Madrid (ECS) — La Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos – España han emitido un comunicado urgente para denunciar una intensa campaña de acoso, difamación e incitación a la violencia contra el activista, analista político y comunicador saharaui-español Taleb Alisalem.
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Según señalan ambas organizaciones, las agresiones contra el analista saharaui se han escalado y coordinado drásticamente a través de medios de comunicación, figuras públicas y perfiles vinculados al régimen marroquí. Esta ofensiva surge como respuesta directa a sus labores de análisis y divulgación sobre la cuestión saharaui en redes sociales y medios.
Según un comunicado de la organización, al ha tenido acceso ECSaharaui, la denuncia basa su argumento en tres ejes principales.
– Amenazas de muerte e incitación a la violencia: Un aumento masivo de publicaciones en plataformas digitales pidiendo abiertamente su «liquidación física».
– Uso de IA y desinformación: Manipulación de imágenes y generación de contenido falso mediante inteligencia artificial para desacreditar su imagen y labor periodística.
– Ataques a su sustento profesional: Intentos deliberados de boicot y sabotaje dirigidos a sus fuentes de ingresos e independencia económica.
– Involucramiento institucional: Participación explícita de exministros y representantes públicos marroquíes en el discurso de odio.
Petición de protección al Gobierno de España
Las organizaciones firmantes sostienen que estas acciones no constituyen un ejercicio de libertad de expresión, sino un intento de silenciar una de las voces saharauis de mayor proyección pública.
Ante esta situación, el presidente de las organizaciones, Francisco José Alonso Rodríguez, y el coordinador en Castilla y León, Ignacio Moratinos «El Empecinado«, han urgido al Gobierno de España a actuar con celeridad para brindar protección oficial a Taleb Alisalem. Asimismo, han solicitado al Ejecutivo que presente una protesta formal ante las autoridades marroquíes y han apelado a los organismos internacionales de derechos humanos a documentar y condenar la campaña de hostigamiento.
