El pescado del Sáhara Occidental sigue llegando a Europa pese a los dictámenes judiciales

Por Ana Stella

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dejado claro en varias sentencias —2016, 2018, 2021 y la última en octubre de 2024— que los acuerdos de comercio y pesca entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso del pueblo saharaui. El fallo de 2024 fue particularmente contundente: cualquier producto procedente de ese territorio debía se etiquetado como “Sáhara Occidental” y no como “Marruecos”. Sin embargo, la práctica demuestra que el comercio continúa y que los mercados europeos siguen recibiendo pescado, marisco y derivados procedentes de la costa atlántica saharaui bajo la etiqueta de “producto marroquí”.

Mecanismo de ocultación y exportación

   La clave está en el sistema de transporte y etiquetado. La mayor parte de las capturas y de la producción acuícola se concentran en Dajla y El Aaiún, donde operan factorías de congelación, procesado y producción de harina y aceite de pescado. El producto se transporta a puertos marroquíes como Agadir o Tan Tan, desde donde se exporta oficialmente como marroquí.

  La Comisión Europea, pese a las sentencias, ha mantenido en sus listas oficiales de establecimientos exportadores a empresas radicadas en el Sáhara Occidental. Bruselas justifica esta decisión alegando que se trata de actividades que “benefician a la población local”, un argumento que ha sido desmentido por numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos y de recursos naturales.

Principales receptores en Europa

Alemania:

   El puerto de Bremen es uno de los puntos neurálgicos. Entre 2017 y 2018 llegaron más de 22 000 toneladas de harina de pescado del Sáhara Occidental, con un valor estimado de 23 millones de euros. La empresa Köster Marine Proteins (KMP) gestiona la mayor terminal europea de harina de pescado, que redistribuye el producto hacia la industria alimentaria y la acuicultura en el continente.

España:

   El mercado español es clave, no solo como importador, sino también como plataforma de distribución. Varias compañías gallegas y canarias participan en este comercio. Mercadona, a través de proveedores como Profand, Unión Martín o Frigoríficos Camariñas, comercializa pulpo procedente de Dajla en sus supermercados, etiquetado como marroquí. En 2022, la UE importó 40 044 toneladas de pulpo con origen declarado en Marruecos, por un valor de 470 millones de euros. De ese volumen, España recibió más de 26 000 toneladas, seguida de Italia con 12 700 y Grecia con 525.

Países Bajos y Noruega:

   Se documentaron exportaciones de aceite de pescado hacia Róterdam en 2019. La empresa francesa Olvea fue señalada como posible destinataria, aunque no confirmó su implicación. Hasta 2010, la noruega GC Rieber había importado regularmente productos del Sáhara Occidental.

  La pesca en el Sáhara Occidental no es un asunto menor. Según la FAO, las aguas frente a Dajla y El Aaiún son de las más ricas del Atlántico, con caladeros de gran valor económico. Para Marruecos, representan una fuente vital de ingresos, tanto por la explotación directa como por los acuerdos con terceros países.

  La UE depende de Marruecos no solo en el terreno pesquero. La cooperación en materia migratoria, la seguridad en el Sahel y el suministro energético convierten a Rabat en socio estratégico. Esa dependencia explica por qué Bruselas adopta una interpretación flexible de las sentencias del TJUE. En la práctica, prevalece la política sobre la legalidad.

  Organizaciones como Western Sahara Resource Watch (WSRW) o el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas (ODHE) denuncian que este comercio constituye una forma de expolio de recursos naturales en un territorio pendiente de descolonización, contraria a la Carta de Naciones Unidas. Naciones Unidas ha reiterado que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo cuya población tiene derecho a la autodeterminación.

  El resultado es una contradicción evidente: los tribunales europeos anulan acuerdos que afectan al Sáhara Occidental, pero las instituciones comunitarias siguen permitiendo que los productos lleguen a los mercados. Los consumidores europeos compran pescado y marisco sin saber que proceden de un territorio ocupado, y las empresas importadoras consolidan un modelo de negocio que ignora deliberadamente las sentencias judiciales y el derecho internacional.

  La explotación de los recursos marinos saharauis se convierte así en un pilar económico que consolida la presencia de Marruecos en el territorio, al tiempo que priva al pueblo saharaui de participar en la gestión y el beneficio de sus propias riquezas.

   El caso de la pesca en el Sáhara Occidental ilustra la brecha entre el discurso y la práctica de la Unión Europea. En teoría, Bruselas se declara defensora del derecho internacional y del principio de autodeterminación. En la práctica, prioriza sus intereses estratégicos y permite que Marruecos utilice el comercio pesquero como instrumento para afianzar su ocupación.

  El pescado saharaui sigue llegando a Europa, disfrazado de marroquí, con la complicidad de importadores, distribuidores y autoridades comunitarias. La legalidad internacional queda relegada, mientras el pueblo saharaui continúa marginado y sin voz en la gestión de los recursos que legítimamente le pertenecen.