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El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que intervenga ante las autoridades marroquíes por la libertad de los presos políticos saharauis, condenados en procesos injustos según Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
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El Gobierno socialista, que proclama la defensa de los Derechos Humanos como una señal de identidad, guarda silencio sobre las vulneraciones que padece el pueblo saharaui.
Alfonso Lafarga
“Libertad para los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes”. Es la pancarta que desde hace tres años y ocho meses muestran ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para que España, potencia administradora del Sáhara Occidental, actúe ante Marruecos, ocupante de la excolonia española, un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) se concentra todos los lunes en la Plaza de la Provincia de Madrid para pedir al Gobierno socialista que no mire para otro lado y tenga en cuenta al pueblo saharaui, al que en su día se consideró español.
Delante del MAEC recuerdan al ministro José Manuel Albares, como antes lo hicieron con la ministra Arancha González Laya, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cerca de cuarenta presos saharauis languidecen en cárceles marroquíes, condenados en procesos injustos con penas de hasta cadena perpetua, como han denunciado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Juristas internacionales también han puesto de relieve las irregularidades y falta de garantías de los juicios contra los activistas saharauis -de los que se obtuvieron confesiones bajo tortura-, todo por defender los Derechos Humanos y reclamar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como se acordó en el alto el fuego de septiembre de 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos, referéndum al que se niegan las autoridades marroquíes.
