El precio de ser saharaui en territorio ocupado: dos detenidos en Guelmim mientras la ONU debatía el Sáhara

Por Ana. Q  

Madrid (ECS).- El mismo día que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía en Nueva York para revisar el futuro de su misión en el Sáhara Occidental, la Gendarmería Real marroquí detenía en Guelmim a Salek Babir. Ex preso político. Defensor de derechos humanos. Miembro del comité administrativo de CODESA. Alguien que ya sabe exactamente lo que le espera cuando ve un uniforme cerca de su puerta.

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Con él se llevaron también al estudiante Abd Samad Tika. Las circunstancias exactas no han sido aclaradas. El motivo oficial, ninguno. Y esa ausencia de explicación es el funcionamiento normal de una represión que lleva décadas sin necesitar justificarse ante nadie.

Babir no es un nombre nuevo

CODESA lleva años documentando su caso. Ya había sufrido torturas y malos tratos por su actividad política, por su trabajo como defensor de derechos humanos, por su defensa pública del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Ha participado en foros y espacios internacionales vinculados a la causa saharaui. Ha dado la cara en momentos en que otros preferían no hacerlo. No es la primera vez que lo detienen.

En julio de 2025, la misma organización denunciaba el cerco policial al domicilio de Ali Salem Tamek, presidente de CODESA, y citaba a Babir entre los defensores afectados por amenazas, vigilancia e impedimentos de acceso. El hostigamiento no había parado. Solo había bajado de intensidad el tiempo suficiente para que la atención mediática se desplazara a otro lado. Eso también forma parte del cálculo.

Uno de los efectos más eficaces de este tipo de detenciones es precisamente ese: dejar a la familia y a los compañeros sin información, sin saber si hay cargos, sin saber dónde están, sin saber cuánto tiempo.

La ciudad de Guelmim tiene historia en este mapa. Desde 2013 el Tribunal de Agadir ha juzgado a varios activistas saharauis detenidos en Guelmim por participar en manifestaciones, por protestar contra decisiones del Consejo de Seguridad sobre la MINURSO, por organizar concentraciones que Marruecos considera ilegales aunque se trate de actos pacíficos. La Gendarmería conoce bien esas calles. Conoce también qué casas vigilar y qué nombres seguir.

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Guelmim está en el sur de Marruecos, en la región que Rabat llama Guelmim-Oued Noun. Para el activismo saharaui es zona de frontera administrativa, un espacio donde la represión opera de manera más discreta que en El Aaiún o Dajla, con menos periodistas internacionales cerca y menos probabilidad de que las imágenes lleguen a ningún lado antes de que el daño esté hecho. Eso la convierte en un lugar conveniente para cierto tipo de detenciones.

Ese mismo 23 de abril, en Nueva York, el Consejo de Seguridad analizaba el estado de la MINURSO. La revisión estratégica que el propio Consejo había solicitado, planteando en voz alta que si una misión creada para organizar un referéndum que nunca ocurrió tiene todavía algún sentido real, o si simplemente se ha convertido en un mecanismo para gestionar el estancamiento indefinido. La pregunta lleva 35 años sin respuesta.

El modelo lleva décadas funcionando y nadie lo ha detenido

Hay que explicar cómo funciona esto porque no siempre se trata de condenas largas ni de juicios mediáticos. Eso ocurre a veces, cuando la represión necesita mandar un mensaje especialmente contundente. Pero la mayor parte del tiempo el sistema funciona de otra manera: detenciones breves, interrogatorios, algunos días incomunicado, liberación sin cargos formales o con cargos menores que quedan en suspenso como una espada sobre la cabeza del detenido. Eso es suficiente. Basta con romper el ritmo de trabajo de un activista, alejarlo de su entorno durante unos días, recordarle que el Estado sabe dónde está y cuándo sale de casa. El coste no tiene que ser la cárcel para ser efectivo. Tiene que ser constante.

El grupo de Gdeim Izik es el caso más visible y más grave. Amnesty International y Human Rights Watch llevan años documentando que varios presos saharauis permanecen encarcelados tras un proceso con garantías insuficientes, con condenas basadas en confesiones cuya obtención bajo tortura no fue investigada de forma seria ni independiente. El juicio fue trasladado de jurisdicción civil a militar, lo que limitó aún más las posibilidades de defensa. Algunas de esas condenas superan los veinte años.

