La UE consuma el etiquetado trampa de los productos del Sáhara Occidental: ocupación blanqueada y golpe al campo español

Por Victoria G. Corera | No te Olvides del Sáhara Occidental.

Bruselas (ECS)- La Unión Europea ha oficializado, mediante su publicación en el Diario Oficial de la UE, la modificación de las reglas de origen del Acuerdo de Asociación UE–Marruecos que permite extender las preferencias arancelarias a los productos agrícolas y pesqueros procedentes del Sáhara Occidental ocupado. Con esta decisión, Bruselas consagra un sistema de etiquetado engañoso que permite “camuflar” como marroquíes productos originarios de un territorio no autónomo pendiente de descolonización, vulnerando el derecho internacional y perjudicando directamente al campo y a la pesca en el Estado español.

Bruselas etiqueta los productos del Sáhara Occidental como provenientes de Marruecos en el nuevo acuerdo comercial

El texto aprobado es inequívoco: los productos del Sáhara Occidental que estén bajo control de las autoridades aduaneras marroquíes pasan a beneficiarse de las mismas ventajas comerciales que los productos de Marruecos. Además, el Protocolo nº 4 sobre reglas de origen se aplica mutatis mutandis a dichos productos, incluidas las pruebas documentales, lo que en la práctica elimina cualquier diferenciación efectiva entre Marruecos y el Sáhara Occidental en el mercado europeo.

La medida tiene carácter retroactivo desde el 3 de octubre de 2025, fecha en la que la Comisión Europea y Marruecos pactaron este cambio “in extremis” para salvar el acuerdo comercial anulado días después por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El TJUE fue claro en su sentencia del 4 de octubre de 2024: el Sáhara Occidental no puede ser tratado como parte de Marruecos y cualquier acuerdo que afecte a sus recursos requiere el consentimiento del pueblo saharaui. La UE ha optado conscientemente por eludir esa sentencia en lugar de acatarla.

Las consecuencias no son abstractas. Este etiquetado trampa legaliza una competencia desleal que inunda los mercados europeos con productos extracomunitarios presentados bajo denominaciones marroquíes —como Dajla o El Aaiún— ocultando su verdadero origen. El consumidor es engañado y los agricultores y pescadores españoles ven cómo se hunde la rentabilidad de sus explotaciones, mientras la UE prioriza la continuidad del comercio con Rabat sobre la trazabilidad, la legalidad y la soberanía alimentaria.

Escándalo por el etiquetado de productos del Sáhara Occidental: la Comisión Europea, pillada en pleno intento de burlar la legalidad

Esta decisión no puede entenderse sin recordar los antecedentes políticos inmediatos. El pasado 26 de noviembre de 2025, el Parlamento Europeo votó una objeción para frenar este reglamento de etiquetado engañoso. La objeción fue rechazada por un solo voto: 359 apoyos cuando se necesitaban 360. En aquella votación, el PSOE fue el único partido de ámbito estatal que votó en contra de la objeción, alineándose con la Comisión y permitiendo que el reglamento que hoy se publica siguiera su curso. Sin esos votos, este atropello se habría detenido.

En lugar de defender al sector agrario y pesquero y de respetar la legalidad europea, el Gobierno de España ha respaldado una maniobra política destinada a salvar un acuerdo declarado ilegal por la justicia de la UE. Se ha priorizado, una vez más, la estabilidad diplomática con Marruecos sobre los derechos del pueblo saharaui y sobre la supervivencia de miles de explotaciones familiares en el Estado español.

La publicación de este acuerdo coincide, además, con las movilizaciones convocadas por el sector agrario. No es una casualidad. Este “superjueves” no es solo una protesta coyuntural: es la respuesta de un sector que se niega a ser la moneda de cambio de la diplomacia y que ve cómo Bruselas y el Gobierno español certifican en el BOE europeo una doble injusticia.

El Sáhara Occidental no es Marruecos. Ningún artificio comercial ni ningún certificado aduanero puede cambiar ese hecho jurídico. Al consagrar este etiquetado trampa, la Unión Europea asume plenamente la responsabilidad de blanquear una ocupación ilegal y de agravar una competencia desleal que golpea al campo español. Es una decisión que tendrá consecuencias políticas, jurídicas y sociales, y que no puede quedar sin respuesta.