Por Ana Stella y Ahmed Baba
Madrid.(ECS).— Entre octubre y noviembre de 2020 se produjo una de las mayores oleadas migratorias hacia las Islas Canarias procedente de las costas de Marruecos y del Sáhara Occidental. Las imágenes del muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, colapsado y con campamentos improvisados, provocaron una ola de indignación sin precedentes. La versión oficial se excusaba en la crisis económica y los confinamientos provocados por la pandemia, pero no: había algo más turbio que eso.
En una conversación de WhatsApp por esas fechas, intervenida por la UCO durante la investigación del caso Koldo y revelada en junio de 2024 tras levantarse el secreto de sumario, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, le reconocía al entonces ministro de Fomento, José Luis Abalos, que Marruecos había levantado las vigilancias de sus costas y las del Sáhara Occidental: “Los están dejando salir del Sáhara y no sabemos qué está pasando”. Lo que no sabía el alto funcionario (o tal vez sí) es que el chantaje migratorio para lograr el cambio de postura del Gobierno de Sánchez en la cuestión del Sáhara Occidental había comenzado, un chantaje que alcanzó su momento más álgido con la invasión de Ceuta de mayo de 2021, provocada y alentada por la gendarmería marroquí. La excusa: la acogida de Brahim Ghali, presidente de la RASD y líder del Polisario por razones médicas. Claro que Ghali había visitado España en multitud de ocasiones, la última en 2018, y a Marruecos no parecía incomodarle, pero su estancia en un hospital de Logroño en 2021 fue la excusa perfecta que buscaba el régimen alauí para intensificar sus ataques híbridos para torcerle el brazo a Pedro Sánchez en la cuestión del Sáhara Occidental. Diez meses después, en marzo de 2022, Mohamed VI logró su ansiado trofeo: Sánchez cedió y cambió en favor de Marruecos la tradicional e histórica neutralidad española en el conflicto saharaui.
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