Mohamed Lamine Haddi es uno de esos presos. Amnesty lo ha mencionado específicamente en informes sobre condiciones de detención: aislamiento prolongado, restricciones de contacto con su familia y con sus abogados, malos tratos documentados dentro de la cárcel. Su situación muestra algo que la represión no termina con la condena. Continúa dentro del sistema penitenciario a través de traslados a prisiones alejadas de las familias, de incomunicaciones arbitrarias, de castigos que no dejan huella oficial pero que son perfectamente reales para quien los sufre.

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Fuera de la prisión, Sultana Khaya lleva desde noviembre de 2020 entre el arresto domiciliario, las agresiones y la vigilancia permanente en Bojador. Nunca hubo orden judicial que respaldara su detención. Nunca hubo investigación sobre las torturas y agresiones documentadas por Amnesty y Front Line Defenders. Nunca hubo consecuencias para los agentes que las ejecutaron. En algún momento las restricciones se relajaron lo suficiente para que pudiera salir del país a recibir atención médica. Pero la impunidad se mantuvo intacta. Y la señal que eso manda al resto de activistas en el territorio ocupado es que organizarse en Bojador tiene un precio que el Estado está dispuesto a cobrar, y nadie va a pedirle cuentas por ello.

Lo que se persigue no es solo la protesta

Este punto es importante porque a veces la represión marroquí contra activistas saharauis se presenta únicamente como respuesta a manifestaciones o a actos de protesta directa. No es solo eso. Lo que Marruecos persigue de forma sistemática es la existencia misma de una sociedad civil saharaui autónoma y conectada internacionalmente.

Babir no fue detenido mientras protestaba en la calle. Fue detenido siendo miembro de una organización que documenta abusos, que presenta informes ante organismos internacionales, que mantiene contacto con redes de derechos humanos fuera del territorio. Eso es lo que resulta intolerable, la capacidad de sostener una denuncia a lo largo del tiempo y hacerla llegar a personas que pueden usarla.

Cada detención de un miembro de CODESA, de AFAPREDESA, de cualquier organización saharaui de derechos humanos, cumple una función que va mucho más allá de la persona detenida. Le dice al resto que organizarse, documentar o recordar en voz alta que el Sáhara Occidental sigue inscrito como Territorio No Autónomo en la lista de Naciones Unidas, pendiente de descolonización desde hace décadas, tiene coste.

Y el Estado calcula ese coste. No necesita encarcelar a todo el mundo. Necesita que suficiente gente decida que no merece la pena.

El marco internacional que lo hace posible

El Sáhara Occidental no es una cuestión interna marroquí. Está reconocido en el estatuto jurídico de Naciones Unidas como Territorio No Autónomo, pendiente de descolonización, con un proceso político bloqueado desde hace décadas. Que Marruecos controle el territorio militarmente no cambia ese estatuto. Que la Unión Europea haya normalizado esa situación hasta el punto de firmar acuerdos comerciales que incluyen los recursos del territorio tampoco lo cambia.

Lo que sí cambia es el margen de acción de quienes deberían exigir cuentas. Una MINURSO sin mandato de derechos humanos (Marruecos lo prohíbe en el territorio) no puede documentar detenciones como la de Babir y Tika con autoridad suficiente para que Marruecos tenga que responder. Un Consejo de Seguridad o Asamblea General que lleva 50 años paralizado, no está en posición de exigir las mismas garantías que exigiría en otro territorio. Una España, que sigue siendo Potencia Administradora del territorio pero doblegada a los intereses marroquíes por el gobierno de Pedro Sánchez. Una Unión Europea que paga a Marruecos por gestionar la inmigración ilegal y le compra pescado del Atlántico saharaui no va a presionar seriamente por dos activistas detenidos en Guelmim un miércoles por la tarde.

Este es el escenario real y que Marruecos conoce perfectamente y que ha sabido construir durante décadas con paciencia, con inversión diplomática y con el apoyo estratégico de potencias que tienen sus propios motivos para que el conflicto del Sáhara no genere demasiado ruido.