La Marcha Verde: la rendición de un Estado y la traición a un pueblo que confió en España

Por Ana Stella

Cada aniversario de la Marcha Verde devuelve a la memoria uno de los episodios más deshonrosos de la historia contemporánea española. El Sáhara Occidental no fue una colonia tardía ni un territorio ajeno a nuestra vida nacional: fue administrado como una provincia, con ayuntamientos, representantes en las Cortes, documentación española y una población que compartía idioma, escuelas, cultura y en muchos casos servicio militar. El compromiso del Estado era claro: culminar el proceso de descolonización mediante un referéndum de autodeterminación reconocido y supervisado por Naciones Unidas. El pueblo saharaui confió en esa palabra.

En 1974, España informó oficialmente a la ONU que organizaría ese referéndum. El censo fue elaborado con presencia internacional y la administración civil se preparó para la transición democrática del territorio. El coronel Luis Rodríguez de Viguri, secretario general del Gobierno del Sáhara, lo expresó sin ambigüedad: “Yo fui al Sáhara en 1974 con el mandato expreso de preparar al pueblo saharaui para la independencia.”

🗞⚡️ Se cumplen 50 años de la Marcha Verde, la operación de Hassán II, con el apoyo necesario de España, que marcó el futuro del pueblo saharaui y la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.

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Pero mientras España avanzaba hacia una salida ordenada, Marruecos percibió un riesgo: un referéndum libre confirmaría que la voluntad mayoritaria era la independencia. Por eso el rey Hassan II llevó el caso al Tribunal Internacional de Justicia intentando obtener un título territorial. El TIJ, sin embargo, dictaminó el 16 de octubre de 1975 que no existía soberanía marroquí ni mauritana sobre el Sáhara Occidental. Solo reconoció vínculos de lealtad de carácter religioso que no constituyen reclamación territorial.

La conclusión era inequívoca: el Sáhara Occidental era un territorio pendiente de descolonización basado en la voluntad de su pueblo.

Sin embargo, el mismo día del dictamen, Hassan II anunció la Marcha Verde, presentándola como si el Tribunal hubiera legitimado sus aspiraciones. Fue una operación política cuidadosamente construida para ofrecer la imagen de una conquista inevitable. Pero la Marcha Verde no llegó a entrar realmente en el Sáhara. La frontera se mantuvo cerrada. España había minado las rutas y dado órdenes claras: si se cruzaba la línea, se abriría fuego. Marruecos lo sabía. No arriesgó el paso.

La imagen de cientos de miles de civiles avanzando hacia el desierto fue un acto teatral y calculado, no una ocupación territorial. Rodríguez de Viguri reveló un detalle casi borrado de la memoria colectiva: “En la cabecera de la Marcha Verde ondeaban banderas estadounidenses.”

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La maniobra fue diplomática, psicológica y mediática: forzar a un Estado debilitado por la agonía de Franco, por divisiones internas en el Ejército y por la incertidumbre de la Transición, a retirarse sin conflicto armado. La entrada efectiva en el territorio no la hicieron los civiles de la Marcha Verde, sino las tropas marroquíes, días después, respaldadas por la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975. Esos acuerdos, como recordó en 2002 el asesor jurídico de la ONU, no transfirieron soberanía, porque España no podía ceder lo que no le pertenecía. La soberanía seguía sin determinar. La descolonización quedó interrumpida. Y el pueblo saharaui quedó expuesto.

La retirada española no fue una derrota militar. Fue una decisión política. Así lo dijo Antonio Carro, ministro de la Presidencia, en 1978: “No ocurrió lo peor. Tampoco diré que lo mejor. Fue lo menos malo.” Ese “menos malo” significó la dispersión de un pueblo entero. Significó bombardeos sobre columnas de refugiados en Um Dreiga y Tifariti. Significó el inicio de una guerra de dieciséis años. Y significó el nacimiento de los campamentos de Tinduf, donde más de 200.000 saharauis viven desde entonces.

Mientras tanto, en la otra orilla, algunos oficiales españoles fueron condecorados por Marruecos después de la entrega. Rodríguez de Viguri lo resumió con amargura: “Que yo sepa, nadie las ha devuelto.”

Desde entonces, casi nada ha cambiado en lo esencial. La ONU sigue considerando el Sáhara Occidental un territorio no autónomo. España sigue siendo potencia administradora de iure.

Marruecos es una potencia ocupante. Los tribunales europeos han reiterado entre 2016 y 2021 que el Sáhara no forma parte de Marruecos y que cualquier actividad económica en el territorio requiere el consentimiento del pueblo saharaui, representado internacionalmente por el Frente Polisario.

No hay ambigüedad legal. No hay vacío jurídico. No hay olvido posible.

La descolonización no se ha completado. Y el mecanismo sigue siendo el mismo que en 1974: el referéndum con opción de independencia. La Marcha Verde no fue una victoria de Marruecos. Fue la capitulación de un Estado que no estuvo a la altura de su palabra y de su responsabilidad. Fue la traición a un pueblo que confió en España porque España le había pedido confianza.

La historia no puede borrarse. Pero sus consecuencias sí pueden corregirse. España no debe mirar al pasado con culpa, sino al presente con responsabilidad. Se trata de derecho, de memoria y de honor. Y el honor, cuando se pierde, solo puede recuperarse cumpliendo la palabra.