, más dividida entre sus Estados y menos capaz de regular a las empresas estadounidenses o de adoptar políticas independientes en materia comercial, militar y diplomática.
En este contexto, una crisis migratoria puede beneficiar simultáneamente a distintos actores sin que exista una única estructura de coordinación. Rabat utiliza su posición fronteriza para obtener influencia. Las fuerzas de extrema derecha utilizan la migración para debilitar a los gobiernos. Rusia se beneficia de la fragmentación europea. Y determinadas corrientes estadounidenses o israelíes pueden beneficiarse políticamente del debilitamiento de un Gobierno español que ha adoptado posiciones autónomas sobre Gaza, Palestina e Irán.
El Sáhara Occidental: un precedente de la eficacia de la presión migratoria
El Sáhara Occidental constituye un ejemplo documentado de cómo Rabat ha vinculado la cooperación migratoria con las posiciones políticas españolas. La crisis de 2021 se produjo después de que España permitiera la entrada de Brahim Ghali para recibir tratamiento médico. En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó posteriormente su posición y calificó la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto, antes del restablecimiento pleno de la cooperación entre ambos países.
Esta secuencia no demuestra la existencia de un acuerdo escrito titulado “migración a cambio del Sáhara Occidental”, pero revela una relación de presión claramente identificable.
España se convirtió después en uno de los principales defensores de los intereses marroquíes dentro de la Unión Europea, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó el 4 de octubre de 2024 que la validez de los acuerdos aplicables al Sáhara Occidental dependía del consentimiento del pueblo del territorio. El Tribunal anuló decisiones europeas relativas a los acuerdos agrícolas y pesqueros debido a la ausencia de dicho consentimiento.
De este modo, la dependencia respecto de Rabat no solo influyó en la política española, sino que contribuyó a situar a las instituciones europeas ante una contradicción creciente entre sus compromisos políticos con Marruecos y las exigencias de su propio ordenamiento jurídico.
El problema no reside únicamente en la capacidad de Marruecos para utilizar su posición geográfica, sino en la disposición de España y de determinadas instituciones europeas a permitir que el control migratorio condicione cuestiones de derecho internacional, derechos humanos y respeto de las sentencias del Tribunal de Justicia.
España ante una prueba de soberanía
El problema central no es que Marruecos posea instrumentos geográficos y políticos. Todos los Estados utilizan sus capacidades para defender sus intereses. El verdadero problema es que España ha permitido que su dependencia de Rabat alcance un nivel susceptible de afectar a la autonomía de sus decisiones.
España no puede presentarse como un Estado europeo soberano en relación con Gaza, Palestina o Irán y, al mismo tiempo, mantener la protección de sus fronteras condicionada por la voluntad de una autoridad exterior capaz de modificar su grado de cooperación de acuerdo con cálculos políticos.
Tampoco puede la Unión Europea condenar la instrumentalización de la migración cuando la practican Rusia o Bielorrusia y tratarla como una forma normal de cooperación cuando la presión procede de un socio encargado de vigilar su frontera meridional.
Esta incoherencia transmite un mensaje peligroso: la Unión Europea defenderá sus principios cuando el coste político sea limitado, pero retrocederá cuando se enfrente a un actor capaz de utilizar la migración, las fronteras y los intereses económicos como instrumentos de presión.
Lo que España y Europa deben hacer