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20 noviembre 2025

La militarización del Atlántico frente al Sáhara Occidental: un espacio estratégico bajo presión

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En los últimos años, el Atlántico noroccidental africano —la franja marítima comprendida entre Canarias, Marruecos y el Sáhara Occidental ocupado— se ha consolidado como uno de los corredores estratégicos más sensibles del hemisferio occidental. Lo que antaño era un espacio periférico, hoy concentra intereses militares, energéticos y geopolíticos que se superponen sobre un territorio que continúa, jurídicamente, en proceso de descolonización. En este contexto, cada movimiento militar adquiere una lectura más amplia que trasciende la rutina operativa.

  La reciente salida de un bombardero estratégico estadounidense B-52H desde la Base Aérea de Morón, en el sur de España, para un vuelo de largo alcance que lo situó en las proximidades atlánticas del Sáhara Occidental, ilustra esta dinámica. Aunque la misión forma parte de los habituales despliegues de la “Bomber Task Force” de la Fuerza Aérea de EE. UU., su trayectoria—pasando por las Islas Canarias y operando en un corredor donde confluyen intereses de la OTAN, Marruecos y la potencia administradora de facto—refleja un cambio estructural: la creciente militarización de un espacio donde la legalidad internacional sigue claramente definida, pero políticamente contestada.

  El Atlántico sahariano es hoy un punto de fricción geopolítica. Marruecos ha intensificado su presencia militar en el litoral del territorio ocupado, impulsando además proyectos energéticos e infraestructuras portuarias que pretenden normalizar una soberanía no reconocida por la ONU. Paralelamente, potencias globales y actores de la OTAN utilizan el corredor atlántico para ejercicios navales, patrullas aéreas estratégicas y maniobras de preparación en escenarios de “alta intensidad”. A ello se suma la importancia creciente de las rutas marítimas que conectan África occidental con Europa y América, atravesadas por cables submarinos, recursos fósiles y áreas potenciales para energías renovables.

  En este tablero, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización. La presencia militar internacional —sea a través de vuelos estratégicos, maniobras conjuntas o despliegues navales— se superpone a una realidad jurídica que exige la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ninguna potencia puede alterar ese marco, pero la acumulación de intereses y la competencia por el control marítimo crean una atmósfera en la que Marruecos busca legitimidad a través de hechos consumados.

  La militarización del Atlántico no puede analizarse sin considerar a la población saharaui, que se encuentra atrapada entre un escenario de ocupación terrestre y una creciente presión geoestratégica sobre sus aguas y su fachada oceánica. Para el Frente Polisario, este espacio marítimo forma parte integral del territorio nacional saharaui, y su control futuro es inseparable del ejercicio pleno de la soberanía. Para la comunidad internacional, la estabilidad regional depende de un marco político basado en el derecho internacional, no en la fuerza o en la ocupación prolongada.

  El reciente episodio del B-52 no es un hecho aislado, sino un síntoma. El Atlántico frente al Sáhara Occidental se está convirtiendo en una pieza clave de la arquitectura de seguridad del sur global y de la proyección militar de las grandes potencias. En un territorio cuya descolonización lleva medio siglo bloqueada, esta tendencia debería encender señales de alarma: el riesgo de que la creciente presión militar termine consolidando dinámicas contrarias al derecho internacional o reforzando posiciones de ocupación indignas de legitimidad.

 Mientras el Sáhara Occidental siga siendo un territorio pendiente de un proceso de autodeterminación, cualquier militarización adicional —sea marroquí, regional o internacional— solo subraya la necesidad urgente de una solución política justa, conforme al Derecho Internacional y a los derechos inalienables del pueblo saharaui. Sin esa base, el Atlántico sahariano corre el riesgo de convertirse en un escenario más donde la fuerza pretenda sustituir a la legalidad.


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