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05 diciembre 2025

FEDISSAH denuncia que la cumbre España–Marruecos consagra la violación de la legalidad internacional y “blanquea” la ocupación del Sáhara Occidental

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Madrid (ECS).- La Federación Estatal de Instituciones Españolas Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH) ha emitido este jueves un durísimo comunicado coincidiendo con la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos. La organización acusa al Gobierno español de mantener una orientación política “contraria a la legalidad internacional” y de avalar, con su giro diplomático, la estrategia marroquí para consolidar la ocupación del Sáhara Occidental.

FEDISSAH recuerda que España sigue siendo potencia administradora del territorio y sostiene que ninguna alianza bilateral —por estratégica que se presente— puede sustituir el mandato de Naciones Unidas ni anular el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La Federación señala que el cambio de postura de Madrid, iniciado tras la crisis migratoria de Ceuta en 2021 y formalizado con la carta de 2022 de Pedro Sánchez a Mohamed VI, constituye “una renuncia a la responsabilidad histórica y jurídica del Estado”.

El comunicado subraya que la cuestión del Sáhara Occidental “no es un asunto secundario ni una diferencia diplomática”, sino un problema político de primera magnitud que afecta a la estabilidad regional y compromete la credibilidad internacional de España. Al adoptar posiciones que legitiman la ocupación marroquí, advierte FEDISSAH, el Gobierno se sitúa fuera del marco de la ONU y erosiona la autoridad moral del Estado en materia de derechos humanos.

La organización señala además que esta deriva política se produce en un momento crítico para el norte de África, cuando Europa observa con preocupación la escalada geoestratégica en la región. En este sentido, FEDISSAH reclama que España recupere una política exterior “coherente, transparente y alineada con los principios democráticos que dice defender”.

El comunicado también pone el foco en la situación de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde se documentan —según la Federación— graves vulneraciones de derechos humanos, incluyendo represión policial, persecución de activistas, detenciones arbitrarias, torturas, procesos judiciales sin garantías y la permanencia de presos políticos saharauis encarcelados por defender su identidad. FEDISSAH denuncia igualmente el expolio de los recursos naturales —fosfatos, pesca, energías renovables— explotados por Marruecos sin el consentimiento del pueblo saharaui y en contra de las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Uno de los elementos más contundentes del texto es la advertencia sobre las implicaciones para Canarias. FEDISSAH alerta de que las aspiraciones marroquíes sobre el Sáhara Occidental afectan directamente a la delimitación de las aguas territoriales, al control del espacio aéreo y al acceso a los recursos submarinos próximos al archipiélago. La estabilidad de Canarias, subraya la organización, no puede quedar subordinada a decisiones unilaterales tomadas al margen de la legalidad internacional o de los intereses del pueblo canario.

En su tramo final, FEDISSAH formula una serie de exigencias dirigidas al Gobierno español: rectificar su postura y volver al marco internacional vigente; impulsar una solución justa basada en la autodeterminación; establecer mecanismos eficaces de protección de los derechos humanos en los territorios ocupados; garantizar el cese del expolio de recursos; y proteger los intereses y la integridad territorial de Canarias frente a cualquier intento de expansión o presión geoestratégica.

El cierre del comunicado es explícito: pese a la presión diplomática y los intentos de consolidar la ocupación, el pueblo saharaui sigue siendo “un ejemplo de dignidad, resistencia y esperanza”. FEDISSAH reafirma su compromiso de acompañar y defender la causa saharaui “hasta la plena consecución de su libertad y su independencia”. Una declaración política que, en el contexto de la RAN, adquiere un significado especialmente incómodo para la estrategia del Gobierno español.

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