La ONU dictamina que el activista saharaui que España entregó a Marruecos hace 6 años debe ser puesto en libertad

• Hussein Bachir pidió asilo político en España en enero de 2010, a donde llegó en patera huyendo de la policía marroquí, pero fue entregado a Marruecos a pesar de haber pedido asilo político.

• El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria  afirma que España que debe adoptar medidas diplomáticas para conseguir la  liberación del estudiante saharaui, que cumple una condena en Marruecos de 12 años de cárcel.

Alfonso Lafarga

   El estudiante saharaui universitario Hussein Bachir Amadour cumple una pena de 12 años de cárcel en Marruecos, a donde fue enviado por el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, a pesar de que pidió asilo político en Canarias en enero de 2019. Ahora, Naciones Unidas dictamina que debe ser puesto en libertad y dice que España que debe adoptar medidas diplomáticas para conseguir su liberación.

   El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha determinado que la decisión de privar de libertad al estudiante saharaui fue “arbitraria” y “contraria” a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

   Ante esto, exige a Marruecos que Hussein Bachirsea liberado de forma “inmediata” e  “incondicional”, a la vez que denuncia graves violaciones en el proceso y del derecho internacional.

   La historia de lo que pasó a este estudiante en España se saltó todos los procedimientos establecidos: llegó en patera a la isla de Lanzarote el 11 de enero de 2019, huyendo de la policía marroquí  y tres días después compareció en el juzgado de instrucción número 4 de Arrecife.

   El acta judicial, que se reproduce en este articulo, deja claro que “pide asilo porque es estudiante universitario y activista de derechos humanos, que defiende la autodeterminación del Sáhara y su grupo llamado Compañeros de El Luali ha sido perseguido por las autoridades y dos de los integrantes de su grupo han sido asesinados”.  A esto, se añade: “Si regresa tiene miedo que vaya a ser detenido o asesinado como otros integrantes de su grupo”.

    El titular del juzgado ordenó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría (Tenerife), pero a los tres días, el 17 de enero, fue entregado a Marruecos por funcionarios del Ministerio del Interior y el 21 de enero ingresó en la cárcel de Luidadya, en Marrakech. Fuentes próximas al caso aseguraron entonces a Contramutis que en lugar de ser llevado al CIE fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria y desde allí a Marruecos.

PSOE y PP impidieron que Grande-Marlaska diera explicaciones

    Un año después, en noviembre de 2019, Hussein Bachir fue condenado a doce años de cárcel, acusado de formar parte del grupo de estudiantes saharauis «El Luali» y de participar en el asesinato de un joven marroquí. En la vista oral, la defensa del estudiante saharaui planteó que la única prueba era un atestado policial sin firma con declaraciones auto inculpatorias, que el estudiante saharaui negó haber hecho. Los abogados Pablo Gutiérrez Vega y Ana Sebastián Gascón, observadores del Consejo General de la Abogacía Española, dijeron que la Fiscalía no presentó ni una sola prueba o indicio de la participación de Hussein Bachir en los delitos por los que le acusaban.

   Cuando se produjo la entrega del estudiante a Marruecos, Unidos Podemos y Compromís, con el apoyo del PNV y ERC, pidieron la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro Fernando Grande-Marlaska, pero lo impidieron PSOE, PP y Ciudadanos. El caso también fue denunciado ante la Comisión Europea por la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, al considerar que el Estado español violó la normativa europea en materia de asilo y el principio de no devolución.

   El ministro Grande-Marlaska, el mismo que como magistrado presidio la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que en julio de 2014 recogió que España sigue siendo de iure  la Potencia Administradora del Sáhara Occidental,  “y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso…”, se libró de dar explicaciones en la sede de la soberanía nacional.

    El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria,  además de afirmar que la detención de  Hussein Bachir  fue arbitraria,  concluye que su detención fue ilegal, con confesiones manipuladas y violaciones del derecho a no ser torturado.

   En el informe se indiaca que las condiciones de detención que sufre el estudiante son “inhumanas”, en una prisión marroquí lejos de su familia. Esto le ha llevado a mantener como medida de denuncia varias huelgas de hambre.

  El grupo de NNUU insta a España a reconocer su responsabilidad en la cadena de acontecimientos que llevaron a la detención ilegal de Hussein y afirma que debe adoptar  todas las medidas diplomáticas que sean precisas para que sea liberado.

   En relación con el grupo El Luali, en noviembre de 2019 el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de NNUU ya dictaminó que los estudiantes Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna y El Hafidi (los que presentaron la queja) fueron objeto de detenciones arbitrarias y que el Gobierno de Marruecos debía tomar las medidas necesarias para liberar a los que seguían en la cárcel e indemnizar a todos para ofrecerles una reparación, dictamen que no acataron las autoridades marroquíes.